El Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley para elevar a ese rango el decreto supremo de Alan García que prohíbe a los docentes que han cumplido su sentencia por terrorismo ejercer la profesión docente. En apariencia, ésta es una política que cautelaría la formación de los estudiantes y debilitaría a las fuerzas terroristas. Y, como si lo necesitara, mejoraría la imagen del Presidente como combatiente enérgico contra el terrorismo.

No voy a detenerme en el hecho de que con un simple DS García se arrogó funciones de Poder Judicial, modificó sentencias ejecutadas o en ejecución. Y, peor aún, con efecto retroactivo. Los asesores del actual Gobierno creen que elevando ese DS a rango de ley queda subsanado el daño jurídico. Lo que no se subsana es el desconocimiento que esas normas hacen del papel de la lucha política y de la educación en la derrota del terrorismo en sus raíces ideológicas, políticas y culturales. El apoyo de la Ministra de Educación a esa política y el contexto de los combates que libran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el VRAE y alrededores hacen urgente el debate sobre la lucha política y educativa en esta tarea.

Primero. El supuesto no demostrado de esta política es que los sentenciados que salen libres no han cambiado su concepción y militancia en las organizaciones terroristas. ¿Qué estudios respaldan esta tesis? Probablemente los informes de inteligencia. Pero el país acaba de comprobar, una vez más, la dudosa calidad de esa inteligencia que ahora ha facilitado las emboscadas mortales en el lado cusqueño del VRAE. A falta de estudios solo han operado como fundamento las campañas mediáticas de la derecha, que en primeras planas y encuestas levantan al máximo el peligro terrorista para promover el recorte de derechos y libertades de los pueblos y militarizar regiones para sacar adelante sus proyectos de inversión y evitar nuevas derrotas políticas a su dominación. Desde su origen, entonces, estas normas son ciegas; por eso, torpes y contraproducentes, como veremos. Pero si las políticas de rehabilitación de los gobiernos han fracasado en cambiar a los sentenciados por terrorismo, el Gobierno actual tiene que decirnos cuál va a ser en adelante la política que realmente los cambie y rehabilite.

Segundo. El DS alanista y el proyecto de ley del Gobierno actual responden implícitamente que lo que las cárceles no pudieron, la educación tampoco lo podrá. Por eso se les priva de ejercer su profesión. ¿No es posible entonces cambiar a los seres humanos que incurrieron en delitos terroristas? ¿No se parece esta tesis como una gota de agua a la otra gota que formuló el teniente Hurtado como justificación para ametrallar y dinamitar a niños, mujeres y ancianos en Accomarca? Ya nacen terroristas, dijo en aquel entonces. La solución era borrarlos de la faz de la Tierra. Genocidio puro. Felizmente, el Poder Judicial está juzgando al autor de ese crimen. Lo preocupante es que el mismo prejuicio lo encontramos compartido por gente de gobiernos pasados y del presente.

Tercero. Si a los docentes sentenciados por terrorismo que salen libres se les niega su derecho al trabajo en su profesión, y si tampoco los gobiernos ponen en marcha programas de inserción productiva y los aparatos estatales los mantienen como sospechosos permanentes, la única salida que se les deja es volver a integrarse a las redes terroristas, bien de apoyo, bien en los frentes de combate como el VRAE. Por eso nos preguntamos: ¿Quiere el Gobierno enviar refuerzos magisteriales al terrorismo? La política plasmada en las normas que criticamos es, pues, ciega y contraproducente.

Cuarto. Porque, además, niega la tesis de que al terrorismo se lo combate en varios frentes. Uno es el terreno militar y policial. Otro, y el principal en que podemos y debemos participar todos los ciudadanos, el de la lucha política en sus facetas ideológica, cultural y de organización social. Si no derrotamos a las organizaciones terroristas en estos terrenos, siempre podrán reclutar jóvenes para su frente militar. Es un déficit de décadas que explica la sobrevivencia de estos remanentes. Los gobiernos pasados y sus partidos no lo podían hacer por su identificación con el orden oligárquico neoliberal. Las fuerzas democráticas, y particularmente los socialistas, no lo hicimos con la amplitud y contundencia necesarias porque la crítica al núcleo de ideas economicistas violentistas no llegó al fondo. Habiendo participado en la movilización de los trabajadores y de los pueblos indígenas que ha llevado a Ollanta Humala a la Presidencia, nos compete llevar la lucha política al fondo mismo del núcleo de ideas que alimentan al terrorismo y disputarle los sectores sociales donde influye. Por eso rechazamos la tesis de que la lucha militar es la principal —si no la única— para eliminar el terrorismo.

Quinto. A los maestros que hemos combatido y combatimos a las organizaciones terroristas el DS y el proyecto de ley nos niegan nuestro derecho y deber de continuar en esa lucha en el terreno propio de la educación, el de las ideas, las concepciones del mundo y de la vida, los valores y conductas éticas. Quieren que nos reduzcamos a reflexionar sobre las conclusiones de la CVR. Lo importante es poner en práctica la esencia de la educación, ayudando a los colegas que salen de prisión a reinsertarse mediante el examen crítico de las ideas que los llevaron a prisión. Es la esencia humanista de la educación. Porque, además, las ideas que están en la raíz de conductas violentistas aún siguen esperando su desmontaje, y es mucho más rico criticarlas con quienes las han vivido dolorosamente. La organización política que ha hegemonizado el gremio, Patria Roja, no ha sido capaz de derrotar esas ideas, y el paralelismo gremial como supuesta solución para evitar que dirijan el SUTEP ha tenido resultados contraproducentes. Ambos factores han debilitado al gremio. Las nuevas corrientes socialistas indoamericanas o andino-amazónicas que enarbolamos la bandera de la Gran Transformación de nuestra patria y del mundo asumimos ahora esa tarea en las escuelas y en el gremio. Por eso rechazamos que se nos impida hacerlo con los mismos colegas que salen de prisión.

Sexto. Si todos los pueblos de la tierra tienen instituciones educativas es porque los seres humanos podemos cambiar. Modificar nuestra visión del mundo, ideas, sentimientos y conductas. Los seres humanos somos educables, rehabilitables, reformables. En lenguaje religioso, somos salvables. Lo más importante que ocurre en ellas no es almacenar conocimientos. Es el entrenarnos en la convivencia pacífica, acordar normas y ponerlas en práctica, criticar a quien las viola y elogiar al que lidera su cumplimiento y cambio. Por eso, a los autores del DS alanista y del actual proyecto de ley les respondemos, pues, que si la experiencia carcelaria, supuestamente, no pudo cambiar a nuestros colegas, no les pueden negar a los actores educativos el intentarlo. Con acompañamiento crítico, cambiando la experiencia escolar que hoy incuba la inmensa frustración de millones de estudiantes y maestros con currículos y organización escolares que solo preparan consumidores insolventes y no ciudadanos productores de las maravillas que el mundo valora y demanda. Podemos cambiarlos con evaluaciones no humillantes, sino de los méritos en su desempeño y logros con sus estudiantes.

Séptimo. Hace casi medio siglo, un gran maestro y entonces ministro de Educación, el filósofo Francisco Miró Quesada, fue llevado al Congreso por el APRA y el odriísmo para criticarlo y finalmente censurarlo por promover, con el apoyo de otro gran maestro y filósofo, Augusto Salazar Bondy, seminarios ideológicos en los colegios para criticar el núcleo de ideas erróneas que incuban el violentismo que hoy llamamos terrorismo. Ahora, nuevamente el APRA, acompañada por el fujimorismo y demás ralea conservadora, quieren impedir que los maestros cumplamos nuestra tarea en las escuelas. Nosotros seguiremos la huella de esos grandes educadores. Ojalá Gobierno y Ministra también.