Corrupción en clave política

Eduardo Toche Investigador (DESCO)
Ideele Revista Nº 271
Foto: El Comercio

La inestabilidad como característica intrínseca que, de alguna manera, comparte con los anteriores gobiernos que surgieron luego del desmoronamiento del régimen fujimorista es lo que podría describir a la administración PPK, hasta el momento. Habría que agregar –ya como particularidad- la rapidez del desgaste. Próximo a cumplir su primer año, muestra en promedio índices de popularidad menores a los de sus antecesores para el mismo periodo de tiempo.

El factor más importante para la comprensión de esta situación, y el más obvio, es la corrupción, no sólo por la corroboración de las sospechas ciudadanas de siempre que viene produciendo Lava Jato en nuestro país, sino también por la convicción cada vez más generalizada de ser este un gobierno permanentemente asediado por lobbistas, empezando por el propio Presidente de la República. 

Lo visto hasta este momento podría estar llamando al recuerdo del año 2000. Sin embargo, en tal ocasión, si bien los videos –ahora reemplazados por audios y declaraciones de colaboradores eficaces– mostraban sin intermediación cómo y a quiénes se corrompía, se vio a una parte importante de los sectores dirigentes peruanos reaccionando en contra de estas prácticas, a diferencia de hoy.

Pero no es solamente Lava Jato, como adelantamos. Desde fines del año pasado, los empresarios estaban ejerciendo una fuerte presión para que el gobierno entrante incentive decididamente la inversión, que había venido cayendo hasta mostrar cifras negativas en el último trimestre del 2016, pese a tenerse más de 4,000 proyectos viables de inversión pública en cartera[1]. Sin embargo, en mayo seguían las cifras en rojo, acumulando una caída de 6,4% durante los primeros cinco meses del presente año[2].

En este escenario, en el que la situación había pasado de preocupante a casi de desesperación, el Ejecutivo debía actuar rápidamente para llegar a fin de año con cifras de crecimiento que no sean tan desalentadoras como ya había empezado a proyectarse, sobre todo luego de evaluarse preliminarmente los efectos del “Niño costero”. También y sobre todo, porque le era urgente dar señales de confianza a un empresariado cada vez más inquieto por la performance del marco macroeconómico.

Por eso era políticamente crucial Chinchero y llama poderosamente la atención el tratamiento tan descuidado que le dio el Ejecutivo a este tema, digno de novatos y no de su autoproclamada virtud como un equipo de hábiles tecnócratas.

 

"Lo sucedido con el contralor Alarcón es sólo el último capítulo de un larguísimo cuestionamiento a la institución que puede prolongarse hasta los años 80".

¿Qué anuncia las formas que adquirió el caso Chinchero? Primero, que es calco y copia de anteriores situaciones en las que antiguas y sólidas aspiraciones regionales terminaron en cuestionadísimos contratos, en cuya base está el diseño de las asociaciones público-privadas (APP). Como señala Epifanio Baca, el crecimiento vertiginoso de esta modalidad de inversión en obra pública fue y es parte de la estrategia de los últimos gobiernos, incluyendo el de PPK, para reactivar las inversiones: “Este proceso de privatización del gasto público puesto en marcha desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), [tiene] el argumento de que el sector privado puede aportar no solo recursos financieros, sino su experiencia y eficiencia en el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de infraestructura económica”[3].

Lo que fue quedando en evidencia es que las APP no eran la manera adecuada para disminuir los déficit en infraestructura y, como afirma Baca, lo que es sumamente importante en estos momentos, algunos informes como los de la Contraloría de la Republica y otros, ya venían alertando sobre sus riesgos y costos para el Estado[4]: “Los hechos de corrupción descubiertos en grandes proyectos de APP gestionados por las empresas brasileras nos están mostrando que estos han sido convertidos en vehículos para la corrupción a gran escala y el negocio privado a costa de los recursos del Estado”.

Bajo este contexto, debemos recordar que el contrato de Chinchero tuvo varios momentos que dejaron en evidencia la poca capacidad del consorcio ganador de la buena pro. Por ejemplo, cuando Kunturwasi inició las gestiones para lograr la adenda, el MEF la rechazó porque la tasa era muy superior a lo definido en el contrato. En noviembre de 2016, insistió con el actual Gobierno y este volvió a objetar la propuesta de financiamiento. A estas alturas, todo indicaba que Kunturwasi no podía cumplir con los plazos planteados para el cierre financiero, lo que abría la posibilidad de declarar la caducidad del contrato de concesión, iniciando entonces su presión lobbista que culminó en lo que todos sabemos[5].

Un segundo aspecto es el fracaso absoluto de los sistemas de control del Estado y, por lo mismo, la urgencia de una reforma profunda de estos. Lo sucedido con el contralor Alarcón es sólo el último capítulo de un larguísimo cuestionamiento a la institución que puede prolongarse hasta los años 80.

Aunque mirando bien el asunto, también podemos suponer que en realidad lo de la Contraloría y los cargos contra su conductor manifiesta algo más profundo y generalizado. Según Latinobarómetro[6], en América Latina los mecanismos formales de la democracia funcionan y vemos la escenificación de elecciones cada cierto tiempo. Sin embargo, estos aspectos formales de la democracia aparecen cada vez más inoperantes, en tanto las instituciones y gobernantes declinan rápidamente en su legitimidad y la confianza hacia los ciudadanos. A su vez, asienta paulatinamente la idea de que el orden viene asociado a la denominada “mano dura”, es decir, una creciente represión y, por ende, a la ampliación de los estados de excepción como reemplazo a los estados de derecho como fórmula de gobernabilidad.

 

"Nuestros controles no son procedimientos establecidos, rendiciones de cuentas, autonomías funcionales ni nada que se les parezca. Son chantajes y extorsiones. Cada vez más explícitos, además".

En otras palabras, lo que nunca supuso la tecnocracia que rodea a PPK es que están atrapados en un tipo de sistema democrático que tiempo atrás empezó a tener resultados desalentadores en su calidad. La desvinculación entre las dimensiones política y económica, en otras palabras, como proponía la fantasía tecnocrática neoliberal que descansaba en la eficiencia que podía adquirir la economía si se evitaba las “distorsiones políticas”, fue negada una y otra vez, planteando a estas alturas la necesidad de cambios profundos para que los sentidos democráticos realmente se plasmen.

Aun así, se siguió insistiendo en fórmulas excesivamente formalistas, que compartimentalizaban lo político como un espacio “técnico” solamente capaz de gestionarsemediante una supuesta burocracia capacitada y, además, como un espacio desvinculado de las dimensiones económica y social, como si pudiera comprenderse por sí mismo. En esa línea, las amenazas que se oponían a una democracia de calidad se leían como “externalidades” al sistema ante las cuales debía diseñarse una respuesta que generalmente se ha fraseado en términos bélicos –“guerra contra la corrupción”, “guerra contra la delincuencia”, etc.

Sin embargo, y esto es el asunto clave para PPK, pocas veces se ha intentado explicar el vaciamiento de la democracia como producto de las propias contradicciones que genera el sistema entre una dimensión económica plenamente controlada por los grandes grupos empresariales, un Estado “capturado” por estas entidades o, en su defecto, ausente, y dejando prácticamente solas a las empresas y la sociedad para que entablen entre ellas compromisos privados o desaten conflictos al margen de la gestión deseable desde los aparatos públicos, además del debilitamiento constante de las organizaciones sociales cuya capacidad para participar en las toma de decisiones es menguante.

En conclusión, la posible acusación constitucional contra el Contralor General de la República no pondrá de lado el problema central: sus audios nos revelan la novedosa manera, que ningún politólogo supuso, de construir nuestro check and balance para darnos sustento democrático. En otras palabras, nuestros controles no son procedimientos establecidos, rendiciones de cuentas, autonomías funcionales ni nada que se les parezca. Son chantajes y extorsiones. Cada vez más explícitos, además. Si Montesinos le pedía a un vocal supremo dirimente que incline su voto por Yanacocha, en beneficio “de los intereses nacionales peruanos”, el actual ministro de Economía le dice al Contralor simple y contundentemente que “debían convencer” al presidente de la República y así, supuestamente, trocar informe a la medida por presupuesto pedido. De otro lado, una turbia legalidad favorece en algo la posición del Contralor, pero debe tomar en cuenta que es la misma legalidad que aparece como deleznable ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos, por situaciones como las generadas por su acción.



[4] Contraloría General de la Republica (2015); Causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las Asociaciones Publico Privadas. Lima, Perú; Alarco, G (2015); ¿Negocio público privado? Ventajas y desventajas de las Asociaciones Publico Privadas en Latinoamérica. Latindadd, Lima, Perú; y Grupo Propuesta Ciudadana (2016); La inversión privada en el sector educación. Un análisis de las APP y OxI en infraestructura educativa. Lima, Perú. <http://bit.ly/2kxsYpJ>

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