Huesos

Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele
Gerardo Saravia Editor de la Revista Ideele
Ideele Revista Nº 271
Foto: Lugar de la Memoria

Un funeral es una ceremonia de duelo. Es parte del rito funerario. Los orígenes de estas prácticas son tan antiguos que empiezan con los neandertales. Los rituales son diversos de acuerdo a cada cultura y época. En el Perú se acostumbra que los cuerpos de las personas que han muerto sean vestidos por sus familiares, velados y luego enterrados o cremados. Eso no ha ocurrido con 15 mil que nunca fueron encontrados. Esos huesos en su mayoría siguen apilados en fosas, y un número menor está guardado en cajas.

 

Después de 30 años, hay 900 restos sin identificar en la morgue de Ayacucho. Los huesos de las víctimas de la matanza de El Frontón están sin identificar en la morgue de Lima. Los huesos de los muertos en Lucmahuayco se han identificado pero todavía no se entregan, y están en cajas en la morgue del Cusco. De las 69 víctimas de Accomarca, solo se han identificado 23 cuerpos.

Descontando a los que se encuentran en cajas, se calcula que hay unos 15 mil cuerpos que todavía están enterrados en fosas clandestinas en las comunidades, y en fosas en los centros de detención y al interior de las bases militares. Son alrededor de 5 mil los lugares de entierro.

Son contadas con los dedos las exhumaciones de fosas que han terminado con el total de restos entregados a sus familiares. Una de ellas ha sido la de Chuschi. Ocho desaparecidos, ocho cuerpos encontrados en una fosa, ocho restos entregados a sus familiares. En este caso, se cerró el círculo: el fiscal entregó los cuerpos a los deudos y estos les dieron sepultura. Pero esto solo sucede cuando el caso está cerrado, y ello depende de si hubo testigos vivos que colaboraron con los peritos: si ellos declararon que vieron a los militares llevarse a los detenidos, si condujeron a los forenses al lugar de entierro y si estos procedieron a hacer las exhumaciones.

Lo mismo ocurrió en Lucanamarca, escenario de la espeluznante matanza senderista, donde la exhumación fue el inicio de un proceso que culminó en una ceremonia que contó con la presencia de algunos comisionados de la Comisión de la Verdad, y en un entierro en el que cada una de las 69 víctimas fue sepultada en su propio cajón donado por el Estado. Sería bueno que lo mismo hubiera ocurrido con más frecuencia en los últimos 30 años.

El informe que presentó el año pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas establece que “después de 30 años de finalizada la práctica de las desapariciones forzadas en el Perú, este sigue siendo un problema vigente con pocas soluciones”.

Los casos de desapariciones forzadas son de lejos la mayoría en los procesos de violación de derechos humanos. Como su nombre lo indica, ello supone que el cuerpo se esfuma, se evapora, se desvanece. En el año 2003 empezó a funcionar el Sistema Nacional de Derechos Humanos que actualmente está a cargo de la fiscal Luz Ibáñez. En 14 años ha sufrido una serie de modificaciones y  lo que queda son cuatro fiscalías penales supraprovinciales que funcionan en Lima, dedicadas exclusivamente a investigar los casos de derechos humanos a nivel nacional. Además, hay una segunda instancia compuesta por tres fiscalías penales encargadas de elaborar las acusaciones fiscales. Y en provincias, especializadas y dedicadas, solo quedan dos fiscalías en Ayacucho y una en Huánuco.

Saber que se han producido recortes fuertes permite entender el porqué de la desesperante lentitud del sistema de derechos humanos. Cada caso pasa a una fiscalía que debe abrir una investigación destinada a buscar pruebas y culpables, pero cuya prioridad no es devolver los restos de las víctimas a sus familias.

De peritos y peritajes

El fiscal se apoya en el trabajo de los forenses que ubican las fosas comunes, registran el perfil biológico de las víctimas, recuperan los restos humanos y las evidencias para analizarlos científicamente. Antes que nada, el Ministerio Público trata de obtener información que tenga valor probatorio. Se concentra en un proceso formal con el objetivo de demostrar un hecho. Los fiscales avanzan hasta donde pueden y en ese intento se pasan los años, mientras los restos siguen almacenados. ¿Acaso no es posible armar los casos con las llamadas fichas antemortem (que contienen la biografía biológica de las víctimas) y con las declaraciones de los testigos?

“El Ministerio Público se concentra en buscar justicia”, afirma Carmen Rosa Cardoza, cuya vasta experiencia como perito forense la ha convertido en una experta en el tema. Ella sostiene que el fiscal no necesita los restos luego de que estos han sido sacados de la fosa. “No los necesita. Para eso están las fotos de los huesos y los informes sobre las descripciones de las lesiones, así como las evidencias. Me refiero a las balas o los cuchillos. Con estos sí debe quedarse”, agrega.

La Fiscalía todavía no ha internalizado la importancia de la parte humanitaria. Ha habido maltrato y desidia de parte del Estado que se ha cruzado de brazos frente a esta interminable espera de los familiares de los desaparecidos. Rosa Lía Chauca, responsable de la mesa de trabajo sobre la  búsqueda de personas desaparecidas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha acompañado a los familiares de las víctimas por muchos años. Entiende perfectamente la necesidad que ellos tienen de ver el cuerpo para verificar que murió y saber cómo ocurrió esa muerte. La ausencia abrupta –a diferencia de la pérdida por enfermedad en la que hay una etapa de preparación– introduce la duda y la esperanza. ¿Y si de repente huyó? ¿Y si está vivo? Esa incertidumbre no permite que las personas sigan con su vida y las deja congeladas en el tiempo.

Añade: “Asimismo, creo que no ha habido una entrega digna de los cuerpos, no por mala intención de las autoridades, sino porque todavía no somos conscientes de la importancia de este ritual que existe en todas las culturas a pesar de que tenemos diferentes tipos de espiritualidad. Pero, en general, lo que yo he visto es que para todos sin distinción es importante que les expliquen de manera simple y clara los detalles de la muerte de su ser querido. Y luego esperan que se les entreguen los restos para que puedan hacer una ceremonia”.

La profesional afirma que en todos estos años los fiscales han puesto impedimentos para que los cuerpos sean entregados a sus familiares. “Por ejemplo, en el caso de las víctimas de Accomarca seguimos insistiendo para que se entreguen todos los cuerpos y no solo los que se han identificado, porque se trata de un caso cerrado”.

En Tottos tampoco se pudieron entregar todos los cuerpos. Cuando llegaron los forenses se encontraron con las fosas medio abiertas, removidas, pedazos de cuerpos desperdigados por el área. Hasta los perros habían escarbado en el lugar, contribuyendo a la pérdida de evidencias y restos.

En Los Cabitos se hicieron varias excavaciones. Algunos miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), una institución de la sociedad civil, participaron como peritos de parte en la primera etapa en la que se exhumaron 15 cuerpos. Este cuartel era un centro de detención con población abierta. Esto quiere decir que se llevaban a los torturados en helicópteros y traían a otros. Las personas que ingresaban pudieron haber sido torturadas y asesinadas en ese lugar, para luego ser trasladadas a otras bases militares o viceversa.

Las madres de la Asociación Nacional de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (Anfasep) creen que los cuerpos de sus hijos están ahí en Los Cabitos, pero la verdad es que eso no se puede saber. Todavía hay mucho que desenterrar. Carmen Rosa Cardoza recuerda que una joven identificó el polo de su hermano, pero cuando le mostraron la dentadura no correspondía a la de él. La explicación es que existía un patrón en esos cientros de detención por la que que los torturados solían estar desnudos o semidesnudos, y en algunas circunstancias les entregaban ropa de otros para que se cubrieran.

No ha habido un mandato en las sentencias judiciales que establezca la obligación de encontrar los restos y devolverlos a sus familiares, y lo que ha ocurrido es que el Ministerio Público –sin proponérselo- ha terminado imponiendo una práctica hiperlegalista y antihumanitaria. La excepción a la regla se ha producido solo en dos oportunidades, en relación a dos casos emblemáticos: Castillo Páez y La Cantuta. En ambos la sentencia de la Corte Interamericana ordenó a la Fiscalía que abriera una investigación sobre el paradero de los cuerpos. Está de más decir que el cuerpo de Ernesto Castillo Páez nunca fue encontrado y solo seis de los cuerpos de las víctimas de La Cantuta fueron identificados.

El EPAF también fue perito de parte en el caso La Cantuta, pero solo para exhumar una parte de los restos que estaban en el cementerio El Ángel, no los que se enterraron en Cieneguilla. Lograron identificar a seis personas utilizando la prueba de ADN. Encontraron la prótesis de la maxila de Bertila y dos partes de una pelvis femenina que por descarte determinaron que era de Dora Oyague. El único cuerpo que se pudo reconstruir completamente fue el de Enrique Ortiz.

Carolina Oyague, hermana de Dora Oyague, asesinada en La Cantuta, relata: “La Fiscalía abrió la búsqueda en 2014, en base a los datos que dieron los arrepentidos sobre la localización de las fosas, pero no mandaron a un equipo forense a que culmine la búsqueda de las fosas. Nuestros familiares fueron enterrados, desenterrados, vueltos a enterrar y luego cremados para desaparecer las evidencias”. En este momento la fosa de Cieneguilla está cubierta por más de 25 metros de arena de una construcción. No se ha encontrado una forma legal que obligue a los miembros del Grupo Colina que se acogieron a la colaboración eficaz a que digan dónde están enterrados los cuerpos.

Han primado las malas prácticas. Rosa Lía Chauca precisa que las entregas que se han realizado en el Instituto de Medicina Legal y en la morgue de Ayacucho no cumplen con un protocolo adecuado. “Se hacen de manera rápida, a veces como si fuera un trámite administrativo. No estoy diciendo que siempre sea así. Hay algunos fiscales que se toman el tiempo de hacer una ceremonia para que los familiares se sientan reconfortados. Pero generalmente se han hecho entregas masivas, a veces de veintitantos cuerpos, que no ayudan al proceso de reparación. No se prepara a los familiares para el shock que significa esperar un cuerpo completo y recibir unos cuantos huesos. Tampoco se les consulta si desean que les entreguen los restos en una caja cerrada o que se los muestren. Desde la mesa hemos mandado muchas cartas a las autoridades, específicamente a la viceministra de Justicia, a quien le hemos señalado que es importante plantear una estrategia”, puntualiza.

"No hubo una identificación individual. Los familiares llegaban a esos lugares en peregrinación cargando sus ramos de flores, y no les entregaban a sus muertos".

Además del drama que siguen viviendo estos deudos, los peritos independientes de la sociedad civil han vivido el suyo propio. Basta mirar la película peruana NN para entender las secuelas de la convivencia con la muerte. Y en la vida cotidiana muchos terminan presos entre files y declaraciones, igual que los familiares que terminan como rehenes de la justicia, entrampados en citaciones y reconstrucciones. La propia Carmen Rosa Cardoza, por haber sido perito de parte en Chuschi, Cabitos y Putis, ha tenido que atestiguar en las salas del Poder Judicial durante 10 años (2006–2016). Debía desempolvar sus peritajes y repetir una y otra vez las mismas declaraciones, sin olvidar ni una coma ni un punto a riesgo de que anulen su testimonio o todo el proceso.

El aporte de los peritos de la sociedad civil ha sido grande. Ellos fueron los que se preocuparon por humanizar este proceso de búsqueda y entrega. Carmen Rosa Cardoza resume los tres pasos para realizar una investigación exitosa enmarcada en el paraguas humanitario: “Depurar la lista de desaparecidos, persona por persona. Tener la biografía biológica de cada una en una ficha antemortem. Contar con el apoyo de todas las organizaciones y personas que puedan brindar esa información”.

Parió Paula

En el año 2004, el Estado transfirió la responsabilidad de búsqueda y justicia al Ministerio Público. Se creó el Equipo Forense Especializado a cargo del médico Luis Bromley, cuyo enfoque generó grandes polémicas. Para el científico, buscar era sinónimo de exhumar. Su idea fue exhumar las cerca de cinco mil fosas y comenzó con un proceso agresivo de exhumaciones. De esa etapa son los 900 cuerpos sin identificar en Ayacucho que están a cargo de Medicina Legal. ¿De qué casos son? Habría que terminar esas investigaciones para saberlo. Queda claro que Bromley no entendió que la idea no era buscar huesitos sino personas con nombres y apellidos.

La existencia de dichas cajas con restos fue negada sistemáticamente por los fiscales y el equipo de Medicina Legal, hasta que este año el jefe nacional del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, Luis Rueda, tuvo la valentía de decirlo públicamente en un evento realizado por la Alianza Francesa. En general, la información es reservada aun para los especialistas de la sociedad civil y para los afectados. Carmen Rosa Cardoza refiere que se enteró por una revista especializada norteamericana que el equipo del Ministerio Público había sacado 20 mil muestras biológicas.

Desde el año pasado, la búsqueda de los desaparecidos está a cargo del Ministerio de Justicia, luego de que la nueva ministra Marisol Pérez Tello pidiera perdón a los familiares por la interminable espera y promulgara la Ley 30470 de Búsqueda de Desaparecidos durante los años 1980 al 2000. Ya en el año 2005 se elaboró un registro de víctimas con el objetivo de establecer a qué familias se iba a reparar, pero no para buscar los restos de los desaparecidos. En él se inscribió a 9 mil personas como detenidos–desaparecidos.

Todavía falta sistematizar y unificar la información de la Defensoría del Pueblo, de la CVR y de otras fuentes regionales para, treinta y tantos años después, tener un registro actualizado que se acerque a la cifra de 15 mil desaparecidos que maneja la Defensoría. Lo primero es elaborar una base de datos madre que permita cruzar información y utilizar redes informáticas. Según la secretaria técnica del Consejo de Reparaciones, Susana Cori, ya están gestionando el presupuesto para abrir la nueva oficina en el ministerio. “Hemos empezado por sistematizar y analizar la información. Después implementaremos el Plan Nacional de Búsqueda y el trabajo de exhumación. En ese momento coordinaremos con el equipo forense del Ministerio Público”, puntualiza.

Le preguntamos a Rosa Lía Chauca sobre los beneficios de la ley y esto fue lo que nos respondió: “Creo que uno de los aspectos más importantes de esta ley es que los familiares no necesitan hacer una denuncia, sino que con toda libertad pueden solicitar que las instancias empiecen a investigar las desapariciones. Otra ventaja es que desde ahora ya no tienen que estar registrados en el Registro Único de Víctimas para que se les tome en cuenta”.

Una propuesta que han recogido es la formación de un banco genético para almacenar los perfiles de las personas desaparecidas y de sus familiares. En el caso de los primeros se analiza un hueso o un diente, y en el caso de los segundos la sangre o la saliva. “En Latinoamérica hay dos ejemplos –Guatemala y Argentina- que combinan la experiencia de los equipos forenses de la sociedad civil y el Estado. Incluso en Argentina existen dos bancos genéticos. El primero fue creado a petición de las Abuelas de la Plaza de Mayo para identificar alrededor de 500 casos de niños desaparecidos; el segundo fue creado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y ya cuenta con 10,500 muestras”, sostiene Carmen Rosa Cardoza.

Pero ojo: en años recientes el ADN se ha convertido en el factor decisivo para identificar los cuerpos. Muchos especialistas cuestionan que los fiscales, en vez de realizar una exhaustiva investigación, pidan pruebas de ADN como si fuera una varita mágica. Es cierto que es la forma más certera de identificar a una persona, pero lo que demuestra la experiencia es que no sirve de mucho cuando se usa de forma aislada: si no se tiene la investigación completa y solo se ha avanzado una parte, o si no se cuenta con la información antemorten de la víctima para compararla con la información postmortem. 

La ley de personas desparecidas recoge el espíritu de trabajo de los peritos del EPAF en el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, y que era fundamentalmente una búsqueda de pruebas para que el tribunal impartiera justicia. Y efectivamente, la justicia encontró pruebas y culpables. Pero el sinsabor quedó.

Lo vivido les enseñó que las experiencias de ese tipo generan graves problemas humanitarios. Los cadáveres se fueron acumulando en bolsas plásticas en grandes espacios refrigerados. No hubo una identificación individual. Los familiares llegaban a esos lugares en peregrinación cargando sus ramos de flores, y no les entregaban a sus muertos. Viendo eso, los peritos peruanos se dieron cuenta de que lo humanitario es entregar los cuerpos y mandar las pruebas a la justicia.

Luego, cuando el fundador del EPAF, José Pablo Baraybar, fue llamado a Kosovo -en la zona de los Balcanes- para hacerse cargo de la Oficina de Personas Desaparecidas de las Naciones Unidas, ya tenía una idea clara de la metodología que debería aplicar en su trabajo. Nadie les tenía que contar que el trabajo con los familiares era indispensable para armar la biografía biológica de cada persona e incorporarla en una ficha antemortem. Otra diferencia con respecto de la experiencia anterior fue que la identificación de los cuerpos fue individual.

La Comisión de la Verdad recogió la experiencia vivida por los miembros del EPAF en los Balcanes, así como sus recomendaciones, y propuso la elaboración de un plan nacional de exhumaciones que se quedó a medio camino. Llegaron a trabajar una exhumación modelo que fue la de Chuschi,  con la presencia de los forenses de medicina legal del Ministerio Público. Entrevistaron a los familiares, elaboraron las fichas antemortem.“Los huesos y los dientes hablan. Un familiar nos decía que su hermano le costaba realizar las faenas agrícolas porque le dolía el costado y tenía dificultades para respirar. Y efectivamente, encontramos una costilla con un callo producto de esa fisura”, constata Carmen Rosa Cardoza, quien en ese momento era integrante del EPAF.

José Pablo Baraybar, con una trayectoria kilométrica como antropólogo forense, quien fue parte del equipo de las Naciones Unidas en Ruanda, la ex Yugoslavia, jefe de la oficina de Kosovo y ahora está en Shri Lanka y Bangaldesh, ha sido uno de los primeros profesionales en aplicar la ciencia forense para resolver violaciones de la ley internacional humanitaria. Él acuño el término “paraguas humanitario” en el año 2007.

“Lo humanitario y lo judicial no son lo mismo. Según este razonamiento, el encontrar a una persona muerta en un entierro clandestino después de 30 años, identificarla y devolverla a su familia es un ejercicio que permite cerrar un ciclo de duelo y resuelve una cantidad de situaciones administrativas que vivió esa familia por tres décadas. Por otro lado, es posible que la justicia logre en algún momento usar la información relacionada para construir un caso contra una persona o grupo de personas. Pero los tiempos no son los mismos. La justicia tarda pero llega (a veces solo tarda), pero las familias esperan respuestas primero”, explica Baraybar.

Rosa Lía Chauca espera que la Dirección General de Búsqueda pueda establecer estrategias diferenciadas, porque los casos de desaparecidos tienen sus particularidades. Por ejemplo, si se trata de un secuestro en una comunidad por parte de una patrulla del ejército, se necesitará establecer quiénes fueron los que comandaron el operativo y participaron en él. Llegar a la verdad en un caso como este es más difícil porque la población puede tener temor de hablar por las represalias, y en vista de que se les puede acusar de haber estado vinculados a alguno de los grupos subversivos.

“Hay grupos en las comunidades que quieren hacer la búsqueda y otros que no. Siempre hay conflictos internos y hay que tenerlos presentes. Es muy importante el vínculo con la comunidad y con los familiares y hacer un trabajo previo en el lugar. No puede haber una sola forma de plantear estas acciones”, agrega.

Una nueva esperanza se abre para los que siguen buscando rostros y rastros. Que esta vez los vivos y los muertos descansen en paz.

"Los casos de desaparecidos tienen dos lados: el de la sanción y el de la devolución. Los familiares no solamente luchan para que los asesinos sean identificados y castigados, sino para que se ubiquen los cuerpos".

Las cenizas de Kenneth

En el año 2012  una comisión del Congreso, presidida por Anel Townsend, entró a los sótanosdel Pentagonito y encontró dos  hornos  de 16.5 metros de altura. En ese lugar funcionaba el Servicio de Inteligencia Nacional. El ejército dijo que era para quemar papeles.  Las pericias determinaron, luego,  que los hornos alcanzaban temperaturas superiores a los 1,000 grados. Innecesario para quemar papel. Suficiente para calcinar cuerpos humanos.

Los últimos que vieron a Kenneth Anzualdo fueron sus amigos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Callao, el 16 de julio de 1993, cuando tomaba  la 19 B, el micro que lo llevaba a su casa. De ahí,  desapareció sin dejar rastro. En apariencia, al menos. Durante 24 años, su hermana Marlylo ha buscado infructuosamente. Todo parece indicar que su cuerpo fue uno de los tantos que pasaron por los hornos del SIN. 

La Fiscalía hizo una inspección el año 2004 y encontró la parte de un hueso pequeño y largo llamado falange. El análisis de la prueba coincide con las características de Kennett (varón, 25 años), pero luego de tantos años de búsqueda no se han podido hacer los estudios de ADN concluyentes. Marly no sabe dónde se encuentra actualmente la prueba. Lo que sí sabe con precisión es que Kenneth fue llevado al SIN, que en ese lugar había un horno gigante  para convertir en ceniza los restos humanos y que ahí se encontró una falange.

“Es que a nadie le interesa, salvo a nosotros, los familiares, pero a los que tienen esa responsabilidad no les ha importado y, por el contrario, han intentado ocultar todas las evidencias. En el juicio los abogados de  la defensa intentaban ridiculizar  las denuncias. Ellos decían que ‘cualquiera ha podido poner ese dedo’, como  si a un centro militar se pudiera  entrar fácilmente” denuncia Marly.

Sin embargo, al menos en el aspecto judicial,  el fiscal fue firme respecto de estos  cuestionamientosque tenían el objetivo de traerse  abajo la acusación. Les dijo que las pruebas eran parte de una investigación del Congreso y que no las podían negar así nomás.  

Los casos de desaparecidos tienen dos lados: el de la sanción y el de la devolución. Los familiares no solamente luchan para que los asesinos sean identificados y castigados, sino para que se ubiquen los cuerpos. En este segundo aspecto hasta el momento no se ha hecho casi nada.

"En todo este tiempo nadie se ha hecho responsable. Ni la fiscalía, ni el Poder Judicial, ni el Gobierno. Al final,  todo lo remiten ala falta de presupuesto, pero en realidad todo pasa por tener la voluntad de resolver”, señala Marly.

La demanda de los familiares  es que se ingrese  a los sótanos del SIE y que se busquen los restos en los jardines, en donde se dice que enterraron los huesos  que no se lograron  calcinar. La ley de desaparecidos  les abre una esperanza, la última en realidad:

“Esta vez no va a ser como el Registro Único de Victimas, en dónde pedían  una serie de requisitos.  Este Plan tiene que  dar una respuesta a todos los que estamos buscando. Incluso para gente de las mismas fuerzas armadas a quienes les dijeron que su esposo,  su papá o   su hermano murieron en un enfrentamiento y no les  dijeron nada ni entregaron ningún resto. Con esta ministra ha empezado a ser más viable porque  ha escuchado  a los familiares y siente empatía por todo lo que venimos pasado”, dice Marly.

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