Es verdad, se refleja un
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Humala y el déficit democrático
Humala y el déficit democrático
Humala cuando era candidato: "No permitiremos que se contamine Cajamarca".
A nueve meses de iniciado el Gobierno del presidente Humala, los sectores sociales y políticos que creían que su elección significaría un inminente quiebre en la institucionalidad democrática del país manifiestan no solo tranquilidad sino incluso apoyo al manejo gubernamental en general, y a la política económica en particular. Personalmente, creo que hay fundadas razones para preocuparnos por el tema de la institucionalidad democrática, aunque desde otra perspectiva.
En este tema conviene adoptar una perspectiva de mediano plazo y reflexionar sobre algunas notables continuidades con gobiernos anteriores y, por supuesto, también importantes diferencias y particularidades. En cuanto a las continuidades, hay que citar en primer lugar la verticalidad y el manejo autoritario de las relaciones con la oposición política, que se hacen evidentes de manera ejemplar en el manejo del conflicto por el proyecto minero Conga. Pese a que el Presidente ha cambiado de parecer sobre la viabilidad del proyecto minero (cuando era candidato pensaba que el agua era más valiosa que el oro), no ha ofrecido explicaciones por su cambio de parecer y más bien ha buscado imponer la ejecución del proyecto y reprimir a quienes están en desacuerdo con esta política. No se permite entonces la discrepancia, no se explican ni defienden argumentativamente los cambios de rumbo, se rompen visiblemente las promesas sin sonrojarse. Tal y como en su momento hicieran Alejandro Toledo en Arequipa y Alan García en Bagua.
El manejo vertical y autoritario de los conflictos sociales ha resultado en el fortalecimiento de una oposición desde las organizaciones sociales que, a falta de representación política adecuada, se ha colocado rápidamente en una línea de confrontación con el Gobierno, restándole legitimidad y dificultando la gobernabilidad. ¿Tendrá Humala su ‘Congazo’, de la misma manera en que Toledo tuvo su ‘Arequipazo’ y García su ‘Baguazo’? Es muy probable que así sea, si entendemos el sufijo “azo” como alusivo al desenlace del conflicto en los siguientes términos: la oposición social le gana la pelea al Gobierno por la vía de la deslegitimación en la opinión pública nacional e internacional, y a pesar de la política no dialogante y represiva del Gobierno. En los próximos meses veremos hasta dónde llegan las continuidades en esta línea de análisis.
A la vez, y en dirección diametralmente opuesta, el Gobierno intenta hacer de la inclusión su principal logro. La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que reorienta y articula los programas sociales en la lógica de la planificación y gestión por resultados priorizando y focalizando la atención integral a los grupos más vulnerables y marginados, es importante muestra de esto. Asimismo, lo es la promulgación y reglamentación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, a pesar del conflictivo proceso de aprobación del Reglamento. Ambas acciones, orientadas a promover la inclusión social y económica (MIDIS), así como cultural (Ley de Consulta), marcan una importante diferencia con los mencionados gobiernos anteriores en la línea de establecer prioridades claras de atención a los grupos de población más vulnerables y afectados por la pobreza, y también por la violencia (aunque a regañadientes), y de intentar hacerlo, además, articulando esfuerzos intersectoriales.
Pese a que el Presidente ha cambiado de parecer sobre la viabilidad del proyecto minero, no ha ofrecido explicaciones. Más bien ha buscado imponer la ejecución del proyecto y reprimir a quienes están en desacuerdo con esta política.
Sin embargo, la bandera de la inclusión encuentra límites en lo político, puesto que se privilegian las dimensiones sociales, económicas y culturales ya mencionadas en detrimento de aquélla. Se entiende la inclusión como la elevación del nivel socioeconómico y el acceso a servicios sociales básicos, la capacitación para la inserción laboral y productiva (MIDIS), o como el reconocimiento legal del derecho a la preservación de la cultura y organización de los “culturalmente diferentes” (Ley de Consulta), pero no se piensa que la inclusión es también incorporación a los sistemas de toma de decisiones, respeto a la autonomía y el autogobierno y, por supuesto, el derecho a opinar y disentir. No avanzamos en descentralización, ni en la ampliación y reconocimiento de derechos políticos de quienes son beneficiarios de la inclusión social y económica; más bien avanzamos en el recorte de la autonomía de los gobiernos regionales y locales y en la conculcación y vulneración de derechos políticos y civiles de ciudadanos y ciudadanas que discrepan de las políticas del Gobierno. El enfoque sobre la inclusión nos llega despolitizado.
Por cierto, hay notable continuidad también en la aplicación del modelo económico, y es justamente esto lo que tranquiliza a los detractores e indigna a los votantes de ayer. Pero me parece más importante señalar la continuidad en la forma de gobierno, en el desarrollo de un estilo autoritario reñido con el diálogo y con la rendición de cuentas, que incrementa el déficit democrático de nuestra endeble institucionalidad política. La forma de gobernar es crucial en la (re)construcción de la institucionalidad democrática, y lo que vemos hasta ahora es que el estilo de gobierno autoritario se va asentando y normalizando —casi instituyendo— a través de los últimos gobiernos, incluyendo al del presidente Humala.
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Dicen los científicos que
Enviado por cesar (no verificado) el
Dicen los científicos que cuando observan un regularidad en los fenómenos naturales, estamos ante una ley natural. Los filósofos y sociólogos piensan que hay leyes del desarrollo social y lo sustentan. ¿Por qué los gobernantes en el Perú terminan haciendo lo mismo? Las promesas varían de lo que ejecutan. El hecho tradicional en el Perú es que para ganar unas elecciones se tiene que mentir ¿alguien lo ha hecho diferente? pues no. Mintió Fujimori para hacer lo que Mario Vargas Llosa prometió. Viajo permanentemente por el Perú y observo una característica espeluznante: La corrupción y la delincuencia. Me he tomado el trabajo de investigar si alguna vez fue diferente. Pues si. Antes no había tanta delincuencia, pero si había mucha corrupción. Era menos pero había bastante corrupción concentrado, sobre todo en el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre ha sido espeluznantemente corrupto. Aparte del Poder Judicial, el resto de la sociedad se ha ido haciendo cada vez mas corrupta, sobre todo el aparato estatal ha ido evolucionando lentamente hacia picos de corrupción comparables a los del Poder Judicial. Esto es especialmente significativo, puesto que los abusos de poder, tanto político como económico llevaba a la población civil a soportar una inseguridad tales que el estado de zozobra es permanente y agobiante. Este es el famoso caldo de Cultivo para el terrorismo, que dicho sea de paso sigue igual.Para muestra un boton. Mi ahora extinto padre sufrió el robo de 5 reses por un conocido abigeo. A pesar que se reunió las pruebas el fiscal archivó la denuncia, mediante quejas y otras acciones logro despues de muchos años que el tema llegara al Poder Judicial. Ahí quedó. Tras varios años fue archivado el caso. Mi anciano padre, agotado de tanto trámite y tanto pelearse con fiscales y jueces, desistió de seguir por que mas beneficioso le resultaba seguir trabajando que perder tiempo y dinero en tramites agobiantes, engorrosos; y lo que era peor para su salud, indignantes. Este es uno de los miles de casos, que son casos minoritarios, por que la mayoría no denuncia nada. Algunos optan por pagar sicarios para recuperar lo robado o para vengarse. Luego esos sicarios pasan a ser extorsionadores. Podemos hacer incluso una lista de abusos, todos los cuales son archivados por el PJ o MP. Daños a la propiedad, en nombre de obras "de bien comun", confiscaciones de propiedad sin ley alguna ni justiprecio, desamparo e indefensión. (como por ejemplo, en la construcción de la via Churín- Oyón, se han expropiado terrenos sin que exista ley alguna como prevee la ley de expropiaciones y el art. 70º de la Constitución.) Por otro lado existe una voracidad enorme por las riquezas de las Comunidades Campesinas, las cuales son saqueadas sobre todo por los mismos dirigentes comuneros que son demasiado corruptos. Las leyes sobre las comunidades campesinas solo favorecen a la dirigencia corrupta de estos. Y aún buscan mas protección a las tierras agrícolas. En esto también me he tomado el trabajo de investigar. Si las comunidades indígenas y campesinas son propietarios de sus tierras, pues no necesitan ninguna ley de consulta, por que tanto la constitución como los tratados internacionales ya la protegen. La propiedad es inviolable y las comunidades no necesitan ley de consulta previa; ellos pueden expulsar de sus tierras a cualquier invasor y el Estado está en la obligación de garantizar esta propiedad. Una ley de consulta previa en realidad esta debilitando esta situación jurídica por que en el fondo se le esta desconociendo mediante esta ley su categórica situación de dueño. El Estado y las transnacionale tienen que sentarse a la mesa a negociar con los comuneros, no hay legalmente otro camino. Pero hay una trampa para que esto sea así. Sólo una mínima porción del territorio peruano, sobre todo rural esta catastrado. En esto tiene que ver gobiernos tan pasados como el de Leguía que expulsó del Perú a técnicos extranjeros que vinieron a donar ese trabajo. ¿Con que finalidad los expulsó? es abvio, salvo que no lo quieran ver. Pero aun con esta carencia, no tienen el derecho de desconocer propiedades que aprovechan los operadores de justicia para negociados corruptos. Finalmente habria que resaltar el monumental fracaso, en todo aspecto de la violencia terrorista. Ellos irrumpieron con gran apoyo popular y luego devino en lo mismo: corrupción e injusticia, a la cual unió técnicas de terror. Los terroristas del MRTA y Sendero, ha sido la pérdida mas inútil de vidas humanas de la historía. Al cabo de tanto atraso, muerte, violencia, el poder judicial, ministerio publico y toda corrupción siguen incólumes, tal como lo descubriera Manuel Gonzáles Prada hace ya mas de un siglo. Solo nos queda instaurar un tribunal por jurados, pero eso va contra la colosal oposición de todos los operadores de derecho, y es una intención aun minoritaria de la población; pero es la única manera por que sino seguiremos en lo mismo. No importa el gobernante, apuesto doble contra sencillo, que hará lo mismo que todos hacen, estoy seguro que es una ley que se deriva de nuestras características.
El Rescate De Los Mineros, La
Enviado por Juan Ribeyro (no verificado) el
El Rescate De Los Mineros, La “Operación Libertad” en el VRAE y Conga
Es preocupante que, desde la creación del Min.de Desarrollo e Inclusión Social y la dación de la Ley de la Consulta Previa en favor de las comunidades; hasta la recuperación del lote gasífero 88 para el consumo interno, la defensa más mediática que efectiva de los comandos Chavín de Huantar y más recientemente la presencia de Humala para “supervisar” el rescate de los mineros en Ica, su “conveniente” y su apurado retorno de la Cumbre de Las Américas, para tomarse unas fotos con los 36 trabajadores de la empresa del proyecto Camisea secuestrados por SL en Kepashiato que fueran supuestamente rescatados en el “Operativo Libertad” y el último mensaje a la nación sobre el peritaje al informe de impacto ambiental del proyecto Conga en Cajamarca, denoten una torpe desesperación por aparecer mediáticamente ante la opinión pública, solo cuando se producen situaciones que podrían generar réditos políticos, aunque sea evidente que el gobierno no ha sido gravitante en la “solución” de estos problemas y que esta usufructuando groseramente de estos hechos lo que, además, contrasta notoriamente con la hasta antes evitada sobreexposición de Humala que hoy sucumbe en esta vorágine de figuretismo.
Pero lo más grave, es la percepción de la población sobre el rebrote senderista y la frívola respuesta de Humala que se atrevió a señalar que el rescate fue una “victoria impecable” tras el acordonamiento y presión de los 1,500 efectivos movilizados, cuando hay indicios de que los rehenes fueron liberados voluntariamente y que durante ese tiempo se produjeron 3 enfrentamientos con el negativo saldo de 8 muertos, 15 heridos y un helicóptero derribado, un grupo de periodistas fácilmente encontró y entrevisto a Martín Quispe Palomino camarada “Gabriel”, demostrando que las huestes de SL controlan la posición y nuestros militares están condenados a seguir siendo diezmados, mediando la inoperancia de los servicios de inteligencia y las fallidas estrategias que se vienen aplicando en el VRAE y en el extremo de la improvisación incluso, se tuvo que retirar raciones malogradas y los chalecos “antibalas” que no protegían a nuestros efectivos; situación que se agrava con la aparición por sus propios medios del suboficial Astuquilca y el rescate del abatido Cesar Vilca por parte de su propio padre, sin ningún apoyo, lo que termina por confirmar el absoluto fracaso de la operación de rescate y una inaceptable inoperancia del comando unificado, con implicancias políticas que ameritan la censura de los ministros Lozada y Otárola, representando un grave revés a la imagen presidencial y del gobierno que pensó aprovechar políticamente estos sucesos de aún imprevisibles consecuencias.
Si bien es cierto que el último mensaje presidencial sobre el proyecto Conga ha equilibrado la balanza entre Yanacocha con antecedentes de incumplimientos contra las normas ambientalistas y de otro lado la posición extremista de los dirigentes pseudo ambientalistas como Saavedra, Arana y Santos, desnudando su clara maniobra proselitista en busca de posicionarse políticamente, esto no parece ser suficiente para dejar la sensación de que, no hay un manejo con autoridad en la resolución de los conflictos sociales y de la violencia criminal, sea delincuencia común o los rezagos de terroristas que, podrían desestabilizar al gobierno, si además le sumamos las expectativas acumuladas sobre la famosa “inclusión social” que no llega aún a los más pobres.
Es verdad, se refleja un política autoritaria en diversos casos y muy complaciente con casos latentes de corrupción en los diversos niveles del Gobierno.Mala política para combatir el narcoterrorismo, que deja mucho que pensar teniendo la capàcidad económica para realizar una mejor política de Estado NO LO HACEN; no se toma, el toro por las astas ante problemas latentes como los que estamos viviendo. El presidente debe de pronunciarse ante éstos lamentables sucesos y exponer su Plan de acción para contrarrestar éstos hechos.