Perú: Criminalidad, Corrupción y Política

Walter Albán Director Ejecutivo de PROÉTICA
Ideele Revista Nº 256
(Foto: Andina)

La última encuesta de percepción ciudadana sobre corrupción, del año 2015, fue presentada por PROÉTICA el 9 de diciembre último. Este importante instrumento de análisis, arroja resultados sin duda muy interesantes toda vez que, no obstante mantenerse en términos sustantivos las tendencias evidenciadas en las encuestas anteriores, permiten apreciar sin embargo algunas diferencias o particularidades que la distinguen de aquellas. Así, cabe destacar por ejemplo que, si bien se reitera la percepción de que los dos problemas más graves que afronta el Perú son la delincuencia (62%) y la corrupción (46%) - todos los demás, aparecen bastante distantes- la brecha entre ambos tiende a acortarse.

En efecto, el hecho de que el nivel de percepción de la delincuencia arroje un punto menos respecto de la anterior encuesta, publicada el año 2013, y suba en cambio dos puntos el de la corrupción, parece anunciar, finalmente, un progresivo entendimiento acerca del grado de vinculación existente entre ambos temas. De esta manera, aun cuando tales variaciones resultan todavía menores, lo cierto es que terminan acortando en tres puntos porcentuales la distancia que separaba estas dos problemáticas. En consecuencia, los 19 puntos de diferencia respecto del año 2013, se reducen a 16 el 2015, ofreciendo una alentadora señal en la perspectiva de advertir la directa relación existente entre mayor corrupción y mayor criminalidad.

Lo dicho se sustenta además en la percepción ciudadana de que la corrupción sigue aumentando en nuestro país y que este incremento ha sido sostenido durante los últimos 5 años. En definitiva, la encuesta pone en evidencia que cerca de un 80% de peruanos y peruanas, 4 de cada 5, piensa de esta manera, lo que corresponde al sombrío pronóstico que arroja la respuesta a la interrogante referida a si este fenómeno seguirá o no en aumento, durante los próximos 5 años. Esta última pregunta ha sido respondida afirmativamente por un 53 % de los encuestados, en tanto que otro 27% opinó que el nivel de la corrupción seguirá igual, con lo que la visión pesimista alcanza al 80%.

Pero quizá el dato más interesante y que brinda mayor soporte a las afirmaciones anteriores es que, por primera vez, los partidos políticos aparecen en un cuarto lugar en el ranking de las instituciones más corruptas en el país. Dato relevante, si consideramos que estas organizaciones aparecen ahora inmediatamente después de las tres que “tradicionalmente”, desde que PROÉTICA comenzó a publicar sus encuestas el año 2002, han disputado los tres primeros lugares: El Poder Judicial (7 de las nueve encuestas), el Congreso de la República y la Policía Nacional. Sorprende incluso que la posición en la que resultan ahora ubicados los partidos políticos, los coloca a considerable distancia del Gobierno Central, relegado a un séptimo puesto, nada menos que 14 puntos por debajo.

Destacamos entonces que la población no solamente ha comenzado a percibir los indudables nexos que existen entre corrupción y criminalidad, sino la manera en que la primera viene permeando a los partidos políticos, configurándose un escenario en el que, a través de estas organizaciones, se produce un efecto corrosivo sobre las instituciones del Estado peruano, cuya actuación termina mediatizada o instrumentalizada en favor de intereses subalternos, cuando no directamente ligados al fortalecimiento de la criminalidad organizada.

Y esa es la clave del principal problema que enfrenta actualmente la sociedad peruana. En el Perú, no solamente se constata hoy un crecimiento alarmante de los niveles de corrupción, sino que ésta se alimenta, en buena medida, con los ingentes recursos provenientes de la economía ilegal, principalmente vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. A partir de ello, asistimos a un escenario en el que la criminalidad organizada viene penetrando instituciones claves en el Estado, como la Policía Nacional, el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público o el propio Congreso de la República, al punto que resulta plausible sostener que no enfrentamos solamente una situación de debilidad, sino de verdadera descomposición institucional.
Revertir dicha situación, no depende en lo fundamental de las iniciativas que puedan provenir del propio aparato estatal, menos aun cuando la oferta política que tenemos por delante en vista a las próximas elecciones generales, cuando menos en lo que atañe a las organizaciones políticas que las encuestas muestran con mejor opción, no parecen darle al tema de la corrupción mayor relevancia o prioridad. Como lo señala nuestra historia relativamente reciente, o experiencias más actuales en países de la región como las de Guatemala, Chile o Brasil, es la propia sociedad civil la que debe impulsar los cambios indispensables y ello demanda una reacción que no puede esperar.

Si queremos librar al Perú de las graves amenazas que hoy lo acechan, debemos primero recuperar la indignación, para pasar de inmediato a una activa movilización ciudadana. Planes, objetivos, alianzas y estrategias son sin lugar a dudas necesarios, pero lo fundamental en esta hora es ser conscientes de la urgencia de reaccionar, a fin de evitar que la apatía, el escepticismo o la desesperanza, terminen por arrebatarnos el futuro que hubiéramos querido legar a las nuevas generaciones.

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