La aprobación del Gobierno del presidente Humala desciende en las encuestas, y esta noticia se convierte en el titular del fin de semana. El oficialismo, nervioso, se entrampa en una serie de escaramuzas con los líderes principales de los partidos políticos con representación en el Congreso. Cada semana aparecen nuevos sondeos de opinión, y la tendencia es la misma: las autoridades pierden popularidad. Los medios de comunicación más poderosos no desperdician la ocasión para recordárselo. La oposición —particularmente el APRA y el fujimorismo— aprovecha bien las circunstancias para ejercer presión sobre el Gobierno, tomando en cuenta el difícil predicamento de sus caudillos históricos. Esta situación ha sumido a la administración de Humala en una posición de desorientación política.

Hace algunas semanas, la Presidencia del Consejo de Ministros convocó a los representantes de diversas agrupaciones políticas a participar en un proceso de diálogo con el objetivo de discutir y generar consensos en torno a la dirección de las políticas de Estado en temas de interés común. En un inicio, esta convocatoria fue interpretada como una estrategia del Gobierno para calmar las aguas turbias del conflicto político. Los partidos, a su vez, han asumido su participación en este diálogo nacional como una suerte de concesión al Gobierno en momentos en los que Fujimori, García y Toledo afrontan nuevos procesos o investigaciones por casos de corrupción; ellos ya han amenazado con dejar las conversaciones si consideran que sus líderes están siendo objeto de maltrato. La cuestión fundamental, el diseño de la política pública —el debate político propiamente dicho— parece estar fuera de la agenda de los partidos de oposición, y probablemente no ocupa un lugar central ni en la del propio Gobierno. En principio, la idea de convocar un diálogo plural en torno a las grandes políticas de Estado es interesante si no pierde este carácter institucional. Solo el tiempo develará su auténtico carácter y consecuencias para el futuro de los peruanos.

¿Debe la ciudadanía abrigar grandes esperanzas en esta materia? A casi la mitad de su mandato constitucional, el Gobierno no ha logrado forjarse un perfil propio en materia de gestión pública y conducción política. Exceptuando el manejo cauteloso de la economía y algunos esfuerzos encomiables en el sector Educación, el Gobierno no parece estar comprometido con un objetivo de largo plazo que le brinde una identidad política y le otorgue solidez a su proyecto. El régimen pone de manifiesto una preocupante ambigüedad en torno al tratamiento de los conflictos sociales. En materia de lucha contra la corrupción, no consigue salir de los debates e intereses que marca la coyuntura; actúa conforme al juego de fuerzas que plantea el momento político, y poco más. En cuestiones de derechos humanos, el seguimiento estatal de las recomendaciones planteadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sigue siendo excesivamente tímido y precario. El proyecto de edificación del Lugar de Memoria se ha estancado. Los temas planteados desde la célebre “Hoja de Ruta” en relación con el fortalecimiento del sistema democrático vienen siendo desatendidos a favor de la agenda del día (la popularidad del Presidente, si postula o no la Primera Dama, el viaje a París, los controvertidos testimonios de Brasil, las declaraciones de Fujimori en los medios que le son completamente complacientes, etcétera), de modo que se pierden de vista las exigencias del mediano y largo plazo.  Más allá del interés que suscita la lucha política cotidiana en el Congreso, se requiere de un tratamiento gubernamental  más serio respecto de la marcha de las políticas de Estado. Lo mismo podemos decir acerca de la deslucida conducta política que despliegan las fuerzas de oposición: el interés coyuntural les impide asumir una visión más amplia de la sociedad y sus problemas.

Considero que el Gobierno debe evitar entrar en el retorcido laberinto en que lo sume brindarle una excesiva atención a los sondeos de opinión acerca de la popularidad de sus autoridades. Tampoco debe sucumbir a los cantos de sirena de las pequeñas batallas que se plantean desde el Parlamento o desde el twitter de los líderes políticos del oficialismo y la oposición. Los principales medios de comunicación, hay que decirlo, concentran casi por entero sus energías en cubrir y comentar estos enfrentamientos, dejando la investigación periodística, la promoción de la discusión cívica y la vigilancia del poder para otra ocasión. El Estado, los actores políticos y  los ciudadanos necesitamos volver la mirada sobre los temas centrales de la política pública —conflictos sociales, pobreza, sistema anticorrupción, reparaciones de las víctimas de la violencia, seguridad, reforma del Estado, etcétera—. El Defensor del Pueblo y los magistrados del TC siguen sin ser elegidos, por citar solo dos casos especialmente lamentables.

Recuperemos una saludable preocupación por los problemas relativos a la búsqueda de la justicia y el bien común. La democracia peruana lo agradecería, sin duda alguna.