La disolución del Congreso por el presidente Vizcarra parece haberse consolidado y tendremos uno  nuevo a partir de las elecciones convocadas para el 26 de enero del 2020. 

Si el país continúa por esta vía las preguntas serían, ¿cómo será este nuevo Congreso y qué podrá hacer en el año y medio que estará en funciones ? ¿Y el presidente Vizcarra? ¿ Buscará él  hacer algo más, o se se conformará con pasar a la historia como el presidente que se atrevió a cerrar el Congreso, y que apoyó la lucha anticorrupción, permitiendo y hasta defendiendo el trabajo del equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato?

Dado que estamos ante un proceso electoral excepcional (es la primera vez en nuestra historia que se elige solo a congresistas después de la disolución del Congreso), y a que las campañas se intensificarán recién a partir de comienzos de enero, es todavía muy difícil hacer proyecciones. 

Lo que sí ya está claro es que resulta imposible que el fujimorismo repita la mayoría abrumadora que sacó en el 2016, o que la consiga alguna de las organizaciones que compiten. El peligro es ahora, más bien, que se produzca una excesiva fragmentación de bancadas, y que ello haga inalcanzable los consensos mínimos que se requieren  para adoptar medidas importantes. 

En cuanto a candidatos,  uno de los problemas que se vislumbra es que  casi con seguridad saldrán elegidos algunos personajes estrechamente asociados al desprestigio del Congreso, cuya disolución fue celebrada por la mayoría de la población.  Nos referimos a “los congresistas disueltos” Bartra, Mulder, Vilcatoma, entre otros. Es muy probable que salgan elegidos no por méritos propios sino debido a que ocupan los primeros puestos de sus respectivas listas. Mulder ya  adelantó, por ejemplo, que uno de sus objetivos será vacar al presidente Vizcarra. Difícil que puedan volver a hacer del obstruccionismo la labor principal del Congreso, como en el pasado, porque carecen de la mayoría que lo permita,  pero de hecho constituirán un clavo en el zapato frente a las medidas que previsiblemente los sectores democráticos intentarán impulsar. 

 Por otro lado, varios de los “nuevos” nombres no son para entusiasmar por varios motivos.  El caso que más salta a la vista es el de la número 1 de Fuerza Popular, Marta Chávez, cuya trayectoria permite avizorar que usará su experiencia política  para defender todo lo que representa hoy el fujimorismo. O el de Beatriz Mejía, quien representa el intento de sectores religiosos fundamentalistas, como el grupo “Con mis Hijos no te metas”, por tener mayor presencia política.  Otros, debido a sus actuación en los anteriores Congreso, no generan confianza en términos de coherencia en cuanto a línea política y objetivos, tal como es el caso, por ejemplo, de Heresi. 

Muchos de los nombres de los candidatos  corresponden a personas que no tienen trayectoria pública o privada  conocida, pero pueden entrar al Congreso con bajas votaciones debido a la cifra repartidora,  si sus organizaciones, por tener un símbolo conocido, pasan la valla del 5 % . La gran mayoría de los candidatos constituyen en realidad un enigma que se resolverá para bien o para mal cuando los veamos  actuar en la cancha congresal

Ahora, también hay muy buenos nombres entre los nuevos, los que regresan  y “los disueltos”. Solo es de esperar que la ciudadanía los identifique y esta vez vote mejor que en ocasiones anteriores.

Si se logra que un grupo de congresistas que , pese a las diferencias, se propongan y logren cerrar filas que en torno a una agenda mínima prioritaria, podríamos estar ante un “congreso de transición”, similar, a nivel legislativo, a el  que fue el “gobierno de transición de Valentín Paniagua”. La agenda mínima prioritaria que corresponde a este congreso está clara: reivindicar al Congreso frente a la población, poniendo orden en la casa en cuanto a gastos y organización,   impulsar la lucha anticorrupción (el fin de los blindajes a las autoridades, por ejemplo), continuar con las reforma judicial ( incluida la elección de un Tribunal Constitucional independiente y de manera transparente) y la reforma política (inmunidad, bicameralidad, etc), además del respaldo de las buenas iniciativas que vengan del gobierno. 

Esto sería sumamente positivo porque facilitaría las cosas al  Congreso y al Gobierno que se elijan en el 2021, ya que tendrían un mucho mejor punto de partida, que les permitirá abordar temas de más largo aliento. Y  la gente iría a votar dicho año con mejores sentimientos frente a los políticos, la democracia y sus instituciones. Esto, además de los efectos inmediatos que tendrían estas medidas que fueron  imposibles de abordar en el Congreso pasado- pese a su urgencia- por la oposición de una mayoría prepotente que actuaba en función de intereses particulares.

Sin embargo, no se puede descartar que la referida fragmentación, la continuidad de los golpes por parte de determinados sectores, aunque sean minoritarios,  o la preponderancia de un mal nivel de congresistas determine que este Congreso de transición transcurra sin pena ni gloria, por no poder hacer nada importante. Sería terrible porque la gente sentiría que, finalmente, el nuevo Congreso fue más de lo mismo y que siempre será así, consolidando su escepticismo frente a las instituciones y la política en general, algo muy peligroso para lo que podría considerase lo mejor en el 2021 .

Por el lado de Vizcarra, tiene el tiempo suficiente, cual última a oportunidad, para proponerse sacar  adelante algunas medidas estratégicas frente a las principales demandas de la población, como son la seguridad, la salud pública, la educación, los conflictos socioambientales , seguridad laboral. Para ello tendría que tener una actitud mucho más  proactiva y reforzar su equipo, lo que implicaría que se decida a convocar a gente que puede no estar en su círculo de confianza moqueguano, pero que son garantía de capacidad y eficiencia , además de tratar de jugar en pared con el Congreso, enviando iniciativas legislativas urgentes.

Un fuerte temblor (in)esperado 

No se trata de ser alarmistas, pero no se puede descartar que las cosas  en el país tomen un rumbo completamente distinto y mucho más complicado. Todo hace pensar que el que se acaba de describir es el que se impondrá, con las incertidumbres señaladas,  pero la irrupción de algunos acontecimientos -difíciles pero no imposibles - pueden cambiar el curso del proceso político en que estamos.

Un acontecimiento decisivo para este cambio sería la adopción por parte del  Tribunal Constitucional de un fallo en el que se declare abiertamente que la disolución del Congreso ha sido inconstitucional y,  por tanto, no corresponde la realización de nuevas elecciones, las mismas que tendrían que ser suspendidas, volviendo al anterior Congreso, tal como ha pedido Olaechea en su demanda y que el Congreso ha admitido por unanimidad, pudiéndose haber desechado de plano.  

Es cierto que es casi imposible por diversas razones. Todos los miembros del TC deben ser conscientes que con un pronunciamiento de ese tipo estarían abriendo en el país una “caja de Pandora”,  y podría convertirse en la chispa que desencadene movilizaciones de protesta como las que hay o ha habido en Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por más distintas que sean las situaciones. No olvidemos que más cerca del 80 % de la población ha aprobado la disolución del Congreso, y esa misma mayoría lo venia exigiendo desde mucho tiempo. Un paso hacia atrás pudiera provocar que el país no se la perdone al TC. 

Otra razón en contra de esta posibilidad extrema de parte del TC es que al momento de pronunciarse por la admisibilidad de la demanda competencial estableció  expresamente en la resolución correspondiente que dicha decisión “no podría conllevar a que los efectos de lo resuelto en la sentencia que se emitirá en el marco del presente proceso competencial incidan en el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Resolución 155-2019-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de octubre de 2019”. (Punto 27 del Auto en cuestión) En el mismo sentido concluyó que “Las consideraciones desarrolladas por el Tribunal Constitucional al dirimir la  presente controversia tendrán efectos a futuro”. (Parte final del punto 28)

Sin embargo,  hay que considerar que los magistrados Blume y Sardón dejaron constancia en sus respectivos votos  de su desacuerdo con esa parte de la sentencia que declara que los efectos sólo podrá ser a futuro. 

Así, por ejemplo, el primero de ellos consignó : “…discrepo y me aparto de los fundamentos 27 y 28 del auto de admisibilidad, en la medida que considero que restar desde la admisión a trámite, cualquier tipo de efectos al pronunciamiento jurídico que, sobre la materia controvertida, se pueda vislumbrar ya sea porque así lo haya propuesto o no la parte demandante, impide un importante margen de estudio sobre la cuestión jurídica propuesta en la demanda, al igual que reduce la capacidad de respuesta del Tribunal Constitucional como órgano competente constitucional para dilucidar este tipo de situaciones”. (Punto 5)

Complementariamente agregó: “ Si bien resulta cierto que la disolución del Congreso ejecutada por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la potestad del artículo 134 de la Constitución, se encuentra vinculada a una convocatoria a elecciones congresales, ello no implica que el Tribunal Constitucional no pueda efectuar un control oportuno de los actos que, corno consecuencia del ejercicio de tal potestad, el Poder Ejecutivo se encuentre ejecutando, así como no impide, bajo ninguna circunstancia, en ejercicio de sus competencias constitucionales, mantener una actitud vigilante en aras de verificar la indemnidad democrática del país. (Punto 6).”

Por alguna razón consideraron oportuno dejar sentado formalmente que ellos creen que la sentencia sobre la demanda competencial no puede quedar sujeta a límites establecidos al momento de fallar a favor de su admisibilidad. Recordemos, además, que en relación a la reciente y controversial sentencia a favor de la libertad de Keiko Fujimori, cuatro de los magistrados ( entre ellos los dos mencionados) han defendido que en una sentencia lo importante es la parte resolutiva y no la considerativa. Por tanto, para ellos lo único relevante es que la demanda fue admitida y nada más. A partir de ese punto, cualquier resultado es posible. 

Tampoco olvidemos  que ambos magistrados se pronunciaron en su momento a favor de la medida cautelar interpuesta por Olaechea acompañando la demanda competencial. Blume votó concretamente porque se suspendan las elecciones hasta que el  TC resuelva el asunto de fondo, es decir, hasta que el TC se pronuncie si la disolución del Congreso fue o no constitucional, es decir, ya en ese momento se pronunció a favor de alterar el cronograma electoral. Por su parte, Sardón fue mucho más allá al votar a favor de  que hubiera elecciones para un nuevo congreso pero también para un nuevo presidente, algo que obviamente carece de todo sustento jurídico.  

Sin embargo, todos los integrantes del TC, midiendo las consecuencias que pudiera tener retrotraer todo a antes de la disolución del Congreso, podrían resolver efectivamente con miras al  futuro, es decir, sin suspender la disolución del Congreso ni el proceso electoral, amparándose en la función pacificadora del TC, o en que este no puede prescindir de los efectos que pueden producir sus sentencias. 

Pero, ¿qué pasaría si al mismo tiempo logran los votos necesarios para que en la misma sentencia se diga – de manera expresa o implícita - que la disolución fue inconstitucional? Alegando que la cuestión de confianza tiene que ser aprobada o rechazada de manera expresa, y/o no se puede usar respecto a atribuciones propias del Congreso, como es la elección de los miembros del TC.  

Dependiendo de la correlación de fuerzas políticas  del momento, un pronunciamiento así, en el que se le da la razón a Olaechea pero postergando los efectos a futuro, podría hacer que surja – como ya varios han advertido - una presión que exija la renuncia, vacancia o destitución de Vizcarra. Al margen de que se logre o no,  esto impregnaría todo el juego político y la misma dinámica del Congreso, lo cual nos llevaría nuevamente a una polarización inútil, impidiendo que el país avance en los tema de agenda mencionados.

Hay otra dos situaciones  cuyo desenlace podría jugar a favor de este segundo escenario. La primera se relaciona con los intentos que se están viendo por sacar del Tribunal Constitucional al magistrado Eloy Espinoza. Si bien lo que corresponde es investigar  si hubo o no el maltrato laboral denunciado por la secretaria general del TC, la doctora Távara, lo cierto es que se percibe una manipulación política del hecho, más allá de la búsqueda de la verdad. Indudablemente la salida de Espinosa Saldaña, fortalecería la posición de declarar fundada la demanda de Olaechea  o por lo menos inconstitucional la disolución. 

La otra situación tiene que ver con los ataques que está  experimentando el presidente Vizcarra. Si bien es cierto que él  debe aclarar cuál es su versión de los hechos y su participación en relación a las irregularidades que – según un nuevo informe de Controlaría.-  se cometieron en relación al Hospital de Moquegua, cuando Vizcarra era Presidente Regional ( esto, más allá que en dos ocasiones previas la fiscalía lo haya exculpado de todo), lo cierto es que hay una serie de sectores que no están tan interesados en llegar a la verdad sino que, al  margen de ella, lo único que quieren es que esto sirva para debilitar al presidente . Y sería un golpe muy fuerte contra él si consigue que la población crea que también se trata de alguien corrupto, cuando el principal mérito que se le reconoce es impulsar la lucha contra la corrupción.

Con un presidente desprestigiado o puesto en la picota, sería más fácil cuestionar las medidas que adoptó en nombre,  precisamente, de la lucha contra la corrupción, como fue entendida, por ejemplo, la disolución del Congreso.

Un último elemento que hará su parte es lo que hoy se denomina “la calle”, es decir, la movilización ciudadana. En nuestro caso ha demostrado que esta es intermitente e  imprevisible. El 31 de diciembre del año pasado la ciudadanía salió masivamente a protestar por la remoción de los fiscales Vela y Pérez; pero no hubo hubo protestas frente a hechos que podrían haberlas provocado, como cuando el TC decidió admitir la demanda contra la disolución al Congreso o cuando, a través de un fallo absolutamente irregular, ordenó la libertad de Keiko Fujimori. 

Recordemos que  hoy en día lo que está en disputa para muchos son múltiples cuestiones, casi de vida o muerte: supervivencia política, cárcel o libertad  en el caso de personas con gran poder, cuestiones económicas, asuntos ideológicos, etc. ¿Los fujimoristas, apristas y aliados de todo tipo (integrantes de instituciones,  analistas, empresarios, medios, etc. ) , “los vencidos” de hoy , se resignarán a una derrota definitiva, viendo cómo se fortalecen y desarrollan quienes los pusieron a raya ? Solo el tiempo lo dirá, pero casi siempre el futuro es bastante distinto a las previsiones del presente, más si somos un país de sorpresas y cambios súbitos.