Violencia sexual contra niñas y pena de muerte: discurso populista y cultura machista

Mariella Villasante Doctora en Antropología social (EHESS, Francia). Investigadora asociada al IDEHPUCP.
Ideele Revista Nº 277

Foto: Trome.

Los trágicos sucesos del secuestro, violación y asesinato de una niña de once años en Lima, en las inmediaciones de la Comisaria de San Juan de Lurigancho, han traído como consecuencia el retorno de las demandas por reimplantar la pena de muerte en el Perú contra los criminales violadores y/o asesinos de niñas y de adolescentes. Si la atrocidad de ese crimen lleva a los familiares y a una gran parte de la opinión pública a pedir la muerte del agresor, algunas personalidades políticas la han instrumentalizado para afianzar sus clientelas electorales. Quisiera presentar rápidamente algunos argumentos que apoyan este planteamiento y luego exponer el fondo real de la problemática de la violencia contra las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, que aun cuando sea un hecho ordinario en el país, en América Latina y en otras regiones del mundo del Norte y del Sur, sigue siendo actualizada por la preeminencia de la dominación masculina y de la cultura machista.

Una preeminencia que ya ha empezado a resquebrajarse, felizmente, desde 2015 con la campaña #NiUnaMenos que empezó en Argentina, continuó en el Perú y luego en México, donde cada día son asesinadas 7 mujeres. Luego irrumpió el escandalo de las agresiones sexuales del productor Harvey Weinstein a muchas actrices de Hollywood, seguido de una campaña mundial contra el acoso sexual que retoma la consigna #MeToo, en castellano #YoTambién, creada hace diez años por Tarana Burke en Estados Unidos. Sin embargo, el profesor Ilan Stavans, de Massachusetts[1], nota que este movimiento no se ha cristalizado en América Latina, que es una región que sigue siendo oprimida por el yugo del machismo. El movimiento de denuncia de hombres que abusaron de su posición de poder es fuerte en Estados Unidos, en Francia, en Suecia y en Israel, y se manifiesta en modo diferente en otros países del Sur, ya existen avances. Un caso paradigmático es el de la denuncia reciente de agresiones sexuales contra mujeres musulmanas en La Meca (Arabia Saudí), el lugar sagrado del islam, donde se realiza una peregrinación anual de dos millones de musulmanes. Estos casos han tenido una amplia difusión en las redes sociales bajo la etiqueta #MosqueMeToo [Mezquita yo también], creado por la feminista egipcia Mona Eltahawy[2]. La consigna debe cambiar sin embargo pues muchas musulmanas no se identifican con un movimiento nacido en Hollywood. Es sin embargo un enorme avance en el mundo árabe, que sufre probablemente tanto como nuestra América Latina de la dominación machista y de su extrema violencia sexual, verbal y física contra las mujeres.

En el Perú, aparte el movimiento #NiUnaMenos, que sigue movilizado, podemos citar las acusaciones de agresión sexual de varios modelos hombres del conocido fotógrafo peruano Mario Testino en enero de 2018[3]. Luego, durante el concurso de Miss Perú 2018, varias candidatas denunciaron el machismo, las violaciones de niñas y de mujeres[4]. Son avances importantes, pero claro, el profesor Stavans tiene razón, “el letargo en el que nos ha sumido la historia debe cambiar… Necesitamos ser parte de la revolución” en marcha.” Para ello es necesario tomar en cuenta tanto el rol del Estado y de los políticos, como de la sociedad civil, la violencia machista debe ser combatida por todos los ciudadanos, hombres y mujeres.

Pena de muerte para los violadores: un discurso popular y populista

¿Porqué una parte de la opinión pública peruana considera que ante los crímenes horribles cometidos contra la integridad física y moral de las niñas y de los niños la única respuesta debe ser la pena de muerte para los criminales? Probablemente porque se cree que la muerte por decisión del Estado va a frenar o hacer desaparecer esos crímenes atroces. Ello es sin embargo un grave error de juicio y explicita más bien un bajo nivel educativo y moral de las personas que defienden la pena de muerte. No solamente se comprueba que en los países donde esta pena existe (sobre todo en Estados Unidos), los crímenes sexuales contra niños y mujeres continúan a producirse; sino que además se trata de un “castigo” inhumano, inmoral y contrario a la civilización moderna. Por ello, en el Perú, como en la mayoría de países latinoamericanos, la pena de muerte ha cesado de ser legal; dicho esto, comprobamos que en la Constitución de 1993 votada por el fujimorato, la pena de muerte existe todavía en el caso de “traición a la patria”, aunque nunca haya sido aplicada. El Perú tendría pues que modificar su Constitución y además renunciar al Pacto de San José de Costa Rica firmado en 1978, y salir de la Comisión interamericana de derechos humanos. Como ha precisado Rosa María Palacios[5] hay 12,000 agresores sexuales en el sistema penitenciario, de los cuales 8,000 son violadores de menores de edad; y concuerdo con ella cuando señala como factores de esta situación: la promiscuidad, la falta de derecho de los niños, el desprecio a su dignidad, y la escasa o nula educación sexual en la infancia. Todo ello está ligado a la cultura del machismo, y a la dominación masculina como veremos más adelante.

Algunos políticos, incluyendo a la Primera ministra Aráoz, al Ministro de Justicia Enrique Mendoza y a la congresista oficialista Janet Sánchez, y el expresidente Alan García se han pronunciado a favor de la pena de muerte desde 2017, y varios fujimoristas han planteado incluso que el Perú se retire de la Corte interamericana de derechos humanos (Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de la Mujer, apoyada por Karla Schaefer y Úrsula Letona), sin tener en cuenta en lo absoluto que ello implicaría un retroceso legal y moral importante para el país. Cierto, los familiares de las víctimas y una parte de la población han pedido la pena de muerte para el criminal César Alva Mendoza al momento de su captura. Pero la muerte del asesino no resuelve nada, la venganza aporta un poco de alivio emocional que desaparece rápidamente, dejando mucho dolor y el fondo del problema sin resolver. En ese marco, recoger la demanda de personas indignadas por los crímenes de este tipo es simplemente populista, es decir, se pretende “portar la voz del pueblo” cuando en realidad lo que se espera es sólo obtener votos. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se ha pronunciado también en ese sentido, precisando que las personas que propongan la pena de muerte para el “Monstruo de La Huayrona” tienen solamente fines políticos. En su parecer, la principal respuesta ante estos crímenes es la prevención y otras medidas duras, como la cadena perpetua (La República del 5 de febrero de 2018).

Antes de examinar esta temática es necesario preguntarnos ¿quiénes son estos criminales que violan niñas, niños o adolescentes? Algunos son “monstruos” como se dice de ordinario, es decir son personas desequilibradas, con enfermedades mentales graves, en una palabra, son psicópatas y pederastas: hombres que cometen abusos sexuales de niños (distintos de los pedófilos que son adultos que sienten atracción por los niños sin llegar a agredirlos). César Alva Mendoza, es probablemente psicópata y pederasta, y ya había violado a dos adolescentes: María afirmo haber sido violada en abril 2014, cuando tenía 17 años; y Susy fue violada en 2016. Aparentemente, ellas ya lo habían denunciado, pero la policía y la justicia no efectuaron su trabajo, cometieron una falta grave de negligencia, lo dejaron libre y así pudo cometer otro crimen atroz (La República del 5 de febrero de 2018[6]).

Sin embargo, la gran mayoría de criminales son hombres ordinarios, pederastas irreconocibles en la calle. Los sacerdotes que violan niños y/o niñas son pederastas, como la Iglesia lo ha reconocido; recordemos que durante su visita a Chile, el Papa Francisco pidió perdón por estas ofensas.

Según la Defensoría del Pueblo, más del 70% de violadores de niños y adolescentes en el Perú vive en el entorno cercano de estas víctimas. Este dato es recurrente en el mundo, por ejemplo, en Francia, donde ocurren al menos 84,000 violaciones de mujeres por año, 8 de cada 10 violadores conocía la víctima y en general la primera violación ocurrió en la infancia (L’Express del 7 de febrero de 2018). La gran mayoría de violadores son hombres amigos de la familia, docentes, o parientes consanguíneos de las víctimas, lo cual implica que se trata de incestos. En los últimos meses se han difundido varias noticias de este tipo de crimen particularmente inmundo pues implica una pérdida total de referentes morales de la vida social civilizada.

Desde un punto de vista antropológico y psicoanalítico, el incesto es un hecho prohibido que asevera el paso de la barbarie a la civilización. Para Sigmund Freud, la prohibición del asesinato, del canibalismo y del incesto ha confirmado el pasaje a la civilización de la especie humana, aunque en realidad esas pulsiones de muerte y de destrucción permanezcan también en el seno de las sociedades que se consideran civilizadas (El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, 1927-1931, Totem y Tabú, 1913-1914). Claude Lévi-Strauss (Estructuras elementales del parentesco, 1949) escribía algo parecido, afirmando que el incesto entre parientes unidos por lazos de sangre era una aberración pues no podía asegurar la reproducción de las sociedades humanas, por lo cual fue abandonado al alba de la vida de los seres humanos Sapiens, que crearon sistemas de parentesco regidos por la prohibición del incesto[7] y por la preminencia de la genealogía paterna (patrilinealidad) sobre la genealogía materna (matrilinealidad). Para Freud, en tiempo de paz, las barreras de la civilización reposan siempre en el control de la pulsión de muerte y del placer que producen los actos prohibidos; pero cuando el estado de guerra se instala, esas barreras caen y los hombres dan libre curso a sus pulsiones destructoras. Yo he tomamos en cuenta esta proposición para explicar la extrema violencia de las masacres, de las violaciones sexuales y de los actos inauditos durante la guerra interna peruana (Villasante 2016[8]).

"En fin, para los niños y adolescentes varones la socialización se asocia explícitamente a la violencia, aun cuando en ciertos medios sociales (altos) se considera incorrecta".

La violencia sexual contra los niñas, los niños y los adolescentes

Veamos ahora los problemas de fondo. La violencia sexual contra los niñas, los niños y los adolescentes es, por desgracia, una constante en las sociedades humanas, pero alcanzan niveles impresionantes sobre todo en los países del Tercer mundo y en las áreas rurales, regularmente abandonadas por el Estado. Los datos disponibles sobre el Perú y América Latina no son muy prolijos, las informaciones son pocas y no están bien organizadas. Sin embargo, Matilde Cobeña[9], adjunta para la Niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, ha indicado que durante 2017, se registraron más de 6,000 casos de violencia sexual en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), teniendo más incidencia los casos de abusos contra niños y adolescentes. Los agresores son en general familiares de las víctimas, pero también docentes; todos utilizan modalidades cada vez más agresivas. Matilde Cobeña señala: “tenemos que enseñarles a nuestros niños que nadie puede violentarlos, asumir todos nosotros que tenemos una obligación especial con la niñez, tanto desde el Estado, la familia, y la comunidad en general.” La Defensoría está implantando actualmente la capacitación de personal a nivel nacional para mejorar sus intervenciones a favor de la niñez.

A nivel mundial, las cifras sobre la violencia contra las mujeres en general es muy importante. En 2015, entre los países de Europa occidental se estimaron: 34,265 en Alemania, 33,525 en Francia, y 7,355 en Holanda. En América Latina, Argentina es el país donde ocurre el más alto número de violaciones; en 2015 hubieron 16,114; en Colombia hubieron 21,737; en Chile hubieron 11,769, y en el Perú hubieron 5,702 (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC[10]).

Los datos disponibles sobre la violencia contra los niños son alucinantes. Según UNICEF (noviembre de 2017[11]), las tres cuartas partes de los niños entre 2 y 4 años (cerca de 300 millones) sufren actos de agresión psicológica y/o física de parte de sus padres o familiares; la madre de 1 de cada 4 niños menores de cinco años (176 millones) es víctima de violencia de parte de su pareja. Alrededor de 15 millones de adolescentes de 15 a 19 años han sido violadas en algún momento de sus vidas; y 90% de adolescentes (en 28 países con datos), afirma que el agresor fue un familiar o una persona conocida. Como apreciamos, esos datos coinciden con los que expone la Defensoría del Pueblo. Vemos también que en realidad estamos frente a una cadena de violencia familiar por parte de los hombres: los esposos y los padres son violentos con sus esposas/madres; y ambos son violentos contra sus hijos, niños y adolescentes. La denuncia de la violencia contra la mujer en el Perú, muy importante en los últimos años a través del movimiento #Niunamenos, no se ha acompañado sin embargo de la denuncia de la violencia que las madres y los padres ejercen contra sus propios hijos. Un ejemplo reciente ilustra la banalidad de la violencia masculina contra su propia familia: en Trujillo un hombre de 24 años agredió en modo brutal a su bebé de 4 meses, a su hijo de 2 años y a su pareja de 17 años (menor de edad). Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía, lo cual prueba que la asistencia colectiva es indispensable para proteger a las personas vulnerables de nuestra sociedad[12].

Según UNICEF (octubre de 2017[13]), en América Latina, mas de un millón de niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual, y 1 de cada 4 ha tenido hijos antes de los 18 años; nuestra región es la segunda con más alto nivel de embarazo adolescente en el mundo, y 25 % de adolescentes rurales no tiene acceso a la educación. Otros datos impresionantes: 1 de cada 4 adolescentes que vive en zona rural y en situación de pobreza no va a la escuela; 1 de cada 4 niñas de 13 a 15 años ha considerado suicidarse; en fin, 4 de cada 10 niñas sufre de la violencia conyugal en el transcurso de su vida.

Esta situación lamentable se concretiza igualmente en el Perú, donde, según la UNICEF, la violencia física y sexual es un grave problema en el país. El informe “Entender para prevenir[14]” considera que 70% de la niñez peruana ha sufrido de la violencia física o psicológica por parte de las personas con las que vive, o sea su familia, sus profesores y sus allegados. Según la Encuesta nacional sobre relaciones sociales (ENARES 2013-2015, MIMP e INEI[15]), el 81% de adolescentes de 12 a 17 años alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica (insultos, humillaciones) o física (golpes con objetos, jalones de cabello u orejas) por parte de las personas con las que vive. También se consigna que 44% buscó ayuda y la recibió de la madre (35%), del padre (15%) de un hermano/a (11%). En 2015, 34,6% de adolescentes fueron víctimas de violencia sexual alguna vez en su vida, sobre todo de acoso público (56%), de tocamientos (24%) y de la obligación a ver pornografía (21%).

De otro lado, la violencia contra los niños y adolescentes es admitida como “normal” por casi la mitad de adultos interrogados, 45% consideró que el castigo físico es bueno sin excesos, 44% consideró que los padres tienen derecho a pegar a sus hijos si se portan mal. Los principales agresores de niñas, niños y adolescentes son: las madres, los hermanos y los profesores hombres de las escuelas. Según esta misma encuesta, 20% de adolescentes manifestaron haber sido victimas de abusos sexuales en los últimos 12 meses.

Los abusos sexuales contra las niñas comienzan temprano y continúan por largos periodos de tiempo: “lo cual sugiere que existen desafíos para la denuncia, la prevención así como causas profundamente enraizadas para esta forma de violencia.” (página 16). Según la UNICEF, el Perú tiene varias leyes de protección de niños y adolescentes pero los servicios públicos no son suficientes para proporcionar tratamiento y atención a los afectados. Sobre todo, no se enfrenta la violencia en las familias de manera directa. En fin, para los niños y adolescentes varones la socialización se asocia explícitamente a la violencia, aun cuando en ciertos medios sociales (altos) se considera incorrecta.

En agosto de 2017, UNICEF[16] presentó su estudio “Situación de los niños, niñas y adolescentes en la Amazonía”, que destaca el hecho de que en esta región persisten grandes diferencias entre las zonas urbanas, rurales, y aquellas donde viven las poblaciones originarias; por lo cual los niños tienen menores oportunidades de desarrollo que aquellos que viven en otras zonas del país. La Amazonía es sin duda la región mas importante en términos de territorio nacional (63%) y también la más pobre y abandonada por el Estado. La pobreza rural en esta región es de 42%, en tanto la urbana es de 21%, y la miseria se acentúa en las comunidades nativas (54%). Un dato inquietante concierne también el alto nivel de anemia, que a nivel nacional es de 43,5% (6-35 meses), y en los cinco departamentos amazónicos llega a 51,5%, y aumenta a 63% entre los pueblos originarios.

Recordemos que según el INEI (mayo de 2017[17]), 20% de la población peruana vive en la pobreza (tiene ingresos menores a 328 soles soles al mes), es decir 6 millones 518 mil personas; de las cuales 1 millón 197 mil vive en la extrema pobreza (tiene ingresos menores a 176 soles al mes). La mayoría de pobres peruanos (58,4%) trabaja en el sector primario (agricultura, pesca, minería); y casi todos (93%) tienen empleos informales.

En ese contexto, los nativos amazónicos constituyen el sector de la sociedad peruana que sufre más que otros del abandono del Estado. La situación en la viven sigue estando marcada por la pobreza extrema, por los abusos de los patrones (madereros, petroleros, campesinos andinos) que explotan la fuerza de trabajo de los jóvenes, y por el desprecio y la indiferencia del resto de peruanos. Las niñas y las mujeres nativas tienen un destino más cruel dado que son víctimas en sus propias comunidades del machismo de los hombres, sean nativos o colonos andinos. En las comunidades ashaninka de la selva central, donde realizo trabajos de campo desde 2008[18], las violaciones sexuales de niñas, de adolescentes y de mujeres continúan a ser concretizadas por personas cercanas: los padres, los tíos, los primos, y también por los profesores (andinos y/o ashaninka). Muchas niñas y adolescentes son secuestradas por las redes de trata de personas; muchas otras tienen uniones tempranas ( o son violadas) y son niñas-madres. Todo ello en la más total impunidad. Luzmila Chiricente, dirigente ashaninka de Satipo y miembro del Consejo de reparaciones, ha denunciado desde hace muchos años esta terrible situación, que es en parte una de las secuelas de la guerra civil, sin ser nunca escuchada. Recién hace poco otras voces se han alzado para denunciar casos similares en el río Ene[19] y entre los Wampis de Amazonas[20].

"En muchas comunidades amazónicas y andinas los violadores siguen conviviendo con sus víctimas, algunas de las cuales tuvieron hijos que, lastimosamente, no son integrados en el marco comunitario".

Reflexiones finales

• La violencia sexual contra las niñas y las adolescentes en el Perú está asociada a una conjunción de problemas nunca afrontados ni por el Estado ni por la sociedad fragmentada en clases, en regiones y en niveles educativos. Se trata, por un lado, del problema de la falta de educación cívica, moral y sexual a nivel nacional. Y ello es responsabilidad del Estado peruano, que nunca ha aportado una atención real a la mejora de la calidad de vida y de nivel cultural de los ciudadanos. Por otro lado, en razón de la falta de educación y de la importancia de la pobreza a nivel nacional, sobre todo en las zonas rurales de la Amazonía y de los Andes, los niños y los adultos crecen con la convicción que la violencia física, verbal y sexual es “ordinaria, banal, normal.” Sobre todo contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, que son victimas tanto de hombres ordinarios como de psicópatas y/o pederastas.

• La violencia masculina y familiar contra los niños es antigua en el Perú, pero las violaciones sexuales se volvieron ordinarias durante los veinte años de guerra interna que fue también una guerra civil en los epicentros del conflicto (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huánuco, San Martín y Junín). Las niñas, las adolescentes y las mujeres fueron violadas sistemáticamente por los militares, por los senderistas y también por los ronderos (Informe final de la CVR., Tomo VI, 8. La violencia contra niños y niñas). Desgraciadamente, la inmensa mayoría de agresores nunca fue llevado a la justicia, el caso de las violaciones de mujeres por militares en Vilca y Manta (Huancavelica) entre 1984 y 1995, es una rara excepción. En muchas comunidades amazónicas y andinas los violadores siguen conviviendo con sus víctimas, algunas de las cuales tuvieron hijos que, lastimosamente, no son integrados en el marco comunitario. En esos lugares la reconciliación es una vana esperanza pues no hay justicia.

• Podemos afirmar que la violencia sexual es parte de las secuelas de la guerra en ciertas regiones del país. Sin embargo, la expansión de esta violencia, sobre todo entre las clases pobres, sin educación y sin apoyo estatal, nos lleva a pensar que en el fondo se trata de una cultura del machismo que predomina y que sigue expresándose por la vía de la violencia verbal, física y sexual contra los sectores mas vulnerables de la sociedad: las niñas y las mujeres, que son también asesinadas por sus parejas. Dicho esto, los niños son también víctimas de maltratos de parte de sus madres y de sus hermanos; lo cual implica que las madres y los adolescentes varones consideran normal “castigar” a los niños, como ellos mismos fueron o son aun castigados. Así observamos una cadena de violencia instalada en una estructura social machista y jerárquica en la cual los hombres violentan a los más débiles.

• Imaginar que la pena de muerte para los violadores de niñas podría resolver la banalización de la violación sexual contra las niñas, las adolescentes y las mujeres es totalmente absurdo y anti humanista. Los problemas son profundos y habría que empezar a afrontarlos, a nivel del Estado y de la sociedad, para avanzar en una mejora progresiva de la civilización de paz y de igualdad de género en el Perú.

• Los cambios mas rápidos podrían venir de campañas nacionales que afirmen la igualdad entre los hombres y las mujeres, que excluyan la violencia de todo tipo y que enseñen el diálogo y la educación pacífica de los niños. Esto vale también para las fuerzas del orden, sobre todo la Policía nacional que tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, y que no solo no lo hace correctamente, sino que ignora con demasiada frecuencia las denuncias de violaciones sexuales. Se observa también que el Estado (en particular el Ministerio de la Mujer) y los representantes del pueblo peruano que han sido elegidos al Congreso no son capaces de asumir sus responsabilidades. El último ejemplo lamentable ocurrió el 13 de febrero, cuando se informó que la Comisión de justicia suspendió el debate sobre violación sexual por falta de quórum. Sobre un total de 16 miembros, solo asistieron 6: Salvador Heresi que preside la comisión, Francisco Villavicencio (FP), Juan Carlos Gonzales (FP), Zacarias Lapa (FP), Yonhy Lescano (AP) y Oracio Pacori (NP). Entre los que no acudieron estuvieron: Héctor Becerril, Miguel Castro y Glider Ushñahua (FP), ni Marison Cruz (AP) (La República del 13 de febrero[21]).

• Dada esta situación de indiferencia estatal y de deserción de los congresistas (en particular los ineptos fujimoristas), la movilización de la sociedad civil peruana, aquella que es consciente de sus derechos ciudadanos, es urgente. Aun en medio de la grave crisis de gobierno que atraviesa el país desde diciembre de 2017. Los informes y las recomendaciones de los entes especializados en la violencia domestica y contra las niñas y mujeres en general están a nuestra disposición; debemos difundirlos y apoyar el movimiento social de delación de la violencia machista que ya ha comenzado en todo el mundo gracias a la globalización de los medios de comunicación. Las redes sociales y la comunicación instantánea que nos brinda Internet ya están sirviendo a denunciar los abusos de violencia familiar o pública. Este movimiento debe extenderse por la vía de la prensa responsable y ciudadana; y ser canalizado por las asociaciones de defensa de derechos humanos, y por los colectivos locales de defensa de la dignidad de las niñas, de las adolescentes y las mujeres que deberán multiplicarse a nivel nacional.

 



[7] Roció Silva Santisteban ha evocado también el tema del incesto y su prohibición recientemente, ver La República del 6 de febrero http://larepublica.pe/politica/1180322-incesto-impunidad-e-indiferencia

[8] Villasante, Violence politique au Pérou 1980-2000, Paris, L’Harmattan.

[18] Estoy preparando un libro sobre La violencia política en la selva central, 1980-2000.

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