Es un nombre que evoca imágenes de helicópteros, atentados, y oscuros hombres con seudónimo. El VRAEM existe en nuestro imaginario, como un lugar casi Orwelliano: muchos no saben ubicarlo en un mapa, pero saben, por lo que cuentan los periódicos, que ahí se libra un conflicto sin fin. El Valle del Rio Apurimac, Ene y Mantaro, o VRAEM, es una zona asociada con el narcotráfico, el senderismo y el cultivo de coca: es por ello que es frecuentemente visitada por operativos militares, que tratan de erradicarlos. El ultimo operativo, “Camaleón”,  ha llegado a las primeras planas por haber causado la muerte de los cabecillas narcosenderistas “Alipio” y “Gabriel”. No obstante estas intervenciones constantes, no se atisba un final a la crisis del VRAEM. 

Lejos de agotarse, la actividad de los narcotraficantes parece prosperar. Hay indicios alarmantes. El informe UNODC 2013 (de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen) dedicado al Perú aun no se ha publicado, a diferencia de los dedicados a Colombia y Bolivia. Estos dos últimos informes indican una reducción de la producción de drogas en sus respectivos países, la demora del informe peruano podría sugerir un resultado contrario. Se sospecha que el Perú tenga una masiva industria de lavado de dinero. El crecimiento exponencial de construcciones inmobiliarias en Ayacucho es sospechoso. Y los vínculos entre gobiernos anteriores y narcotraficantes, revelados por los narcoindultos, no hacen más que confirmar la sospecha que muchos narcotraficantes de cuello y corbata siguen en libertad.

Entre tanto, el VRAEM se está militarizando: se proyecta la construcción de un aeródromo militar de 476 hectáreas en el distrito de Pichari, expropiando terrenos agrícolas de la comunidad Otari Colonos. A 4 kilómetros de ahí, un penal de máxima seguridad espera a ser construido. Las poblaciones de la zona responden indignadas, pero, por ahora, lo que ocurra en el VRAEM parece estar exclusivamente en manos de militares y políticos limeños.

Y es que el VRAEM que conocemos por los medios de comunicación es distinto al que viven los habitantes de la zona. Existe un grave desfase entre las acciones del Estado y la voluntad de la sociedad civil, que reclama algo más que intervenciones militares. Estos reclamos caen en oídos sordos, pero existen. El 18 de Agosto, habitantes de Pichari organizaron una marcha por la paz, exigiendo la llegada del desarrollo en la región, y rechazando la violencia. Recientemente, un grupo de dirigentes civiles del VRAEM llegaron a Lima para acudir al Foro del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDHH) que transcurriría en el Congreso el 23 de agosto. 

Estos intentos de diálogo con el gobierno central son constantemente frustrados. La marcha por la paz de Pichari fue interpretada como un agradecimiento a las politicas del gobierno, y no como un reclamo de una mejora de la situación para los civiles. El Foro, a su vez, fue frustrado. Las puertas del Congreso fueron abruptamente cerradas a los dirigentes: el tema del narcotráfico, asociado a la región del VRAEM, se había vuelto delicado por la crisis de los narco congresistas. 

Pese a estas trabas, los dirigentes venidos para el Foro querían ser escuchados. El grupo llamó a una conferencia de prensa, para dar a conocer sus reclamos.

Los integrantes de este colectivo son: Ruth Rodríguez, ex teniente gobernadora de la Comunidad Otari Colonos; Carlos Oriundo Infante, abogado; Aurelio Cisneros, que es Comunero, Miguel Angel Camaná, miembro del comité de autodefensa, Micaela Barbosa, representante Ashaninka, y Noe Chimaico Romero, estudiante y presidente de la federación universitaria de la UNSCH. Estos dirigentes sostienen que la crisis del VRAEM no es  entendida cabalmente por Lima, y proponen nuevas soluciones que solo pueden ser viables si se incorpora a los civiles.  

 “Que vengan los políticos, que se queden una semana. Los invitamos a que visiten el VRAEM y declaren desde ahí.” Esta frase se repetía, de una u otra forma, en todas las intervenciones. Todos insistían que la razón de la ineficiencia de las políticas del VRAEM era la ignorancia del gobierno central. La violencia había retrocedido, en parte gracias a los civiles, y ya era hora de encontrar formas nuevas de mantenerla a raya.

Ruth Rodríguez sostiene que  la gente del VRAEM no quiere más militares y que la construcción del aeródromo militar de Otari Colonos tendrá consecuencias nefastas ya que se destruirán terrenos usados para el cultivo. En lugar de esto, como agricultora, pide el apoyo de una política agraria que les ayude a crecer. En el mismo sentido  Aurelio Cisneros dice que la zona afectada por la construcción del aeródromo es usada en un 70% para la producción de cacao, 20% para producciones frutales y 10% para cultivos de pan llevar. Los cultivos de coca del lugar solo representan 1.25 hectáreas de las 475 afectadas, es decir una proporción ínfima de la zona destruida. La destrucción de la zona no representa una victoria contra el narcotráfico, sino una instalación militar más en detrimento del crecimiento de los civiles. Aurelio cuenta que en los últimos años, las producciones de cacao habían florecido, consiguiendo producir 3500 kilos por hectárea al año. La destrucción que supone la construcción del aeródromo reducirá estos esfuerzos a la nada.

Según el abogado Carlos Oriundo Infante la necesidad de la región es simple: se necesita que llegue el Estado de Derecho. Si bien es esencial invertir en cultivos bandera de la región, alternativos a la coca (como son el cacao y el café) para favorecer el crecimiento, sin Estado de Derecho este crecimiento seguirá viviéndose en la misma situación caótica, donde las poblaciones civiles se vean influenciadas por el narcotráfico y el senderismo. Que el Estado venga a la región, e invierta en educación y salud, serán las únicas garantías de una mejora sostenible del VRAEM. Oriundo sostiene que  las infraestructuras están en pésimo estado, y las ayudas de los militares son insuficientes. Al VRAEM le faltan médicos, y la situación escolar es paupérrima.

No han escaseado las iniciativas esperanzadoras del Estado: el problema es que estas no se mantienen. Es el caso que nos presenta Edgardo Bautista, estudiante en la sede de la UNSCH fundada en el VRAEM, y dedicada a la ingeniería agroforestal. Esta sede fue creada recientemente, pero su presupuesto mensual de 7825 mil soles mensuales ha sido bloqueado. Su infraestructura y sus equipos estan en pésimo estado. Esta situación debe ser revertida, ya que la fundación de esta universidad puede ser una alternativa para muchos jóvenes del VRAEM. Hoy, de los 1,500 estudiantes que terminan la secundaria en  la región, solo 3% siguen estudios superiores. Esta es una situación sumamente grave para una zona sensible a la influencia del narcotráfico y del senderismo. Sin alternativas, los jóvenes pueden optar al tráfico de drogas; sin educación, pueden ser influenciados por los remanentes  senderistas.

Y es que si las políticas de Estado no han cambiado para el VRAEM, no es solo por ignorancia. Es por falta de voluntad política. Se trata de una zona con poca densidad de población, y que por tanto, ofrece pocos votos. El abogado Carlos Oriundo Infante enfatiza: “Nosotros somos los que más queremos expresarnos, pero no nos dan la palabra”. Los habitantes del VRAEM son estigmatizados: se les asocia con el narcotráfico o el terrorismo. Aquellos que tratan de ayudarlos generalmente se concentran en la lucha contra los cultivos de coca, en vez de reconocer los problemas de fondo.  La situación de comunidades apartadas como la Ashaninka es aun más dramática. Micaela Barbosa declara que su comunidad recibe pocas ayudas del Estado, pues estan solo llegan a los lugares más habitados y difícilmente acceden a zonas más alejadas.

Para salir de esa exclusión que el país les impone, los dirigentes insistieron a lo largo de la conferencia de prensa que el VRAEM ya no enfrenta las situaciones dramáticas de décadas anteriores. Miguel Angel Camaná, de los comités de autodefensa, reconoce que hay violencia, pero que ha sido reducida gracias al esfuerzo del ejército y de los civiles. Carlos Oriundo nos recuerda que el senderismo esta concentrado en una zona muy precisa y delimitada: la carretera de Tutumbaro. En lo que concierne el narcotráfico, que es una realidad gravísima, la destrucción de cultivos no es medida suficiente: la producción se dispersa, pero no se reduce.

Las soluciones que propone el Estado son contraproducentes: la presencia exclusiva del ejército no ataca los problemas de fondo. Es más, Ricardo Soberón sospecha que intereses extranjeros influencian la política contra el narcotráfico. Es notoria la presencia de miembros del ejército estadounidense en la región VRAEM, y la construcción de bases en la zona podría aumentar su poderío sobre la región, afectando la soberanía sobre el territorio. La política antidrogas usada en el VRAEM es similar a la que se emplea en México desde hace décadas, causando un incremento en la violencia y un gravísimo costo social. Como lo declaró Hillary Clinton, la política antidrogas usada en México es un fracaso.

Las soluciones a la situación del VRAEM son otras, y al concluir la conferencia, Soberón resumió las propuestas en cuatro medidas concretas. Primero, establecer mesas de dialogo entro los ministerios de agricultura, economía, y los representantes civiles del VRAE. Segundo, exigir a los ministerios productivos que se presenten en la región con la misma eficacia que los operativos militares. Tercero, la flexibilización del SNIP para la región, de modo que se facilite la construcción de obras públicas. Finalmente, exigir al Estado que no se restrinja a dialogar con militares, sino que presten atención a las organizaciones civiles.

El VRAEM es una región que pocos conocen de verdad. El mito que la rodea nos limita a un mundo de narcotraficantes, senderistas y militares. Pero el VRAEM  es mucho más que eso y está habitado por personas a quienes les pesa ese prejuicio. Incluirlos en  las alternativas de solución no solo es necesario e indispensable. Hasta ahora solo se les ha dado la espalda  (y el fusil).