La reciente discusión sobre el salario mínimo vital (SMV) ha devuelto al centro de la agenda pública el tema laboral. ¿Qué impacto tendría un aumento de la remuneración mínima en la economía del país? ¿Generará informalidad y quebraría las MYPE, como vaticinan algunos, o permitirá una mejor distribución del ingreso en un país que destaca por su desigualdad económica?
En los últimos días se han planteado opiniones diversas sobre el tema; algunas a favor, otras en contra del incremento. En lo que sigue las clasificaremos de acuerdo con el tipo de argumento utilizado.

Informalidad versus capacidad adquisitiva: buscando el equilibrio
Desde el punto de vista técnico o económico, los críticos al salario mínimo hicieron hincapié en que un eventual aumento fomentaría la informalidad, sobre todo en las micro y pequeñas empresas. Esta postura fue defendida por el ministro de Economía, comunicada por la primera dama, refrendada por la nueva ministra de Trabajo y avalada por el propio presidente de la república.
Para ello se valieron de los siguientes argumentos. Primero, que el salario actual es muy elevado para la productividad del país, por lo que hacer un reajuste obligaría a los empleadores a subir el sueldo a trabajadores de baja productividad, lo que desincentivaría las contrataciones formales (Juan Carlos Saavedra). Algunos aventuraron ciertos cálculos: por cada 10% que se eleva el salario mínimo se pierde 5% del empleo (Miguel Palomino). En segundo lugar, un aumento del SMV incidiría también sobre los costos laborales, como la asignación familiar, el sueldo de los “practicantes”, la remuneración nocturna o el salario de los regímenes especiales (Orlando de las Casas), de modo que generaría similar efecto.

¿Son fundados estos temores? ¿Cualquier intento de “forzar” a las empresas a pagar “más allá de la productividad laboral” originaría “informalidad, desempleo o la quiebra de los pequeños negocios”, como plantean sus críticos?

Hay quienes, en cambio, han puesto en cuestión que un aumento de la remuneración mínima afecte las tasas de empleo formal o que promueva la informalidad, como alegan sus detractores. Encuentran, por ejemplo, que en el 2012 la tasa de desempleo abierto bajó de 8,5% a 5%, coexistiendo con un aumento real del salario mínimo (Julio Gamero). O que entre octubre y septiembre del 2011 —meses después de la primera alza durante el actual Gobierno— se crearon 10 700 empleos en las MYPE, el 13% del total de nuevos puestos de trabajo generados en este periodo. Una posible razón tendría que ver con la recuperación de la demanda de bienes y servicios de tales empresas, producto del aumento de la capacidad de consumo de los trabajadores. Esta dinámica habría generado una reducción del desempleo y la informalidad (Verdera).

Si revisamos el gráfico 1, podemos apreciar que en los últimos años los aumentos del salario mínimo no han estado acompañados de cambios bruscos en la tasa de formalidad, ni han incrementado el desempleo. Mientras el salario mínimo aumentó en 82% entre 2000 y 2012, el número de trabajadores de la pequeña empresa (de 1 a 50 trabajadores) se redujo en 5%, que es el mismo porcentaje que aumentó en la mediana y gran empresa (más de 50 trabajadores).

Institucionalidad versus discrecionalidad política
Vista en términos políticos, se estima que la decisión de no incrementar el salario mínimo —en el contexto del aumento del sueldo de los ministros— fue una decisión errada del Gobierno. Por ejemplo, David Rivera se pregunta si acaso el argumento técnico para postergar un incremento del SMV sirve también para justificar una medida antipopular como la mejora salarial adoptada —en beneficio propio— por el Consejo de Ministros. Esta falta de muñeca política para barajar un aumento simultáneo en los extremos de la escala salarial le costó al Gobierno la renuncia del premier Villanueva, la recomposición de un Gabinete que sería vapuleado en el Congreso y una caída en las encuestas.

Sin embargo, este debate puso sobre el tapete elementos vinculados con la gobernabilidad democrática y la posibilidad de alcanzar consensos políticos y sociales imprescindibles para la estabilidad política; y, si se quiere, para una adecuada marcha de la economía.

En ese sentido, lo que estaba en juego era el respeto por la institucionalidad vigente; específicamente, la establecida para la fijación de la remuneración mínima vital, normada constitucionalmente. Algunos economistas, como Campodónico y Gamero, destacaron los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) —instancia tripartita compuesta por representaciones empresariales, sindicales y del propio Estado, a través del Ministerio de Trabajo—, en la medida en que expresan el consenso de los principales actores involucrados en las relaciones laborales: las empresas y los trabajadores. Así, desde al año 2007 se cuenta con una fórmula acordada en este espacio para determinar el nivel de aumento necesario en función de la inflación y productividad registrada en las empresas, hasta la fecha sin implementarse seriamente.

Si se aplicara este mecanismo, el mínimo vital (el último aumento se dio en mayo del 2012) debiera ajustarse periódicamente en función del costo de vida (inflación) y de los incrementos de la productividad laboral. Experiencias regionales —como la chilena, la colombiana, la argentina o la brasileña— demostrarían que este tipo de mecanismos son viables y que incluso han contribuido a enfrentar con relativo éxito la crisis económica (por ejemplo, en el caso brasileño).

Sin embargo, tanto el gobierno anterior como el actual valoran poco esta fórmula para validar el aumento del mínimo vital que exigen las centrales sindicales y un sector importante de la población. Negaron incluso que sea tema de discusión del CNT, con lo que cerraron cualquier atisbo de debate.

Instalado el debate, qué hacer
Sin embargo, hubo una discusión y se plantearon algunas propuestas, tanto para aumentar el monto actual del salario mínimo como para diversificarlo e incluso para desaparecerlo.
Por un lado están quienes, amparados en la fórmula del CNT (y con base en el cálculo de la inflación y de la productividad registradas en los últimos años), proponen incrementar el SMV a S/. 850 (Pablo Checa); S/. 835 (Gamero); S/. 817 (Campodónico), y S/. 774 (Verdera). Que no haya acuerdo en el monto final no quita que existan posiciones sustentadas en torno en la necesidad de un aumento inmediato.

Hay quienes plantean como alternativa avanzar hacia una RMV diferenciada por regiones y por capacidad económica de la empresa (Ignacio Castro, Elmer Cuba). Amparados en la institucionalidad vigente —específicamente, la Ley MYPE—, señalan que la RMV establecida para este sector debería ser menor que la que tienen las empresas grandes. Gamero señala que contaríamos, bajo ese enfoque, con 72 niveles de salario mínimo en el país. ¿Es viable esa propuesta?

Posiciones más radicales sentenciaron que no deberíamos contar con un salario mínimo. Esta postura extrema afirma que políticas salariales implementadas por el Estado “carecen de solidez intelectual y respaldo empírico”, además de representar un “ineficiente resabio de la planificación estatal”. Para estos sectores, la principal barrera al funcionamiento del mercado de trabajo recae en nuestra legislación laboral. Es el mismo mercado el que tiene que fijar sus propios sueldos por oferta y demanda (César Peñaranda). En suma, nada de derechos laborales; menos, políticas regulatorias del ingreso mínimo.

Posturas como ésta se basan en supuestos cuestionables, al considerar que los mercados —o por lo menos el nuestro— se definen por el acceso pleno a la información, la libre movilidad, productividades homogéneas y por un equilibrio natural entre capital y trabajo. Situación que no se da en nuestro país. Por el contrario: lo que prima es una desigual capacidad de negociación entre empresarios y trabajadores (al contar con sindicatos debilitados y reprimidos), mercados segmentados geográfica y productivamente, y una serie de imperfecciones del mercado que justifican una intervención clara del Estado. Sin la presencia del salario mínimo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentaría (Gamero).

Algo de esto se refleja en la evolución de la capacidad de consumo y en el desigual reparto de la “torta”. Mientras que el PBI ha crecido en 6,5% en promedio anual durante los últimos ocho años, el salario real (poder de compra de las personas) no ha seguido igual tendencia; apenas lo ha hecho en un 2% (Seminario). Esto determina que los ingresos de los trabajadores —como proporción del PBI— hayan descendido casi 10% en el lapso de dos décadas, mientras las ganancias empresariales han aumentado en 12% en el mismo periodo (véase el gráfico 2).

Conclusión
Con todo, existe cierto consenso entre las opiniones vertidas (por lo menos en las más razonables) sobre los medios para mejorar los ingresos en el país. Por un lado, se debe fomentar la productividad laboral y empresarial, especialmente en las MYPE; al tiempo que se fortalece la fiscalización laboral y se brindan incentivos para la formalización. Este esfuerzo debe ser multisectorial (involucrando a las carteras de Educación, Producción, Agricultura y Comercio), pero liderado por el sector Trabajo. Objetivo difícil de alcanzar con la actual asignación presupuestal con que cuenta la cartera de Ana Jara (menos del 2% del presupuesto público) y el enfoque predominante (flexibilizador y retentivo) de las últimas gestiones. Algo que se viene repitiendo (y reclamando) hace un buen tiempo.