Quienes vivimos directamente aquel momento, recordamos con claridad la citación que el Congreso de la República hizo a la CVR -cuando ésta no había entregado aun oficialmente su informe final- para que aclare por qué afirmaba erróneamente que SL era “un partido político con métodos terroristas.  La mayoría parlamentaria protestaba porque si era “terrorista” no podía ser “partido político”. La CVR preparó a conciencia su presentación el día en que se la citó, utilizando diversos documentos de corte académico que permitieron sustentar una aclaración adecuada.

Al llegar al Congreso, la delegación de la CVR debió esperar turno pues un parlamentario estaba prestando declaración ante los medios en otro espacio del Congreso, y la sala donde se iba a realizar el interrogatorio a la CVR estaba casi totalmente vacía. Pasaron los minutos y nunca pudo la Comisión presentar el documento que había preparado ante ausencia de los mismos congresistas acusadores. Tiempo después, el presidente del Congreso recibió oficialmente, casi por la puerta falsa, el informe de la CVR.

Recordamos también como el Congreso, controlado por la mayoría fujimorista, aprobó, por 65 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, una moción de censura y suspensión por 120 días a la congresista María Elena Foronda por haber contratado como asistente de su despacho a una persona que había cumplido una condena de 18 años de cárcel por pertenecer al MRTA.

Podríamos presentar más ejemplos para explicar lo mismo, es decir la existencia de un sentido común, o en todo caso de una opinión generalizada en todos los sectores sociales del país y que resumimos asi: todo aquel que haya integrado una agrupación considerada terrorista y haya recibido una sentencia de varios años, sin haber sido mando importante, no merece reinsertarse en la sociedad así haya cumplido la condena que la justicia le asignó.

Con ese principio se han sustentado diversas medidas destinadas a clausurar la reintegración de exsubversivos a la sociedad, convirtiéndolos en terroristas hasta el final de sus días. En palabras directas, quien fue terrorista jamás dejará de serlo. Imposible pensar que en el Perú puedan existir personajes democráticos como Pepe Mujica o como Dilma Rousseff, condenados por subversivos en sus respectivos países y convertidos luego en presidentes.

Además de innumerable casos de detenidos acusados de terroristas, y que no han sido procesados y condenados por delito alguno, si alguien pretende sostener que quien haya cumplido su sentencia tiene derecho a reintegrarse a la sociedad, es rápidamente tachado de “terruco”, habiéndose convertido el verbo terruquear en la expresión más brutal de la intolerancia y, por ende, de oposición radical a cualquier propuesta de reconciliación nacional que considere a exreclusos acusados de terrorismo.

Esta realidad está, creemos, en relación directa con lo que implica el ejercicio de ciudadanía en la débil concepción de derechos y deberes que tenemos cada uno de los electores de nuestro país.

¿Cómo se ha generado, luego del conflicto armado interno, este ejercicio extendido de exclusión recubierto de sentido común? Se podría suponer que se trata del uso político del pasado para fines interesados de ciertos sectores políticos en ganar más adeptos, comunicarse con ciertos sectores de la población dividiendo y generando clivajes sociales

Partamos de la constitución vigente aprobada en 1993 que señala en el Artículo 140, “el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.

Se supone que, luego de cumplir su sentencia, la reinserción de alguien que sale prisión es lo esperado, fortaleciendo así la democracia, pero una serie de normas han sido aprobadas para recortar e incluso anular el derecho a la reinserción. Se ha abandonado la reflexión legal respecto a la rehabilitación y resocialización de quienes hayan cumplido sentencia por “terrorismo”, incluso en quienes hayan hecho un deslinde definido y rotundo con cualquier propuesta violentista y reconozcan que el régimen democrático que tenemos es el que permite la convivencia entre todos los peruanos, incluyendo al recién liberado luego de cumplir su sentencia.

Debemos recordar que, en buena medida, el éxito del fujimorismo se basó en generar la imagen de un régimen que derrotó al “terrorismo”, eliminando con este término cualquier indagación social o política del conflicto, que según esta visión, enfrentó al Estado con un grupo de “terroristas” que no ameritan ser concebidos como “partido político con métodos terroristas”. Esta visión “anti-terrorista” sirve además para encubrir flagrantes casos de violación de derechos de quienes tenían a su cargo acciones contrasubversivas.

No olvidemos la radical oposición de un buen sector de nuestra clase política a la calificación de conflicto armado interno, CAI, que la CVR adoptó para explicar nuestra realidad entre 1980 y 2000.

Satanizado por muchos, el informe final de la CVR es un buen repositorio para esgrimir acusaciones como la que el ahora preso general Donayre expresó sobre el Lugar de la Memoria, al cual sindicó como un “espacio de apología del terrorismo”. De hecho, la norma que regula la supuesta “apología del terrorismo” ha generado diversas acusaciones y detenciones arbitrarias.

La Comisión de la Verdad debió añadir, a poco de aprobarse su funcionamiento,  la consigna de “Reconciliación” con el gran objetivo apuntalar la convivencia de todos los actores y ciudadanos involucrados que estuvieron involucrados directamente en  el CAI. Por ello, denominada ya como CVR, destinó un amplio capítulo al análisis de lo que consideraba como “reconciliación”, proponiendo una serie de posibles normas y acciones que el Estado debería de asumir en la búsqueda de ese gran objetivo.

En esencia, el concepto básico es que no existe reconciliación sin justicia que sancione realmente a culpables de esos delitos. Como aseveró la CVR, la reconciliación debe expresarse en una verdadera transformación democrática que fortalezca los lazos entre el Estado y la sociedad, y entre los mismos ciudadanos, por supuesto. También afirmó la CVR que la reparación de las victimas era un eje central de la reconciliación, incluyendo en aquella no solo indemnizaciones a víctimas y sus familiares, sino sobre todo procesos judiciales a quienes resulten responsables de muertes, desapariciones, atentados y amenazas.

Dicho sea de paso, sería importante y útil confeccionar en el Perú un diccionario analítico y comparativo de términos que expresan en buena medida la exclusión política basándose fundamentalmente en interpretaciones ideológicas: chavismo--comunismo-nacionalismo-populismo y, por supuesto, terrorismo. Sería muy útil en la necesidad de generar esfuerzos por construir una comunidad política incorporando las diferencias.

Fortalecer la ciudadanía logrando la reconciliación implicaba, según la CVR, el establecimiento de un nuevo pacto que rehiciera los fundamentos de relación entre el Estado y la sociedad, generando un nuevo orden social que cumpla lo señalado por nuestra constitución, es decir que somos un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, en el cual es preciso erradicar todas las prácticas cotidianas de discriminación que generan, precisamente, los desencuentros sociales y culturales, base de la desigualdad.

En suma, es fundamental, si queremos fortalecer nuestro orden democrático, mantener irrestrictamente, la finalidad de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado luego de cumplida su sentencia.