Cinco escenarios del segundo año de PPK

Ideele Revista Nº 274
Foto: Crónica Viva.

Con el nombramiento de Mercedes Araoz como presidenta del Consejo de Ministros, comienza el segundo año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para todo efecto práctico. ¿Qué retos deberá afrontar esta administración en este segundo tramo? Ensayamos una respuesta, a partir de cinco escenarios centrales que deberá afrontar*.

La economía

Sin duda, para un gobierno caracterizado por la fuerte presencia de tecnócratas, este es el escenario donde se sienten más cómodos, por dos razones. En primer lugar, porque buena parte de las obsesiones del equipo gubernamental pasan por el éxito en recuperar tasas de crecimiento relativamente altas en forma paulatina. Destrabe es una de las palabras más pronunciadas en los pasillos de todos los ministerios, sobre todo, aquellos ligados a los sectores productivos.

En segundo lugar, porque el escenario internacional suena mejor. Los precios del cobre y del zinc son más que favorables para nuestras exportaciones primarias y reactivarán, sin duda, proyectos mineros dormidos. La recuperación económica en simultáneo de Estados Unidos, Europa y China es otra buena noticia. En los salones de la CONFIEP y otros gremios empresariales se respira confianza, no solo por la buena marcha internacional, sino también por el nombramiento de Claudia Cooper en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, más allá de los entusiasmos empresariales, el ciudadano debe sentir que el gobierno trabaja para su bolsillo. Ello va desde calmar las ansiedades por controles de precios que sabemos a dónde nos llevan, hasta una adecuada fiscalización de los derechos del consumidor. Es en esta materia donde PPK y su equipo tienen una seria deuda. Y una “reforma laboral pro empleo”, como la que pretenderían encabezar mediante facultades legislativas, requeriría dotes políticas que hasta ahora parecen escasear en el gobierno.

Donde parece no existir aún un norte claro es en los necesarios ajustes que el modelo económico requiere. Como advirtió el politólogo Alberto Vergara en su columna en El Comercio, es evidente que la economía no crece como quisiéramos hace varios años. Más allá de las responsabilidades particulares del gobierno de Humala o de la gestión Thorne en el MEF, resultaría necesario hacer este trabajo de pensamiento en torno al modelo de desarrollo que requiere el Perú. Pero las reacciones de nuestra derecha liberal en lo económico ante el artículo del docente de la Universidad del Pacífico hacen pensar que, precisamente, las presiones irán por continuar con más de lo mismo. Y es probable que en jirón Junín las acaten.

Género

Una materia en la que el gobierno hizo grandes esfuerzos durante el primer año fue en la lucha por la igualdad de género. La gestión de Ana María Romero tuvo como una de sus prioridades la lucha para defender a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Al mismo tiempo, se dieron algunas iniciativas a favor de los ciudadanos LGTBI, como el Decreto Legislativo 1323 que incorporó a los crímenes de odio en la legislación peruana.

Sin embargo, esos avances parecen estar en peligro. La nueva titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está más preocupada en el empoderamiento femenino a través del mercado antes que en afrontar situaciones de violencia de género. Si bien la presidenta del Consejo de Ministros está sensibilizada con estos temas y anunció que propondrá un proyecto que busque la igualdad salarial entre hombres y mujeres, habrá que esperar a su discurso de investidura para conocer cuáles serán las prioridades del gobierno en esta materia. Y el tema LGTBI ha desaparecido de la agenda gubernamental. A ello se suma el nombramiento de IdelVexler y Fernando D’Alessio en ministerios claves como Educación y Salud, siendo conocidas sus simpatías conservadoras.

Al mismo tiempo, confluyen dos escenarios. El gobierno se siente lo suficientemente débil como para encarar varias batallas y uno de los campos en los que indica que arriará banderas en lo referido a la igualdad de género. Y, de otro lado, los sectores conservadores buscan aprovechar la visita del Papa Francisco para obtener cualquier declaración que salvaguarde sus intereses. Si a ello se suma la división interna del gobierno en torno a temas confesionales, tenemos un escenario bastante complicado en esta materia.

El fujimorismo

Uno de los problemas que el gobierno nunca pudo resolver fue su relación con el fujimorismo. Las indecisiones en torno a este vínculo terminaron irritando a todos: detractores de Fuerza Popular que consideran inviable pactar con una mafia, resignados a la real politik que señalaban que “es necesario algún tipo de entendimiento para que avance alguna reforma” y entusiastas con un “cogobierno que le cierre el paso a la izquierda en 2021”.

Con el nombramiento de Araoz y la salida de ministros incómodos para el fujimorismo, cierta tregua política parece haberse alcanzado. Se da por sentado que, más allá de algunas modificaciones, la Ley de Presupuesto 2018 será aprobada. Y el gobierno procura que el clima político se enfríe hasta el verano, aprovechando la visita papal en enero.

Sin embargo, no se advierte aún una estrategia en el gobierno respecto a la bancada mayoritaria. Mejor dicho, hasta el momento no se modifica el status quo de la relación con Fuerza Popular y tampoco queda claro qué es lo que quiere hacer el gobierno. Por ahora, se prefiere mantener la indefinición, pero dos escenarios pueden cambiar las cosas: la aceleración de la crisis en el fujimorismo por el factor Kenji Fujimori y un posible indulto humanitario a Alberto Fujimori.

"Las élites están divididas sobre este tema, lo que lleva a que la decisión se siga postergando en Palacio de Gobierno".

El indulto

Precisamente este es uno de los temas donde el gobierno tampoco tiene una definición clara. En Palacio de Gobierno, sin duda, se prefiere evitar que Fujimori muera en la cárcel, para evitar las consecuencias políticas de la posible creación de un “mártir”. Sin embargo, varias cuestiones complican una decisión en Palacio de Gobierno.

De un lado, es evidente que Keiko Fujimori no quiere un indulto humanitario a su padre. Ella oscila entre la posibilidad remota de una sentencia judicial que revierta en parte la condena sobre violaciones a los derechos humanos y el silencio claro sobre una gracia que su hermano sí está dispuesto a impulsar y, sobre todo, a tranzar con el gobierno.

De otro lado, el sector más movilizado en torno a reafirmar la culpabilidad de Fujimori en los casos de crímenes de lesa humanidad y corrupción tiene una capacidad de incidencia en el gobierno. No solo porque tiene perfiles mediáticos importantes o una personalidad con capacidad de influencia como Mario Vargas Llosa, sino también porque tiene un elemento que el sector favorable al indulto no puede esgrimir: capacidad de movilización en las calles.

Las élites están divididas sobre este tema, lo que lleva a que la decisión se siga postergando en Palacio de Gobierno. Eso sí, por ahora, está descartada la existencia de informes médicos o que la venida del Papa sea el momento perfecto para llevar a cabo esta complicada determinación.

Conflictos sociales

Por ahora, con excepción del conflicto alrededor de la posibilidad de una consulta previa en el Lote 192, las posibilidades de disputas en torno a proyectos mineros y de energía son reducidas. Los yacimientos más polémicos –Conga y Tía María– no se llevarán a cabo en este gobierno, más allá de los deseos de algunos entusiastas analistas. Por ahora, el gobierno tiene un flanco menos que cubrir en esta materia.

Sin embargo, la prolongada huelga de maestros mostró las debilidades estatales para afrontar conflictos donde lo laboral se mezcla con la política. Se desconoce el rol que tuvo el viceministerio de Gobernanza Territorial en este conflicto en particular, así como el papel que cumplirá en otras disputas de diverso tipo.

Precisamente, es el flanco laboral el que deberá cuidar más el Poder Ejecutivo. La huelga magisterial demostró que gremios con posibilidad de movilización tienen la capacidad de ponerlo contra las cuerdas. Si va por una reforma laboral, sin duda, se vendrán varias movilizaciones que podrían replicar lo visto en las marchas contra la “Ley Pulpín”. Sin política, cualquier cambio o proyecto importante se podría debilitar. Ya lo demostró el primer año de gestión.

 


*El autor hace la salvedad que formó parte del equipo de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros entre marzo y junio de 2017.

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