Para mi gestión, los maestros son actores claves para estos cambios educativos. Por ello, estamos presentando al Congreso un Proyecto de Ley de Desarrollo Docente, que incluirá mejoras remunerativas y aborda de manera integral tanto la meritocracia, como un sistema de formación y estímulo a la innovación.
Mensaje presidencial de Ollanta Humala, 28 de julio del 2012

En cualquier otro contexto, este anuncio presidencial hecho el 28 de julio hubiera sido tomado de la mejor manera. Se ofrecían, en un marco meritocrático, mejoras en los sueldos de los maestros y en el sistema de formación docente. Sin embargo, este anuncio —y las posteriores declaraciones de la ministra Patricia Salas— desataron un debate en el que políticos, especialistas, gremios y medios de comunicación participaron de manera intensa, desproporcionada por momentos y, en la mayoría de los casos, desinformada.

Un sector compuesto por representantes de partidos políticos de la oposición, particularmente por políticos y ex funcionarios del gobierno aprista, y por algunos medios de comunicación no afines al Gobierno de Humala, arremetió contra la propuesta de Ley de Reforma Magisterial (LRM) acusando a la ministra Salas de paralizar el avance educativo, de aliarse con el SUTEP, de atentar contra la meritocracia e incluso de ser incapaz de liderar el sector. Los argumentos más técnicos de quienes así opinaban se fundaban en que las modificaciones propuestas por la administración de Salas no justificaban la derogación de la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM), y que la implementación de la propuesta resultaría muy cara y requeriría de una capacidad de gestión que el Ministerio de Educación no tendría.

Desde la orilla opuesta, los funcionarios del sector y algunos especialistas salieron en defensa de esta nueva propuesta, a la que luego se sumó otro sector de la prensa y, muy posterior y tímidamente, algunos representantes políticos del Gobierno. Los argumentos a favor de la promulgación de una nueva ley se orientaron en dos sentidos. Por un lado, demostrar las bondades políticas y técnicas que supone integrar a todo el magisterio en un solo régimen laboral y bajo un enfoque meritocrático de desarrollo profesional; y, por otro lado, poner en evidencia los problemas de implementación que tuvo la LCPM desde su promulgación en julio del año 2007.

La LCPM, así como otras políticas apristas, fue un producto forjado a punta de un eficiente trabajo político del propio presidente Alan García, quien luego instaló el “espíritu” de la LCPM —el valor de la meritocracia para tener los mejores maestros— en la opinión pública como un logro fundamental de su gestión. La citada Ley, los colegios emblemáticos y la capacitación docente formaron parte de un paquete de éxitos que mostraban que “el Perú avanzaba”. Sin embargo, los límites de estos logros colosales empezaron a mostrarse a partir de los resultados de procesos de evaluación y de auditoría. En efecto, las debilidades del programa de capacitación docente del gobierno de García fueron señaladas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de su propio gobierno (el informe sobre la evaluación del PRONAFCAP está disponible en la web del MEF), y los colegios emblemáticos fueron remodelados parcialmente, tienen acusaciones de corrupción alrededor de ellos y centraron su denominación de emblemáticos por la planta física antes que por los aprendizajes de los estudiantes. Particularmente, es con la implementación de la LCPM que se mostraron de manera más contundente los límites de estos logros colosales.

Esta Ley no logró instalarse entre el magisterio como un instrumento que contribuyera a su desarrollo profesional. Por el contrario, para los docentes la LCPM era una forma prepotente y coercitiva de regular su relación con el Estado. Es claro que la LCPM está estigmatizada como la ley que castiga a los docentes, antes que como una norma que los beneficia. Algunos argumentos sobre el tema son la aprobación de la LCPM en medio de dos legislaturas ordinarias, sin la necesaria discusión en el Pleno del Congreso y en medio de una huelga magisterial. Junto con ello, un punto que merece ser considerado fue el clima de falta de transparencia e idoneidad técnica que se creó alrededor de las evaluaciones, debido a la mala calidad de las pruebas o el “filtrado” de las respuestas.

Tal como lo demuestran las cifras oficiales, existió una marcada tendencia a la disminución de docentes que buscaban incorporarse a la LCPM, aun cuando el gobierno de Alan García y la gestión de José Antonio Chang hicieron esfuerzos por atraer a los maestros a un régimen laboral caracterizado por la meritocracia. Lo cierto es que cinco concursos para la incorporación a la nueva carrera pública magisterial convocados en tres años fueron insuficientes para cubrir las metas anunciadas de 90.000 docentes.

Aquí está el origen de las desproporcionadas reacciones frente a una propuesta de ley que, como se ha explicado ampliamente en diversos medios, representa una mejora sustantiva respecto a las leyes vigentes. Esta batalla, que se inició el 28 de julio y que aparentemente terminaría con la interpelación a la ministra Salas el pasado 16 de agosto, es una batalla por defender la gestión del presidente García en el sector educativo. De las 31 preguntas que conformaron el pliego interpelatorio, solo 8 tuvieron relación directa con la LRM.

La batalla contra la LRM no solo es técnica: es una pelea política que busca no perder un valioso capital político acumulado por el APRA. No obstante, resulta grave que la educación sea utilizada para el debate político, pues eso posterga las discusiones fundamentales que debemos dar en el país alrededor del papel clave que cumple el docente en la búsqueda de la mejora educativa.

El fracaso en la implementación de la LCPM no es producto de asuntos técnicos de la Ley, sino el resultado de una gestión que enfrentó al magisterio con la sociedad y el Estado. Los docentes no olvidan que fueron innecesariamente maltratados e insultados, y las disculpas ofrecidas por el propio presidente García durante el Mensaje a la Nación del 28 de julio del 2007 parecieron no alcanzar.
 

Si alguno, maestra o maestro, se ha sentido maltratado por mí o por mis palabras, como nieto y como hijo de maestras les pido perdón y les ofrezco mis disculpas.
Mensaje presidencial de Alan García, 28 de julio del 2007

La LRM es una gran oportunidad para que el Gobierno del presidente Ollanta Humala y la gestión de la ministra Patricia Salas lideren la impostergable reconstrucción de una nueva relación entre la sociedad y el magisterio, porque sin docentes ningún cambio en educación es posible.