La lucha contra el proyecto cuprífero Tía María de la empresa Southern Peru ocurrida en estas últimas semanas en Arequipa, recuerda las protestas de junio de 2002 por la privatización de la empresa de electricidad EGASA que se libraron en esa misma ciudad durante el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo, el mismo que ahora ofrece sus servicios al gobierno del presidente Ollanta Humala para resolver el conflicto anti minero. No es mi intención explicar en este artículo la protesta actual, tarea llevada a cabo por diversos columnistas y estudiosos en los últimos días; antes en cambio reflexionar sobre el contenido anticentralista (más que antiminero) que ella tiene, como la tuvo también el “cajamarcazo” del 2011, el “baguazo” del 2009, el “andahuaylazo” del 2005, el “arequipazo” del 2002 y movimientos similares anteriores que ya se pierden en la memoria de los vivos.

Propongo que parte de esta tensión entre los proyectos mineros que desde Lima miramos con simpatía como procesos de inversión y producción que nos traen divisas y desarrollo, pero que en las zonas de operación resultan enfocados como acciones agresivas contra el medio ambiente, que ponen en peligro las condiciones de la producción agropecuaria tradicional, tiene que ver con la forma de gobierno que los caracteriza. Aquí se confunden el régimen centralista, que reserva para el centro o capital de la república las grandes decisiones en materia de inversión y la parte gruesa de la tributación, con el régimen regalista, que reserva para el rey (en este caso el Estado) las riquezas del subsuelo y las aspiraciones de autonomía de los pueblos que en el Perú genéricamente llamamos “el interior”.

Una larga tradición, que se remonta hasta los años del virrey Toledo, refuerza esta forma de administración de los recursos naturales, en la que el tesoro central controla las ganancias que deja su explotación, visto que ellas constituyen con mucho la parte más gorda de las ganancias de la economía y que, al destinarse fundamentalmente a la exportación, son más fácilmente apropiables. Cuando en el siglo diecinueve resultó que la riqueza decisiva no estaba dentro de la tierra, sino encima de ella, como en el caso del guano, las leyes se adecuaron para declarar dichos yacimientos como propiedad del Estado, creándose el estanco del guano. La única época en que el gobierno central se avino a vivir de recursos distintos a las rentas de la naturaleza fue durante los años de 1881 a 1915, la época de la posguerra con Chile. La experiencia amarga de la derrota hizo creer por unos años que el Estado debía vivir de otras fuentes, como de los gravámenes al comercio o al consumo interno, dejando a los empresarios privados toda la riqueza de la naturaleza, a condición de que levantasen la economía de la postración en la que la habían dejado la derrota en la guerra y la pérdida del huano y el salitre.

En 1915, cuando las exportaciones al alza por el estallido de la Gran Guerra europea volvieron más hiriente el contraste entre la prosperidad de los empresarios y la estrechez de la hacienda pública, el gobierno central reclamó su parte histórica, introduciéndose los derechos o impuestos a la exportación, que perdurarían hasta los años del gobierno militar, cuando se refundieron en el impuesto a la renta de las empresas de exportación. ¿Por qué en 1915 no se impuso un impuesto a la renta, en vez de gravar directamente la exportación? Aquí viene el detalle. Por aquellos años corría un régimen de descentralización fiscal, que establecía que los impuestos directos, como el impuesto a la renta o cualquier otro gravamen en que el contribuyente quedase claramente identificado, pertenecían a los gobiernos departamentales, mientras que al gobierno central correspondían los tributos indirectos, como los que afectaban al comercio o el consumo. Abolido el régimen de descentralización fiscal en 1920, se pudo introducir un impuesto a la renta, en vista de que esta vez sí iría a los bolsillos del gobierno establecido en la capital de la república.

Tengo la impresión de que volver a un régimen de descentralización fiscal haría bien a la república próxima a apagar doscientas velitas. Los gobiernos departamentales (o regionales, como se les llama hoy) cobrarían el impuesto a la renta y decidirían sobre los recursos del subsuelo (adiós regalismo); el Estado central cobraría el impuesto general a la venta y el selectivo al consumo. ¿Los gobiernos regionales quieren más rentas? Tendrán que alentar la inversión. ¿La población local prefiere la agricultura a la minería? Tendrán que aplicar un sistema tributario en que la agricultura rinda las entradas al fisco que la minería dejará de rendir. La corresponsabilidad entre población y gobierno será más directa y más cercana; el presidente de la república no podrá decir “a estos gobiernos les cierro el caño” ni el MEF podrá amenazar a los municipios que se suman a las protestas con congelar sus cuentas. ¿No es eso descentralizar el poder y la economía? ¿No era ésa la idea de la república que abrazamos tras la expulsión de los españoles?

Temo que soltar estas ideas en Lima resulte temerario; después de todo aquí disfrutamos de la parte grata de la inversión minera; aquí se cobran los impuestos, se gastan las ganancias y se disfruta del consumo que ellas permiten. Es lógico y natural que no queramos cambiar de régimen y que defendamos un sistema en que las decisiones de la gran minería y los impuestos que ella o las demás industrias extractivas dejan, permanezcan vinculadas a la capital; pero, si es así, deberemos acostumbrarnos a que en el futuro los “arequipazos” y demás “azos” serán el pan cotidiano de nuestra vida política.