La normalización de la violencia contra la mujer

Mónica Barriga Pérez Docente del Departamento de Derecho de la PUCP
Ideele Revista Nº 271
Foto: Andina.

A partir del libro “Los Hombres me explican cosas” de Rebecca Solnit, reflexionaba sobre los recientes casos de violencia contra la mujer que se han presentado en el país. Situaciones que afectaron la integridad física, emocional y mental de las mujeres que fueron víctimas de graves agresiones por parte de sus parejas y, que en algunos casos llegaron hasta la muerte. Hechos que lastimosamente no son aislados, sino que responden a vulneraciones sistemáticas y, hasta cierto punto, normalizadas en la sociedad.

La autora comparte una anécdota personal en la cual un hombre adinerado, mayor y conocido de un amigo, al enterarse de que ella es escritora, entabla una conversación sobre el último libro importante que él leyó, subestimando a la autora y dandole consejos sobre su profesión, sin percatarse de que ella era la autora del libro de referencia. Cuando hablan sobre el tema del libro ella duda sobre si es realmente su libro, hasta que una de sus amigas indica que se refieren al mismo libro, entonces se percata de que en realidad el hombre en cuestión no había leído el libro del que estaba alardeando, sobre el cual la corrigió innumerables veces durante la conversación. Además, podrán imaginarse la cara de sorpresa e incredulidad que tenía el hombre al momento de entender que estaba ante la autora de uno de los últimos libros promocionados en el New York Times Book Review. Entonces, por un lado queda claro como los hombres asumen cierta superioridad intelectual frente a las mujeres con las que conviven diariamente (esposa, colegas, amigas, etc.) y, por otro lado, como las mujeres estamos tan acostumbradas a estar en un rol secundario que dudamos de nuestras propias capacidades, habilidades y logros.

Situación que refleja como a lo largo de la historia y de las prácticas culturales se ha ido normalizando la subestimación y la violencia contra la mujer, lo cual invisibiliza esta problemática. Se subestima su capacidad profesional, autonomía, independencia económica, se asignan estereotipos de comportamiento, que no quedan solo en el ámbito social sino que trascienden al ámbito jurídico. Recordemos que hasta hace poco las mujeres no podíamos ejercer nuestro derecho al voto ni administrar nuestros bienes ni tener la patria potestad de nuestros hijos, entre muchas otras limitaciones legales justificadas por el hecho de ser mujer. En este contexto cultural, social y legal se normaliza la violencia (psicológica, física, económica y sexual) contra la mujer, bajo el entendido que si la mujer no cumple con el estereotipo asignado se justifica la reacción violenta y la sanción social contra ella, y en esa sanción social participan tanto hombres como mujeres.     

La normalización de la violencia contra la mujer tiene consecuencias graves en el desarrollo de la vida de las mujeres y en el ejercicio de sus derechos. Consecuencias que se acrecientan aún más cuando son los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones quienes toman las decisiones -judiciales, administrativas, legislativas, de políticas públicas- que invisibilizan la problemática o normalizan la violencia contra la mujer. Pensemos en el funcionario o servidor público que ante una denuncia de lesiones físicas no investiga la situación, justifica el actuar del agresor, no toma las medidas cautelares o de protección necesarias, no impone las sanciones penales contempladas en el ordenamiento jurídico o las atenúa. Pensemos, también, en el funcionario encargado de diseñar e implementar las políticas públicas (planes o programas nacionales, regionales o municipales) que minimiza o ridiculiza el problema estructural que debe ser abordado por el Estado; o que se opone a la creación y aprobación de una ley que garantice los derechos de igualdad, autonomía y dignidad de las mujeres.

 

"Pensemos en el funcionario o servidor público que ante una denuncia de lesiones físicas no investiga la situación, justifica el actuar del agresor, no toma las medidas cautelares o de protección necesarias, no impone las sanciones penales contempladas en el ordenamiento jurídico o las atenúa".

Las anteriores situaciones no son hipotéticas, por el contrario las vemos día a día, con mayor o menor intensidad, en nuestro país y en los diferentes países del mundo. Convivimos con noticias sobre agresiones físicas y verbales, homicidios, acoso sexual, violaciones de mujeres, sin diferenciación de edad (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores). Ciertos niveles de violencia parecen estar normalizados  o justificados culturalmente, y se dejan entre ver con expresiones como: “porque se viste así”, “para que viaja sola”, “las mujeres siempre exageran”, “ella se lo busco”, “ella le dio motivos”, etc.

Los “motivos” pueden ser de toda índole, y están presentes en las decisiones de las autoridades públicas. Por ejemplo, recordemos el caso de Arlette Contreras de 25 años, que fue brutalmente golpeada y arrastrada desnuda por el piso de un hotel al negarse a tener relaciones sexuales con su pareja, Adriano Pozo, de 26 años. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del hotel y el video se aportó al proceso; sin embargo, el juez condenó al agresor a un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves. La decisión judicial generó tanta indignación que motivó la marcha “Ni una menos”.

La abogada Arlette Contreras, en una búsqueda incansable por alcanzar justicia, apeló la decisión y el pasado mes de febrero la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ayacucho anuló la sentencia y ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio por los delitos de tentativa de feminicidio y de violación sexual. Si la anterior fue la decisión de un juez de primera instancia con pruebas fehacientes, imaginemos qué sucede en los casos en los cuales la única prueba es el dicho o relato de la víctima.

También se presentó recientemente en Tarapoto el caso de Maricela Pizarro, de 42 años quien fue incinerada por su ex pareja y padre de sus hijos, Fernando Ruíz, de 44 años, al negarse a continuar con la relación sentimental que mantenían. Fernando Ruíz le roció un balde de gasolina a Maricela en el salón de belleza donde trabajaba y provocó el incendió en el cual también murió la propietaria del establecimiento comercial. A pesar de que la víctima había denunciado ante las autoridades locales las amenazas de muerte que estaba recibiendo de su ex pareja, las autoridades no tomaron las medidas de protección necesarias para evitar la tragedia.

Esto solo por recordar algunos de los casos registrados en los diarios y noticieros del país, que sin duda son una pequeña muestra de la grave situación de violencia de género que se vive día a día. La violencia contra las mujeres se presenta en todas las clases sociales y en todas las edades, como se puede apreciar en los casos relatados. El INEI publicó en febrero de 2017 las estadísticas de feminicidio en el Perú y señaló que: “De acuerdo a la información proporcionada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, se han registrado 556 mujeres asesinadas en la tipificación de feminicidio, en el periodo 2011-2015; entre enero y setiembre 2016 fueron 55 víctimas de feminicidio”[1]. Las cifras son alarmantes, pero más alarmante siguen siendo la cantidad de casos que no se denuncian, que no se registran, que quedan impunes y solo hasta que los niveles de violencia alcanzan niveles extremos que terminan con la vida de muchas mujeres se evidencia el problema estructural que afecta a la sociedad. 

 

"La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del hotel y el video se aportó al proceso; sin embargo, el juez condenó al agresor a un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves".

A pesar de lo evidente que es la violencia contra la mujer y la desigualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos que se ha afrontado a lo largo de la historia, todavía se pone en duda y se cuestiona lo evidente. Entonces encontramos a congresistas en la Comisión de la Mujer y Familia que votaron para archivar de forma definitiva el proyecto de Ley que garantiza la equidad de género en el empleo (respecto a su acceso, formación y remuneraciones en el ámbito público y privado) y del proyecto de Ley para establecer el derecho al cuidado de niñas y niños en salas cunas, guarderías y centros de cuidado infantil, a cargo del sector público y privado.

En suma, la normalización de la violencia contra la mujer es un problema jurídico, social y cultural  que debe abordarse desde todas sus aristas, pues es la única forma de empezar a generar cambios culturales, sociales y jurídicos en pro de la igualdad, la dignidad, la independencia y autonomía de las mujeres. Estableciendo especial énfasis en las decisiones administrativas, legislativas y judiciales que adopta el Estado a través de sus funcionarios públicos, para evitar la revictimización y lograr remover los obstáculos en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.



[1] INEI, Perú: Estadísticas de feminicidio, Registros Administrativos, pp. 5. Ver link: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_feminicidio.pdf

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