Entidades nacionales e internacionales han reportado que volúmenes superiores al 50% de la madera que se extrae en el Perú tiene origen controversial, y un porcentaje de ella viene siendo exportada. Según investigaciones policiales y fiscales, estas ilegalidades se vendrían realizando con anuencia y complicidad de algunos funcionarios forestales responsables del control y fiscalización de las Regiones de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, los mismos que son el primer escalón de control forestal y el de mayor responsabilidad.

Las investigaciones que se vienen realizando a algunos casos emblemáticos, como Yaku Kallpa[1]^,[2],[3],[4] Patrones de Ucayali[5]^,[6],[7] y los Castores de Selva Central[8],[9],[10] entre otros, vienen demostrando los siguientes factores en común:

• Presentación de Inventarios forestales falsos por parte de Regentes Forestales.
• Aprobación de Planes Operativos con información falsa por parte de funcionarios forestales regionales.
• Expedición y/o venta de volúmenes por parte de los titulares de los Títulos Habilitantes.
• Canje y emisión de Guías de Transporte Forestal-GTF con información falsa por funcionarios forestales regionales.
• Compra y venta de madera ilegal y posterior blanqueo.

Muy a pesar de estas intervenciones e investigaciones de connotación nacional e internacional, la tala y comercio ilegal de maderas continúa sin restricción. Pero, ¿cómo puede suceder esto? ¿Quiénes son los responsables? Allí encontramos a las siguientes entidades estatales:

- Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios.

- Contraloría General de la República y sus sedes Regionales.

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

- Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

- SUNAT

- Marina de Guerra del Perú, a través de sus Capitanías de Puerto.

- Policía Nacional del Perú, a través de sus Unidades Especializadas.

- Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA)

- Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental - MINAM.

- Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal.

La tala y comercio ilegal de productos forestales maderables conlleva la comisión de un concurso de delitos tipificados en el Código Penal peruano, entre ellos: Delitos contra los bosques y de tala ilegal, Contra la Fe Pública, Corrupción de funcionarios, Tributarios y Crimen Organizado, con el principal componente de que esta actividad se realiza en varias Regiones y como puntos finales las ciudades de Lima y Callao, para luego ser exportadas al extranjero. Este comportamiento multirregional hace que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental-FEMA, titulares de la investigación fiscal, tengan limitaciones jurisdiccionales para su actuación, por no contar con competencia nacional y no estar facultadas para investigar los delitos conexos derivados de la tala ilegal. Con relación a ello, sería recomendable que el Ministerio Público otorgue mayores facultades a las FEMA para enfrentar y combatir esta actividad ilegal. Las demás entidades, a excepción de OSINFOR, al no conocer el modus operandi de la tala y comercio ilegal muy poco o nada pueden realizar para combatirla.

Hay que dejar en claro que el primer escalón de control forestal son las Direcciones Ejecutivas Forestales y de Fauna Silvestre Regionales, entidades que, al ser altamente permeables a redes de corrupción, dificultan todo tipo de investigaciones; y, por el contrario, favorecen de manera significativa y determinante el blanqueo de madera. A fin de probar dicha hipótesis, se han identificado las siguientes modalidades delictivas:

• Aprobación de los Permisos de Extracción Forestal otorgados a Comunidades Nativas, Predios particulares y otros derechos, con inventarios forestales falsos, los mismos que no son reportados de manera inmediata a OSINFOR para su supervisión. Cuando procede la supervisión, esta se hace en forma extemporánea, cuando ya el 100% del volumen autorizado (fraudulento) ha sido vendido en el mercado negro.
• Expedición de GTF con información fraudulenta relacionada a la madera aprovechada, los volúmenes, el medio de transporte y la identidad del transportista.
• Controles ficticios de madera por parte de funcionarios forestales.
• Alteración de la base de datos del Sistema Informático Forestal para “ruletear” los volúmenes registrados en dicho programa, a cargo de funcionarios forestales.

A fin de graficar lo expuesto, se presenta la GTF Serie 0021 Nº 005365, expedida el 18 de noviembre de 2015 por el ingeniero Anderson Chávez Chota, Jefe del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre de Mazan-Loreto, certificando el aprovechamiento y transporte de 39 trozas con 100 m³ de madera especie Shihuahuaco (Dipteryx odorata), del Contrato de Extracción Forestal Nº 16-IQU/P-MAD-SD-005-14 perteneciente a la Comunidad Nativa Sumac Allpa, ubicada en el distrito de Napo, provincia de Maynas,  Loreto. El cargamento se dirigía hacia la ciudad de Pucallpa, Ucayali, en las embarcaciones fluviales Jianina I, con matrícula IQ-18718-AF, y Jianina II, con matrícula PA-29549-AF, conducidas por Demetrio Ahuanari Ricopa, tal como se aprecia en el siguiente documento:

Realizada la trazabilidad, solo documentaria, se constataron las siguientes irregularidades:

El transportista consignado en la GTF, Demetrio Ahuanari Ricopa, identificado con DNI Nº 05599519m se encuentra registrado en la RENIEC como fallecido desde el 07 de mayo de 2014.

1. Por su parte, la Autoridad Portuaria Nacional ha reportado que las autorizaciones de zarpe y arribo de las embarcaciones fluviales Jianina I, con matrícula IQ-18718-AF, y Jianina II, con matrícula PA-29549-AF, no se encuentran registradas en sus bases de datos, ni en la localidad de Mazan (Loreto), ni en Pucallpa (Ucayali), en el periodo del 18 al 30 de noviembre de 2015.

Entonces tenemos que, si el transportista declarado se encontraba fallecido desde 19 meses antes de la expedición de la GTF, y si la Autoridad Portuaria Nacional ha certificado que ese transporte no ha sido registrado, se deduce un transporte fraudulento de madera y/o venta de volumen a través de la GTF. Sin embargo, ¿como se explica que este documento oficial tenga sellos y firmas de funcionarios forestales de los Puestos de Control Forestal de Nauta, Requena y Contamana, en Loreto, así como Tacshitea y Sectoristas en Ucayali, reportando haber constado físicamente a un fallecido y embarcaciones fluviales fantasmas? La única respuesta plausible es que estos funcionarios forman parte de redes de corrupción, como la organización criminal denominada los Patrones de Ucayali, esta última investigada en el 2016 por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, y actualmente entrando a la etapa de juicio oral en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional.

Esta es una demostración objetiva del modus operandi que vienen adoptando diversas organizaciones criminales dedicadas a la extracción ilegal de madera, blanqueo y posterior comercialización en la Amazonía, la misma que es puesta a consideración de las autoridades competentes y público en general.

[1] https://ojo-publico.com/especiales/madera-ilegal/la-odisea-del-yacu-kallpa/