A mediados de febrero pasado, después de publicada una de las documentadas denuncias del diario Perú.21 sobre el caso Comunicore, el conocido jurista Jorge Avendaño se presentó en La Hora N para intentar justificar —por el alcalde Luis Castañeda Lossio— las razones por las cuales la Municipalidad de Lima le pagó en enero del año 2006, a esa fantasmal empresa, nada menos que 36 millones de soles. Y todo, en apenas cuestión de días.

Jaime de Althaus le dijo al doctor Avendaño que si el municipio limeño lo había contratado para que defendiera la legalidad del millonario pago, debía de ser porque algo muy complicado había en la historia, pues solo se solicitan sus servicios cuando las cosas no están bien. Avendaño sonrió. Luego desfiló por el mismo programa otro abogado contratado por el municipio, Aníbal Quiroga, quien también dijo que todo estaba ok. El Alcalde, a quien el coloquio periodístico denomina “el Mudo”, tardó en decir esta boca es mía.

Esa “mudez”, sin embargo, parece más una estrategia para llegar a la Presidencia del Perú que su verdadera personalidad. Ésa sería la fórmula del Alcalde de Lima para eludir las cuentas que le piden cada vez que hay denuncias periodísticas documentadas que ponen en cuestión el manejo de su gestión. Es de ese modo como el burgomaestre parece evitar complicarse la vida.

Porque de “mudo”, tendría poco. Gente que lo conoce refiere que tras las paredes de su despacho municipal, Castañeda es otro hasta los gritos. Cierta o no tal afirmación, esa “mudez” suele ser interpretada como una falta absoluta de transparencia y de respeto por la opinión pública para rendir cuentas de una manera clara y transparente. Porque, por más que el Alcalde diga que “ya explicó” las denuncias sobre el Metropolitano, sobre Comunicore, sobre los elevados y crecientes costos de las obras de infraestructura, sobre por qué los organismos internacionales siguen administrando las grandes construcciones, etcétera, etcétera, las dudas se mantienen.

Comunicore
Por ejemplo, es realmente poco lo que el Alcalde limeño que aspira a ser Presidente ha explicado sobre el ya famoso caso Comunicore. Es decir, explicar de verdad. La última vez que se vio obligado a acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso para exponer las verdaderas razones por las cuales su gestión decidió pagarle a la casi inexistente empresa Comunicore casi 36 millones de soles en un abrir y cerrar de ojos, no solo lo hizo acompañado y escudado por Avendaño, Quiroga y su portátil “solidaria”, sino que incluso una corte “otoronguil” lo protegió y hasta compitió por la pleitesía. Solo Edgard Reymundo, del Bloque Popular, y los nacionalistas Daniel Abugattas, José Maslucán y Marisol Espinoza, lo “ajocharon”. Y ojo que pertenecen a la comisión encargada de fiscalizar y ejercer acciones de control sobre las acciones de los funcionarios públicos. Quizá esto explica por qué el Alcalde ya cuenta hasta con bancada propia, integrada por algunos tránsfugas.
Lo mismo ocurre en su otra corte, la del Concejo Municipal Metropolitano, al que, según algunos regidores, el burgomaestre asiste por algunos minutos y luego se para y se va. Allí, la mayoría de sus concejales de Solidaridad Nacional —a los que se han sumado los tránsfugas— arremeten contra los pocos que les exigen explicaciones serias, es decir, contra Marisa Glave (Partido Nacionalista), Germán Aparicio (Somos Perú), Ana Oshiro (APRA) y dos más.

Es en estos escenarios donde el alcalde Luis Castañeda “explica” las preguntas que se formulan en las denuncias periodísticas.

El “Lentopolitano”
El Metropolitano es todo un caso. El miércoles 7 de abril, en RPP, el regidor Rafael García Melgar, que antes era un agudo fiscalizador de la gestión edil y ahora ya no lo es, reveló que el costo final de esta obra era de 300 mil dólares. El costo inicial, 135 mil dólares, había sido rebasado por más del doble.

¿Qué motivó ese incremento? Según García Melgar, lo que encareció la obra fue la implementación de accesorios que no estuvieron previstos, como semáforos inteligentes y cámaras de vigilancia. Perú.21 recordó aquel día que, en el año 2008, el funcionario edil de Protransporte Walter Paredes había dicho que el incremento presupuestal había sido generado por el tipo de cambio del dólar y el aumento del precio de los materiales de construcción. Es decir, que hubo “imprevistos”.

No era la primera vez que hablaban de los “imprevistos”. El mismo diario ya había documentado, ese mismo año, que obras de la magnitud de la Vía Expresa Grau, la Estación Central, el Intercambio Vial Habich-Panamericana Norte y los intercambios Venezuela-Universitaria y Colonial-Universitaria, habían sufrido asombrosos incrementos en sus costos, que sobrepasaban por mucho el 10% adicional permitido por la ley. Solo por citar un ejemplo, el costo final de la obra de Habich se había elevado en más del 1.000 por ciento con respecto a su precio inicial. Y en ese entonces ¿cuál fue la explicación oficial? La misma: “hubo imprevistos”. Como si el municipio no pudiera contratar ingenieros de nivel capaces de elaborar presupuestos serios.

¿Rapidez y eficiencia?
Hay otro detalle que casi no es tomado en cuenta. La gran mayoría de las grandes obras de Castañeda está a cargo de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que realizan todo el proceso de licitación y selección de las empresas que van a construir la infraestructura. Según la explicación edil, ello garantiza “eficiencia” y “rapidez” y evita “la lentitud y burocracia” que exige el sistema nacional de control o el ex Consejo Superior de Contrataciones del Estado (Consucode, hoy OSCE).

Pero eso no resiste el menor análisis, porque si el argumento es “eficiencia y rapidez”, allí están los continuos retrasos en la entrega de las obras, así como el gran crecimiento de sus costos, para desmentirlo. Basta mirar el Metropolitano, bautizado hace unas semanas como el “Lentopolitano”.

El caso es que un día después de que el regidor García Melgar diera a conocer el verdadero costo del Metropolitano, Marco Parra salió a decir que no había problema, porque todo había sido revisado y auditado por la Contraloría General de la República. De inmediato se consultó a fuentes vinculadas al órgano de control, y éstas señalaron que las afirmaciones del teniente alcalde no eran correctas, pues “la Contraloría apenas ha podido auditar el 5% de tal obra”. ¿La razón? Les resulta imposible obtener información cuando hay organismos internacionales de por medio, ya que éstos, por ser precisamente “internacionales”, no están obligados a responderle a ninguna entidad del Gobierno peruano. Con lo que tendríamos que el 95% del Metropolitano no ha pasado por los filtros de un control y una fiscalización serios.

Hace un año, el 31 de mayo del 2009, el diario Perú.21 publicó que por lo menos 19 de las más grandes obras de la Lima de la Era Castañeda habían sido construidas vía la OIM. El costo total de esos trabajos había sido de 521 millones de soles, nada menos. Considerando que por “administrar” una licitación y pagar a las constructoras por sus servicios los organismos internacionales ganan comisiones de entre el 3% y el 5% del costo de obra, un cálculo conservador arroja que la OIM ha ganado por lo menos 18,2 millones de soles, solo por esas 19 obras. ¿Alguien fiscalizó el buen uso de esos fondos? Ni Consucode ni la Contraloría pueden hacerlo debidamente. Y eso ocurre solo porque hace más de un año duerme en el Congreso una moción para acabar con la modalidad de los organismos internacionales. Además, ya sabemos que en el Legislativo son pocos los que se ponen serios con Castañeda.

Comunicore, otra vez
Este caso no deja de sorprender: desde diciembre, mucho se ha avanzado en esta investigación sostenida del diario Perú.21, pero quedan aún cosas claves por esclarecer. Luego de que la Contraloría y la Primera Fiscalía Anticorrupción empezaron a investigar este sospechoso y millonario pago, han ocurrido hechos que llaman la atención. Primero, descubrimos a un grupo de agentes de la Oficina de Inteligencia de la Dirección contra la Corrupción de la PNP siguiendo los pasos y amedrentando a tres testigos importantes que ya han declarado ante la citada fiscalía.

Segundo, en un claro intento por obstaculizar la investigación que realiza la sede anticorrupción del Ministerio Público, el operador de Comunicore, Miguel Garro Barrera, denunció al autor de este artículo por el presunto delito contra la fe pública por haber publicado en Perú.21 los reportajes que revelaron el jugoso pago. Cuando este periodista fue citado a declarar, en calidad de denunciado, ante la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (que actúa por pedido de la 50.ª Fiscalía), era notoria la intención policial de hacer oídos sordos a la decisión que tomamos de guardar silencio, pues ya existe una investigación a cargo de la fiscalía anticorrupción, que es la que finalmente determinará la legalidad o ilegalidad de la cancelación de la millonaria deuda. Y es que, luego de la lamentable actuación de los agentes PNP anticorrupción, ¿hay imparcialidad policial en este caso? Por cierto, ¿los está investigando la Inspectoría de la Policía?

Pero hay otra fiscalía penal (la número 56) que también está haciendo diligencias por el mismo caso a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano de a pie que, luego de leer los reportajes de Perú.21, debe de haber quedado sorprendido. El problema es que la 56.ª Fiscalía está duplicando el trabajo de la fiscalía anticorrupción, y, lamentablemente, por lo menos hasta el cierre de la edición de este artículo, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, no tomaba al toro por las astas.
Mientras todo esto ocurre, importantes bufetes de abogados asesoran a la Municipalidad de Lima, así como a Miguel Garro Barrera y a sus empresas, para buscar convencer al Ministerio Público de que el pago de los casi 36 millones de soles a Comunicore fue legal. La sensación que todo esto deja es que el hombre que quiere y puede ser Presidente del Perú busca ganar tiempo hasta que llegue la etapa preelectoral y, de ese modo, decir que las investigaciones que lo cuestionan son “ataques políticos de sus enemigos”. De hecho, ya ha empezado a decirlo.

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Daniel Yovera, periodista de Perú.21, ha sido denunciado por delito contra la fe pública-falsedad genérica, por uno de los principales investigados en el caso Comunicore, Miguel Garro Barrera. La denuncia sin duda, buscaría obstaculizar e interferir la investigación que actualmente realiza la primera fiscalía anticorrupción, a cargo de la doctora Fanny Quispe. Nos solidarizamos con Daniel y rechazamos cualquier pretensión de coaccionar la libertad de expresión.