Cuando violar a una mujer era pan de cada día

Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele
Gerardo Saravia Editor de la Revista Ideele
Ideele Revista Nº 276

Foto: Kausa Justa.

Es irónico que en este momento en que el país ha puesto el ojo en la violencia contra la mujer, el feminicidio y el acoso sexual, considerados como las peores lacras sociales, el juicio contra los militares a los que se acusa de violar sistemáticamente a las mujeres de los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, desde 1984 hasta 1995, sea casi clandestino. ¿Sabe alguien que ya terminaron los interrogatorios a las demandantes y a los acusados, y que existe la posibilidad de que los presuntos violadores sean declarados inocentes?


M.A.B. vivió en Manta toda su vida hasta que tuvo que huir, perseguida por su pueblo y por sus propios fantasmas. Recuerda su infancia como apacible a pesar de la pobreza  y de una economía que solo les daba para subsistir. Huérfana de padre, estudió en el colegio hasta los 16 años y terminó tercero de secundaria. En 1983 su vida cambió de manera abrupta. Sendero llegó a su pueblo, mató a las autoridades e impuso su orden. Nada volvió a ser igual.

“Mi casa estaba alejada del pueblo, como a 20 minutos caminando. Una noche sentimos una balacera, no sabíamos qué pasaba. Al día siguiente, se va mi mamá a ver qué estaba sucediendo. El terrorismo había entrado para matar a las autoridades. Habían hecho pintas de PCP en todo el distrito. Nosotros intentábamos interpretar que significaba PCP. Mi mamá regresó llorando, decían que iban a matar a los chismosos”, refiere M.A.B.

 Sendero Luminoso organizaba reuniones en las que infundía temor en la población. Les decían que en cualquier momento llegarían los sinchis y que éstos los iban a matar. Al año siguiente no llegó ese cuerpo especializado de la policía sino los militares, y luego de una lluvia de balas se instaló la base militar.

El bautizo de los militares fue infernal. Incendiaron las casas, mataron a quienes consideraban senderistas e inauguraron la base instalando a un buen contingente de detenidos. Por supuesto que antes de eso, alertados de la llegada del ejército, los senderistas habían salido disparados del lugar.

La posta de salud del pueblo la convirtieron en un bunker artesanal. La mano de obra fue esclava. “Esa posta era una casita con corralón, pero el ejército bien amurallado la construyó, con sus carpas adelante y sus piscinas de agua construidas de lajas que los presos traían a la fuerza. Con golpes los hacían trabajar, a algunos los desaparecían. Los jefes se habían hecho construir mesas para tomar”, relata M.A.E.

 Todos los domingos los soldados organizaban fiestas y le exigían a cada pueblo aledaño que les haga una representación de sus danzas costumbristas. El panorama no podía ser más tétrico. La vitalidad cultural se convertía en una ofrenda a la muerte.

Así pasaron dos años. Sendero Luminoso desapareció y no hubo más enfrentamientos. El pueblo de Manta se encontró a merced de aquéllos que habían llegado para salvarlos del terrorismo, y lo que vivió durante todo ese tiempo fue precisamente el gobierno del terror.

M.A.B. añade: “Los terrucos desaparecieron y nosotros estábamos temblando, los soldados salían a patrullar en grupo y regresaban con carneros y otras cosas más. Alguna gente, por miedo, les regalaba sus animales“.

 Las clases, suspendidas en un primer momento, se normalizaron y M.A.B. volvió a visitar la casa de su sobrina M.A.E., un año mayor que ella, para que la ayudaba con sus deberes escolares. “Yo soñaba con ser enfermera o abogada. Mirando los libritos soñaba con eso”, manifiesta.

Una noche cuando estaban repasando una lección aparecieron dos militares. Empujaron la puerta y entraron a la casa. Uno tumbó a M.A.B. en la sala y el otro se llevó a M.A.E. a su cuarto. Abusaron de ellas. Era la primera vez que M.A.B. pasaba por una situación semejante; la sobrina, en cambio, había sido ultrajada muchas veces, pero guardaba en silencio ese terrible secreto.  M.A.B. se enteró de todo lo que le había ocurrido a su sobrina mucho tiempo después.

Narra: “Entraron a la casa de mi sobrina. Uno me arrastró y me violó. Al hacer forcejeo he tocado su arma. Yo gritaba y él me decía: ‘¡Cállate terruca!’ El que me violó a mí le decían “Pato”; al otro le llamaban “Ruti”. Amanecí llorando, para mí el mundo había terminado. Desde ese día mi vida se fregó para siempre. Fui avergonzada donde mi mama. Tenía miedo. Ese día no fui al colegio y pasé todo el día en mi cama. Luego de tres días regresé a la escuela. Tenía vergüenza con mis compañeros. En ese momento no le conté a nadie”.

 La pesadilla no terminó ahí. “Pato” la volvió a atacar meses después. “Una tarde mi mamá me encargó que vaya a Tasta a comprar detergente y azúcar. Cuando estoy volviendo, aparecieron dos soldados armados y me fui lo más rápido posible.  Uno me siguió y el otro se quedó arriba. Me dijo: ‘¿No te acuerda el otro día que te hice feliz?’, y me tumbo. Yo le destape el pasamontañas y era el mismo “Pato”. Llorando regresé a mi casa. Los días pasaban y mi barriga empezó a crecer. Yo sólo le conté a mi mamá ¿A dónde podíamos ir si ellos mandaban? ¿A quién denunciar? Mi hermano se fue a denunciar y lo torturaron. Le dijeron: ‘Chismoso, ¿para qué has venido?’”

 Durante los días posteriores, la empezaron a tratar como a una paria. “Los alumnos del colegio ya no se juntaban conmigo. Me decían: ‘Con los morocos te has ido, ¿no? Con los militares sí”. Me sentía una escoria, a pesar de que no era mi culpa. No me ha pasado un accidente, sino intencionalmente han fregado mi vida.”, manifiesta.

También recuerda que, como de la nada, a muchas chicas les empezó a crecer la barriga.

La vida en el pueblo se volvió imposible. La gente la trataba mal, le decía que era “pellejo de militares”. Tuvo que emigrar a Huancayo y rehacer su vida. Al inicio no pudo establecer una relación con su hijo. Admite que no lo quería. Cuenta que a veces no le cambiaba el pañal durante varios días “para que se muera”.

 

 Cuando M.A.B. fue violada tenía 15 años

La utilización del cuerpo femenino como botín de guerra se volvió una práctica común en esos años, y se hizo de manera sistemática y generalizada en las zonas declaradas en emergencia. No fueron crímenes ordinarios o excesos individuales. En este momento, un grupo de nueve mujeres huancavelicanas está sacando la cara por todas las que se han mantenido calladas por tanto tiempo. Ese es el valor simbólico que tiene el juicio que se está llevando a cabo.

Estamos ante delitos sexuales. Hay 32 actas de nacimiento en el registro civil de Manta de niños inscritos como hijos de soldados. Algunas de las madres les pusieron de apellido “Militar”, “Moroco” o “Capitán” porque no conocían el verdadero nombre del padre. El Estado peruano – llámese Ministerio de Defensa - ha ocultado la identidad de los responsables para proteger a la institución castrense, en vez de abominar esas prácticas y entender que un Estado no puede justificar crímenes de ese tipo.

Desde el año 2004 esta institución ha tratado de obstaculizar la investigación de la fiscalía con el argumento de que no tiene los nombres del personal militar que estuvo en la zona durante las décadas de 1980 y 1990, y hasta el momento no le ha entregado la información solicitada. ¿Un incendio devoró sus archivos? ¿No tenía la relación de su personal?

Existe un registro único de víctimas de violencia sexual durante el periodo de guerra interna en el que están inscritas 5 mil mujeres. Ellas dieron su testimonio ante los representantes del Consejo Nacional de Reparaciones. La mayoría no ha querido denunciar a sus agresores por miedo, por lo interminables que pueden ser estos procesos, o porque saben que tienen pocas probabilidades de ganar los casos.

Los antecedentes suscitan recelo: la resolución del caso Chumbivilcas, en el que dos señoras presentaron cargos por violación y secuestro, estableció que no había pruebas suficientes para inculpar a los acusados por el primer delito pero sí por el segundo. La sentencia del caso Vilcashuamán dispuso que, por el tiempo transcurrido, el delito había prescrito, en tanto la violación sexual cometida por un militar fue un acto aislado y no parte de una política sistemática.

Hasta el momento todos los casos relacionados a violaciones sexuales durante esta etapa histórica han sido archivados, salvo uno: el de Magdalena Monteza, una estudiante de educación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), que fue raptada en la puerta de ese centro de estudios y violentada sexualmente por dos agentes del servicio de inteligencia. La resolución fue apelada en primera instancia y  actualmente está en manos de la Corte Suprema.

Huancavelica

Es el segundo departamento en el que la violencia contra la mujer tuvo mayor impacto. Hay que mirar hacia atrás, retroceder treinta años y ubicarse en la parte sur, considerada zona roja. Se instalaron tres bases antisubversivas en el área. Una en Vilca, otra en Manta y otra en Pampas. El territorio estaba totalmente controlado por los militares, era su reino.

Según los relatos de los pobladores, los obligaban a izar la bandera los domingos y a donar leña y carneros para alimentar a los soldados. Ninguna persona podía salir de Manta y Vilca sin un salvoconducto otorgado por ellos. Ninguna podía contradecirlos o negarse a acatar sus órdenes porque corría el riesgo de ser llevada a la base en la que su sobrevivencia era pronóstico reservado. La base fue un territorio liberado en el que todo estaba permitido, desde torturar y violar hasta asesinar si la persona era acusada de “terruca”.

Los soldados eran reclutas que cumplían el servicio militar obligatorio. Algunos ingresaban al cuartel por voluntad propia, para tener un plato de comida asegurado y un lugar donde dormir. Muchos provenían de distritos rurales cercanos, igual que sus víctimas. Pero la salvaje guerra los animalizó. Se sabe que repetían lo que sus superiores hacían y lo que los instigaban a hacer.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad señala que los sucesivos jefes de las bases militares acostumbraban a llevar por la fuerza a las pobladoras a ese lugar y las obligaban a mantener relaciones sexuales con ellos. Las que se acercaban a preguntar por el paradero de sus familiares desaparecidos corrían la misma suerte. A otras jóvenes las encontraban mientras realizaban sus patrullajes, en las chacras y en los parajes alejados cuando pastaban su ganado, o en el interior de sus casas que después quemaban como para evitar que las paredes hablasen.

¿Algún jefe ha sido sancionado? Sobre la autoría mediata en un caso de este tipo existe un antecedente, justamente en el proceso de Magdalena Montesa. La Corte Suprema condenó a Julio Rodríguez Córdova, el jefe de la sección G2 de la División de Fuerzas Especiales del Servicio de Inteligencia Nacional, como autor mediato de la violación sexual. Esta sentencia fue firmada por los magistrados Miluska Cano, Omar Pimentel y Marco Cerna, y puede servir como referencia para el proceso de Manta y Vilca.

Las mujeres no denunciaron lo ocurrido por temor a las represalias y por las amenazas de muerte que recibieron de los militares. Terminaron sometidas por el miedo y la humillación; algunas aceptaron la situación y fueron llamadas despectivamente “mujer de soldado”. En estas pseudo relaciones no faltaron las promesas de amor y de retorno que por supuesto se las llevó el viento.

En Manta es célebre el caso de Emiliano Altamirano, un soldado que testificó en contra de sus compañeros de la base, que se quedó viviendo ahí y que se casó con T. A.B., una de las víctimas a la que apoya y respalda hasta ahora.

Es difícil que las mujeres que han pasado por una situación semejante logren establecer relaciones de pareja sanas y duraderas. Pero, mal que bien, M.A.B. y M.A.E. son excepciones a la regla. Ellas viajan a las audiencias y reuniones en Lima acompañadas de sus parejas, quienes se han solidarizado con su causa y luchan junto a ellas para conseguir justicia.

Prolegómenos de un juicio

La primera vez que un grupo de mujeres verbalizó lo ocurrido fue en el año 2003, durante las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. El caso fue seleccionado para ser investigado y aparece desarrollado en el Informe Final. Un año después, cinco mujeres se dirigieron a la Fiscalía Penal de Huancavelica a presentar su denuncia. Tres años más tarde, el 2007, un segundo grupo se acercó dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

En la Corte Superior de Huancavelica la instrucción se abrió el 2009, dos años después. Las señoras contaron sus historias primero ante un fiscal y luego ante un juez. El 2011 el otro grupo rindió su instrucción en Lima. El siguiente paso consistió en la realización de los peritajes psicológicos en la División Médico Legal de Huancayo.

El encargado de la investigación fue el fiscal superior Luis Landa, quien dirigió la búsqueda de los inculpados, una tarea ardua en la que tocó muchas puertas hasta que logró que acudan a declarar. Finalmente, presentó su acusación en febrero de 2015, siete años después.

En el camino hubo deserciones por miedo o por hastío, pero también porque algunas señoras no han logrado obtener el nombre verdadero y completo del soldado, requisito indispensable para poder demandarlo.

Las nueve mujeres que han continuado lo han hecho a pesar de que no tenían el apoyo de su pueblo ni de sus familias. La mayoría vive en Huancayo para librarse de los comentarios insidiosos y del desprecio. “Las que nos hemos quedado en Manta escuchamos lo que dicen de nosotras”, comenta T.A.B.

Aún después de 30 años, cuando las ven coordinando en el pueblo, se expresan así: “Esa reunión es para las violadas”. A eso se suma que hasta ahora son vistas y tratadas como ciudadanas de segunda categoría en las ciudades y también por el sistema judicial. Los estereotipos al estilo Paisana Jacinta contribuyen al cargamontón.

Se calcula que, en el mejor de los casos, el proceso concluirá a fines de 2018, quince años después. O en 2019, veinte años después, si hay apelación y pasa a la Corte Suprema. O en 2020, veintiún años después, si el caso se lleva a las instancias internacionales.

 El juicio

Empezó una fría mañana limeña, a mediados del año 2016, en la sala de audiencias de la Sala Penal Nacional, que estaba presidida por el juez superior Marco Cerna, con experiencia en casos de derechos humanos y el mismo que participó en el dictamen de la sentencia del caso Magdalena Monteza. Desafortunadamente, nueve sesiones después, el juez se retiró del caso y éste quedó a cargo Emperatriz Pérez, una de las magistradas que integraba esa sala y que actúa como si estuviera ante un delito común. El director de debates es Otto Verapinto, un juez especialista en procesos laborales.

 Son nueve las demandantes y trece los acusados, dos por autoría mediata y once por el delito contra la libertad y violación de la libertad sexual, considerado por el Ministerio Público como de lesa humanidad. Los dos oficiales ya están en retiro y los reclutas terminaron su servicio militar y salieron de la institución.

Seis señoras son defendidas por los abogados Carlos Rivera y Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal, y tres son defendidas por Rossy Salazar de la organización feminista DEMUS. En la orilla opuesta, la abogada Marilú Bernardo patrocina a nueve exmilitares y el resto tiene cada uno su abogado. Hay seis exsoldados que no se han presentado y en estos momentos ya han sido declarados reos contumaces.

"Uno de sus agresores esa tarde fue “Ruti”, o Sabino Rodrigo Valentín Rutti como sabemos hoy que se llama. El mismo que meses después, acompañado de “Pato”, la violaría en la casa de su tía M.A.B."

En relación a los jefes que dieron las órdenes o que dejaron hacer, la fiscalía solo había identificado a un comandante y a un capitán. En el juicio se presentaron dos más como testigos de los inculpados, lo que le ha permitido al fiscal empezar a armar un nuevo caso en contra de los autores mediatos.

Además, los interrogatorios están aportando datos valiosos como que, por ejemplo, en febrero de 1985 el jefe de la base de Manta era un capitán apodado Papilón, y recién ahora se sabe que se trata de Epifanio Quiñones Loyola; o que el segundo en el mando era un teniente Ugaz, y que estos oficiales tenían a su cargo entre 28 y 30 soldados. Se trata de información importante que permite elaborar líneas de tiempo, esquemas y organigramas necesarios para reconstruir una historia que ha sido borrada intencionalmente.

Las primeras intervenciones de la nueva presidenta de la sala revelaron su poca sensibilidad y criterio. Por ejemplo, el día que empezaron los interrogatorios a las señoras, la citación de la audiencia que se llevó a cabo en Huancayo fue programada a las nueve de la mañana; sin embargo, se les hizo esperar diez horas para declarar.

El director de debates le preguntó a M.G.A. si tenía algún inconveniente de hablar en frente de los acusados. M.G. A. le contestó: “Prefiero que no estén presentes ya que siento miedo”. Pero la jueza le refutó: “Yo la veo muy tranquila. Cuando una persona está afectada se le ve nerviosa”. Y ese fue el argumento que prevaleció.

Según la Ley de Violencia contra la Mujer, artículo 21, está prohibida la confrontación entre la víctima y el agresor, salvo que ella lo solicite. En este caso, cada una de las señoras tuvo que ingresar a la sala, ver a los 13 militares bien sentados observándola, y tener el coraje de decirle al tribunal que no quería que estuvieran presentes durante sus declaraciones.

En general, durante las audiencias se percibe un tufillo de hostilidad y menosprecio hacia las nueve mujeres. Otra muestra de la falta de criterio de la presidenta de la sala se observó cuando después de escuchar el relato de otra de las demandantes que enfatizó que en esa fecha era menor de edad, que estaba sola en la estancia con sus animales cuando llegaron los soldados, que uno de ellos entró al corral, la amenazó y le dijo que si no se dejaba iba a hacer ingresar al resto para que la violen, no se le ocurrió mejor idea que preguntarle: “¿Y usted por qué no hizo nada en ese momento?”

Aunque no le haga ninguna gracia, el Ministerio de Defensa está considerado como tercero civilmente responsable. Eso significa que si las señoras ganan el juicio, esta entidad les debe asignar una reparación económica por tratarse de un crimen que se le imputa al Estado y que fue realizado por militares.

El Ministerio Público está pidiendo 100 mil soles para cada víctima, y hay una para la que el monto se multiplica por siete porque, aunque fue violada por varios más, solo ha podido identificar a siete.

Para evitar las consecuencias, la representante del Ministerio de Defensa hace todo lo posible por obstaculizar el proceso. Al inicio argumentó que la institución no había sido notificada y otro tipo de argucias legales. Pidió que se anulen las ocho sesiones que ya se habían realizado, pero la sala no acusó recibo y la posibilidad de que se pospusiera o dilatara el proceso no prosperó.

El espíritu de cuerpo prevalece y se hace patente que la institución actúa en función de los intereses de un sector, cubriendo sus bolsillos y a malos elementos, y negando la existencia de una práctica generalizada en los lugares que estaban en estado de emergencia. La representante de este ministerio actúa en pared con los abogados de los acusados, apoya sus mociones y respalda sus pedidos. Pero esto no es nuevo.

Como ya se ha mencionado, los soldados y sus jefes usaban apodos, y cuando debieron registrar a sus hijos, muchos dieron nombres falsos. Es por ello que las demandantes tuvieron que hacer un ejercicio de memoria y acudir a la base de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) para identificar rostros, nombres y ubicación de los soldados y oficiales que estuvieron en las bases contrasubversivas por esos años.

De los jefes solo se conocían sus llamativos apelativos: Veneno, Papilón, Jaguar, Lince y así sucesivamente. Es por este motivo que solo nueve señoras han podido obtener los nombres completos de los militares, y todavía hay veintitantas que están tratando de conseguir el ansiado dato para poder proceder con la acusación; entre ellas, las cinco que están participando como testigos en el proceso.

Otro debate tenso se produjo por el carácter que debe tener este juicio: ¿reservado?, como son todos los procesos comunes, para no exponer a la víctima y mantener la privacidad; ¿o público?, en tanto las señoras quieren que se conozca lo que ocurrió y obtener el apoyo de la opinión pública que está horrorizada por tanto feminicidio y ataques sexuales en contra de la mitad de la población.

La sala se respalda en el artículo 218 del Código de Procedimientos Penales, que señala que en los casos contra el honor sexual, la audiencia se realizará siempre en privado. Se puede decir que hasta ahora el juicio ha sido semiclandestino. Un comunicado emitido por los abogados de la defensa en la prensa lo sacaron del anonimato total. Fue un pronunciamiento en el que alertaban sobre el maltrato al que habían sido sometidas las víctimas al querer obligarlas a declarar frente a sus victimarios. (Hay que decir que después de esto la actitud de la sala mejoró sustancialmente).

Y para caldear aún más los ánimos, dos inculpados interpusieron una acción para que el caso prescriba, aludiendo de que los hechos ocurrieron en junio de 1985, hace más de 30 años, y que según el artículo 170 del Código Penal de 1991, la acción penal prescribe a los 18 años más una mitad, es decir, a los 27 años.

Esto motivó un fuerte debate, liderado por el fiscal Pedro Orihuela, que expuso que la calificación jurídica que se le está dando a este hecho de violación sexual se configura bajo el delito de lesa humanidad y que, según el derecho internacional, no prescribe como los otros delitos comunes que se conocen como crímenes de mano propia.

Entre otros argumentos, el Ministerio Público expuso que, aunque el Estatuto de Roma que establece la imprescriptibilidad para este tipo de delitos recién entró en vigencia en el año 2002, el Tribunal Constitucional ya había aplicado este criterio para casos como el de Barrios Altos o La Cantuta.

Finalmente, después de largas discusiones, el colegiado dispuso declarar improcedente el pedido, aduciendo que para determinar si esas violaciones sexuales son de lesa humanidad primero deben analizar los testimonios y las pruebas, y dar su veredicto al final del juicio.

M.A.E.

M.A.E. vivió en Manta desde los 10 años; antes estuvo en Lima. Cuando Sendero Luminoso llegó a su pueblo se llevaron a su hermano. Cuenta que era muy destacado en las clases y por eso lo enrolaron. Luego el ejército lo capturó en las alturas de Huancavelica y por ser menor de edad no lo mataron. Estuvo sirviendo durante un tiempo en la base. Fue su hermano quien la llevó a trabajar como empleada de un mayor. Un soldado le comentó a M.A.E. que cuando se hermano cumpliera 18 años lo iban a matar. Los dos decidieron entonces huir a Huancayo, pero de ahí M.A.E. regresó  a Manta.

Un día la fueron a buscar unos militares y le dijeron que el capitán la mandaba llamar. Ella los tuvo que acompañar. “El capitán me dijo: ‘Me vas a decir donde está tu hermano’. Me hizo desnudar, me jaló las tetas, sacó su pene y me siguió diciendo: ‘Éste quieres que te introduzca, ¿no?’”

Por suerte M.A.E. estaba menstruando y el capitán no la violó, aunque cuando existe una política de violación que se aplica de manera sistemática la suerte no dura. Días después la volvieron a buscar para llevarla a la base y la obligaron a tomar licor. Se despertó a las 4 de la mañana desnuda, con manchas de sangre y babeada. Un soldado que estaba a su lado le dijo que toda la tropa había pasado por ella y que mejor se vaya porque de nuevo lo iban a hacer. Cuando huía, un militar borracho apodado “Yance” la persiguió hasta su casa y abusó de ella.

“Al día siguiente, agarre una soga para ahorcarme. No aguantaba todo lo que me habían hecho, pero vi un retrato de Dios grande. Parece que me decía que no lo haga, me pregunté qué iban a pensar mis padres. Saqué la soga de mi cuello y decidí seguir para adelante”.

Lo que vino después fue igual de macabro. Los militares la empezaron a hostigar cada vez más. Cuando la veían le decían frases obscenas. Decidió, entonces, irse con su tía a Huancayo. Pero para salir de su pueblo debía pedir permiso en la base, es decir, pasar por la boca del lobo, un lobo siempre ávido.

En la base nuevamente fue secuestrada y abusada, junto con su tía. Primero las  emborracharon  y luego se las llevaron a habitaciones diferentes. Tres militares violaron a M.A.E. y otros 17 estaba en la lista de espera, hasta que la voz del sargento detuvo momentáneamente el horror. Le habló a la niña y le dio a escoger entre entregarla nuevamente a la tropa o ser violada solamente por él (en realidad dijo “pasar la noche”, un eufemismo aterrador). M.A.E. no tuvo opción.

Uno de sus agresores esa tarde fue “Ruti”, o Sabino Rodrigo Valentín Rutti como sabemos hoy que se llama. El mismo que meses después, acompañado de “Pato”, la violaría en la casa de su tía M.A.B.

Finalmente M.A.E. viajó a Huancayo y permaneció un mes ahí. En setiembre de 1985 regresó a su tierra para seguir estudiando. Un día cuando regresaba del colegio, un soldado la empezó a perseguir y la tragedia se repitió. Producto de esa violación nació su hija. Dos años después, cuando pensaba que nadie se iba a volver a meter con ella porque era madre, mientras pastaba su ganado, un soldado apodado “Drácula” la ultrajó y la dejó embarazada por segunda vez.

En esa oportunidad su padre la botó y se tuvo que ir a Cañete, en Lima. M.A.E. cuenta que quería regalar a su hija porque no la quería. Tiempo después su padre le escribió una carta en la que le decía que la perdonaba. “Me indignó porque no tenía nada que perdonarme”, sostiene.

Y agrega: “Yo antes quería ser profesora, doctora o abogada. Hasta quería casarme de blanco cuando tuviese 20 años”. Sin duda M.A.E. habría podido ser todo lo que había soñado. Es una mujer muy inteligente y tiene una memoria prodigiosa. Gracias a ella  se han podido identificar a muchos de los agresores.

“Yo me alegro bastante que los estén juzgando, aunque perdamos el caso. Los veo ahí sentados con sus caras de zonzos, pero yo sé que están asustados, porque en la vida van a querer estar dentro de la cárcel. Si no hay justicia en la tierra, la justicia divina se va a encargar de ellos. Bien caro van a pagar las torturas y violaciones que hemos pasado. Ahora dicen que éramos sus enamoradas, pero cómo podemos haber sido sus enamoradas si nos han violentado. Nosotras éramos chiquillas inocentes”, dice M.A.E. llorando.

Cuando M.A.E. fue violada tenía 16 años

A estas alturas del proceso ya han pasado por la sala los 14 psicólogos que elaboraron las pericias psicológicas de las demandantes entre el 2008 y 2009, cuando la fiscalía empezó sus investigaciones. Todos los informes han coincidido en señalar que las demandantes tienen estrés postraumático, que sus relatos no son fantasiosos y que el daño es permanente.

Una pericia psicológica es un estudio que permite dar cuenta del daño y afectación en la salud mental de las personas. En el caso de las violaciones de Manta es necesario saber si los problemas que presentan las agraviadas tienen que ver con el proceso de violencia a la que fueron sometidas. Para esto se cuenta con protocolos. En el Perú existe una guía de daño psíquico.

“Se trata de hechos sucedidos hace varios años y no se puede aplicar la misma prueba que se usa cuando el agravio acaba de ocurrir. Cualquier perito no tiene capacidad para hacer un estudio de estas características”, subraya Mariel Távara, psicóloga de DEMUS, que desde el año 2009 acompaña estos casos.

Lo que ha arrojado el peritaje es que todas las afectaciones que tienen las victimas de Manta y Vilca empiezan y se profundizan a partir de la violación sexual. Távara sostiene que un patrón que se repite en todas las victimas es la depresión producto de la agresión. Se trata de un problema que durante décadas no fue tratado. Si la violencia contra cualquier mujer es traumática, las consecuencias son más graves cuando no se recibe tratamiento.

“Estos hechos generan una desestructuración en la psique que afecta el autoconcepto y la autopercepción de una misma. La recuperación de un evento de este tipo es muy complejo. Ninguna de ellas tuvo acompañamiento psicológico luego de la violación. Es más, la reacción de la familia y de la sociedad fue negativa, de total rechazo hacia ellas. Tuvieron que cargar con una revictimización pública, además de la estigmatización que causa el ser una violada”, puntualiza.

"Lo común era que estos soldados se presentaran borrachos en las casas de las jóvenes y les dijeran a sus familiares que eran sus enamorados y que se harían cargo de ellas".

Cuando suceden este tipo de agresiones, se le suele echar la culpa a la mujer. La sociedad urbana y occidental no logra desprenderse de los rezagos patriarcales, a pesar de la toma de conciencia y de las amplias movilizaciones como “Ni una menos”. Pero en el sector rural la carga es mayor para las mujeres por la importancia que tiene la comunidad en torno a la cual giran todas las vidas. Las mujeres de Manta fueron mal vistas por su entorno, no las acogieron y sus familias también las desampararon.

Por eso es que el juicio ha permitido que se conozcan y que se sientan apoyadas por primera vez. La psicóloga añade: “Este proceso judicial ha hecho que sientan que más personas confían en ellas, que les creen. Esto les ayuda a recuperarse. Una de ellas ha dicho que si la sentencia del juicio es favorable, ella volverá a la comunidad y podrá mirarlos a todos sin agachar la cabeza. Es importante ese sentido de reivindicación”.

Sin embargo, para Távara la reivindicación no será completa mientras el Estado no demuestre que está de su lado, sobre todo el Ministerio de Defensa.  

Una de las señoras habla por todas: “No se puede borrar. Eso ha afectado a nuestros hijos, a los maridos que tenemos. No hemos vivido vida feliz, no conocemos esa palabra. Tenemos miedo a los hombres, así sea hijo, hermano. Los maltratamos, hasta les pegamos con ese rancor que tenemos. No tengo cariño por mi hijo porque es varón”.

M.S.C.

 M.S.C. nació en Manta. Su padre murió de tuberculosis cuando tenía ella tenía seis años. Desde los nueve se dedicó a trabajar vendiendo golosinas en su pueblo. A los doce años viajó a Lima y trabajó en el mercado mayorista con su abuelo. Luego regresó a su tierra. Cuando los senderistas llegaron a su pueblo se la llevaron con ellos, pero al poco tiempo se escapó y huyó nuevamente a Lima, donde estuvo trabajando en la casa de un general en Miraflores. Una tarde salió a comprar el pan y de casualidad leyó en un periódico colgado en un quiosco que en su pueblo habían matado a mucha gente. Decidió regresar de inmediato.

Toda persona que llegaba a Manta debía presentarse en la base, lo que podía significar una cita con la muerte. M.S.C. tenía familiares que habían sido torturados y desaparecidos. Al poco tiempo de su regreso la fueron a buscar para que se presente. Su tío, que también estuvo detenido un tiempo, la llevó. Pensó que lo mejor era cumplir con todas las disposiciones.

En la base sus temores se confirmaron, pero no había vuelta atrás. La detuvieron, le vendaron los ojos, la llevaron a campo abierto y simularon matarla. Al día siguiente la soltaron, aunque su libertad era relativa porque los militares la buscaban constantemente con la excusa de “tomarle su declaración”.

“Allá adentro nos hacían tomar licor, nos hacían emborrachar, y luego se llevaban a las chicas cada a uno a su cuarto. Como yo sabía andar en la ciudad, yo sabía qué me podía pasar. Yo estaba con el pañolón de mi mamá y cada cerveza que me dan la botaba en mi pecho. Así se mojaba el pañolón pero yo no me emborrachaba. Entonces pensé en escaparme de ahí. Como bailando empujé la mesa donde estaba el tocadisco y se cayó al suelo. En ese momento mientras están ocupados en alzarlo jalé la mesa de la puerta y logré escaparme. En la segunda puerta un soldado me vio y dijo: ‘Dispárale a esa conchasumadre’, y los que estaban en la puerta empezaron a disparar y en medio de la balacera me corrí.”. 

Pero la buena suerte le fue esquiva a la siguiente. Una tarde la fueron a recoger para una “declaración” y el soldado Rufino Donato Rivera Quispe, al que todos conocían como “Conejo”, la tumbó en el campo y la violó.

“No podía defenderme porque él estaba con su arma. Me he quedado calladita por el miedo que sentía. Cuando me he levantado, me he puesto a llorar sentada. Él me dice “¿Por qué lloras? No llores, yo estoy enamorado de ti”. De ahí, siempre me buscaba a donde iba, siempre me tenía vigilada, siempre se aparecía. Desde ese momento yo le he servido como su mujer durante los 7 meses que estaba en la base, hasta que salí embarazada”.

 Conejo le prometió hablar con sus padres y así lo hizo. Se presentó en su casa y dijo que se haría cargo del hijo. Sus familiares no le creyeron y un tío le hizo firmar un documento. Así fue como Rufino Donato Rivera Quispe firmó con su primer nombre y omitió adrede el segundo. Por ese detalle no pudieron dar con él durante muchos años luego de que la tierra se lo tragara.

Cuando llegó el momento en que se necesitaba que Rivera Quispe declarara, M.S.C. usó su ingenio para aplicar su propia prueba grafotécnica. Entró a la base de datos del Reniec y lo reconoció por la “R” de su firma.

Pero toda su capacidad e inteligencia no la salvaron de soportar el desprecio de sus paisanos, y por eso decidió emigrar a Huancayo con su nueva pareja.

“Decidimos no vivir ahí. No podía soportar ver cómo nos despreciaban. Nos decían “querida de los militares”, “su puta de los militares”, “el bastardo de los militares le decían a los hijos”. Ya no se podía vivir tranquila. Ni siquiera mi familia me apoyaba. Mis hermanos me decían. ‘Si has tenido ese hijo ha sido porque quieres’. No sabían lo que en realidad había pasado. Además estaban desapareciendo a mucha gente. A algunos los vestían de militar para hacerlos pasar a la base y luego desaparecían”.

 M.S.C. reconoce que se volvió a emparejar para librarse de la soledad y para sentirse protegida, no por amor. Cada vez que tenía una discusión con su conviviente los  fantasmas volvían a aflorar. El hombre le sacaba en cara todo lo que había pasado.

Finalmente ubicaron a su agresor. Al inicio él admitió el delito y se comprometió a ser colaborador eficaz. Pero volvió a incumplir su palabra. Quiso, más bien, usar a su hija en el juicio. Su hija se rehusó y le dijo que ella diría lo que le había contado su mamá.

El ardid que preparó es el mismo que todos los acusados utilizan para desvirtuar el cargo por violación: repetir la cínica cantaleta.

Cuando M.S. C. fue violada tenía 17 años…

(pero era mi enamorada)

¿Cuándo comienza la animalización producto de una situación de guerra? ¿Cómo es que unos reclutas de 18 años, de extracción campesina, sumisos y respetuosos, se comienzan a transformar en seres prepotentes y sin escrúpulos, capaces de forzar a una niña para satisfacer sus apetitos sexuales? ¿Reproducen la conducta de sus superiores? ¿Son obligados a actuar de esa manera? ¿Son presionados por el grupo a riesgo de ser marginados y señalados como blandos o inadecuados para la vida del cuartel? Nada de esto es un atenuante para disculpar una atrocidad.

En esa época las levas estaban a la orden del día y se llevaban a los jóvenes en camiones, incluso a algunos menores de edad. En este juicio se ha visto un caso. El presuntamente responsable Álvaro Pérez, a quien se le acusa de haber cometido actos de violencia sexual en contra de M.A. en octubre de 1985. De acuerdo al principio de legalidad tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, es decir, contaba con responsabilidad restringida. La defensa pidió que se le retire del caso. La fiscalía estuvo de acuerdo y ha sido remitido a otro juzgado, al amparo de la legislación de los niños y adolescentes.

Se tapan unos a otros. Los han entrenado para dar una versión común que se basa en cuatro premisas: todos tuvieron una relación sentimental con las demandantes, la relación sexual fue consentida, sus familiares se las entregaron, la denuncia es una venganza por no haber cumplido con la manutención de los hijos.

Por ejemplo, la defensa del acusado Rufino Rivera Quispe sostuvo: “De los mismos hechos que sustentan la acusación se aprecia que este es un hecho aislado. No hay de lo dicho por la propia agraviada alguna imputación que nos permita sostener que mi patrocinado haya actuado por órdenes superiores, que sea un hecho sistemático, sino que le atribuyen una violación en una situación muy personal. Es más, en su propia declaración ella señala que ellos habrían tenido una relación sentimental, por lo que no podría constituirse en violación de lesa humanidad”.

Una relación sentimental basada en el terror. Si las adolescentes de 16 y 17 años no accedían eran llamadas a la base con cualquier pretexto y ahí su futuro era incierto: podían desaparecer entre las paredes la base, o salir magulladas y maltrechas después de haber sido torturadas. Si las cercaban entre los matorrales o en los corrales era la joven indefensa enfrentándose a uno o varios jovencitos armados.

Lo común era que estos soldados se presentaran borrachos en las casas de las jóvenes y les dijeran a sus familiares que eran sus enamorados y que se harían cargo de ellas. La familia les creía o fingía creerles y les permitían acercarse a ellas. Los soldados llevaban licor y tomaban con los tíos y hermanos que eran los que finalmente decidían por ellas. Por eso es que hay algunos familiares de las víctimas que han sido convencidos para atestiguar a favor de los acusados.

Al sentirse acorraladas por ambos lados, estas menores de edad no tenían más alternativa que aceptar la situación, sobre todo cuando descubrían que estaban embarazadas. Todas las demandantes han tenido “hijo de soldado”.

El interrogatorio del acusado Rufino Donato Rivera Quispe fue más o menos así: “¿Conoció a M. S.? Dijo: Ella era mi enamorada. ¿Qué tiempo estuvieron de enamorados? Dijo: Llego a Manta en marzo de 1984, a ella la conozco en mayo cuando sale a participar en el colegio cantando en la actuación del Día de la Madre. ¿Qué sucede después del Día de la Madre? Dijo: Me acerqué donde estaba vendiendo, le dije señorita buenos días, usted canta muy bien, puede estudiar para que sea cantante. Le pregunté su nombre, ella me dio su nombre y así fuimos amigos desde esa fecha. ¿En qué momento fue su enamorada? Dijo: en noviembre. ¿Usted llegó a conocer a su familia? Dijo: A su mamá, a sus dos hermanos, a su padrastro. ¿Con qué frecuencia iba a visitar a su enamorada? Los domingos después del mediodía. Ella me enviaba cartas y me dejaba comida en la base. ¿Iba con su vestimenta militar a visitar a su enamorada? Dijo: Con un polo blanco y pantalón. ¿Llevaba algún tipo de armamento? Dijo: Ninguno, estaba prohibido sacarlo de la base.

Qué tales “enamorados” éstos que les prometen que regresarán y no lo hacen, las rehuyen cuando se enteran de que están embarazadas, y además les dan nombres y apellidos falsos para que no los puedan encontrar.

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Se suele representar a la justicia con los ojos vendados como señal de imparcialidad, pero en el Perú, hasta el momento, también ha sido sorda y muda con estas mujeres. Hasta ahora éstos han sido los gritos del silencio.

 

Lesa Humanidad

Según el jurista Yván Montoya, las violaciones en Manta y Vilca constituyen un delito de lesa humanidad. Desarrolla su argumentación jurídica en su “Informe en derecho sobre el caso de violación sexual de mujeres del distrito de Manta por parte de miembros del ejército peruano durante los años 1984 y 1994”, publicado por el IDEHPUCP.

Montoya sostiene que las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de la población de Manta son crímenes de lesa humanidad porque constituyen actos inhumanos de gran trascendencia, de carácter generalizado o sistemático, que se enmarcan dentro de un ataque contra la población civil- específicamente mujeres -, que fueron cometidos por miembros de las fuerzas estatales que tenían conocimiento sobre el ataque y, finalmente, porque contaron, al menos, con el consentimiento del Estado.

El documento incluye un repaso desde los juicios de Nüremberg de 1945, hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, para concluir que lo que sucedió en Manta fueron crímenes contra la humanidad. Se trata de actos de violencia que dañan lo más esencial del ser humano: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y su dignidad.

De acuerdo con las últimas normativas, para que se configure un crimen de lesa humanidad el delito tiene que ser parte de un ataque a la población civil por parte de elementos del Estado, o que éste no haga anda para evitarlo. Además, debe ser sistemático o generalizado, y el Estado debe tener conocimiento del mismo.  

“En el caso Manta y Vilca está la comisión directa por efectivos militares del Estado de las violaciones sexuales. También está presente la omisión deliberada por parte de ciertos funcionarios superiores respecto del ataque que ocurría, y del cual tenían pleno conocimiento”, sostiene Montoya.

Según la Corte Penal Internacional el ataque generalizado se puede llevar a cabo en un área geográfica extensa o en una pequeña, pero debe estar dirigido contra un alto número de civiles.

“En concreto, en este caso se comprueba que las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de Manta durante el período de violencia política constituyeron actos generalizados, porque en Manta se dieron violaciones sexuales de forma reiterada contra un alto número de mujeres del distrito, y porque en el país había un contexto generalizado de violencia sexual sufrido por las mujeres peruanas”, añade.

El conocimiento del ataque significa que los agentes del Estado que cometieron los crímenes debían tener conocimiento, o al menos la posibilidad de conocer que su conducta formaba parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

“En el presente caso, los efectivos militares a los que se hace referencia conocían que la violación sexual era empleada contra las mujeres durante la época de la violencia política como una manera de subordinar a los miembros (y posibles miembros) de los grupos subversivos, y de demostrar el ejercicio de un poder efectivo sobre la población. De hecho, era considerada una práctica entre las fuerzas estatales para lo mismo”, finaliza el abogado.

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