Entre las elecciones catalanas del 27 de septiembre y las elecciones generales que deben realizarse antes de fin de año, España se encuentra en la incertidumbre proveniente del rumbo adoptado por esa realidad que es Cataluña, donde vive algo más de una sexta parte de la población del país.

Las dudas e inquietudes no han surgido recién ahora. Son parte de un proceso histórico de siglos que inició el difícil tramo actual en febrero de 2004, cuando empezó la discusión de una reforma del Estatut, la norma básica que –aprobada por el parlamento catalán y ratificada por el parlamento español– rige la condición de Cataluña dentro de España. Debates interminables sobre lengua y educación, impuestos y financiación, identidad y competencias del gobierno autonómico –que en algunos casos han llegado a los tribunales– han atravesado los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y Mariano Rajoy, después.

De un lado, se discuten asuntos concretos de la administración, entre los cuales prevalece el tema de si Cataluña aporta a España, mediante la tributación, montos mucho mayores a los que recibe. De otro, entre los ejes simbólicos de la controversia destaca el que gira en torno a la afirmación o negación de Cataluña como “una nación”.

La controversia se hizo irreductible
En el desarrollo reciente, el reclamo catalanista de los “derechos históricos” se convirtió en una lucha por la independencia. La metamorfosis, orientada por los líderes más radicales, no puede ser entendida sin la negativa de quienes, desde el gobierno en Madrid, han rechazado la posibilidad de reconocer consecuencias de la singularidad de Cataluña en términos de una mayor autonomía. La negación se hizo rotunda a partir de 2012 con el gobierno del Partido Popular y la presidencia de Rajoy.

Pero el crecimiento de la demanda en Cataluña tampoco puede ser explicado sin advertir el impacto de los partidos políticos nacionalistas que –en una estrategia similar a la seguida en el caso del País Vasco– han cultivado los sentimientos propios hasta el punto de enarbolar la secesión como bandera. Se ha trazado una política encaminada a construir la imagen de España como agresora y Cataluña como víctima de la arbitrariedad. De esa imagen se ha buscado obtener beneficios políticos, al tiempo que se buscaba disimular los problemas del gobierno autonómico catalán –presidido por Artur Mas– , incluidos diversos e importantes casos de corrupción.

El “españolismo” y el “catalanismo”, finalmente, se han complementado, alimentándose mutuamente. Unos se han encastillado en la unidad de España y los otros se han atrincherado en la singularidad de Cataluña. Así se fueron estrechando progresivamente los espacios intermedios, dejando cada vez menor margen a las soluciones transaccionales.

La atmósfera de una doble crisis
La radicalización de la exigencia nacionalista catalana encontró un ambiente propicio. El vuelco político ha tenido lugar a la estrecha salida de una crisis económica de la que surge un país en el que, de un lado, determinados sectores se han empobrecido y en el que muchos han debido abandonar las expectativas acunadas en las dos décadas anteriores a 2008 y, de otro, ha ocurrido un sismo en el sistema bipartidista que controló el Estado durante más de tres décadas. Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), objeto de una extendida desconfianza ciudadana, probablemente verán este año que las elecciones generales producirán el fin de su alternancia en el gobierno.

Crisis económica que contrajo ingresos y disminuyó el gasto social. Cuestionamiento del manejo de lo público por dos partidos que, luego de la muerte de Franco en 1975 y la entrada en vigencia de la Constitución en 1977, se convirtieron en los protagonistas principales del ejercicio del gobierno. Con esos factores en juego tuvieron lugar en la mayor parte del país las elecciones municipales y autonómicas (regionales) de mayo de este año. Los resultados mostraron que el PP obtuvo 27.05% de los votos emitidos y el PSOE, 25.02%. El bipartidismo, hasta entonces dominante, estaba tocado: casi la mitad del electorado buscaba otras opciones.

Dos nuevos partidos habían aparecido con capacidad para disputar por espacios propios: Ciudadanos (surgido originalmente como Ciutadans de Catalunya) y Podemos. Estas agrupaciones comparten un diagnóstico sumamente crítico del ejercicio del poder en España, con especial atención a la corrupción. Ciudadanos puede ser situado en una tendencia liberal, en lo político y en lo económico, que no se desentiende de las políticas sociales, bajo el liderazgo de jóvenes dirigentes muy articulados. Podemos denuncia a “la casta” política que ha gobernado España pero se niega a ser catalogado como de izquierda, pese a que algunos de sus principales cuadros militaron en grupos marxistas y a que sus dirigentes han aparecido vinculados a los “socialismos del siglo XXI” de Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuyos rasgos autoritarios se han negado a condenar.

Ganancias y pérdidas
En ese marco y con esos nuevos actores políticos en el escenario, el nacionalismo catalán radicalizó su demanda de autonomía como intento de secesión. Al tiempo que el gobierno de Cataluña rotulaba la contienda como “elecciones plebiscitarias”, los partidos que compitieron el 27 de septiembre hubieron de definirse por el Sí o por el No a la independencia de Cataluña. La campaña electoral se desenvolvió así en el terreno propuesto por el independentismo y, en esos términos, los resultados dieron al No una ligera mayoría de electores.

En las elecciones catalanas todos perdieron, salvo Ciudadanos, que al borde de 18% de los votos resultó en segunda posición y triplicó el número de sus diputados del parlament. La alianza nacionalista Junts pel si, que obtuvo el primer lugar con 39.5% de los votos, recaudó menos de lo que 2012 sumaron sus dos socios (CDC y ERC). Mientras la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), que reúne a republicanos socialistas radicales, se hacía de 8.2% de los votos, los demás contendientes obtuvieron resultados inferiores a los de elecciones previos. El PSOE quedó reducido a 12.7% y el PP a 8.5%. El frente en el que Podemos fue protagonista obtuvo sólo 8.9%.

Con esos resultados, la mayoría necesaria en un régimen parlamentario para elegir president y formar gobierno en Cataluña parecía, en la semana siguiente a la elección, difícil de alcanzar. Los independentistas (Junts pel si y la CUP) aritméticamente sumados forman mayoría en el parlament pero la CUP adelantaba que, no habiéndose alcanzado mayoría de votos, no puede declararse la independencia. Ciudadanos convocaba a los no independentistas pero reunir, por ejemplo, al PP y Podemos luce prácticamente imposible. Si hasta terminar octubre no se lograse formar gobierno en Cataluña, debería irse a una nueva elección, que sería la cuarta en los últimos cinco años.

Lo que viene es impredecible
Además de haber producido una situación trabada en Cataluña, estos comicios repercuten en las elecciones generales que el gobierno debe convocar para que tengan lugar antes de que 2015 termine. Ciudadanos aparece como un protagonista importante en la escena nacional, con aspiraciones de gobierno que hace un año se hubieran considerado ilusorias. El PSOE, en la oposición durante los últimos cuatro años, comparecerá sin haber logrado recuperarse de la derrota electoral que lo desalojó del gobierno en 2011. Podemos, que a comienzos de año encabezó la intención de voto en algunas encuestas de alcance nacional, no ha podido detener la caída en las preferencias que siguió a su apogeo efímero.

La situación en el gobernante PP, que sale maltrecho de la votación catalana, es especialmente llamativa. El ex presidente José María Aznar ha hecho pública una declaración en la que amonesta severamente a la conducción del gobierno, imputándole la responsabilidad por los pobres resultados obtenidos y acaso proponiéndose como un candidato alternativo a Rajoy.

El futuro de Cataluña depende, en cierta medida, de las elecciones en las que toda España elija un parlamento que deberá formar gobierno. Se anticipa que en ellas ningún partido tendrá mayoría propia y que deberá constituirse una alianza para gobernar a partir de enero de 2016. Ese nuevo gobierno será el interlocutor para Cataluña, esa parte del país, con siete millones y medio de habitantes, en la que casi la mitad de los votantes han elegido ser representados por posiciones independentistas. Pero la incertidumbre no afecta sólo al futuro de Cataluña sino al de España.