El 22 de octubre comenzará el primer Censo Nacional de Población y Vivienda que incluye la autoidentificación “étnica” en el país. El Perú es uno de los últimos países que integrará esta temática que comenzó a ser efectiva desde 1990 en Brasil, Chile, Colombia y Panamá, y que se extendió a casi todos los otros países latinoamericanos en 2000. Este retraso se explica por la larga guerra interna que hemos sufrido y que hizo imposible cualquier avance en términos de buen gobierno y de integración nacional.

Después del fin de la guerra, la decisión del Estado peruano de realizar un censo étnico llegó con mucho retraso, recién en 2013, en respuesta a las demandas de las organizaciones “indígenas” de la costa, de la sierra y de la selva. Su aplicación en el Perú es presentada como un medio importante de creación de una política favorable al desarrollo integral de los “pueblos indígenas.” Todo ello parece muy positivo, sin embargo los conceptos evocados no han sido definidos con precisión y son empleados como si el significado de la “etnia/etnicidad” y de los “pueblos indígenas” sean perfectamente claros y transparentes para toda la población. Lo cual es contrario a la realidad. La mayoría de peruanos desconoce el concepto antropológico de “etnia” y para hablar de la diferencia de origen genealógico de las personas utiliza el término “raza”, que no tiene ninguna validez en antropología social. En este texto trataré de presentar el contexto constitucional, conceptual y concreto de los términos asociados a la etnicidad, y presentaré algunas reflexiones finales que evalúan las implicaciones positivas y negativas del Censo de 2017.

La “raza” y la “identidad étnica” en la Constitución del Perú

La Constitución del Perú (1993) ha retomado el uso ordinario y banalizado de la “raza”, de la “identidad étnica y cultural”, de las “lenguas aborígenes” sin aportar ninguna definición precisa. Veamos los artículos donde figuran esos términos:

“Artículo 2— Toda persona tiene derecho:

2- A la igualdad ante la ley. Nadie de debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

19- A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.”

Sobre los idiomas, la Constitución considera lo siguiente:

“Artículo 48- Son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

El reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural, y al uso de idiomas diferentes de la lengua oficial que es el castellano, implican un acomodamiento propio a los países como el nuestro de los valores fundadores del Estado-nación moderno en el periodo europeo de la “Ilustración” (siglos XVIII-XIX). En efecto, el Estado-nación que se construye en Europa se funda sobre la idea central de la primacía acordada al bien de los individuos de un país, los ciudadanos, por encima de los particularismos comunitarios. En otras palabras, la modernidad política se organiza sobre la idea de la unidad de una nación que comparte valores, lenguas y territorios; y que supone, implícitamente, la desaparición progresiva de los grupos culturalmente y lingüísticamente diferentes. Evidentemente, las “minorías nacionales” siguen existiendo en muchos países europeos, pero la idea central de la predominancia de la nación, heredada de la Ilustración, es muy importante; sobre todo en Francia donde la “nación única e indivisible” es un lema permanente desde 1789 y totalmente opuesto a los “particularismos comunitarios” sean de origen étnico o de religión. La defensa de estos particularismos (de raza sobre todo) representan el meollo de la ideología de los grupos de extrema derecha inspirados del nacionalismo ideológico de Johann Gottfried von Herder, gran enemigo de Rousseau, de Voltaire y de Kant. El historiador Zeev Sternhell ha analizado en profundidad esta temática en su libro Les anti-Lumières. Une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide (Paris, 2010) [Los antiIlustración. Una tradición del siglo XVIII a la guerra fría].

En nuestra Constitución, el artículo 1 declara: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” Lo cual confirma la adopción del valor central de la modernidad política heredada de la Ilustración. Los textos que reconocen la “pluralidad étnica” y el uso de diversas lenguas están destinados a integrar a los grupos “diferentes” en el seno de la nación peruana, así como las disposiciones que reconocen la existencia de “comunidades campesinas y nativas” y de un sistema de justicia consuetudinario:

Artículo 89- Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. (…) El Estado reconoce la identidad cultural de las Comunidades campesinas y nativas.

Artículo 149- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La Ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con los demás instancias del Poder Judicial.”

Estas medidas jurídicas destinadas a normar la existencia de pueblos culturalmente diferentes dentro de la nación, no han logrado hacer retroceder ni la discriminación de los “indígenas” en una nación donde los “mestizos” son la mayoría, ni el gran desorden que reina en el campo de la justicia en las Comunidades Campesinas y Nativas, abandonadas a su propia suerte y excluidas del Estado-nación desde siempre. En teoría, el derecho consuetudinario esta destinado a proteger las costumbres en materia de justicia comunitaria de los miembros de comunidades campesinas y nativas; y la mayoría de universitarios que realizan trabajos de campo en esas zonas rurales defienden este artículo de la Constitución. En realidad este artículo es una reliquia del pasado indigenista inaugurado por el presidente Leguía que valdría la pena eliminar pues se opone totalmente al principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Trabajando en la selva central entre 1978 y 1983, y luego desde 2008, puedo afirmar que los nativos Ashaninka y Nomatsiguenga sufren de la inexistencia de una justicia realmente neutra que pueda imponer las leyes de la república, en especial cuando se trata de delitos de violaciones sexuales, de violencias domesticas y de asesinatos por venganza, que se han multiplicado desde el periodo de la guerra interna, que en esta región del país (como en Ayacucho), fue una guerra civil[1]. Muchos dirigentes consideran por ejemplo que las violaciones sexuales, las violencias contra las mujeres y los niños, e incluso algunos asesinatos por venganza son “costumbres ancestrales que hay que respetar”. El tema es muy complejo, y actualmente preparo un libro sobre el periodo de la violencia política entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga, en el cual examinaré el tema de la justicia local. Puedo precisar desde ahora que esas ideas del “respeto de costumbres ancestrales” son contrarias a la ley penal del Perú y que las posiciones neoindigenistas de algunos dirigentes que las defienden son completamente absurdas e ilegales. Orin Starn (1992) describió en modo brillante esta posición condescendiente y paternalista hacia los “indígenas”, que él llamo andinista, estableciendo un paralelo con el orientalismo de Edward Said (la esencialización de los Orientales/Árabes por los Occidentales).

Los conceptos de etnia, de raza y de minorías étnicas

Los conceptos de etnia/etnicidad (de la raíz griega etnos, pueblo) han sido forjados en la antropología teórica para clasificar los pueblos no-occidentales y sin nación que comparten varios factores culturales comunes (lengua, territorio, religión, modo de vida). En el siglo XIX, las teorías de la raza desarrolladas por los antropólogos físicos en Europa habían estado centradas sobre la clasificación de las “razas humanas” (blancos, asiáticos, africanos, amerindios), siguiendo una jerarquía que colocaba los “blancos” europeos en la cúspide. Las teorías racialistas y racistas alimentaron la construcción de ideologías supremacistas, cuyo máximo exponente fue el nazismo de Hitler que colocaba a los “arios alemanes” en la cúspide de la jerarquía de “razas” humanas. Las otras razas inferiores, sobre todo la “raza judía” debía desaparecer de la faz de la tierra, y para ello se organizó la exterminación de los judíos de Europa. Al final de la guerra, el término “raza” fue excluido del lenguaje jurídico internacional, y del campo académico de la antropología social en Inglaterra y en Francia; se considero en efecto que no es solo reductor de la identidad de las personas, sino que además no tiene nada de “objetivo”. El color de las personas, considerado central para la clasificación racial, es un factor entre otros de la identidad personal, que cuenta con indicadores como la educación, el nivel económico, o el status genealógico. Sin embargo, el término continuó a ser empleado en Estados Unidos tanto por las autoridades como por los universitarios de la escuela de la antropología cultural. Esta escuela centra su análisis sobre la “diferencia cultural”, en tanto la antropología social basa sus trabajos en el doble principio de la unidad de la especie humana y de la diferencia cultural.

La teoría antropológica contemporánea se forjó en el periodo de pos-guerra. En Francia, ello fue posible gracias a los trabajos de Claude Levi-Strauss que reorganizó completamente la disciplina a partir del análisis estructuralista de la organización social y del parentesco, como bases de la sociedad humana. De manera paralela, la etnología se concentra sobre una sola sociedad o pueblo étnico. En el Perú, y en el resto de América latina, se practica de manera preferente la etnología de sociedades urbanas, de la sierra o de la selva; y falta mucho por hacer para ampliar el horizonte comparativo tanto a nivel nacional, como a nivel latinoamericano y mas allá, en África, en Europa o en Asia.

Fredrik Barth publicó un libro magistral en 1965, Los grupos étnicos y sus fronteras, donde propuso un nuevo concepto que debería reemplazar definitivamente el término “raza” en nuestros textos académicos; se trata de los “grupos étnicos” definidos por diversos factores de unidad que lejos de ser esencialistas y estáticos -como lo pretenden las teorías de la raza- son dinámicos y cambiantes en el tiempo. Para Barth, los grupos humanos escogen cuales son los factores dominantes de su autoidentificación (la lengua, la religión, el modo de vida), que cambian en el tiempo. De todos modos, las identidades se construyen y se transforman siempre en la relación con los Otros. La dinámica de las identidades étnicas implican pues transformaciones internas asociadas a las atribuciones exteriores. Esto significa también que la idea según la cual las “etnias” son esencias inmutables que repiten valores, mitos o ritos “desde el pasado mas remoto” es totalmente falsa. Todos los grupos étnicos se transforman según sus condiciones de vida y según sus estrategias de reproducción.

En el Perú no se habla de “minorías étnicas”, en uso ordinario después del Congreso de Viena en el marco de los pueblos que vivían en los imperios de Europa central y que aspiraban a su independencia o a una forma de autonomía. En los años 1930, los sociólogos de la Escuela de Chicago definieron las “minorías” como grupos con determinadas características físicas de raza o de cultura que son sometidos a la discriminación en las sociedades donde viven. En esta definición las minorías sufren de su condición, sin reivindicarla necesariamente. En fin, para resistir a la dominación y a la discriminación, las minorías norteamericanas viven en “ghettos” que facilitan su organización colectiva. Mas tarde, luego de las luchas por los derechos cívicos de los afroamericanos de los años 1960, la noción de “minoría” ha servido a promulgar medidas de “discriminación positiva” en Estados Unidos destinadas a frenar la discriminación de los afronorteamericanos, de las mujeres, de los indígenas y de los Latinos. Sin embargo, esas medidas no han hecho desaparecer el racismo, en particular contra los afroamericanos, mas aun, desde la llegada del presidente Trump, se observa un aumento importante de los actos de violencia racista que él mismo ha impulsado con sus discursos populistas destinados a obtener el voto de los “blancos” empobrecidos por la recensión del país.

La discriminación positiva

Uno de los objetivos de los censos étnicos realizados en América Latina (en 1990 y en 2000) ha sido la promoción de los sectores marginalizados de la sociedad (indígenas y de origen africano). Así por ejemplo en Brasil el Censo de la población de 2008, cuyos resultados fueron publicados en 2010, incluía nuevamente la pregunta sobre la autoidentificación étnico-racial dividida en los siguientes grupos de “raza o de color”: blanca, negra [preta], amarilla [asiática], parda [mulata] e indígena. Sobre un total de 190’755,799 Brasileños, 47,51% se reconoce como Blanco, 43,42% como Pardo, 7,52% como “Preto”, 1,10% como Amarillo, y 0,43% como Indígena. En Brasil la “raza” está asociada al origen genealógico de las personas, y la etnia a sus características de lengua y de cultura[2]. En el Censo de 2000, la mayoría de brasileros se declaraba Blanco (53,74%), en cambio la autoidentificación de los Pardos y de los Pretos ha aumentado significativamente; lo cual puede interpretarse como la afirmación de la identidad de los Brasileños de origen africano, y como el resultado del aumento de los matrimonios con personas de ese origen[3].

Inspirados por las políticas de discriminación positiva desarrolladas en Estados Unidos desde los años 1960, Brasil aprobó una ley de discriminación positiva en 2008 (durante el mandato del presidente Lula da Silva) para reservar 20% de las plazas en las universidades estatales para los estudiantes afrodescendientes, y 5% para deficientes o hijos de policías muertos en servicio[4]. En 2014, los diputados aprobaron una ley de discriminación positiva, propuesta por Dilma Roussef en 2013, que debía reservar a los afrobrasileños (50,94% de la población) 20% de los cupos en los concursos de la administración pública. Estas políticas son apoyadas masivamente por las organizaciones de afrodescendientes en Brasil, y son favorecidas por la ONU, y aplicadas en varios países de la región (Colombia y México) y del mundo (India, Sudáfrica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda). Sin embargo los defensores del universalismo republicano se oponen a la discriminación de un sector de la población, aun cuando éste sea marginalizado. En Brasil, muchas personalidades intelectuales y artísticas (como Caetano Veloso) firmaron en 2006 un manifiesto “contra la clasificación racial oficial de los ciudadanos” porque viola el principio de igualdad política y jurídica[5].

Los censos y las políticas oficiales que clasifican a las personas según sus “razas” se oponen en efecto al principio de igualdad ante la ley que rigen todos los Estados-naciones modernos. La igualdad ciudadana se sitúa al extremo opuesto de las jerarquías raciales, y el universalismo republicano se opone al particularismo étnico-racial. Durante mucho tiempo, en América Latina las políticas oficiales han negado la existencia de grupos culturalmente diferentes y han tolerado la discriminación y el racismo heredado de la colonización española y portuguesa. El discurso oficial de elogio del “mestizaje” ha sido y sigue siendo una mascara que encubre el racismo ordinario; pero es también una realidad social: la mayoría de los latinoamericanos somos el producto del gran mestizaje entre los pueblos locales y los grupos migrantes de África, de Asia y de Europa. En un libro sobre la violencia en el Perú[6], he tratado de argumentar la idea que en nuestro país se ha afianzado progresivamente una jerarquía de mestizos que plaza a los Peruanos de origen europeo en la cúspide, pero que se combina con los factores de educación y de riqueza; todos esos elementos cuentan en la clasificación étnica de los Peruanos. El hecho que, según el Informe final de la CVR, 75% de las victimas de la guerra interna tengan una lengua materna quechua y ashaninka explicita el hecho de que la guerra se ha desarrollado en un territorio poblado mayoritariamente por campesinos que se encontraron en campos enemigos. Los discursos racistas contra ellos han venido tanto de parte de los mandos de Sendero Luminoso (que negaron siempre la etnicidad de las “mesnadas”), como de parte de los militares y de los policías; todos ellos auto-identificados como “mestizos” o “blancos”. Por lo tanto, al hablar de “mestizaje” no se evacua el tema del origen genealógico, percibido como “racial”, aun cuando desde el punto de vista antropológico las razas no existen: la unidad de la especie humana es una evidencia biológica y social.

Los “indígenas” en los censos anteriores

¿Quiénes son indígenas en el Perú? La clasificación de poblaciones “indígenas” ha sido siempre ligada al uso de la lengua materna como índice de “etnicidad” diferente. Como lo señalaba Daniel Sánchez en 2015[7] (Defensoría del Pueblo), en el último censo de 2007, se estimó que 4 millones de Peruanos tenían un “origen indígena” dado que declararon hablar una lengua nativa (quechua sobre todo). Los nativos de la Amazonía eran un total de 332,975 personas. Entre ellos, los pueblos de habla arahuac-Ashaninka son los más numerosos: Ashaninka (88,703), los Asheninka del Pajonal (8,774), los Nomatsiguenga (8,016), los Madija (417) y los Kakinte (439); que sumaban un total de 106,349 personas. Es decir un tercio del total de nativos de la Amazonía peruana[8].

De otro lado, según D. Sánchez (2015), los hablantes de quechua han disminuido considerablemente pasando de 32% en 1961 a 13% en 2007. El aymara a disminuido también, pasando de 3,5% a 1,7%. Los resultados del censo que incluya una pregunta sobre la etnicidad “permitirá desarrollar análisis sociodemográficos para una distribución mas equitativa de los recursos del Estado que puedan ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades para el futuro.” La propuesta es así presentada bajo su mejor ángulo.

D. Sánchez nota también que el enunciado mismo de la pregunta sobre la pertenencia étnica es muy complejo dado que el término “indígena” (usado por la OIT y por la ONU) tiene una connotación peyorativa evidente en el Perú. Así por ejemplo, en el Censo agrario de 2012 se preguntó sobre la pertenencia de la comunidad campesina a “un pueblo indígena”, y solo 4 de las 5,000 comunidades censadas respondieron afirmativamente. Los otros criterios de identidad indígena fueron: uso de la lengua originaria (73%), propiedad comunal de las tierras (70%), trabajo comunal (88%), uso de curanderos (37%). De hecho, se reconoce que el término “indígena” es usado como sinónimo de términos abiertamente racistas: “indio”, “cholo”, de uso banal en el país para insultar y para denigrar.

En junio de 2013, nos informa D. Sanchez, se formó un Comité técnico interinstitucional de estadísticas étnicas; formado por el INEI y el Ministerio de la Cultura, por organizaciones indígenas (CONAP, ONAMIAP), organizaciones afroperuanas (CEDEMUNEP, CEDET), organizaciones internacionales (Fondo de población de naciones unidas, UNICEF), universidades (PUCP, Universidad del Pacífico), y en fin organizaciones de la sociedad civil (GRADE, CHIRAPAG). Esta instancia debía proponer un enunciado objetivo de la etnicidad de la población. A pesar de que se anunció una gran campaña de sensibilización, ésta ha comenzado realmente solo a inicios de este año. Finalmente, la pregunta de autoidentificación a los ciudadanos mayores de 12 años es la siguiente:

“Por sus costumbres y sus antepasados ¿Usted se siente o se considera (Elija solo una alternativa):

1— Quechua, 2— Aymara, 3— Nativo o indígena de la Amazonía (especifique), 4—Perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario?, 5— Negro, zambo, mulato, moreno, afroperuano o afrodescendiente, 6— Blanco, 7—Mestizo, 8— Otro (especifique), 9— No sabe, no responde”

Como vemos, los nativos de la sierra reciben sus nombres tradicionales y no son englobados bajo el apelativo “indígena”; los grupos étnicos de la Amazonía siguen siendo clasificados como “nativos” o “indígenas”, y la pregunta 4 concierne “otros” pueblos indígenas u originarios que, podemos suponer, viven en la costa del país.

Reflexiones finales

• Contrariamente al Censo de 1940 que recogía la clasificación de “raza”, determinada por el empadronador, el Censo de 2017 recogerá la autoidentificación étnica, que muy probablemente, será comprendida simplemente como “racial” por la mayoría de la población.

• El lado positivo de este censo es la obtención de cifras sobre los orígenes de los Peruanos, lo cual permitirá, en el mejor de los casos, la realización de programas de desarrollo integral destinados a incluir las poblaciones marginalizadas, con poca educación y empobrecidas dentro de la nación y dentro del sistema económico y político del país. Las demandas históricas por las tierras y los territorios de las comunidades campesinas y nativas podrían también ser concretizadas: excluyendo las expropiaciones, la invasión de las petroleras en la Amazonía peruana, y regulando la explotación masiva de empresas extractoras de oro y de otros metales en la sierra.

• Si los resultados de este primer censo “étnico” serán importantes, se necesitarán otros censos étnicos para observar la dinámica de la población peruana en relación a sus orígenes.

• No podemos dejar de notar sin embargo que el peligro a mediano plazo sea la racialización de las relaciones sociales, con todo lo que ello implica en términos de conflicto y de violencia.

• La distinción de los Peruanos en grupos étnicos se opone, en principio, a la construcción de la ciudadanía, la cual se funda sobre la igualdad de todos ante la ley. Sobre esto no se ha dicho nada oficialmente. El censo es presentado simplemente como una medida estatal que llega tarde al Perú en el contexto de América Latina, y no se evoca siquiera la contradicción de la Constitución en este tema.

 • La gran tarea, o el gran desafío, será pues la construcción de una nación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes a partir del reconocimiento de la igualdad de todos, de los grupos étnicos posmodernos, y de los otros ciudadanos del Perú.