La tercera vía entre ‘va’ o ‘no va’

Ernesto de la Jara Abogado. Fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal
Ideele Revista Nº 215

Gregorio Santos el presidente regional de Cajamarca y Óscar Valdés el presidente del Consejo de Ministros.

Trato de aclarar mis ideas y sus fundamentos sobre el proyecto Conga, en Cajamarca, que ha dado origen a uno de los más graves conflictos sociales habidos en el país durante los últimos años, y cuyo desenlace es todavía incierto.

Se trata de un proyecto que significa una enorme inversión privada en el país: US$4.800 millones, que servirían para extraer una importante cantidad de oro, luego del complejo proceso de exploración y explotación que solo pueden llevar a cabo empresas especializadas y de alta tecnología como Newmont y Yanacocha, responsables de la operación.

Realidad que significará mucho más impuestos para el Estado y mayor canon para la región Cajamarca. Una importantísima contribución, entonces, para que se mantenga el crecimiento económico que vive el país desde años debido, precisamente, al incremento del precio de los minerales que exportamos.

Y de este tipo de inversiones provendrán los recursos económicos que el Gobierno necesita para cumplir sus promesas de inclusión, algo impostergable en un país que, pese a haber alcanzado un crecimiento del PBI del 9%, mantiene a un 30% de su población en estado de pobreza y a un 12% en pobreza extrema.

Esto, además, después de que el sector minero ha demostrado su buena voluntad al aceptar el pago de un gravamen que, si bien no significará los S/.3 000 millones de soles al año de los que se habló inicialmente (algunos expertos calculan que será la mitad), no está mal. Sobre todo porque implica un cambio radical con respecto al gobierno anterior, cuando las mismas mineras se negaron categóricamente a pactar cualquier tipo de pago adicional relacionado con sus sobreganancias, salvo el denominado óbolo voluntario, que poco significó porque dependía del libre albedrío de las propias empresas. García se los permitió, Humala hizo que se movieran por lo menos un paso.

Si todo pinta de maravilla, ¿cuándo y por qué comenzaron las dudas en torno al proyecto Conga entre quienes no nos ubicamos entre los que dicen “muerte a la minería” (sería absurdo que en un país riquísimo en minerales y con tanta pobreza esta actividad fuera descartada), pero tampoco entre los que gritan todo el tiempo “minería o muerte”, muchas veces animados solo por intereses privados, al margen de lo que convenga al país, o por prebendas que se reciben directa o indirectamente y por debajo de la mesa?

Lo primero que no gustó fue esa sensación de falta de transparencia producto de la cerrazón de las empresas Yanacocha y Newmont a dar a conocer cuál había sido el procedimiento seguido para que el Estado autorizara el proyecto, y, sobre todo, para la aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA), pieza clave de tal autorización.

Apoyarse en que aceptar cualquier tipo de revisión era atentar contra el Estado de derecho, porque no puede ponerse en cuestión lo que la autoridad competente ya ha aprobado, no resulta convincente. Para comenzar: no se estaba pidiendo modificar sino tan solo ver. Y, claro, si se detectaban irregularidades, se tendrían que aplicar las nulidades previstas por ley, tal como se procede en cualquier otra materia administrativa.

Si el sector empresarial estaba seguro de que la legalidad y la verdad estaban de su lado, ésta era más bien una oportunidad extraordinaria para —poniendo todas las cartas sobre la mesa— demostrar que la población se oponía simplemente por oponerse y por una actitud antiminera. Ocasión desperdiciada.

Lo segundo que llamó la atención fue que el presidente Humala, a pesar de las protestas sociales y de lo que ofreció en su campaña, saliera inmediatamente a decir “Conga va”. Y como hizo esta afirmación sin ningún tipo de sustento, se interpretó que la decisión no respondía a evaluaciones técnicas sino a la estrecha relación que había establecido con la élite económica, sea por la cooptación que ella suele hacer de los presidentes, sea por el miedo que también acostumbran tener los mandatarios de chocar mínimamente con el poder económico. Es obvio que todo Presidente debe llevarse bien con el sector empresarial, pero al empresario también le conviene establecer buenas migas con el Primer Mandatario. Se necesitan mutuamente.

Luego vino la famosa negociación en Cajamarca bajo la batuta del primer ministro Lerner. Todo hacía pensar que habría un final feliz, ya que se llegó a un acuerdo que consistía en el levantamiento de la protesta a cambio de la revisión del EIA. Pero el acuerdo no se llegó a concretar porque —algunos dicen que por presión de Oscar Valdés, también presente en la reunión— no se quiso esperar las 24 horas que los representantes de los dirigentes de Cajamarca pidieron para comunicar y consultar a sus representados, tal como es costumbre en este tipo de conflictos.

Entre 24 horas de incertidumbre y 30 días de estado de emergencia se optó —absurdamente— por lo segundo, algo que si bien de hecho bajaría las aguas en lo inmediato, a la larga resentiría más a la población. A esas alturas el estado de emergencia no tenía razón de ser, tanto porque había una negociación en curso como porque las protestas —incluidos los actos de violencia en los que incurrieron algunos sectores de la población— habían cesado.

Después vino todo lo que ocurrió en torno al famoso informe que primero existió y luego desapareció. El ministro del Ambiente de ese entonces, Ricardo Giesecke, encargó su realización a José de Echave, viceministro en ese momento y uno de los mayores expertos en industrias extractivas. De acuerdo con lo declarado por él, unos 20 técnicos del Ministerio, bajo su coordinación, se abocaron durante varias semanas a cumplir con el encargo, y los resultados se pusieron a disposición de las más altas autoridades.

Incomprensiblemente, se optó por no hacer público este informe, hasta que IDL-Reporteros lo consiguió y, como correspondía, lo publicó. ¿Por qué tendría que haber seguido la consigna de mantenerlo en reserva? Pronto la razón quedó clara: el informe contenía serias críticas al EIA con el que se había autorizado el proyecto Conga.

En lugar de contestar los argumentos del informe y ampliar las investigaciones, que era lo que tocaba, se hicieron malabares para desmentir su existencia y comenzaron a rodar las cabezas ligadas a su elaboración.

También fue raro que el nuevo ministro del Ambiente, Javier Pulgar Vidal, una persona experta en estos temas y de impecable reputación (aunque poco antes de ser ministro cometiera el error de ir a Yanacocha en varias oportunidades para ver si aceptaba o no el cargo que dicha empresa había creado especialmente para él, por más que al final no lo aceptara), dijera que no había encontrado el referido informe, cuando ya todo el mundo lo tenía.

Luego siguieron una serie de torpezas del Gobierno que chocaban con la ley. Detenciones de dirigentes que habían acudido al Congreso y la retención inconstitucional de recursos del Gobierno Regional.

Comenzó a quedar claro que el sector empresarial creía que no había nada que aclarar y que no estaba dispuesto a colaborar en nada. Es más: de pronto las empresas desaparecieron, y dejaron al Gobierno solo en la cancha, como diciendo que era él el que debía arreglar las cosas con la población cajamarquina, como si ellas no tuvieran nada que ver.

Del lado de la población de Cajamarca opuesta al proyecto, también hubo acciones ilegales y graves errores. La protesta social es un derecho, pero no los actos de violencia. Es cierto que no existen vías institucionales independientes y eficaces para procesar los conflictos, y que las demandas pueden estar meses y hasta años sin ser atendidas, por legítimas que sean. Ni siquiera la prensa local puede ser usada como un mecanismo de expresión, ya que en muchos casos responde de manera incondicional a la empresa, a cambio de prebendas. Ocurre lo mismo incluso con periodistas de Lima. Pero nada de eso justifica recurrir a actos de violencia, y quien lo hace debe atenerse a las consecuencias penales.

Es inaceptable que siempre se opte por acusar y detener a los dirigentes por el solo hecho de serlo. 

Ahora, acá también debe cumplirse con la ley. Es inaceptable que siempre se opte por acusar y detener a los dirigentes por el solo hecho de serlo. Como en toda cuestión penal, se debe individualizar el acto, el delito y la responsabilidad, y seguirse un proceso en el que se respeten las garantías de ley.

Tampoco se puede negar que hay grupos ultrarradicales o mafias que en algunos casos impulsan y manipulan algunas de las protestas sociales. Por eso la generalización solo responde a un malévolo intento de satanización y descalificación. Y este tipo de actitud es comprensiblemente interpretado por la población como un acto de desprecio, lo que solo contribuye a agudizar el enfrentamiento. Se considera que los insultos de García (“perro del hortelano”, “ciudadanos de segunda”, etcétera) continúan pero en otros términos, algo en lo que se tiene razón.

De parte de la población fue un grave error no haber suspendido los actos de protesta cuando ya se había conseguido la paralización de las actividades y la revisión del EIA. Los dirigentes pudieron correrse el riesgo de firmar el acta sin la autorización de las bases, dada la importancia de los puntos logrados producto del diálogo y porque de esa manera se evitaba el estado de emergencia.

Otro error fue cometido por el Gobierno Regional al declarar la inviabilidad del proyecto Conga, como si esta decisión fuera parte de sus competencias, cuando no lo es.

¿Y si comenzamos todo de nuevo?
Tiempo después, el conflicto derivó en una decisión que pudo ser planteada desde el comienzo y que habría evitado todos los problemas que se sucedieron: un peritaje internacional.

Solo que aquí también ha habido una serie de precipitaciones que pueden terminar invalidando el resultado. Hubiera sido mejor tomarse todo el tiempo necesario para que las partes en conflicto se comprometieran con el proceso y a respetar el resultado. Es inentendible que esta vía se haya iniciado sin siquiera ponerse de acuerdo en el objetivo del peritaje. Algunos plantean que debería servir para establecer si el proyecto es viable o no (si “va” o “no va”), y otros que solo puede determinar lo que hay que mejorar o mitigar en relación con sus efectos para el ambiente.

Tampoco hubo acuerdo sobre quiénes debían ser los peritos. El Gobierno dice que los representantes de la población se negaron a participar, mientras que estos últimos señalan que no fueron incluidos. Sea como fuere, el hecho ha determinado que la población nombre a un perito de parte, por lo que habrá dos informes técnicos que, si no coinciden —como parece que ocurrirá—, el conflicto continuará y hasta se intensificará.

Nuevamente tendrá que decidirse si el proyecto se impone a mano militar o si se vuelve a fojas cero para buscar una salida pacífica y dialogada. Ojalá que sea lo segundo. Y ya se tendría más claro qué pasos seguiría. Total transparencia en la información para poder hacer una valorización objetiva —a corto, mediano y largo plazo—– de todo lo que se ganaría y todo lo que se perdería con la ejecución del proyecto.

Sería importante, también, comparar estándares medioambientales con los que el Perú cuenta para la explotación minera. Y si está por debajo de los que rigen en otros países similares, habría que nivelarlos. La empresa Newmont debería estar obligada a cumplir los mismos estándares que le exige su país de origen u otros sitios donde trabaja (nunca por debajo), y debería tener la obligación de responder ante la justicia nacional y la de su país.

A partir de lo anterior, debe haber un proceso de consulta, organizado por el Estado (tal como lo prevé la Ley de Consulta), para ver si la población está a favor (como dice la empresa) o en contra. La decisión no es legalmente vinculante (solo lo sería si se demuestra que habría un desplazamiento de la población o se pusiera en riesgo su sobrevivencia), pero de hecho constituirá un criterio importante para tomar la decisión definitiva.

Si el proyecto prosperara, las empresas deberán aceptar el derecho de la población afectada de participar del beneficio que se obtenga, tal como se establece en algunas sentencias de la Corte Interamericana, y fijar indemnizaciones en caso se produzcan perjuicios ambientales o sociales no previstos.

En todo este proceso, las empresas a cargo del proyecto deberán dejar de lado toda actitud que pueda ser interpretada como una continuación de la prepotencia y el abuso. Asimismo, la población deberá estar dispuesta a tener una actitud más flexible, que dependa solo de los datos de la realidad, y a desterrar todo acto de violencia.

Toca al país estar muy atento frente a este conflicto y a tomar partido por quienes tienen la verdad y la legalidad de su lado. Que triunfe el que tenga la razón.

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