Las cifras macroeconómicas le permiten al país, de momento, respirar tranquilo. Sin embargo pecar de confiados sería fatal. Un reconocido economista nos alerta de los riesgos a mediano plazo, si no se toman las providencias necesarias.

¿Cómo va la economía peruana? Va muy bien en el corto plazo —digamos, los próximos cinco años—. Pero puede ir mal en el mediano —digamos, los subsiguientes cinco años o más—. Este escenario menos auspicioso es el más probable si no hacemos casi nada al respecto.

En 2012 la economía nacional crecería cerca de 6,3%, y tal vez un poco más en 2013. La estadounidense crecería cerca de 2% en 2012 y, una vez salvado su “abismo fiscal”, su desempeño podría mejorar en 2013. Las economías europeas seguirían en una recesión más acentuada que en 2012, fruto del ajuste fiscal. Sin embargo, China crecería encima de 7,5% ambos años, con lo que daría soporte a los términos de intercambio comercial del Perú. Por otro lado, los principales bancos centrales del mundo han expandido la liquidez internacional, y ello provoca una entrada de capitales.

En este contexto, se presenta una paradoja: salvo las exportaciones no tradicionales, que sí sufrirán el impacto del menor comercio mundial, el resto de variables externas se muestran benignas para el país: entrada de capitales, bajas tasas de interés y altos términos de intercambio.

¿Cuán vulnerables podemos seguir siendo ante la crisis mundial?
El BCRP y el MEF poseen elevados niveles de reservas y fondos de estabilización, respectivamente, que pueden contrarrestar una eventual salida de capitales, evitar presiones contractivas crediticias y presiones devaluatorias, así como ejecutar políticas fiscales y monetarias anticíclicas. Además, ya hemos visto la película del 2008-2009 y ahora podemos hacerlo mejor, de darse el caso.

¿Qué preocupa?
En lo que concierne a políticas macroeconómicas: superávit fiscal, tipo de cambio real e inflación. Entre otros factores, como la apertura comercial y la estabilidad de precios, la competitividad internacional del Perú mejoró notablemente con la devaluación de 1999 y el aumento sostenido del tipo de cambio real multilateral entre 2002 y 2007. Junto con este fenómeno, se observó un elevado dinamismo en la inversión y actividad económica de los sectores transables de la economía. Es decir, tanto de las exportaciones, en particular las no tradicionales, como de los sectores que compiten con importaciones.

El tipo de cambio real llegó a sus máximos recientes en 2007, y desde ese año ha venido perdiendo valor, al punto que ha retrocedido en 2012 a los mismos niveles promedio de 1992, cuando comenzaron las reformas económicas estructurales de la economía peruana.

La evidencia empírica internacional muestra la importancia de un tipo de cambio real “alto” en el desarrollo económico. Si la caída del tipo de cambio real refleja una ganancia de productividad en los sectores transables, enhorabuena, y no hay mucho espacio para la política macroeconómica. Sin embargo, si lo que refleja además es una cuenta de capitales abultada, es de responsabilidad de las autoridades económicas enfrentar esta potencial distorsión.

En 2012, la cuenta de capitales está batiendo records históricos, pues ha llegado a ser el 10% del PBI (equivalente a todas las exportaciones de cobre y oro). De continuar ese ritmo, la caída del dólar puede comenzar a afectar las rentabilidades relativas de una economía abierta. En palabras simples, la cuenta de capitales está sobrefinanciando el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

La respuesta fiscal no se ha dejado esperar: con un superávit fiscal de 2% del PBI, ha ayudado a contener el déficit externo provocado por el exceso de inversión sobre el ahorro doméstico. Sin embargo, ello no limita la entrada de capitales y “obliga” a más ahorro fiscal. (Suponiendo que ha sido una decisión explícita del MEF y no resultado de no poder gastar.)

En un país con importantes déficits de infraestructura y de cobertura y calidad de servicios públicos, la decisión de mayor gasto público tiene que ver con el desarrollo económico y social del país. Es decir, ya no por un prurito keynesiano anticíclico, que además no es necesario en esta coyuntura, sino para cimentar el desarrollo del país. En este escenario debe evaluarse el tratamiento a los capitales especulativos de corto plazo, lo que además daría más espacio para la política fiscal.

La meta de inflación en el Perú actualmente tiene un rango de entre 1% y 3% al año. Su cumplimiento ha generado predictibilidad y bajos costos al sector real y financiero. El esquema de metas explícitas de inflación es hoy en día la mejor práctica para el diseño y ejecución de la política monetaria. Sin embargo, el establecimiento mismo de las metas no resulta trivial.

En los siete países más grandes de la región, en la última década la economía nacional ha sido la que ha presentado, simultáneamente, la tasa de inflación más baja y el crecimiento económico más alto. El futuro es más complicado. Podemos estar en un escenario de elevación sistemática en los precios de los alimentos (internos y externos), y los mercados laborales comienzan a apretarse, mostrando presiones salariales al alza.

Si la inflación observada se coloca por un buen tiempo en el techo de la banda, obligaría al BCRP a ser sistemáticamente contractivo. Puede ser el momento de abrir una discusión para cambiar el rango a uno de 2-4, por ejemplo. Los costos de hacerlo pueden no ser materiales, a diferencia de sostener políticas contractivas de manera más permanente. En lo que atañe a políticas de crecimiento: servicios públicos y competitividad. Hasta ahora ha bastado la liberalización de las fuerzas del mercado (precios libres), la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial y financiera para generar elevadas tasas de crecimiento en la última década. Ello, además, ha sido ayudado por un entorno internacional favorable en el último quinquenio, descontando la crisis internacional del 2009. Sin embargo, las mismas políticas aludidas no serán suficientes para sostener elevadas tasas de crecimiento en la próxima década.

La política económica, en un sentido más amplio, tiene diversos frentes. La política pública de esta administración no se debe agotar en la “inclusión social”. No basta. Debemos darle sentido de urgencia también a la mejora de los servicios públicos y la competitividad.

El Estado peruano se ha convertido en el primer factor que afecta la calidad de vida del ciudadano y la competitividad de las empresas que operan en el país. Los indicadores de cobertura y calidad de los servicios públicos no están a la altura de la política macroeconómica y las políticas regulatorias de los sectores modernos del país.

Por un lado, podemos tener, en relación con sus pares regionales, relativamente buenas instituciones públicas, como el MEF, el BCRP, la SBS, organismos reguladores, Indecopi. Por otro, no tenemos buenos ministerios o instituciones públicas que brinden los servicios de seguridad interna, salud, educación y justicia. Tampoco el tema de competitividad, que en un sentido efectivo tiene que ver con la infraestructura, y las pymes del Perú, parecen estar entre las prioridades del Gobierno.

Una posible explicación es que las instituciones las crean los interesados. Las primeras son necesarias para el buen funcionamiento del mercado en los sectores modernos del país. Las segundas no tienen quién las demande. En teoría, el sistema político debería ser capaz de representar las demandas ciudadanas y presionar para un cambio en los servicios públicos. Pero en el Perú eso no ocurre.

Ello desnuda la fuerte debilidad del Estado, que incluye a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para enfrentar con éxito los reclamos ciudadanos. La gente se siente abandonada por una clase política incapaz de conectar con sus preocupaciones básicas. Por eso, en parte, los presidentes de distintos gobiernos mantienen elevadas tasas de desaprobación.