Desde la década de los ochenta, la educación superior en el Perú manifiesta una expansión significativa que se asienta sobre la base de la movilidad social y el crecimiento económico en el país, con mayor énfasis en zonas urbanas (Vargas, 2015). Sin embargo, dicho escenario ha ocurrido sin tomar en cuenta un proyecto homologado que transmita un modelo claro de ciudadanía en las instituciones de educación superior, lo cual ha perjudicado la calidad en el servicio educativo, tanto en el ámbito académico como en el relativo a la convivencia humana.

Esto último supone que dentro del espacio universitario, aún podrían reproducirse formas de exclusión y discriminación entre los miembros de la comunidad educativa, propias de un contexto histórico, económico y político, promotor de desigualdades en la gestión del conocimiento y en el respeto hacia distintos saberes (Córdova y Zavala, 2010). Debido a ello, las universidades se ven desafiadas a replantear las estrategias pedagógicas e institucionales utilizadas para brindar una formación integral a sus estudiantes: aquella que apele no únicamente a la acumulación de información conceptual y técnica, sino a la construcción de personas comprometidas con la realidad social del país.

En Latinoamérica, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), como concepto, se empieza a constituir aproximadamente desde el 2000, y se distingue de los enfoques norteamericanos y europeos en tanto incorpora como misión transversal del aprendizaje, una mirada del proceso formativo de los estudiantes en la práctica que los enfrenta con sus propios sesgos sobre la realidad.

En este marco, una de las reformas educativas en el Perú para incorporar este modelo se dio a partir de la promulgación de la Ley Universitaria N° 30220 en el 2014, la cual en el Artículo N.° 124 incluye un apartado que específica a la llamada RSU como el fundamento de la vida universitaria misma, dada su contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Además, hace hincapié en que cada institución debe dedicar un mínimo de inversión del 2 % de su presupuesto al desarrollo de proyectos y fondos concursables mediante estándares de acreditación e investigación que garanticen la participación de distintos miembros en servicios de atención a la comunidad (Minedu, 2014).

Con ello, un primer momento que ya venimos experimentando en distintas universidades del país, incluso desde antes de la Ley, es el del “voluntariado estudiantil”, el cual apunta a fomentar la participación de los y las estudiantes en proyectos de impacto social, externos al campus universitario (Vaelleys, 2008). Asimismo, en algunas universidades, se adoptan modelos de RSU que incorporan el servicio social desde el mismo currículo de cada carrera; por ejemplo, a través del creditaje extracurricular y/o en cursos de RSU o denominados de “desarrollo social”. No obstante, la propuesta de la RSU va más allá del hacer un nexo indirecto con otro tipo de organismos o la introducción de cursos adicionales durante el proceso académico.

Recientemente, si bien este sistema aún prevalece y las universidades continúan siendo intermediarios de propuestas de acción civil, en la actualidad existen iniciativas que han dado un paso más adelante, buscando que la RSU sea un enfoque transversal y no solo complementario, de modo que, aun así ciertos cursos no tengan un trabajo de campo específico, si se pueda visibilizar la importancia de reflexionar las teorías vistas en clase a partir de ejemplos concretos de las problemáticas que aquejan a la sociedad.

Entretanto, en los cursos más aplicativos, los múltiples encuentros que se generan entre la institución y la población externa a esta, son una oportunidad para experimentar de mano directa las dificultades en procesos de negociación, expresión de la autonomía, y de reconocimiento de los propios recursos y limitaciones de cada agente, lo cual permite al estudiante adquirir conocimientos y habilidades socioemocionales indispensables para su desarrollo integral como la tolerancia a la frustración, la flexibilidad ante situaciones inciertas, y el descubrimiento de su propia identidad mediante el reflejo que provee la historia de aquel otro con el que conecta.

José Bleger, psiquiatra y psicoanalista argentino, introduce en 1961 el término “Enseñaje” para hablarnos acerca de dos procesos: enseñanza y aprendizaje, como pasos inseparables, afirmando con severidad que la mayor objetividad de cualquier tarea ligada al conocimiento, es aquella que incorpora al ser humano en su totalidad. Con esto, cabe preguntarse entonces: ¿qué características de la RSU logran ubicarnos en la dialéctica de un enriquecimiento mutuo de saberes?

Para ello, es necesario pensar que el establecimiento de la RSU no es un modelo nuevo ni mucho menos ajeno a nuestra población en términos de la propia cotidianeidad. Si pensamos fuera del ámbito institucionalizado, nuestro legajo cultural se sustenta en dinámicas de socialización en las que las personas forman vínculos afectivos a través de acciones de reciprocidad y solidaridad en diversas actividades de beneficio común. Además, en distintas regiones del país, ello se realiza priorizando la relación con el medio ambiente y los recursos naturales que este provee, bajo la perspectiva de que tanto el ser humano como la naturaleza que lo rodea forman parte de un ecosistema compartido.

Desde la mirada de la Psicología Comunitaria, a esto se conoce como salud mental comunitaria, o en otras palabras; el proceso de mejora de las condiciones de vida de los miembros de una comunidad, mediante la recuperación y reparación de los vínculos, personales, familiares y comunales a partir de acciones de promoción, prevención y atención en salud mental (Grupo de Trabajo en Salud Mental, 2006, en: Rivera y Velázquez, 2016).

Arenas (2016), propone que la salud mental comunitaria se puede dividir en tres dimensiones: sentido de bienestar, desarrollo colectivo, y ciudadanía y gobernabilidad. Estas corresponden a tres ejes primordiales de cualquier programa, proyecto o propuesta de servicio social que tenga como meta mejorar las condiciones de vida de las personas en nuestro entorno. Por tanto, la construcción de la salud mental comunitaria no es una labor exclusiva de los(as) psicólogos(as), sino que corresponde a un trabajo interdisciplinario que se gesta dentro de los espacios de diálogo y reflexión al interior de distintos grupos.

En este sentido, la existencia de la responsabilidad social en la universidad es en sí una apuesta por la salud mental de la comunidad educativa, puesto que implica que esta ha sido capaz de tomar conciencia de sí misma y de su rol en la sociedad (Vallaeys, 2008), motivo por el cual adquiere una posición ética frente a las condiciones que generan, inevitablemente, malestar psicosocial.

Los estudios realizados con personas involucradas en actividades de voluntariado durante la época universitaria en el Perú, concluyen que estas desarrollan estrategias de afrontamiento adaptativas, tienen disposición para buscar el lado positivo de las situaciones y deseo por el contacto con otros. De igual manera, se encuentran altamente motivadas por contribuir al desarrollo humano, fortaleciendo sus relaciones sociales (Gastelumendi y Oré, 2013). La RSU, por lo tanto, corresponde a un ejercicio de ciudadanía que promueve nuestra capacidad de mirarnos y ser empáticos el uno con el otro, a pesar de las incomodidades que esto podría generar en el proceso de autocrítica.

Esto quiere decir que conforme las universidades asuman el reto de atender la demanda social peruana, desde diferentes aristas, los actores involucrados: estudiantes, docentes y administrativos, tendrán que responsabilizarse y tomar parte en las situaciones a las cuales, también, pertenecen.

El compromiso genera, a su vez, la agencia necesaria para actuar en todo momento tomando en consideración una perspectiva crítica que recupera el sentido que uno tiene al experimentar la RSU no como una imposición, sino más bien, como una ocasión para hallarse inspirados en las posibilidades que se encuentran en la toma de decisiones tanto individuales como colectivas. Aprovechemos esto y sigamos conectándonos con las oportunidades que nuestras redes de apoyo nos ofrecen.    

Referencias

Arenas, E. (2016). Indicadores de cambio en salud mental comunitaria de una población afectada por conflicto armado interno en Apurímac. Tesis Magisterial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Bleger, J. (1961). Grupos operativos en la enseñanza. En: Temas de psicología. (Entrevista y grupos). Páginas 56 – 86. Buenos Aires: Nueva Visión, 1972.

Córdova, G. y Zavala, V. (2010). Decir y callar: Lenguaje, equidad y poder en la universidad peruana. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Gastelumendi, C. y Oré, B. (2013). Personalidad y afrontamiento en voluntarios peruanos de lucha contra la pobreza. Revista de Psicología: 31 (1), 68-98.

MINEDU (2014). Ley Universitaria. Ley N°30220. Capítulo XIII: Responsabilidad Social Universitaria. Extraído en: http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria.pdf

Organización de las Naciones Unidas (2015). Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo. Transformar la gobernanza. Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recuperado de: https://www.unv.org/sites/default/files/21337%20-%20Summary%20SPANISH_print.pdf

Rivera, M. y Velázquez, T. (2016). Capítulo cinco: Modelo de Salud Menta Comunitaria. En: Rivera y Vargas (2016). Salud Mental Comunitaria: miradas y diálogos que nos transforman. Lima: Grupo de Trabajo de Salud Mental y Unidad de Responsabilidad Social del Departamento de Psicología de la PUCP.

Vallaeys, F. (2008). ¿Qué es la responsabilidad social universitaria? Nuevo León: México. Recuperado de: www. cedus. cl.

Vargas, J. (2015). Navegando aguas procelosas. Una mirada al sistema universitario peruano. En: Cuenca, R. (Eds). La educación universitaria en el Perú. Democracia, expansión y desigualdades. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).