Chiriaco III: Una relación perversa

Silvia Romio Antropóloga
Ideele Revista Nº 261

(Foto: Rodrigo Lazo)

Silvia Romio –antropóloga especializada en conflictos socio-ambientales en la Amazonía– estuvo en el mes de mayo en Chiriaco investigando las relaciones laborales que entabló Petroperú con las comunidades. Su interpretación es que la falta de acceso a alimentos, retribuciones económicas y salud, pero también las expectativas de ganar un sueldo elevado para las condiciones de pobreza, ha creado una relación de dependencia entre las comunidades y Petroperú. Tras una temporada leyendo artículos e informes sobre el derrame de petróleo en Chiriaco (Amazonas) decidí viajar a fines del mes de mayo a la zona y visitar a algunos amigos que estuvieron directamente afectados.

Tras una temporada leyendo artículos e informes sobre el derrame de petróleo en Chiriaco (Bagua, Amazonas) decidí viajar a mitad del mes de mayo a la zona y visitar a algunos amigos que estuvieron directamente afectados.

Desde las primeras conversaciones que tuve con los awajún y los dirigentes indígenas de las comunidades afectadas, advertí que la relación entre Petroperú y la población local era bastante paradójica: si bien era evidente que Petroperú había sido el responsable del derrame, y además que había actuado con extremo retraso en las reparaciones y descuido en sus operaciones, las comunidades no los percibían como enemigos sino más como una fuente de empleo. Efectivamente, en las prácticas discursivas cotidianas, las consecuencias del derrame a largo plazo –sobre todo en términos medio-ambientales y de salud– ya no eran el foco de su atención. Más bien, muchos discutían sobre las posibilidades de empleo brindadas por Petroperú y las “grandes oportunidades de ganancia” que estaban a la mano. Esta inversión de perspectiva me obligó a reconsiderar los términos del caso, a preguntarme cuál era la percepción local hacia estos hechos y cómo Petroperú había logrado redefinir sus relaciones con las víctimas del derrame.

A partir del 10 de febrero, bajo las presiones de las denuncias y las normas disciplinarias impuestas por el OEFA, Petroperú empezó a implementar un plan de emergencia para la descontaminación de la zona. Estamos hablando de un trabajo enorme que se repartió en dos etapas. La primera etapa consistió en sacar la mayor cantidad posible de crudo de las aguas, mediante el bombeo del petróleo y su entubación en los carros cisternas. En una segunda etapa, se dirigieron a los terrenos afectados por la penetración del petróleo. En este caso, se trató de recoger las partes de terrenos o rocas manchadas, embolsarlas y enviarlas a otra zona donde serán enterradas en un hueco de gran profundidad.

Para acabar con esta misión en el menor tiempo posible, Petroperú necesitó de una gran cantidad de mano de obra no calificada. En los primeros días, solo una centena de indígenas aceptó colaborar con la empresa, mientras que la mayoría se concentró en preparar protestas y denuncias. Sin embargo, pronto la situación comenzó a cambiar. A partir del 20 de febrero, el número de trabajadores empezó a crecer sensiblemente, llegando a picos de 500 personas, número que se mantuvo en marzo y abril.

¿Qué pasó? Lo que pude observar fue que a partir de mediados de febrero los representantes de Petroperú empezaron a prometer en manifestaciones públicas un sueldo que –en las condiciones de pobreza en que viven las comunidades y dada la dificultad para acceder a alimento y agua– era de ensueño: S/.120 diarios, más una liquidación de S/.47 por cada día de trabajo. Petroperú se comprometió a pagar los sueldos semanalmente y ofrecer servicios gratuitos (almuerzo diario, apoyo sanitario y flexibilidad laboral). Ante la posibilidad de abandonar las condiciones de pobreza y recibir atención médica –y ante la evidente demora o desinterés del aparato estatal en entregar reparaciones– los indígenas comenzaron a engrosar las filas de Petroperú.

La acogida tuvo tanto éxito que pronto se tuvo que reorganizar el trabajo mediante turnos semanales, para que todos los indígenas pudieran acceder. Los contratos suscritos fueron de distinto tipo: contratos individuales y acuerdos comunales. Además, hubo diferencias entre los sueldos que se otorgaron a quienes empezaron a trabajar en febrero y quienes se sumaron en marzo. En otras palabras, hubo diferencia en las relaciones laborales con los empleados.

Durante marzo, Petroperú propuso a los empleados aumentar las horas de trabajo diarias de seis a ocho o nueve horas, elevando los sueldos. Para incentivarlos, ofreció canastas con alimentos entregadas cada lunes para premiar a los trabajadores más productivos de cada semana.

Las condiciones de trabajo
Tras las denuncias de contratación de menores de edad, Petroperú debió preocuparse por garantizar que las condiciones laborales de sus empleados fueran acordes con las normas sanitarias. Desgraciadamente, al llegar a la zona encontré que los equipos (cascos, guantes y trajes) no eran impermeables al petróleo. Por esta razón, quienes trabajaron en contacto directo bombeando el petróleo desde dentro del río, necesitaban darse duchas de gasolina cada noche para poder limpiar su cuerpo del petróleo. Al mismo tiempo, Petroperú no se preocupó por realizar exámenes médicos profundizados ni al inicio ni al término de los contratos laborales. Se limitaron a realizar algunas preguntas superficiales.

Estas condiciones degeneraron en daños a la salud de los trabajadores. Según lo que pude observar, todos los empleados que tuvieron contacto con el petróleo declararon que sentían molestias físicas fuertes: dolor de estómago, mareos, fiebre, dolor de cabeza y erupciones cutáneas. Para combatir estos síntomas, el equipo sanitario de Petroperú entregó medicamentos generales como ibuprofeno, paracetamol o cremas. A veces, otorgaron días de descanso o trabajo en zonas alejadas del petróleo.

Incluso en estas condiciones, los indígenas se mantuvieron en el trabajo. Encontraron “normal” y “poco grave” el contacto directo con el petróleo y minimizaron las consecuencias. Esto ocurrió porque Petroperú se había ocupado de fomentar la idea de que el contacto con el petróleo no es grave y porque no existe una fuente segura de información alternativa en la zona. Las duras condiciones de vida en que ha quedado la población por el derrame –deben movilizarse hasta Chiriaco o más lejos para recoger agua y alimentos y necesitan dinero para lograrlo– son una de las explicaciones a este aparente desinterés por su salud. Aunque también es verdad que hubo quienes dijeron que estas propuestas laborales eran una ocasión para acceder a ganancias fáciles.

Es interesante observar cómo, poco a poco, siguiendo una lógica empresarial Petroperú logró convertir a las víctimas del derrame en sus colaboradores, sus empleados y, finalmente, sus dependientes. Los indígenas pasaron de ser víctimas a ser obreros explotados y mal pagados de sus propios victimarios. (Foto: Rodrigo Lazo).

Estas condiciones comenzaron a resquebrajar las relaciones entre Petroperú y los empleados. Pronto sobrevino una crisis: Petroperú dejó de pagar puntualmente los sueldos de los empleados, tal como había prometido, y dejó de respetar las fechas de entrega de las liquidaciones. Pasadas seis semanas de retraso en los pagos, los reclamos de los empleados se volvieron más intensos. A mitad de abril organizaron un primer paro. Se trató de una huelga de dos días: los empleados se reunieron frente al campamento de la empresa reclamando el respeto de los acuerdos. Finalmente, Petroperú reanudó sus compro

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La carencia es tan fuerte que los afectados por el derrame del crudo hayan aceptado prestar sus servicios en condiciones de seguridad tan pésimas, con mayor razón si tienen al frente a algún felipillo que les informe que es una oportunidad económica para ellos sin medir las consecuencias que podría acarrear en cuanto a su salud, es mas no se informa a la población cuan nocivo es.

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