Es extraño que un país como el nuestro no tenga la suficiente autoridad para retirarle la licencia a una empresa que cause tanto daño como el que se describe en el presente artículo. No es necesario tener una especialización en ingeniería ambiental, para darse cuenta de la irresponsabilidad del Estado, en primer lugar, que entre sus competencias está la de preservar el patrimonio nacional, patrimonio que incluye todos los recursos y sobre todo a toda su población; pues la persona humana es un fin supremo al que no hemos renunciado.La propuesta que surge es que sean sometidos a juicio todos los que tienen competencia en asuntos medio ambientales. No sería justo que se hayan estado llevando sus jugosos sueldos sin cumplir con su primera obligación de fiscalización y detección oportuna de estos descalabros producidos en este caso por la empresa minera.