El cierre de la pesquisa a Pablo Sánchez en el CNM: lo que muestran los dos informes que se presentaron

Cruz Silva Del Carpio Abogada del Instituto de Defensa Legal (Justicia Viva)
Ideele Revista Nº 277

Foto: El Comercio.

Es sin duda una muy buena noticia que la indagación contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez haya acabado en el Consejo Nacional de la Magistratura: era evidentemente, y sobre todo, un intento político en respuesta al reinicio de la actividad fiscal sobre las denuncias que aún tienen que responder Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori.

Acción política

Los fujimoristas apuntaron sus baterías, y con la mayoría que aún tienen en el Congreso, promovieron rápidamente por medio del vocero Daniel Salaverry una denuncia constitucional ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. A pocos días, la congresista Yeni Vilcatoma se sumó con una denuncia constitucional más, haciendo el juego al intento fujimorista. La intentona política en el Congreso fue rápidamente detectada no solo por otros representantes políticos, sino también diversas voces de la sociedad civil e incluso de los propios fiscales, quienes en un acto hace muchos años no visto, se manifestaron en una vigilia a nivel nacional contra lo que era un evidente ataque a la independencia del Ministerio Público. La rapidez con que se movieron esas dos denuncias constitucionales (dejando de lado otras en el camino que le precedían en el tiempo) no dejaron duda de su verdadero fin: sacar al Fiscal de la Nación que, a pesar de tener muchas cosas que mejorar en su gestión, da espacio a los demás fiscales para que hagan su trabajo.

Sobre lo que acontecía en el Congreso, dentro y fuera de él, se alzaron diversas voces. Por ello, apareció otro espacio donde se podría avanzar en lo mismo, pero con menos personas directamente involucradas (7), y con un presidente que era cercano también al fujimorismo. Ese espacio era el Consejo Nacional de la Magistratura. Así, aparecía otra vez Vilcatoma haciéndole el juego al partido naranja. A solo dos días de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el primer informe de la SubComisión de Acusaciones Constitucionales y darle 15 días para que se pronunciara si el Fiscal de la Nación debía ser removido de su cargo, Vilcatoma presentó el 17 de noviembre una denuncia disciplinaria con fines de destitución ante el CNM.

Y lo hizo con los mismos argumentos que se veían ante el Congreso… y más:

  1. Que no se haya promovido la investigación respecto de las empresas consorciadas con Odebrecht.
  2. Que la elección del fiscal Hamilton Castro para el caso de corrupción y a exclusividad era inidónea, pues había demostrado falta de capacidad para la investigación.
  3. Que a pesar de lo anterior, se le haya ampliado la competencia al fiscal Castro para que además vea los delitos de lavado de activos.
  4. Que haya direccionado, entonces, la investigación fuera de los cauces correspondientes, ya que tocaba que el caso sea visto por el sistema que investiga criminalidad organizada, relacionado al delito de asociación ilícita para delinquir.
  5. Que le haya mentido al país al indicar que el fiscal Castro sí se estaba investigando a la empresa Graña y Montero, cuando esto recién habría sucedido el 29 de noviembre y el 1 de diciembre (con la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de la prisión preventiva).
  6. Que haya entorpecido la investigación a Pedro Pablo Kuczynski al indicar que por su investidura no se le puede investigar y acusar hasta que culmine su mandato, lo que influenciaría en otros fiscales según la denunciante.

La oportunidad de la denuncia de varios de estos cuestionamientos, en el momento post re-apertura de la investigación a Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori, reafirmaron la coincidencia con el ánimo político de la acción disciplinaria.

Jurídicamente insostenible

La argumentación jurídica no acompañó a estos intentos. Por ejemplo, porque:

  • El Fiscal de la Nación está en efecto facultado, bajo ciertas consideraciones (de complejidad del caso y conveniencia organizacional), a designar a un fiscal y un equipo para que se hagan cargo de una investigación.
  • Que sobre lo que realicen los fiscales que están llevando los casos, en principio, el Fiscal de la Nación no tiene ni injerencia ni poder de decisión en razón a la autonomía e independencia de los primeros (salvo, por supuesto, se identifique algún acto de corrupción de direccionamiento o confabulación; sin que esto signifique que la actividad de los fiscales que llevan los casos no pueda ser cuestionada ante los órganos de control interno o el propio CNM en caso corresponda destitución).
  • Porque el fiscal Castro sí se encontraba realizando investigación correspondiente a un proceso de colaboración eficaz.
  • Porque señalar la descripción de lo que significa la inmunidad de altos funcionarios no necesariamente ha de condicionar la actividad fiscal y, por el contrario, suponer previamente ello es dar paso a la violación de la independencia de los mismos.
  • La violación de las garantías sobre independencia que refiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8) y la Relatoría correspondiente de Naciones Unidas.

Por esas razones es que la denuncia contra Pablo Sánchez no quedaba debidamente argumentada, y mucho menos, las señaladas presuntas inconductas funcionales podían dar paso a una investigación preliminar, un procedimiento disciplinario, y finalmente una destitución.

¿No había, entonces, indicios suficientes para iniciar una investigación preliminar? Al menos, no en lo referido por Vilcatoma. Ello no quiere decir que el Fiscal de la Nación no tenga críticas importantes al igual que el fiscal Hamilton Castro, pero de ahí a justificar una investigación con fines de destitución, sin que medie por ejemplo un daño irreparable en base a las decisiones administrativas del Fiscal de la Nación, y más aun siendo eco a los intereses políticos partidarios fujimoristas, es (por decir lo menos) arbitrario.

Dicho sea de paso, este caso no se compara con el que en su momento, en el 2014, el CNM definió respecto del entonces Fiscal de la Nación José Peláez Bardales, o del hoy ex fiscal de la Nación (destituido) Carlos Ramos Heredia en el 2015. Sobre el primero, la apertura de investigación preliminar se basó en el archivamiento de un caso en el extranjero (en la fiscalía de New York, sobre los Sánchez Paredes[1]), por no haber alcanzado a tiempo la información correspondiente y solicitada a su persona por el cargo desempeñado (titular de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación). Respecto del segundo, las diversas y serias irregularidades en la actuación de la Fiscalía Suprema de Control Interno en el caso “La Centralita”, justificaron la apertura de hasta tres procesos disciplinaros que acabaron con la destitución.

Las graves irregularidades ¿impunes? ante el CNM

El consejero que no se inhibió

Si bien el Consejo Nacional de la Magistratura, finalmente, ha decidido no continuar con esta indagación que en concreto significaba una presión al representante del Ministerio Público, lo acontecido en el Consejo también ha sido reflejo de esa pugna política, con un matiz particular y peligroso: el CNM es una institución presidida por un consejero directamente relacionado al partido que quería la cabeza del Fiscal de la Nación.

Y a pesar de eso, fue el consejero encargado de la ponencia sobre la denuncia de la congresista Yeni Vilcatoma.

La denuncia se presentó un 17 de noviembre, pero a casi un mes, el 20 de diciembre, IDL-Reporteros hizo público que Guido Aguila, Presidente del Consejo y ponente del caso contra Pablo Sánchez, dio cabida en su casa al congresista Héctor Becerril, nada más y nada menos para que pidiera a otro Consejero el voto a favor de su candidato para la presidencia del CNM en el año 2017. La evidenciada amistad con Becerril, que llegó a tal punto de violar la autonomía de la institución que presidía, lo hacía inocuo para seguir a cargo del caso del Fiscal de la Nación. Pero Vilcatoma no pidió el retiro del Consejero en defensa de la imparcialidad de la actuación del CNM, y Guido Aguila, mucho menos, se apartó de oficio del caso.

 

¿Cómo se sentiría el Fiscal de la Nación, el investigado, teniendo como consejero ponente de su posible destitución, al amiguísimo del congresista que había hecho público su intención de que saliera del cargo? Becerril le había ido con todo en diversos medios, antes y después de la denuncia de Vilcatoma, y a raíz de las investigaciones de la fiscalía al partido naranja:

“Increíble, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, asume el papel de verdugo político de Keiko Fujimori y la acusa de pertenecer a una organización criminal”, sostuvo este lunes el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril.

El parlamentario naranja utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar que la Sala Penal de Apelaciones haya determinado que el fiscal de lavado de activos José Pérez Gómez siga investigando a la lideresa de Fuerza Popular y a su esposo, Mark Villanella, bajo la ley de crimen organizado y el Nuevo Código Procesal Penal.

Según dijo Héctor Becerril, el fiscal Pérez Gómez “está manipulado por Pablo Sánchez”, pues “citan a mil asistentes a cócteles de Fuerza Popular con el objetivo de destruir la imagen de Keiko Fujimori[2].” Diario El Comercio, del 30 de octubre del 2017.

“Ahora Keiko [Fujimori] ya está investigada por pertenecer a dos organizaciones criminales y de donde viene esto, viene del Ministerio Público. Yo creo que Pablo Sánchez que tiene a su mando el Ministerio Público, desde ahí está politizando el Ministerio Público para en este caso mellar la imagen de Keiko Sofía Fujimori, tenerla los tres años que vienen investigada y restarle posibilidades para la presidencia de la República para el 2021”, afirmó en De 6 a 9 de Canal N.”[3] América TV, del 7 de noviembre del 2017.

Tras la intervención de la Fiscalía de los dos locales de Fuerza Popular, autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho, por supuesto lavado de activos, salieron al frente los congresistas de Fuerza Popular. “Esto es una venganza de Pablo Sánchez (Fiscal de la Nación)”, dijo el congresista Héctor Becerril, en la puerta del local partidario intervenido de la avenida Paseo Colón. Diario Gestión, del 7 de diciembre del 2017[4].

"Vean el gran allanamiento en nuestro local de Paseo Colón, el fiscal José Pérez parado mandando mensajes porque no encontró nada irregular. Gran patinada del fiscal Pablo Sánchez que utiliza el Ministerio Público para sus vendetas personales", escribió el legislador y adjuntó una fotografía.”[5] América.TV, 7 de diciembre del 2017.

Becerril espera que el informe de su correligionaria Beteta acerca de las acusaciones de Salaverry y YeniVilcatoma, que deberá presentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en los próximos días, tendría que recoger las críticas a la diligencia de Domingo Pérez Gómez y recomendar la destitución del Fiscal de la Nación.

“Espero que (el rechazo al allanamiento) se vea reflejado en el informe de Beteta, en las votaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y en el pleno”, sentenció el portavoz alterno de FP.

Asimismo, concluyó: “En Fuerza Popular no tenemos la menor duda de que Pablo Sánchez Velarde no solo debe dejar el cargo de Fiscal de la Nación, sino también debe ser destituido como fiscal supremo”[6]Diario. Uno, del 10 de diciembre del 2017.

Lo que correspondía, era que el consejero Aguila se inhiba de conocer el caso, que el CNM inicie de oficio una investigación con fines de vacancia (con una suspensión de por medio), e incluso una denuncia fiscal por presunto tráfico de influencias de Becerril y Aguila. Nada de eso pasó, convirtiendo a esa sola situación en una violación al debido proceso de la actuación de Aguila, y una amenaza permanente al Fiscal investigado.

Los plazos incumplidos

Esta situación no fue la única. El plazo entregado a Aguila por el CNM se incumplió, y mínimo uno más planteado por el propio consejero. Tanto así, que en el Pleno del CNM del lunes 12 de febrero del 2018 se le volvió a recriminar la demora en resolver el caso, a pesar de la importancia gravitante del mismo para la lucha contra la corrupción y la independencia fiscal. La incertidumbre en ese incumplimiento perjudicó también lo que debió ser una actuación impecable, y significó una violación a la transparencia y el debido proceso, con efectos nocivos para la independencia fiscal:

  • El 24 de noviembre del 2017, a una semana de presentada la denuncia ante el CNM (17 de noviembre), Guido Aguila, presidente del Consejo, señaló que su institución estudiará dicha denuncia[7].
  • El 7 de diciembre, los medios de comunicación informaron que el consejero encargado del caso era Guido Aguila. El Consejero opinaría sobre si procede alguna investigación, opinión que luego evaluaría el Pleno[8].
  • El 12 de diciembre, el Pleno del CNM señaló, en efecto, que el consejero encargado del caso era Aguila. Ese día también se acordó otorgar 15 días hábiles como plazo para que Aguila presente su informe. El plazo se cumplía el 4 de enero del 2018[9]. Según el informe final de Aguila, la congresista Vilcatoma presentaría información que significaría un mayor análisis del caso, el 20 de diciembre, es decir, en una fecha que no representaba problemas para el cumplimiento del plazo otorgado por el Consejo.
  •  El 31 de diciembre del 2017 y el 1 de enero del 2018, cerca del término del plazo (4 de enero), los medios de comunicación indicaron que Aguila refirió que en enero se tendría el resultado de la indagación.

“Tratándose de la más alta autoridad de la representación legal en el Estado, de un tema de megacorrupción y de una situación tan convulsionada como esta, tratamos de hacer las cosas con todo el cuidado posible. Pero, sin lugar a dudas en el mes de enero tiene que haber el informe y la definición si es que se inicia o no una investigación”, declaró a la agencia Andina.[10][11]

  • El 12 de febrero, 2 meses después de que el Pleno decidiera darle un plazo de 15 días hábiles, se le increpó a Aguila en ese mismo Pleno la demora en la entrega del informe que comenzaría definir la suerte del Fiscal de la Nación. Ese mismo día, Aguila señaló en medios de comunicación que el informe estaría listo a fines de febrero[12].

Un factor paralelo y de peso

En el tiempo que Aguila evaluó cuál sería el contenido de su informe, se desarrollaba a la par un hecho esencial para el destino del Consejo: la elección de su nuevo o nueva titular. De la elección del 2017 ya se había descubierto que el vocero de la bancada fujimorista tuvo seria injerencia de la mano de Guido Aguila. Esta elección 2018, en ese sentido, no garantizaba que fuera diferente, más aun si es que el candidato que Becerril señaló ser de su interés, estaba otra vez en carrera (Julio Gutiérrez), e impulsado al parecer por los mismos consejeros.

Durante ese proceso de elección, la revelación de la influencia fujimorista en el 2017, permitida por el presidente de la institución, se hizo notoria (luego de que pasara “caleta” en diciembre, por motivo de la vacancia presidencial y el indulto ilegal a Alberto Fujimori). Y ello, porque en el Pleno del CNM del lunes 12 de febrero, el consejero Aguila confirmó la existencia y el contenido de esa reunión en su casa, en la que estuvo presente el congresista Becerril.

Por todo ello, el congresista del Frente Amplio solicitó (el 12 de febrero del 2018), que se realice una sesión extraordinaria en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se explicara la “Conversación en Trinidad Morán”, en la casa del Consejero. A ese pedido se sumó el IDL y Proética. IDL, además, presentó una propuesta de reglamento de la elección del presidente del Consejo, dada la oscuridad histórica e injerencia política corroborada del año 2017.

Con los mismos candidatos a la presidencia para el 2018-2019 (Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez), pero esta vez con el descubrimiento de la injerencia fujimorista, la presidencia recayó en un Consejero que no estaba vinculado directamente con la conversación en Trinidad Morán (ni en Gutiérrez, ni en Aguila, ni en Noguera -que fue quien candidateó en el 2017 a Gutiérrez-). Cierto es que el elegido, Orlando Velásquez, también tiene diversos cuestionamientos en su haber (18 denuncias al momento de su juramentación en el cargo -algunos con archivo preliminar-, los problemas con un examen en la Universidad Nacional de Trujillo, un presunto conflicto de interés por el grupo de universidades adversas al proceso de la reforma universitaria, etc.), por lo que la definición no ha resultado de la más feliz (y ha hecho que resurja el debate de la reforma del CNM).

Como pasó el año pasado, con el intento de destitución de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el interés fujimorista perdió esta vez con la no apertura de investigación preliminar al Fiscal de la Nación, una votación que se dio en el CNM el día lunes 26.

 

Los dos informes

Justicia Viva e IDL-R han podido acceder al Informe del expediente Nº 095-2017-CNM elaborado por Guido Aguila, así como al Informe en mayoría del miércoles 20 de febrero, firmado por los consejeros Orlando Velásquez (el presidente electo), Hebert Marcelo, Baltazar Morales y la consejera Maritza Aragón.

La causal en la que se enmarcó la presunta inconducta funcional del Fiscal de la Nación fue la del inciso 2 del artículo 31 de la Ley Orgánica del CNM (Nº 26397): “un hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público.”

Si bien se ha informado que la decisión del Consejo ha sido por unanimidad, pero por diferentes razones, es interesante observar cómo difieren ambos informes en la contundencia del archivamiento.

Mientras que el de los cuatro consejeros señala con claridad que:

“Primero: NO HA LUGAR a abrir investigación preliminar contra el doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, en su condición de Fiscal de la Nación, por haber presuntamente incurrido en conducta disfuncional, en la investigación por los hechos relacionados al caso Odebrecht, OAS, Camargo y Correa S.A. y otras.

SEGUNDO: Dispone el archivo definitivo de los presentes actuados (…)”

el informe de Guido Aguila, al que se sumó Julio Gutiérrez, luego de resolver unos pedidos de Vilcatoma, señala que:

“Sobre la base de la causal de destitución que se imputa al Fiscal de la Nación, se aprecia que a la fecha no existe acerbo probatorio que permita establecer inconducta funcional del Fiscal de la Nación; sin embargo, existe la posibilidad razonable de que en el marco de la investigación preliminar contra el señor Fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, puedan incluirse nuevos medios probatorios que le permitan al Pleno del CNM tomar una decisión conforme a sus atribuciones.”

El informe de Aguila

Aguila desestima las siguientes imputaciones de Vilcatoma: (i) la de haber mentido reiteradamente sobre la investigación a la empresa Graña y Montero (ya que sí existía una respecto al proceso especial de colaboración eficaz), (ii) la de haber direccionado la investigación que correspondería al delito de asociación ilícita para delinquir (ya que pronunciarse sobre ello desde el CNM sería interferir en las funciones de la fiscalía).

También desestima, pero dejando en la redacción puertas abiertas a la denuncia, la imputación sobre la incorrección de haber designado al fiscal Hamilton Castro (quien no sería idóneo), y la de haber de alguna forma influenciado en los fiscales al decir que por su investidura Pedro Pablo Kuczynski no podría ser investigado (inmunidad de altos funcionarios).

Sobre la elección de Castro, Aguila señala que:

“80. Sin embargo, para el suscrito, queda claro que si bien es cierto el Fiscal de la Nación tiene facultades y atribuciones para designar Equipos Especiales para la investigación de crímenes y casos de naturaleza compleja como aconteció con la empresa Odebrech y otras; en este caso, , quien ya había mostrado a esa fecha un proceder poco eficaz en el ejercicio de su función fiscal, tal como se evidencia del material probatorio acopiado.”

“… dicha autoridad según los elementos analizados y recogidos se habría conducido con desidia y ausencia de diligencia al insistir y encargar tamaña responsabilidad al Fiscal Hamilton Castro…”. El párrafo anterior origina las siguientes preguntas: ¿por qué hablar de una peligrosa desidia y ausencia de diligencia en el ejercicio de las potestades del fiscal, si es que no se va a aconsejar luego alguna investigación sobre el particular? ¿No es eso contradictorio, más aún si se indica que esa apreciación se basa en elementos analizados y recogidos que se tiene en frente?

Luego, si bien Aguila descarta que el dicho del Fiscal de la Nación respecto de Pedro Pablo Kuczynski y la inmunidad que por ley le alcanza, haya condicionado o entorpecido alguna investigación contra el presidente; señala que:

“89. No obstante ello, lo manifestado en los medios de comunicación por el Fiscal de la Nación, evidenciaría una posición que puede dejar en entredicho la objetividad que el cargo que ostenta exige. En efecto, al ser el Fiscal de la Nación el representante del Ministerio Público, se espera una actitud que favorezca la persecución de las actividades delictivas y por lo tanto la intolerancia contra la impunidad debe ser superlativa, más aun tomando en cuenta la coyuntura de corrupción y sospecha generalizada. En suma, a mi modo de ver, si bien lo indicado por el Fiscal de la Nación puede o no tener correlato con la realidad, lo expresado puede interpretarse como una actitud pasiva y hasta protectora con la envestidura del Presidente de la República en un contexto en la que la clase política está en cuestión por los hechos de corrupción expuestos a propósito del caso Lava Jato.”

Sin duda, referir lo que indica la ley sobre la inmunidad que altas autoridades del Estado tienen, puede en efecto resultar inconveniente o inoportuno; ello dista mucho de colegirse con una “actitud pasiva y hasta protectora”. Llama más aún esta consideración, teniendo en cuenta que por mucho más, el consejero Aguila ha dejado en la impunidad más de un caso, incluyendo el propio: ¿acaso concertar una reunión, para que un político, en su casa, pida el voto a favor de su candidato, sobre la elección del presidente de la institución que representa, no deja entre dicho (en sus propias palabras) “la objetividad que el cargo que ostenta exige”?

Al parecer, la intención de Aguila de abrir investigación preliminar contra el Fiscal de la Nación está, pero no termina definiéndola. No al menos esta vez.

El informe de los 4 consejeros

El informe que decide archivar por diversas consideraciones el caso se basa en que:

-          Designar a un fiscal para un caso concreto está amparado en las funciones que le otorga la ley y responde a la autonomía del cargo.

-          Es una apreciación subjetiva el señalar que la designación del fiscal Castro significará la falta de diligencia y acción en el caso Odebrecht, ya que “no se puede calificar como falta de idoneidad a situaciones, que aún no ha acontecido”.

-          En relación a las acciones respecto de la empresa Graña y Montero: no es competencia del Fiscal de la Nación la decisión de abrir o no investigación penal.

-          El CNM no es competente para evaluar las conductas de fiscales de cargo diverso al del Fiscal de la Nación (o supremo), como el del fiscal Castro (corresponde a las fiscalías de control interno y de ser su evaluación, recién adquiere competencia el CNM ante un supuesto de sanción de destitución).

El Consejo tenía éstas y otras razones para el archivo de la denuncia contra el Fiscal de la Nación, incluso, el escenario y el móvil político; así que la decisión final adoptada es la que correspondía de acuerdo a derecho.

Dicho ello, sí es necesario referir el cuestionable argumento expuesto sobre la supuesta falta de legitimidad de la congresista Vilcatoma para presentar la denuncia. El informe en mayoría señala que hay un problema de procedencia (principio de legalidad): que Vilcatoma no es afectada directamente.

“4.5 El incumplimiento de deberes funcionales por parte del Fiscal de la Nación, solo afecta directamente a las partes involucradas en un proceso penal cuando el fiscal de la Nación tiene a cargo la conducción directa y personal y dicha investigación.

Esta situación solamente puede darse cuando, por mandato constitucional y de su Ley Orgánica se investiga en etapa prejudicial al Ministros de Estado, Congresistas, Presidente de la República o cualquier otro alto dignatario a que se refiere el artículo 99 de la Constitución.”

Nada más errado. Primero, porque bajo esa tesis, el CNM no habría podido investigar al ex Fiscal de la Nación José Peláez Bardales en el 2014, por un tipo de responsabilidad funcional y administrativa en su cargo de titular de la Unidad de Cooperación Internacional del Fiscal de la Nación. ¿Qué pasará con las inconductas similares, fuera de la función desempeñada en investigaciones fiscales y procesos penales? En segundo lugar, este tema ya fue debatido, y está relacionado con la interpretación del entonces artículo 44 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del CNM, donde justamente el Consejo en una primera decisión refirió que los denunciantes no tenían legitimidad, criterio que luego fue cambiado al dar cuenta que, entre otras cosas, hay casos en que la denuncia debe venir por “terceros” ya que los involucrados pueden no querer por diversas razones denunciar los hechos. Tercero, teniendo en cuenta la existencia de la decisión anterior, se debió señalar por qué en todo caso ahora se cambia de criterio. El mismo, bien puede y deberá debatirse (y esperemos, cambiado) en próximas denuncias de “terceros” sobre diversas inconductas funcionales de magistrados supremos.

Finalmente

Queda la posibilidad de presentar recurso extraordinario de reconsideración, pero la diversidad de los argumentos hace previsible que se negará. El cierre del caso contra el Fiscal de la Nación ha demostrado la derrota de intereses políticos partidarios (fujimoristas) de Héctor Becerril, de sus allegados, por lo que es una buena noticia. ¿Cómo resguardar la independencia fiscal? Es una tarea de “paso por paso”, minucioso, y de atención a cada movimiento fuera (como dentro) del CNM y del Congreso. Recordemos: cerrado el paso en el Consejo, aún queda pendiente el archivamiento del caso en el Parlamento, en donde si bien la responsabilidad sería diferente (sí

¿Queda con esto recobrada la independencia del CNM? No. Hay diversas irregularidades que no deben quedar impunes (como la no inhibición de Aguila en el caso), las mismas que representan riesgos en el futuro inmediato. Queda la evidencia de que a pesar de esta decisión, la garantía de independencia e imparcialidad en el Consejo aun debe ser reconstruída (los cuestionamientos del electo presidente no aporta mucho a ello, así como algunas decisiones en materia de ratificación y selección de magistrados); y queda la constatación de que la sociedad civil y los funcionarios comprometidos con la recuperación de las garantías de independencia en el sistema de justicia deben seguir atentos a lo que pasará con los actores del sistema de justicia (y sus redes), día a día.



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