La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del TPP no sólo ratifica los nuevos vientos de la política ultraconservadora en ese país, sino que también desnuda totalmente a los países como el Perú que se sumaron irreflexivamente a esa política norteamericana que buscaba liderar a un grupo de 12 economías para enfrentar en grupo a China y el resto de países de APEC.

Como se sabe, la decisión de Trump liquida el TPP porque las propias reglas del tratado establecen que sólo es aplicable con la participación del 40% de las economías que lo suscribieron. La economía estadounidense sola es más que ese porcentaje; por lo tanto, sin USA el TPP es una ilusión. ¿No sabían eso las autoridades peruanas que invirtieron cuatro años de negociaciones y cientos de miles de dólares en viajes y reuniones? Era obvio que íbamos como furgón de cola de la iniciativa de USA y totalmente dependientes de sus decisiones.

Recientemente, el presidente Kuczinsky anunció que Perú debía impulsar una política de mayor acercamiento con China. Eso es correcto, pero debió hacerse desde hace años en vez de hacer seguidismo a la estrategia estadounidense. En realidad Perú tenía poco que ganar, pues ya tenía el TLC con USA, también con Canadá y Japón, además de los acuerdos con la Alianza del Pacífico con México, Colombia y Chile. Por lo tanto, mejorar relaciones comerciales con otros miembros de APEC como Australia, Nueva Zelanda, Vietnam o Brunei podía hacerse en el marco de las relaciones con el conjunto de países de APEC, y no haciendo un agrupamiento detrás de USA.

El TPP nos obligaba a pagar un precio muy alto mediante la ampliación del plazo de los datos de prueba de los medicamentos de última generación, que equivale a ampliar las posiciones de dominio de las transnacionales en la comercialización de sus productos. Y lo que es peor, el TPP nos obligaba a ir a una autoridad supranacional si alguna empresa demandaba al Perú por algo que consideraban inconveniente para ella. Estos eran los temas críticos del TPP.

La industria de medicamentos y los tratados internacionales

Desde principios de los 90, la Organización Mundial de Comercio (OMC) adoptó un acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio (APDIC) orientado a proteger los resultados de investigaciones para obtener nuevos productos o procedimientos. En el campo de los medicamentos este acuerdo permite la protección de productos nuevos mediante las patentes que pueden tener vigencia por 20 años, período durante el cual la empresa respectiva es la única autorizada a producir y vender dicho producto al precio que crea conveniente con el fin de recuperar su inversión.

A fines de los 90, tanto Brasil como Sudáfrica, ante la grave incidencia del VIH/SIDA en sus respectivos países y el alto costo de los antirretrovirales en el mercado internacional, decidieron unilateralmente no respetar las patentes de esos medicamentos y producirlos por su cuenta para su consumo interno. Como consecuencia de ello fueron denunciados por las empresas farmacéuticas ante tribunales internacionales y sufrieron embargos importantes.

En noviembre del 2001, por iniciativa de numerosos países en vías de desarrollo, la OMC reunida en Doha acordó Excepciones a los APDIC (Excepciones de Doha) en apoyo “al derecho de los miembros de la OMC para proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos los miembros de la OMC”. Esas excepciones incluyen las autorizaciones que puede dar un país para realizar importaciones paralelas o producir directamente, sin autorización del dueño de la patente.

Estas excepciones a los APDIC, favorables a los países en vías de desarrollo, han tratado de ser revertidas por las empresas transnacionales de medicamentos presionando a sus gobiernos para que los países en vías de desarrollo renuncien a ese derecho cuando se suscriben tratados de libre comercio en general.

En el caso de Perú, la primera experiencia fue durante la negociación del TLC con Estados Unidos en el período 2005-2006. La presión de las transnacionales a través de los negociadores oficiales fue para que Perú renuncie a las Excepciones de Doha, pero la posición firme del MINSA impidió que eso sea aceptado, pese a la posición favorable del MINCETUR. Por eso el TLC con USA incorporó en abril de 2006 párrafos explícitos que reafirman las excepciones de Doha. Igualmente, dicha presión fue nuevamente ejercida por las transnacionales del fármaco cuando Perú negoció el TLC con la Unión Europea durante los años 2010 y 2011, pretendiendo ampliar la vigencia de las patentes y la protección de los datos de prueba, lo cual no fue aceptado por el MINSA. Por eso, el inciso 2 del artículo 196 del TLC con la Unión Europea dice explícitamente que se respetan las Excepciones de Doha.

En el contexto de las discusiones del TPP, la renovada presión de las transnacionales del fármaco consiguió dos temas lesivos para los países en desarrollo, que lamentablemente el Perú suscribió: el primero, la protección de los datos de prueba hasta por 8 años, lo cual permitiría que la vigencia de las patentes se prolongue; y el segundo, la creación de instancias supranacionales para resolver cualquier demanda que una empresa presente contra el país.

Fortalecer la regulación interna en defensa de la salud pública

Desaparecido el TPP, lo lógico esque el país fortalezca su marco de regulación interna para evitar que se consoliden posiciones de dominio de algunas transnacionales. Esto es indispensable porque los costos de los medicamentos modernos, en su gran mayoría biológicos contra el cáncer, VIH/SIDA y enfermedades reumáticas, son tan elevados que dentro de poco será imposible financiar con recursos públicos. Recordemos que el 98% de los productos oncológicos que se venden en el país lo compra el sector público (MINSA, EsSalud, Sanidades); y que de los 750 millones de soles que EsSalud gastó en medicamentos en el 2006, la tercera parte fue para comprar medicamentos biológicos. Además, diversas empresas importadoras han conseguido medidas cautelares que impiden el registro y comercialización de productos biosimilares que les hacen la competencia.  Si no se establecen mecanismos regulatorios firmes, gran parte del presupuesto público en salud será destinado a comprar productos monopólicos.

Sin embargo, lo que viene sucediendo no es el fortalecimiento de la capacidad regulatoria del Estado, sino su debilitamiento. Uno de los aspectos más negativos del DL 1305, felizmente derogado por la Comisión Permanente del Congreso, era quitarle al Instituto Nacional de Salud las funciones de regulación de la calidad de medicamentos y las nuevas tecnologías en salud, lo cual favorecería sin duda las posiciones de dominio de los grandes importadores de fármacos. Pero además, se han aprobado los DL 1344 y 1345 que excluyen a los cosméticos, dietéticos y edulcorantes del control de la Ley de Medicamentos, permitiendo que se registren y comercialicen productos con sólo una declaración jurada del fabricante o importador, sin ningún control sanitario previo. Es decir, un retroceso en toda la línea. Ojalá el Congreso no dé luz verde a estas iniciativas que atentan contra la salud pública.

El fracaso del TPP debe convertirse en una oportunidad para garantizar una mayor regulación interna en el campo de los medicamentos. La salud de 31 millones de peruanos así lo demanda.