Los resultados de la primera vuelta dejan a los trabajadores organizados sin candidato presidencial. Tanto la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apoyaron públicamente al Frente Amplio (FA) de Veronika Mendoza, al considerar que su postulación expresaba política y programáticamente las banderas de los sectores laborales. La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), de filiación aprista, apoyó como es natural al ex presidente Alan García, que postulaba por la Alianza Popular (AP) y terminó en el quinto lugar de las preferencias ciudadanas¹.

Ahora que ambos candidatos quedaron fuera de la contienda, el movimiento sindical tendrá que reevaluar su posición respecto a las opciones que disputarán el ballotage en junio próximo: por un lado KeikoFujimori, candidata por Fuerza Popular (FP), vencedora de los comicios del 10 de abril, y por otro, Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PKK).

Se trata sin duda de una encrucijada para los trabajadores sindicalizados. Vinculados con posturas de izquierda o progresistas, las principales centrales sindicales (la CGTP y la CUT) se consideran antagónicas a las dos candidaturas de derecha (la primera, conservadora y autoritaria; la segunda, tecnocrática y liberal), en las que identifican, además, un elemento en común: la defensa del modelo económico neoliberal. Por si fuera poco, ambos partidos están fuertemente asociados a las políticas de flexibilización y desregulación laboral implementadas en nuestro país desde los años noventa, políticas que fueron fuertemente criticadas desde el mundo sindical e incluso académico. En el caso de la candidata de FP el lastre es mayor. No solo porque durante el gobierno de su padre se aprobó el actual modelo de relaciones laborales, considerado como antilaboral y antisindical por diversos especialistas. Lo es sobre todo, porque durante el fujimorato el movimiento obrero fue duramente reprimido, con miles de despidos a cuestas y dirigentes sindicales víctimas de la violencia política.

En este escenario, la disyuntiva adquiere ribetes kafkianos. Al momento de escribir estas líneas las centrales sindicales no han planteado aún su posición para la segunda vuelta, pero es de esperar una oposición frontal a un eventual gobierno fujimorista. Algunos sectores que votaron y apoyaron al FA en primera vuelta, vienen barajando la posibilidad de apoyar la candidatura de PKK, con el objetivo principal de evitar la victoria de Fujimori. Como condición se exigiría una “hoja de ruta social” que garantice ciertas políticas vinculadas a los derechos humanos y la renegociación de los contratos de exportación del gas, así como la no excarcelación de Alberto Fujimori². Sin embargo, los riesgos de esta apuesta no son pocos. Entre los posibles o previsibles, el más “barato” sería el incumplimiento de eventuales compromisos asumidos en el marco de la estrategia de apoyos “antifujimoristas”, al mejor estilo de Ollanta Humala; negociación que podría considerar, en un escenario de “vuelta a la derecha”, la no profundización de la legislación laboral. Pero es poco probable que los grupos de poder económico –como la CONFIEP, ADEX y otros gremios empresariales–, no presionen a las autoridades electas para que aprueben reformas que vienen exigiendo hace años, y que en su momento fueron rechazadas por la ciudadanía movilizada (como sucedió con las protestas contra la Ley Pulpin en diciembre de 2014 y enero del 2015).

Pero, qué ofrecen en materia laboral, Keiko Fujimori y PPK
Es conocido que los planes de gobierno, independientemente de su grosor y consistencia, terminan convirtiéndose en meros formalismos o requisitos legales que pocos realmente revisan. La mayoría de las veces, estos programas no son siquiera implementados por quienes acceden a cargos públicos. Suelen caer en saco roto, ganados por las dinámicas propias y complejas del quehacer político. Y cuando no devienen en un saludo a la bandera, toman la forma de un mantra que es utilizado para estigmatizar, desinformar e inocular desconfianza en la población (como sucedió con el Programa de la Gran Transformación nacionalista). Pese a esto, consideramos que los planes de gobierno deben ser revisados y analizados exhaustivamente, pues de alguna forma expresan la visión que tienen el candidato y su “equipo técnico” sobre el país y los problemas que lo aquejan. En este acápite proponemos una lectura (crítica y comparada) de las secciones dedicadas al trabajo en los planes de gobierno de FP y PPK.

Ambos partidos coinciden en identificar la informalidad laboral como el principal problema en el ámbito del trabajo. Sin embargo, acertando en el diagnóstico final, las propuestas que plantean parten de un error de enfoque que las lleva a confundir la informalidad laboral, vinculada al empleo asalariado, con la situación de desprotección social en que se encuentra un sector importante de la población, independientemente del tipo de ocupación o vinculo laboral que tenga el trabajador. Así, tanto FP como PKK ofrecen combatir la “informalidad” laboral en que se encontraría en un 70% de la PEA que labora al margen de los sistemas de desprotección social y la legalidad laboral (de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 5.4 millones de personas carece de seguro de salud y 12.5 millones no está afiliado al sistema de pensiones), independientemente de su condición asalariada o no. En estricto sensu, la informalidad laboral abarcaría tan solo al 55% de la PEA ocupada, correspondiente a los trabajadores asalariados que laboran sin contratos de trabajo. La diferencia con el primer porcentaje estaría compuesto por la masa de trabajadores “independientes” o “autónomos” que laboran al margen de una relación laboral asalariada, principalmente en el sector privado. Esta sola precisión debería llevar a tener estrategias diferenciadas para atender el problema de la desprotección social en cada uno de los segmentos poblaciones que se ven afectados por ésta. Sin embargo, tal diferenciación no se encuentra en los planes de gobierno analizados.

Para enfrentar el problema de la informalidad laboral, tanto FP como PPK ofrecen una serie de medidas que divergen en los énfasis puestos a la promoción de la oferta y la regulación laboral.

En el caso del fujimorismo, sus principales propuestas –desde un punto de vista “estructural”, como ellos mismos las califican–, radican en brindarles facilidades tributarias a las micro y pequeñas empresas (“se ampliarán los beneficios tributarios para promover la formalización laboral”), y en la mejora de las capacidades de fiscalización del Estado (“culminaremos el proceso de implementación de la SUNAFIL”).
En su programa de gobierno, Fuerza Popular plantea que implementará una serie de incentivos para que las empresas –en una lógica que desde nuestro punto de vista es de sentido inverso (“La formalidad laboral incentiva la productividad de las empresas”)–, dispongan de un “certificado de buenas prácticas laborales dirigido a fomentar un mejor clima laboral premiando a las empresas con incentivos tributarios, con mejor puntaje para contratar con el Estado, la no inclusión en fiscalizaciones laborales de oficio, entre otras alternativas”. Se trata de una iniciativa que tiene ya varios periodos queriéndose implementar (desde la presidencia de Alejandro Toledo), sin que haya existido voluntad política en los últimos gobiernos ni capacidades para hacerlo.

Desde el punto de vista normativo o regulatorio, el fujimorismo propone un conjunto de medidas sugerentes, que fácilmente podrían suscribirlas agrupaciones de izquierda o socialdemócratas (algunas compartidas por quienes serán sus principales opositores en el próximo gobierno, como el FA). En cierta forma, las medidas planteadas significarían una evolución significativa respecto de lo que ha sido el pensamiento e identidad originaria del fujimorismo laboral, vinculado a las reformas flexibilizadoras de los años 1990, lo cual sin duda llama la atención. En ese sentido, es importante destacarlas y ponerlas a contraluz de lo que ha venido siendo el comportamiento del fujimorismo en el Congreso (y fuera de él) en los últimos años³.

Así, llegamos al punto en el que el fujimorismo plantea que la remuneración mínima vital “debe ser regulada por el Estado con la participación de representantes de empleadores y trabajadores”, en el marco del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Pero en la medida –como dice el Programa de FP– que “su capacidad de consenso es nula”, “solicitaremos la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer la institucionalidad del CNT, fortaleciendo las relaciones de confianza a su interior”.

Con esa misma lógica proponen aprobar la Ley General del Trabajo (LGT), para lo cual impulsaran “la expedición (sic) de la nueva LGT, desde los consensos aprobados, promoveremos el consenso en los temas que hoy polarizan (sic)”. Hay que ver como se materializa esto, considerando que la votación de la primera vuelta le dio al fujimorismo una bancada mayoritaria compuesta por 71 congresistas, los que les da un margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio para aprobar iniciativas sin consenso ni negociación.

En el caso de PPK, el objetivo propuesto en materia laboral es también combatir la informalidad, para lo cual proponen una serie de medidas regulatorias orientadas a mejorar la productividad de las empresas (como condición para la generación de empleo formal) y a reducir algunas brechas sociales. Su meta será –al cabo del periodo de gobierno– lograr un 90% de formalidad en términos de la generación del PBI, y 50% en lo que se refiere a formalidad laboral.

En términos laborales, el programa de PPK no hace mayor referencia a reformas normativas ni institucionales. No existe en el documento un capítulo específico referido al tema de empleo. La única referencia explícita se encuentra dentro del eje “Reactivación Económica” y está referida al objetivo de “lograr una seguridad social de calidad”.

Para cumplir con esta meta se propone: a) implementar un seguro de desempleo para la población que recién entre a la fuerza de trabajo³; b) una reforma previsional que garantice una pensión mínima a los trabajadores del sistema de pensiones privado, al igual que tienen los trabajadores del sistema público; c) la creación de un fondo de vivienda privado voluntario, separado de las pensiones, y manejado por las Asociaciones de Fondos Privados (AFP); y d) universalizar el seguro de salud, fusionando los sistemas de información de Essalud y el Sistema Integrado de Salud (SIS). Aspectos sin duda claves, considerando que la escasa cobertura de ambos sistemas afecta principalmente a los trabajadores informales del sector privado y se convierten en la brecha más persistente para alcanzar niveles de trabajo decente⁵.

Sin embargo, líneas abajo, como una letanía que se cuela indiscretamente, se dice: “Simultáneamente, y aunque operaría de forma más rezagada, nos proponemos reducir el sobrecosto de los beneficios laborales con respecto al salario en 10 puntos porcentuales durante todo el período de gobierno. Algunos de estos costos los asume el empleador y son excesivos en el caso peruano, desestimulando la creación de empleos formales”.

En la misma línea se propone crear una nueva Ley de incentivo para la pequeña y mediana empresa, “con un tratamiento tributario especial y un régimen que permitirá formalizar la economía”⁶. O en la implementación de un programa juvenil Jóvenes Productivos para incrementar la formación y el emprendimiento juvenil en espacios urbano y rural, el cual estaría dirigido a jóvenes entre 15 a 29 años que provienen de familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza en zonas urbana y rural, que terminan la secundaria y no cuentan con una educación superior. El objetivo del programa sería fortalecer sus competencias técnico-productivas para la realización de proyectos innovadores en sectores estratégicos en cada región donde operará el programa.

En suma: los “capítulos laborales” propuestos por los candidatos que disputarán la presidencia no profundizan en las medidas que tomarán para mejorar la calidad del empleo en el Perú. Apenas unas referencias puntuales a metas ambiciosas (“crearé tres millones de empleos”, ofrece Kuczynski) o medidas de política que destacan por su permanente postergación por los últimos gobiernos (como la LGT), que se quedan enfocadas en la problemática de los sectores asalariados privados y públicos, pero no dice mucho al vasto y heterogéneo mercado laboral de trabajadores autónomos e informales, que es donde radican los mayores niveles de precariedad y exclusión social.

Coda: Por qué los trabajadores votan por opciones antilaborales
Es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Por qué existiendo una narrativa acerca de las políticas antilaborales aplicadas por el primer fujimorismo, asociadas con los despidos masivos y la precarización del empleo, refrendado en múltiples documentos y testimonios, hoy día su heredera, candidata y representante principal cuenta con un apoyo importante en la población, incluidos muchos trabajadores y trabajadoras afectados por lo que denominó el “fujimorismo laboral”? ¿Qué elementos han llevado a que sectores medios y populares de Lima, de la costa norte, y de parte de la sierra y selva, la vean como una opción viable, a pesar de los pasivos éticos y políticos que arrastra de su paso por el gobierno de su padre?

Una posible explicación está relacionada con los cambios estructurales operados en el Perú en las últimas tres décadas. Cambios estructurales que afectaron los canales tradicionales de representación política y que hicieron posible que un candidato sin experiencia ni partido –como el entonces desconocido ingeniero Alberto Fujimori–, llegará a la presidencia hasta en dos oportunidades, en uno de los periodos más aciagos y críticos de nuestra historia republicana. El Perú de finales de los ochenta e inicios de los noventa era un país predominante informal, con una economía recesada, fuertemente endeudada, con una hiperinflación histórica, asediado por la violencia terrorista. Fue en este contexto que se aplicaron las reformas laborales neoliberales, al decir de algunos analistas, entre las más radicales en la región. Como consecuencia de las reformas flexibilizadoras se dio un intenso proceso de des-laboralización de la fuerza de trabajo, afectando principalmente al movimiento sindical, que vio descender su volumen y capacidad de incidencia política.

Sin embargo, a partir del proceso de transición democrática iniciado el 2000, que coincidió con un periodo de expansión económica, el movimiento sindical peruano experimentó algunos avances en términos de afiliación y dialogo social; aunque no con la fuerza suficiente para recuperar las tasas de sindicalización y negociación colectiva registradas en el periodo pre ajuste estructural y reformas laborales⁷.

Actualmente los sectores organizados no superan el 6% de la PEA asalariada privada. A inicios de los noventa representaban el 21%. En este contexto, al reducirse la densidad sindical, los partidos políticos vieron adelgazar su base social al disminuir también el porcentaje de trabajadores asalariados en condiciones de sindicalizarse. Con ello se cortaron las correas de trasmisión (de ideas, de línea y formación política) que unían a la dirigencia y la militancia, al partido y la ciudadanía.

De esta forma, lo que antes se solía denominar “clase trabajadora”, ahora está conformada por una amplia y heterogénea masa laboral compuesta por hombres y mujeres de diversas regiones, empleados en sectores productivos modernos y tradicionales, formales e informales, legales e ilegales, mesocráticos y populares, autónomos y asalariados, públicos y privados, profesionales y no calificados, organizados o no, en un escenario global que alberga condiciones laborales estructuralmente desiguales. Una diversidad laboral que lejos está de ser comprendida con el rotulo de “trabajadores”, a secas, y menos bajo el esquema clásico de la relación asalariada, del binomio capital-trabajo. Representar políticamente a estos sectores es un reto harto complejo para las instituciones políticas y sindicales vigentes. La diversidad productiva, al tiempo que resulta una potencialidad, hace más difícil la tarea de representación, especialmente para sectores sindicales con débil capacidad de arraigo en la actualidad.

A esto hay que sumarle que los trabajadores peruanos no han formado (ni han visto surgir) un partido que represente sus intereses –digamos que– “corporativos”. En el Perú no existe un Partido de los Trabajadores (PT) como el que fundara y liderara el ex presidente Lula Da Silva, cuya militancia y bases sociales están fuerte imbricadas con la Central Única dos Trabalhadores (CUT) de Brasil. Tampoco el Frente Amplio peruano se parece al uruguayo, donde la PIT-CNT⁸ cuenta con una representación importante de parlamentarios por el bloque oficialista. En nuestro país el movimiento sindical ha terminado apoyando, en las elecciones generales que sucedieron al proceso de transición, a las candidaturas que representaban el polo de cambio frente a alternativas ideológicamente distantes o fracasadas. Así, la CGTP y la CUT apoyaron en las elecciones del 2011 a Alejandro Toledo, de Perú Posible (PP), y en el 2006 la CGTP hizo lo mismo con Patria Roja (PR). En el 2011 la apuesta fue por la alianza Gana Perú que lidera el entonces candidato Ollanta Humala. El apoyo brindado al FA se explica por la cercanía política e ideológica de sus dirigentes con la dirigencia sindical, pero sobre todo al erigirse Veronika Mendoza como la opción de izquierda frente a la arremetida neoliberal y conservadora representada por FP, PPK y el aprismo.

¿Qué debería hacer el movimiento sindical en el actual escenario? Este es un asunto que las bases y dirigencias dilucidarán en los próximos días y semanas. En otro espacio hemos abordado las posibilidades reales de los sindicatos de influir en el proceso electoral. En esta columna punteamos algunos elementos que deberían ser objeto de debate en esta segunda vuelta y que las organizaciones sindicales podrían recoger y plantear a los candidatos.

• ¿Cuál será la posición del próximo gobierno respecto de la Autoridad de Trabajo? ¿Incrementará el presupuesto destinado al sector? ¿Qué cambios piensan hacer en el sector? ¿De qué forma piensan promover a la SUNAFIL? ¿Cómo encarar el proceso de descentralización y el fortalecimiento de las capacidades de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE), en muchos casos con serias limitaciones para ejercer el rol tutelar del Estado?
• ¿Qué reformas laborales implementaran durante el próximo gobierno, considerando que existe una política de Estado que establece la adopción de una LGT y que aún no ha sido aprobada? ¿Se aceptará la posición de las centrales sindicales, expresada en los acuerdos alcanzados en el marco del CNTPE? 
• ¿Qué decisión tomarán respecto de las recomendaciones planteadas al Estado peruano por la Oficina de Asuntos Comerciales e Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, luego de comprobar –in situ– que el Perú incumple los compromisos asumidos en el marco del capítulo N° 17 del Tratado de Libre Comercio entre ambos países? De acuerdo al informe publicado y difundido en marzo último, el plazo para realizar las modificaciones normativas (entre otras, poner coto al uso de contratos temporales en el sector de las exportaciones no tradicionales), corre hasta noviembre de este año. Luego de lo cual, de no ser subsanadas o implementadas, quedarían en suspenso las ventajas arancelarias para nuestras exportaciones⁹.