Al inicio de los tiempos, habitaba el primer ser humano sobre la tierra, que en su soledad trataba de organizar sus actividades cotidianas, se defendía de los peligros, tomaba decisiones consigo mismo: buscaba sobrevivir. Una mañana apareció alguien como él, y poco a poco ambos empezaron a disfrutar placenteramente el transcurrir del tiempo, realizar actividades acompañados y enfrentar ese ambiente inhóspito que los rodeaba. Un día cualquiera surgió un problema que sin darse mucha cuenta escaló hacia un conflicto. No sabían qué hacer, era algo totalmente desconocido que les despertaba distintas emociones y sentimientos. Durante el tiempo que vivieron solos no habían enfrentado algo parecido. Se sucedieron los días, las semanas y aquellos momentos placenteros se desvanecieron y la convivencia fue resultando poco agradable. De pronto decidieron utilizar la palabra y expresar sus sentimientos, ambos aludieron sentir un “nudo en la garganta”, recordaron los momentos de dicha juntos, el momento en el cual surgió ese problema y los incidentes que fueron generando que la distancia apareciera. Luego de varias horas y días tratando de entenderse, pudieron acordar tres reglas para asegurar la convivencia: hablar sin ofender, escuchar con atención y atender con el corazón. Pasó una semana y surgió otro problema, pero esta vez recordaron las reglas que ambos habían acordado días atrás. 

La convivencia puede ser placentera pero también es retadora. Para no aniquilarnos los unos a otros debemos adquirir e internalizar diferentes habilidades, reglas, normas y valores sociales. Este es un proceso abierto que dura toda la vida y solo es posible en la interacción, en la que se generan problemas que pueden derivar fácilmente en conflictos y violencia. El conflicto es un hecho natural, y si aceptamos que lo es, tendríamos, en consecuencia, generar acuerdos de coexistencia y revisarlos cada cierto tiempo a la luz de los cambios.  

Si examinamos cómo anda la conflictividad social en el Perú –que involucran al Estado, sociedad civil y las empresas– el primer trimestre del 2019, estos han vuelto a captar la atención de la opinión pública y sobre todo colocar en la mira el esfuerzo que viene realizando el presente gobierno en esta materia. La presión, opiniones y críticas de  diversos sectores no se han hecho esperar. Si bien, su accionar pone en el centro del debate los retos  pendientes que se tienen para el abordaje oportuno y constructivo de los conflictos en el país, estos no dependen únicamente de los que están al frente del gobierno, nos involucra a todas y todos como ciudadanos de esta nación.

Por citar dos ejemplos, lo acontecido en Loreto, que involucró a la comunidad nativa de Mayuriaga, Estado y Petroperú; y en Apurímac, a la comunidad campesina de Fuerabamba, el Estado y la empresa minera las Bambas. Los conflictos nos están diciendo que se necesitan cambios y reformas sustantivas. De estos dos casos deberíamos extraer importantes lecciones para mirar con atención cómo se ha estado respondiendo a los asuntos de fondo detrás de los conflictos; repensar cómo las empresas se relacionan con su área de influencia y cómo asumen su responsabilidad frente a los impactos que generan; los mecanismos que utilizan los actores sociales para canalizar sus demandas; las dificultades que enfrentan las partes para establecer un diálogo genuino, intercultural y sostenible; los retos que persisten en materia de institucionalidad para el abordaje de conflictos, por enumerar algunos.

La Defensoría del Pueblo, reporta mensualmente cómo nos encontramos en materia de conflictividad, señala que la mayor cantidad de conflictos están vinculados a las actividades extractivas, principalmente minería e hidrocarburos; las noticias, en general, son las mismas cada mes. En los últimos años los conflictos sociales en número se mantienen en la misma cantidad, circunscritos a casi los mismos sectores, en los mismos lugares, con las mismas características. La sensación que nos deja este escenario es que nos encontramos aparentemente frente problemas que son sustanciales y recurrentes: el acceso a servicios básicos de calidad, la remediación de pasivos ambientales, problemas de salud vinculados al impacto de las actividades extractivas, la desconfianza en las instituciones, corrupción, ilegalidad, desigualdad, discriminación, entre otros.

La atención integral a los problemas de fondo, genera reacciones en la población, que ve que sus demandas y los acuerdos suscritos no se ven materializados transcurridos varios oficios remitidos y reuniones de “diálogo”. Frente a ello, una herramienta que ha vuelto a cobrar “efectividad” es la confrontación violenta. El bloqueo de vías públicas, daños a la propiedad, encadenamientos, toma de instalaciones y rehenes, amenazas, son parte del repertorio de los actores movilizados. Al respecto, también la Defensoría del Pueblo, señala que del 2017 al 2018, se incrementaron en 605 las acciones colectivas contenciosas; y que durante el 2018 fueron reportados cinco civiles fallecidos y 134 personas heridas. No es sorpresa (ahora), que en parte de los pronunciamientos o comunicaciones de los actores sociales, figure una amenaza de violencia en caso no se atiendan sus demandas y se cumplan los acuerdos con celeridad. Esto es preocupante y algo tenemos que hacer como sociedad para que estas prácticas no sean naturalizadas. 

Si los actores sociales involucrados no asumen su responsabilidad, no esperemos que los conflictos se solucionen solos o por invocación, estos van a permanecer activos, más bien es posible que se activen otros más que escalen a escenarios de crisis, en ese sentido, es necesario que tanto el Estado, sector empresarial, las comunidades se involucren activamente en la revisión de las reglas de convivencia democrática. 

Entonces el sector empresarial tiene que pasar del relacionamiento bilateral al relacionamiento multiactor y de la incidencia política para la búsqueda de beneficios privados a la incidencia para el desarrollo local, que cumpla los acuerdos que suscribe y sea transparente con el manejo de información, revisando permanentemente sus códigos de conducta corporativa y gremial. Las comunidades tienen que fortalecer la organización comunal, la promoción de liderazgos constructivos e inclusivos, la idoneidad de sus asesores, el ejercicio de la transparencia, el diálogo comprometido con la búsqueda de consenso y la planificación orientada por propuestas y aportes al desarrollo de sus territorios.

En cuanto al Estado, es necesario que dentro de las reformas que está emprendiendo el gobierno en materia electoral, justicia, laboral y político, se incluya fortalecer la institucionalidad en materia de abordaje de conflictos, algo que ha venido en decaída en los últimos años. La PCM, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial,  afine cada vez más su liderazgo en la orientación estratégica de la gestión de conflictos del gobierno, que sea la que coordine la intervención y seguimiento de los acuerdos, que asuma el reto de armonizar los enfoques de intervención entre los sectores, avanzando de una manera  más articulada, eficiente y eficaz en el abordaje institucional de los conflictos en el Perú. Dar pasos en este sentido sentará las bases para una revisión permanente de sus reglas de funcionamiento, y en consecuencia de una real evolución institucional. 

Si seguimos sin revisar nuestras reglas de convivencia nos mantendremos en la condición de testigos de las consecuencias de privilegiar riqueza sin desarrollo, crecimiento sin redistribución, movilización sin contenedores institucionalizados, democracia con bolsones sociales excluidos. Estos conflictos nos están diciendo que se necesitan cambios  urgentes.

Bibliografía

Documento de análisis de la conflictividad social “El Trimestral”. Defensoría del Pueblo. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Trimestral-N%C2%B0-2-diciembre-2018.pdf >

Conflictos sociales en escalada. Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Disponible en: < http://prodialogo.org.pe/articulo/escalada >