Si tuviera que escoger el hecho más importante de la situación política del país, a fines de 2018, seleccionaría sin duda lo ocurrido con Vizcarra. Accedió a la presidencia debido a que PPK tuvo que renunciar (envuelto en sus mentiras, conflictos de intereses, y tal vez más, sobre Odebrecht, el indulto trucho a Fujimori y los “mamanivideos”). Todo indicaba que se venía más de lo mismo, es decir, un jefe de Estado sumiso a la prepotencia congresal fujimorista. 

Pero ocurrió todo lo contrario. En su mensaje del 28 de julio se paró firme y expresó claramente que no estaba dispuesto a ser un presidente títere y menos a un cogobierno con Keiko Fujimori. Y para que no quedara la menor duda de que estaba hablando en serio, sacó con una mano la carta del referéndum para varias reformas constitucionales que debía aprobar el Congreso sí o sí en un plazo determinado, y con la otra, la carta de la cuestión de confianza, con la que cerraría constitucionalmente el Congreso si no cumplía con lo primero.

Todos fuimos sorprendidos, pero más los fujimoristas, quienes habían ayudado al tránsito de PPK a Vizcarra. De esa manera se explican los insultos al presidente –por ejemplo, llamarlo traidor- revelados a través del Chat de la Botica. 

El presidente Vizcarra cierra el año con un nivel de aprobación del 66% (Encuesta  Ipsos-El Comercio). Pero el indicador más elocuente de su altísima popularidad es el resultado del referéndum, ya que la formula por la que él llamó a votar (sí, sí, sí, no ) obtuvo, en promedio, casi el 90% . 

Quiere decir que tenemos un presidente con un respaldo real y, en consecuencia, con una gran legitimidad para gobernar, por encima de la actitud obstruccionista de la alianza fujimorista-aprista en el Congreso. 

Vizcarra ya ha dado señales de tener voluntad para hacerlo. Conocidos los resultados del referéndum, lejos de dormirse en sus laureles, se volvió a dirigir al país con el tono de una nueva convocatoria para seguir avanzando. 

Este es su gran desafío: ¿qué priorizará y cómo lo hará? Lo primero que anunció fue una reforma laboral en la línea de las exigencias empresariales de reducir los costos laborales, a través de un nuevo proceso de flexibilización laboral, lo cual originó la renuncia de su ministro de Trabajo, quien se oponía. Pero, haciendo gala nuevamente de su pragmatismo y olfato político, el presidente ha dado marcha atrás, en el sentido de que mantiene la idea de esta reforma, pero hecha ya no al caballazo y de manera unilateral, sino a partir de un buen diagnóstico y tratando de generar consensos entre las posiciones en pugna.

También se le vienen temas como inversión minera y conflictos socioambientales, por no mencionar los que siempre están en agenda: educación, salud y seguridad.

Lo objetivo es que cerramos el año teniendo en Palacio de Gobierno a una persona que está en total sintonía con la población y con un ánimo de hacer y no dejar pasar. La oposición lo acusa de populista y de que todo lo que está haciendo es parte de una estrategia para quedarse más allá del 2021, punto que él ha negado enfáticamente, lo que se condice con el hecho de que no ha dado una sola medida en esa dirección. 

El descalabro fujimorista

El desmoronamiento del fujimorismo también constituye otro dato real y concreto de nuestra realidad política de fin de año, algo que tampoco estuvo en ninguna predicción.

La lideresa Keiko Fujimori, quien en el 2016 perdió las elecciones presidenciales por solo 40,000 votos, y quien logró una abrumadora mayoría en el Congreso, hoy está en prisión preventiva, investigada por lavado de activos, conjuntamente con sus principales asesores, y la opinión pública la repudia (según la última encuesta de Ipsos, su desaprobación ha alcanzado el 81 %, solo superada por el 87 % de Alan García)

Al mismo tiempo, vienen sucediendo una serie de renuncias en su bancada, Fuerza Popular, a modo de “sálvese quien pueda”. La primera fue la del congresista Petrozzi y la última la de la congresista Letona, quien no hacía mucho se desempeñaba como una una de las voceras. El mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha solicitado licencia a Fuerza Popular, y viene teniendo discrepancias visibles con la línea oficial. Acaba de aprobar, por ejemplo, la potestad de crear nuevas bancadas, aduciendo que se limita a cumplir con la sentencia del TC sobre el tema. Se trata de una medida que, de hecho, promoverá que más fujimoristas abandonen el barco y hasta puede provocar que Fuerza Popular pierda presidencias o mayorías en varias comisiones, como podría ocurrir en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde esa mayoría tiene amarradas tres acusaciones contra el Fiscal de la Nación.

A raíz de los videos en los que aparece Kenji Fujimori, varios de sus seguidores (“los avengers”) y funcionarios del gobierno canjeando obras a cambio de votos contra la vacancia de PPK, el benjamín de los Fujimori fue desaforado por el Congreso y actualmente se encuentra investigado por el Ministerio Público, todo lo cual ha reducido al mínimo el importante protagonismo político que llegó a tener.

En cuanto a su líder histórico, Alberto Fujimori, su indulto fue revocado por el Poder Judicial, aunque falta el pronunciamiento de la Corte Suprema. Actualmente se encuentra refugiado en una clínica buscando demorar al máximo su regreso a la Diroes. De esta manera, quedó demostrado que no tuvo la capacidad de poner orden en la familia, y de volver a hacer del fujimorismo una sola fuerza, como muchos analistas creyeron que podía ocurrir apenas él recuperara su liberad.

Lo cierto es que los antifujimoristas se han incrementado, en menos de un año, de un 29 al 54 por ciento, de acuerdo a la última encuesta del IEP. Si bien se sabe que en política no hay cadáveres, en cualquier caso, esta caída será muy difícil de revertir, más aún si sus principales dirigentes no podrán mantenerse en el Congreso, ya que la reelección de congresistas ha quedado prohibida después del referéndum. Actualmente, el horizonte del fujimorismo ya no es posicionarse bien para ganar las elecciones en el 2021, sino por impedir que sus principales líderes sean condenados y encarcelados.

Fiscales y jueces anticorrupción

El año 2018 también pasará a la historia como un año con una gran presencia en la escena pública de jueces y fiscales. Pero, paradójicamente, esa presencia ha sido por un lado positiva y por otro lado negativa.

Lo primero se expresa en que hemos visto una gran cantidad de magistrados, además de otras autoridades vinculadas al sistema de justicia (miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo), o al sistema político (congresistas), actuando como una organización criminal al servicio de la corrupción, la impunidad y demás fechorías

Como será de grave y profundo el fenómeno que el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido incluido en una de las investigaciones fiscales sobre el caso denominado los Cuellos Blancos del Puerto. Además, aparece en varios de los “audios de la vergüenza” y ha mentido acerca de sus reuniones con personajes clave. Estos hechos han determinado que la gran mayoría del país (más del 70 %) exija su renuncia, y se han generado cuatro acusaciones constitucionales en su contra.

Sin embargo, al mismo tiempo, han surgido un grupo de fiscales y jueces, con los que si bien se puede discrepar frente a determinadas decisiones, lo cierto es que están desempeñando una excelente labor frente a, precisamente, el crimen organizado, especialmente en los casos relacionados con Lava Jato y su vínculo con los más altos niveles del poder político y económico del país.

En el Ministerio Público está el equipo especial, al que pertenecen los (re)conocidos fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez , y en el Poder Judicial vemos a jueces como Richard Concepción Carhuancho , parte de la Sala Penal Nacional, ente especializado en el juzgamiento del crimen organizado, bajo la dirección de la jueza Inés Villa Bonilla.

Son estos magistrados los que han convencido a la mayoría del país (67 %, según encuesta de Ipsos) que la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y de otras personas vinculadas al caso de lavado de activos por el que se le investiga, constituye una excepción a la presunción de inocencia que se justifica y que es legal, más allá que la medida pueda ser revocada en segunda instancia en los próximos días .

Pero la principal señal de eficacia del grupo especial de fiscales es haber tenido la capacidad de negociar y llegar a firmar un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. La culminación de dicho acuerdo permitirá que los fiscales y jueces peruanos puedan acceder a toda la información y pruebas que en relación al Perú tenga la misma empresa o sus funcionarios.

El problema es que estos fiscales y jueces, al estar luchando verdaderamente contra la corrupción, se han convertido en una amenaza para los involucrados, y por ello vienen siendo hostilizados de manera evidente y grosera. Tienen una serie de procesos disciplinarios y hasta investigaciones fiscales en su contra (al juez Concepción Carhuancho se le han abierto tres investigaciones preliminares, dos de ellas a partir de denuncias de Álvarez y Orellana, dos jefes de mafia que se encuentran presos y condenados por grave delitos).

El propio fiscal Vela denunció las hostilizaciones que su equipo venía siendo objeto al interior de su propia institución, durante la audiencia pública de apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

Parte de las primeras declaraciones del electo presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, ha sido criticar a la Sala Penal Nacional y, concretamente, al mencionado juez, manifestando que una de sus primeras medidas será hacer que el Consejo Ejecutivo, presidido por él, revise la composición de dicha Sala.

Nada asegura que cuando esté en circulación esta revista, el Fiscal de la Nación haya decidido cambiar la composición del equipo especial de fiscales. Desde comienzos de diciembre ha venido circulando el rumor, lo cual ha generado el rechazo activo de muy diversos sectores de la población.

Fue una muy mala señal que Chávarry le haya pedido al fiscal Vela un informe de todos los casos que viene investigando y hasta del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, sabiendo perfectamente que este acuerdo todavía tiene carácter reservado, ya que hasta que no haya sido aprobado por la autoridad jurisdiccional puede ser objeto de cambios.

Sin embargo, tampoco sería raro que al final Chávarry no se atreva a hacerlo, dado que por más que tiene la protección de la mayoría de fujimoristas y apristas en el Congreso implicaría una provocación desmedida frente a la población que abriría sin lugar a dudas un escenario de movilizaciones y protestas.

Más aun, el actual equipo especial de fiscales cuenta con mecanismos para seguir investigando los casos que tienen en sus manos, por encima de la decisión de Chávarry, ya que las cabezas de las instituciones no pueden adoptar decisiones arbitrarias, sino que tienen que estar amparadas en normas bien motivadas. Pese a las diferencias, se puede mencionar, como antecedente reciente, cuando los jueces de la Sala Penal Nacional se negaron a pasar sus casos al nuevo Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios, aduciendo que su competencia sobre esos casos provenía de la ley y no podían entonces ser despojados por actos administrativos sin ningún amparo legal.

La cuestión es de suma importancia ya que de la continuidad de los fiscales y jueces mencionados depende que continúen los avances en las investigaciones y juicios sobre Lava Jato. Así de precaria es por ahora la situación, y el desenlace es inminente ya que durante los primeros días de enero, los fiscales deberán viajar a Brasil para volver a interrogar a los funcionarios de Odebrecht , pero ya en el marco del convenio de colaboración eficaz, lo cual implica manifestaciones definitivas, acompañadas con las pruebas que las corrobore.

El post-referéndum y la Junta Nacional de Justicia

Ya se ha dicho que después del referéndum el presidente Vizcarra ha salido a anunciar una serie de medidas, que expresan su voluntad de hacer y no solo de administrar la situación del país hasta el 2021.

Pero lo primero que se viene es ver cómo se van a implementar las reformas constitucionales aprobadas en la consulta popular, y una de ellas es la elección de la Junta Nacional de Justicia, órgano que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos últimos miembros fueron removidos producto de lo que se descubrió a través de los audios mencionados. Este órgano estará a cargo de la elección, evaluación parcial, ratificación y destitución de jueces y fiscales, además de la elección de los jefes de la Reniec y de la ONPE. Y por si fuera poco, ha quedado también facultado de revisar los procesos que llevó a cabo el CNM destituido.

Es un punto sumamente positivo que los siete miembros de la nueva Junta Nacional vayan a ser nombrados luego de un concurso público de méritos. Sin embargo, la composición de la Comisión Especial que deberá escoger a los ganadores de dicho concurso, es muy poco adecuada y no ofrece ningún tipo de garantías, por más que incomprensiblemente venga de la propuesta hecha sobre la reforma del sistema de justicia realizada por la comisión de notables presidida por Alan Wagner.

Es cierto que la mayoría de la población (casi el 90 %) votó favor de esa reforma, pero en realidad lo hizo sin conocer el mecanismo técnico que implicaba, pues de lo que se trataba era de aprobar el cambio y respaldar al presidente Vizcarra.

Esta Comisión Especial está integrada por el Defensor del Pueblo, cargo que ocupa actualmente Walter Gutiérrez, quien fue elegido por la actual mayoría congresal fujiaprista; el Fiscal de la Nación, es decir, el cuestionado Pedro Chávarry; el Presidente del Poder Judicial, actualmente José Luis Lecaros, quien ha tenido gestos reprobables, como minimizar la corrupción descubierta en el sistema de justicia; el Presidente del Tribunal Constitucional (Ernesto Blume), quien en junio debería volver en principio a su estudio de abogados; y el Contralor de la Republica, Nelson Shack, del que todavía no se tiene una evaluación de desempeño.

A estas cinco altas autoridades deberán sumarse dos rectores elegidos por el conjunto de rectores de las universidades públicas y privadas con una antigüedad de mas de 50 años y que hayan obtenido el licenciamiento de la Sunedu. Este punto no estaba en el planteamiento de la Comisión Wagner, sino que fue incluido acertadamente por el Congreso, como una forma de no eliminar totalmente la participación de la sociedad civil y de romper el ambiente “endogámico” que de hecho se generaría si la Comisión hubiera quedado compuesta solo por altas autoridades del Estado .

Qué salga una buena Junta de Justicia, que asuma tan importantes funciones, dependerá, en primer lugar, de la ley que se apruebe al respecto (el Ejecutivo ya ha presentado un proyecto al respecto), en la que deberá introducirse garantías frente a la Comisión Especial , en cuanto a la idoneidad de sus miembros y posibles conflictos de intereses. Para comenzar, sería un sin sentido si Chávarry termina siendo uno de los siete votos que elija a dicha Junta, que tiene entre sus primeras tareas evaluar su caso. También de la calidad de los candidatos que se presenten y, sobre todo, de la fiscalización ciudadana que se desarrolle en torno a estos nombramientos.

Es todo un desafío sumamente difícil que tiene un mal punto de partida: la composición de la Comisión Especial que deberá elegir a la Junta Nacional de Justicia, lo cual deberá ocurrir, según el cronograma previsto, durante el primer trimestre del próximo año.

Se termina el año de una manera bastante mejor a lo que se creyó ocurriría después de la caída de PPK, y por tanto, con expectativas, aunque las incertidumbres y peligros también son muchos.