El 2013 presenta características particulares en relación con los denominados conflictos sociales ambientales y las actividades extractivas como la minería. Si bien se puede afirmar que, en comparación con el año 2012, se han registrado menos conflictos activos, sí ha sido un período intenso acompañado de una serie de acontecimientos que marcaron la agenda económica, social y ambiental.

En primer lugar, hay que decir que el año comenzó con una intensa campaña de los sectores empresariales, entre ellos los mineros, que señalaron que la economía se estaba desacelerando y que las inversiones se habían paralizado. Curiosamente, en el caso de la minería, las cifras oficiales mostraban que las inversiones no solo no se habían paralizado sino que habían aumentado: las cifras oficiales del propio Ministerio de Energía y Minas muestran que entre el año 2011 y 2012 éstas pasaron de US$ 7’243 millones a US$ 8’549 millones, lo que significa un incremento de 18%;  y en el primer semestre del 2013 han vuelto a aumentar en 19,6%: de US$ 3’623,2 millones en 2012 a US$ 4’314,7 millones en 2013.

Lo cierto es que la campaña empresarial, respaldaba por los grandes medios, dio resultados: el propio presidente Humala y su ministro de Economía, Luis Castilla, anunciaron a finales del mes de mayo del 2013 que el Gobierno había tomado un conjunto de medidas orientadas a destrabar las inversiones por un monto aproximado de 15 mil millones de dólares, lo que fue festejado por los principales gremios empresariales.  Desde entonces solo se ha escuchado hablar de nuevas medidas para seguir destrabando inversiones, y ya no de medidas para fortalecer los aspectos sociales y ambientales en las políticas del Gobierno. Por el contrario, se comenzó a notar algunos retrocesos y demoras en la implementación de los compromisos asumidos por el régimen.

Mientras que la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros indicaba que los conflictos se habían estabilizado, “especialmente los relacionados con la minería”, y que “la tendencia hacia su aumento se ha moderado de manera evidente”¹,  el Ministro del Interior anunciaba la creación de los frentes policiales en las zonas mineras del país: algunas regiones como Espinar ya viven la consecuencia de este tipo de medidas, mientras que al mismo tiempo sus dirigentes y el propio alcalde son sometidos a procesos judiciales en sedes especiales muy alejadas (como es el caso de la ciudad de Ica), lo que evidentemente recorta su derecho de defensa.

¿Qué retrocesos se han producido en este periodo? Por ejemplo, transcurridos más de dos años desde que la Ley de Consulta Previa (29785) fue aprobada, su implementación sigue despertando serias dudas. Uno de los temas más controversiales ha sido el de la elaboración y publicación de la Base de datos de pueblos indígenas y originarios del Perú. Luego de varios meses de espera, los mensajes del Ministerio de Cultura, que estaba  encargado de su elaboración, se fueron tornando cada vez más confusos: por un lado se prometía y luego se retrocedía en la publicación de la Base, mientras que al mismo tiempo existía un completo misterio con respecto a los criterios utilizados para su elaboración. Para mediados del 2013 lo único que se sabía era que, a pesar de que este documento no se pensaba publicar, se había definido un listado con 52 pueblos: 48 amazónicos y 4 andinos, entre ellos el pueblo quechua.

Después de toda esta complicada historia, finalmente sin grandes anuncios y con mucho perfil bajo, el viernes 25 de octubre fue publicada la base de datos. A simple vista, el avance en la elaboración y contenido del documento deja mucho que desear. Basta señalar que hasta el momento solo se han consignado datos sobre 5 de los 52 pueblos listados, todos ellos amazónicos. Las preguntas sobre la forma de su elaboración se mantienen, y aunque se menciona que en el futuro se tomarán en cuenta diversas fuentes de información, ello aún no se plasma en resultados. No se menciona si se utilizó alguna metodología participativa que incorpore a las organizaciones de los pueblos indígenas.

Otro aspecto sobre el cual algunas instituciones identifican claros retrocesos es el del ordenamiento territorial, uno de los temas fuertemente presente en los discursos iniciales del presidente Humala. La Plataforma (de instituciones) para el Ordenamiento Territorial señaló, en un comunicado público, que “en sus mensajes a la Nación del 2011 y 2012, el presidente Humala ofreció avanzar encargando al Acuerdo Nacional el debate de una política que viene siendo concertada en dicho foro. En los últimos meses hemos sido testigos del retroceso que se ha venido registrando en este tema en el cambiante discurso gubernamental. Tanto es así que el concepto mismo de ordenamiento territorial ha sido desdibujado bajo la imprecisa definición de ‘gestión del territorio’, restándole importancia a la planificación como un elemento fundamental para la gobernanza del país”².  El comunicado concluye demandando que el Congreso de la República inicie un debate descentralizado que culmine con la promulgación de una Ley de Ordenamiento Territorial. 

En cuanto al nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), su implementación todavía plantea varias interrogantes. El calendario de implementación  se  postergó durante gran parte del año sin fechas definitivas: es preciso recordar que en el mes de abril debió ser nombrada la persona que asumiría la jefatura del nuevo organismo para así dar inicio al proceso de implementación y transferencia de funciones.

Finalmente, casi terminando el año —en la segunda semana de diciembre— se nombró como flamante jefa de este organismo a Rosa María Ortiz Ríos, bachiller en Derecho, quien entre abril y julio del 2012 fue directora general de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas. La tarea de la nueva responsable del SENACE no será para nada sencilla, ya que, como se recuerda, sectores empresariales como la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no han dejado de cuestionar su creación, y la califican como un trámite más que tendrán que cumplir. Habrá que observar con atención los siguientes pasos de este nuevo organismo para ver si finalmente logra avanzar en la construcción de una verdadera gestión ambiental transversal en el país.

En este escenario, los conflictos sociales siguen mostrando evoluciones que se deben tomar en cuenta. Por un lado, aparecen nuevos ámbitos y temas: el mapa regional de conflictos socioambientales de este año presenta variaciones que es importante destacar: según los informes de la Defensoría del Pueblo, las regiones con mayor número de conflictos el 2013 son Áncash (30) y Apurímac (23), que han desplazado de los primeros lugares a Puno (16) y Cajamarca (13).

En ambas regiones predominan los conflictos socioambientales vinculados a la minería. En el caso de Áncash, destacan los conflictos en las diferentes zonas de influencia de Antamina (tanto en las zonas de extracción como en el puerto de Huarmey), Barrick Misquichilca, Minera Huancapeti, California, entre otras. En Apurímac, la llegada de la gran minería y el crecimiento explosivo de la pequeña minería y de la minería informal representa, en la actualidad, la principal fuente de conflictividad social en sus diferentes provincias.

Por otro lado, en la agenda de los conflictos habrá que considerar nuevos temas, como el recorte del canon que ha comenzado este año, que viene afectando especialmente a regiones como la del Cusco y a municipios como el de Espinar, y que todo indica que continuará el próximo año. Otro tema en agenda es el conflicto de la minería informal e ilegal que está latente en varias regiones del país, y del que se esperan desenlaces importantes al finalizar el primer trimestre del próximo año.

Habrá que ver cómo se presenta el año que viene y qué tendencia será la que predomine: latencia o actividad, y estallidos de nuevos conflictos. Lo cierto es que, transcurridos dos años y medio de la gestión del Gobierno de Humala, todo indica que se han retomado los diagnósticos más tradicionales sobre lo que viene pasando en el país en materia de conflictividad social. Esto se expresa en la consolidación de una nueva oleada de políticas que conservan el statu quo y no enfrentan los problemas de fondo. Si esta tendencia se mantiene, las perspectivas seguirán siendo poco alentadoras.

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  ¹Institucionalizando el Diálogo: A Un Año de Gestión. Oficina de Diálogo y Sostenibilidad Social de la Presidencia del Consejo de Ministro. Lima. .Julio de 2013.

  ²Comunicado de la Plataforma Para el Ordenamiento Territorial, publicado en el diario La República el 14 de septiembre del 2013.