El agónico declive de la privatización

Eduardo Toche Investigador (DESCO)
Ideele Revista Nº 278

Foto: legis.pe

Emergió el peor escenario que jamás se pudo suponer. PPK evidenció una vez más que su interés no fue generar alguna posible estabilidad política -que nunca quiso esforzarse en entender- sino en defenderse de las crecientes evidencias de sus actividades de siempre –el lobby- que podrían conducirlo a un proceso judicial y, eventualmente, la cárcel. En otras palabras, nada resultó siendo tan individualizado y personalizado como los objetivos presidenciales de PPK. Fue, en suma, la privatización absoluta de las funciones públicas.

De otro lado, los fujimorismos congresales solo mostraron en cualquiera de sus versiones que su concepto de lo político, si lo tenían realmente, era algo bastante parecido a lo que activaron desde 1990. La intriga, el toma y daca, el intercambio de traiciones y demás conductas que quedaron grabadas en videos y audios, es otra forma de privatizar la política que difiere de la de PPK solo por escala de negocios. Para unos, la cuestión es conseguir grandes contratos, entre ellos no solo el exgobernante sino también una parte no tan numerosa pero decisiva del fujimorismo keikista; para otros, un puestito en la región y, a lo más, el 5% del presupuesto de un puente, un camino u otra obrita.

Dadas las cosas de esa manera, no cabía sino la renuncia de PPK, desenlace que supone una resolución negociada de la crisis, donde los comprometidos puedan no solo controlar los daños provocados por la revelación de los alcances de la corrupción sino, poner atención a esto, como la mejor manera de “cerrar” el capítulo para abrir un horizonte donde la impunidad termina siendo lo que más conviene a casi todos, al menos a los que tienen la sartén por el mango y a sus operadores políticos.

De esta manera, ¿los escenarios post-PPK garantizarán la continuidad de las investigaciones sobre corrupción o será el momento de construir una estabilidad precaria en base a detener los procesos abiertos? Dependerá ahora, en una mínima parte, es cierto, de lo que pueda condicionar una buena persona carente absoluto de medios políticos como Martín Vizcarra, quien encontró la investidura presidencial en medio de su camino. Lo que se deberá demostrar a partir de ahora es una progresión de la democracia como régimen y para que ello suceda gran parte de los resultados estará en manos de los actores políticos y, lamentablemente, no tanto en el presidente de la República.

Como afirma Eduardo Dargent[1], tal vez nadie estaba demandándole grandes resultados al régimen democrático que empezó a construirse hace dieciocho años, aunque también era cierto que hubo la firme esperanza de que se dieran cambios en algunos aspectos, como más inclusión, mejores ambientes contra la corrupción, medios de comunicación más diversificados y de mejor calidad, más garantías para el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas de la violencia, descentralización, espacios más vigorosos para procesos de participación, etc.

En esa línea, si se hubiera hecho una comparación objetiva con lo sucedido en el pasado poco tiempo atrás, probablemente íbamos a convencernos de que, pese a todo, teníamos una democracia funcional en términos al menos de elecciones, donde no había duda de que han sido libres y justas, mucho mejores al menos de las que habíamos tenido antes y de las que hubo en América Latina en estas dos últimas décadas. Asimismo, si bien gran parte de la evolución positiva de los indicadores sociales pareciera ser un resultado inercial del crecimiento económico y no producto de intervenciones mediante los programas sociales, esto también podríamos tomarlo como algo positivo en términos de inclusión, durante este periodo.

Pero, los acontecimientos que rodearon la caída en pendiente de PPK nos dice claramente, sin necesidad de construir mayores argumentos, que la calidad de la democracia que tenemos ahora se parece mucho a la que contenía el régimen que se desintegró a fines de los 90, puntualmente en sus contenidos y formas corruptas.

De esta manera, los ajustes y correcciones que ha propuesto la buena voluntad del presidente Vizcarra deben empezar por aceptar que el tiempo corre en contra del sistema político: luego de casi dos décadas, la promesa democrática se transformó en una deuda crecientemente frustrante y molestosa para los peruanos. Eso es lo que marca, sin ambages, todas las encuestas de percepción.

Ello nos conduce a estimar la reacción que tiene, en el mejor de los casos, el aparato estatal y su conducción política ante las demandas sociales. En otras palabras, cuánto de las expectativas puestas en el voto se transformó finalmente en política pública. Para todos los efectos, hay un evidente déficit de capacidad de respuesta a lo que desea la población, aun cuando no hay un completo divorcio entre exigibilidad de la sociedad civil y reacción del Estado. 

"Así, estamos ante un reto democrático muy importante que pone como condición, antes que nada, la politización de los actores políticos, para que de esa manera puedan construir agendas y ello permita pensar en una mejor calidad democrática, pero también en una mejor calidad estatal [...]"

Hay demandas sociales embalsadas ante las cuales el Estado no está respondiendo y que requieren urgentemente gestionarlas pero, para ello, antes que nada, hay que definir el problema y así responder con plazos y resultados. Por ejemplo, cuando se protestó por el peaje, en Lima, fue por la tarifa y no por la ausencia de adecuadas vías de comunicación, y cuando los jóvenes fueron a pedir una plataforma para negociar, cuando la ley “pulpin”, se la negaron. Así, las demandas existentes son la disminución de la violencia, mejorar la seguridad, erradicar la violencia contra la mujer, más escolaridad de calidad y otras, pero en ningún caso se formula un problema que debe resolverse con la política pública.

De esta manera, en medio de una acción estatal intuitiva pero sin direccionalidad, asociada a una presión social débil y buscando algo muy cercano a una respuesta espasmódica, el sistema político en realidad no está siendo “asfixiado” por estas demandas a las cuales no se responde y, lo que es peor, parece que nos hemos acostumbrado a funcionar de esa manera, es decir, en medio de una impresionante precariedad cortoplacista.

Pasando a otra dimensión, debe remarcarse que pese a las expectativas que se formaron en el 2000-2001 nunca hubo un verdadero plan de reforma del Estado para hacerlo más sensible a las demandas de la población y, seguramente, esto tiene relación directa con lo que Francisco Durand denomina la “captura del Estado” que, entre otros resultados, nos estaría indicando la presencia de un Estado que en vez de cerrar las brechas de desigualdad es productor de las mismas, al favorecer a la empresa privada por suponer que es la única fuente de recursos para la inversión y tener como centro la búsqueda exclusiva del crecimiento económico bajo un esquema notoriamente centralizado y concentrado.

También promueve la desigualdad de género, la desigualdad respecto a las personas de la tercera edad (que pudohaberse corregirse mediante la buena implementación de mecanismos como pensión 65) y otras, al privatizar los recursos y proponer escalas de acceso, según posibilidades de consumo de las personas.

Así, estamos ante un reto democrático muy importante que pone como condición, antes que nada, la politización de los actores políticos, para que de esa manera puedan construir agendas y ello permita pensar en una mejor calidad democrática, pero también una mejor calidad estatal en la medida que haya programas que busquen aceptar la desigualdad, que busquen entrar en la vida cotidiana de las personas, desde temas como mejores viviendas hasta derechos básicos como salud, educación y demás. Podríamos hablar entonces de una democracia que mejore los estándares de reconocimiento de la rica y compleja diversidad social.

En suma, la privatización que inundó todo e impidió la formación de espacios y ámbitos públicos esenciales para el desarrollo de la democracia debe retroceder, fomentándose la movilización ciudadana alrededor de los derechos, construyendo espacios legítimos de participación y otorgando salidas ciertas a la representación política. Todo ello, y mucho más, conciernen a lo público.

Teniendo en cuenta todo esto, podríamos además prestarle atención a las instituciones de control horizontal y a los medios de comunicación. Sin duda, hemos aprendido algo de la importancia de fortalecer estos espacios, como la necesidad de una política anticorrupción legítima y la necesidad del fortalecimiento de las instancias de control. Como señala Francisco Durand[2], Odebrecht encontró a un Estado donde ya funcionaban sus prácticas. La corrupción se expande cuando no hay justicia ni seguridad y, de esa manera, hubo una forma institucionalizada de negociar corruptamente con las grandes empresas formales.

Hubiésemos querido un escenario donde personas como el presidente Vizcarra controlaran mejor los factores y pudieran conducir los hechos hacia lo que le dicta su voluntad. Desgraciadamente no es así. Dicen que las instituciones están heridas de muerte pero, aunque suene extremadamente cínico, así hemos sobrevivido durante las últimas décadas en las que el desbordado entusiasmo por lo privado trajo aparejado, sin mayores argumentos y menos discusiones, que lo público era por esencia malo. Tenemos entre manos los resultados y tal vez la mejor política pública que deberíamos proponernos ahora es la reconstrucción de lo público.



[1] Entrevista, noviembre 2017.

[2] Entrevista, noviembre 2017.

Agregar comentario