El actual contexto de inseguridad ciudadana y la importancia del tema para la población peruana, ha generado un sinnúmero de propuestas que buscan hacerle frente a nuestro fenómeno delictivo. Como la evidencia lo constata, la mayoría de éstas han sido ineficientes y, en algunos casos, tratan aspectos riesgosos que podrían impactar de manera negativa en los niveles de violencia de la sociedad. Este es el caso de los debates relacionados con el uso civil de armas de fuego, pues las discusiones en esta materia han sido dirigidas de manera incorrecta.

Como sabemos, las armas de fuego tienen un papel protagónico en el conjunto de homicidios a nivel mundial. Son las que más se usan por su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta del 41% de homicidios. Esta característica homicida es particularmente dominante en América Latina, donde dos terceras partes se cometen con éstas, las cifras más altas a nivel global . En el Perú, el incremento del uso de armas de fuego en delitos como el sicariato, las extorsiones y robos, sitúan en el debate público la necesidad de hacerle frente a estos niveles de violencia. Como es de esperarse, un tema tan delicado como este genera posturas extremas que, comúnmente, no son las más acertadas para combatir de manera estratégica las raíces del problema que se busca resolver. El debate y las propuestas han girado en torno a la promoción o restricción del uso de armas de fuego. Ninguno de esos caminos debe ser la plataforma que oriente una política pública en esta materia.

La legislación peruana actual ha generado un conjunto de modificaciones sobre el uso civil de armas de fuego, a través de la ley N° 29954, en donde se desarrolla una serie de restricciones sobre las características y licencias de armas de fuego. Por las deficiencias de ésta, han surgido dos propuestas de tono distante, que se encuentran en vigente evaluación: el anteproyecto de ley de Armas, Municiones, Explosivos, Productos pirotécnicos y Materiales Relacionados de uso civil (Resolución Ministerial Nº 0282-2014-IN) elaborado por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), que busca ordenar la normatividad dispersa sobre el uso de armas, pero manteniendo restricciones que desfavorecen a la formalización de los usuarios legales de armas; y el proyecto de ley Nº 3280/2013-CR que propone una nueva ley de Armas de fuego, Municiones, Explosivos y Pirotécnicos de uso civil elaborada por el congresista Eguren, que surge como una respuesta populista, que libera los conductos referidos al uso de armas, incorporando algunas respuestas que resultan peligrosas.

Es comprensible que ante cifras tan graves como las expuestas por la antigua DISCAMEC (ahora SUCAMEC) -se menciona que contamos con alrededor de 180000 armas con licencias vencidas, es decir ilegales (sin tomar en cuenta al conjunto de armas ingresadas por mercados clandestinos, que nunca pasaron por este ente regulador)- la población se sienta expuesta frente a la violencia con armas. Es cierto, existen delincuentes que amenazan nuestra seguridad con armas de fuego. Pero, ante ello, ¿de qué manera que los civiles se armen conseguirá reducir los índices delincuenciales?

El uso civil de armas de fuego no se aproxima a ser la solución para enfrentar los graves riesgos de inseguridad de nuestro país. Aun cuando, en el común de los casos, las instituciones estatales encargadas de prevenir y perseguir el delito se encuentran cumpliendo sus funciones de manera deficiente. Los altos índices de violencia armada que sufre la región, así como diversas investigaciones sobre el uso de armas para defensa personal , han demostrado que armar a civiles no impacta favorablemente en la reducción del crimen y los niveles violencia.

De otro lado, normas restrictivas que dificulten el acceso civil a armas de fuego tampoco tienen un impacto en la reducción de la inseguridad ciudadana. No existe evidencia que demuestre que dificultar los procesos para la adquisición de armas y la imposición de leyes restrictivas contra la posesión disminuya los niveles de violencia en una sociedad. Por el contrario, en América Latina, los países con leyes severas frente a la posesión de armas cuentan con altos índices de homicidio.

El debate debería estar centrado en las funciones del ente encargado de controlar, administrar, supervisar, fiscalizar, normar y sancionar lo relacionado con el uso civil de armas de fuego, la SUCAMEC, el cual presenta una serie de dificultades como la ineficacia de sus operadores, instrumentos de evaluación poco exhaustivos y alta exposición a la corrupción. Lo que se necesita de la SUCAMEC es que sea capaz de garantizarles a los ciudadanos, que los requisitos para la expedición de licencias para el uso civil de armas de fuego cumplan su función adecuadamente, pero sin caer en trámites engorrosos, que pongan trabas a la formalización del uso de armas. Se debe organizar una estrategia integral que consiga fortalecer los procesos para hacer que los usuarios de armas cumplan con verdaderos requisitos de seguridad.

La SUCAMEC debe asumir como prioritario ser más exhaustivo en la evaluación de los usuarios de armas de fuego, en lo referido a lo técnico (uso, conocimiento, desarme y seguridad) y a pruebas psicológicas, que se encuentren menos expuestas a manipulación de la información y que se acerquen de manera más concreta a rasgos de la personalidad. Se deben desarrollar estrategias de entrevista y exposición del usuario a escenarios reales, en donde se garantice que el portador de armas de fuego cumplirá con todas las medidas de seguridad para el cuidado y uso del arma. Pero se debe evitar a toda costa caer en la burocratización, que perjudique a los usuarios legales que buscan mantenerse en la legalidad.

En resumen, es imposible negar que existan situaciones que justifican, frente a un riesgo tangible, la adquisición de algo tan extremo como un arma de fuego. La discusión no se centra en promover el uso ni en dificultar los procesos para los permisos de posesión de armas. Lo verdaderamente importante es que las personas que requieran tener un arma puedan acreditar que están en capacidad de utilizarla responsable y adecuadamente. El escenario ideal es, sin duda, contar con una sociedad con pocas armas de fuego y que las armas autorizadas se encuentren en manos capaces de hacer un buen uso de ellas.