Bajo la sombra de un árbol de palta en un caserío de la sierra norte del país, *Clotilde, de 53 años de edad, recuerda con tristeza las visitas que le hacía a su casa una enfermera desconocida en el año 1996. Su hijo menor tenía apenas un año de nacido. Por eso ella recuerda el año en el que tuvo esos desagradables encuentros con el personal médico del Ministerio de Salud de aquella época.

“La enfermera me dijo: ‘Tiene que ligarse para que ya no tenga tantos hijos. Usted tiene demasiados hijos, ya está teniendo como un animal, como cuy’…”, cuenta Clotilde secando con un pañuelo bordado a mano las gotas de sudor que se asoman por su frente en este agobiante calor.

“Si usted no se hace ligar, a nosotros no nos van a pagar. Nos van a negar nuestro sueldo, porque es una ley que ha venido. Las mujeres tienen que ser ligadas… y las autoridades nos están amenazando”, le advirtió la enfermera.

Mientras ella más se resistía, más agresiva se volvía la enfermera en su misión.

Clotilde coloca cuidadosamente el pañuelo sobre sus faldas, respira profundamente y prosigue con su testimonio: “Bueno, yo ya con el miedo, pues. Como ya tenía bastantes hijos no sabía qué hacer. La enfermera habló con mi esposo. Mi esposo primero no quería, pero después dijo: ‘Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Si Dios quiere que te salves, te salvarás. Y si no, ya pues, ¿qué se va a hacer?’”

La enfermera no vaciló ni un segundo. Puso un papel ante ellos. Clotilde no firmó. Lo hizo su esposo.

Al poco tiempo llegó la ambulancia. Clotilde, junto con otras 5 campesinas del lugar, fue trasladada al Hospital Rural de Huancabamba, Piura, donde la sometieron a una ligadura de las trompas de Falopio.

Nunca olvidará lo que vivió allí.

Al despertarse de la operación, Clotilde notó que toda la pared estaba ‘chispeadita’ de sangre y que a su alrededor deambulaban varios jóvenes: “A nosotras nos ligaron estudiantes que venían a hacer sus prácticas de Medicina. Como éramos campesinas, estaban practicando con nosotras. Prácticamente eso era, pues”, exclama.

Luego Clotilde sufrió una infección, acompañada por ardor vaginal, agudos dolores de cabeza e inaguantables hincones en el vientre. Resulta que un largo hilo había quedado olvidado dentro de la herida. Clotilde se pone de pie, se levanta la blusa y muestra la cicatriz que desde hace casi 18 años lleva en el vientre. Afirma indignada: “Imagínese el corte, de aquí a acá. El hilo se asomaba como algo negrito así por este huequito de acá. ¿Cómo iba a quedar bien uno después de tal brutalidad que se nos hizo? ¡Cuántas mujeres ligadas de mi comunidad hemos quedado mal! ¡Y cuántas ya han muerto!”.

En 1996, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar como política pública para frenar la natalidad, combatir la pobreza y promover el desarrollo del país.

Más de 300.000 mujeres, mayoritariamente analfabetas —o con niveles bajos de escolaridad— que vivían en las comunidades más pobres y alejadas del país fueron esterilizadas a la fuerza (o coaccionadas con engaños, amenazas y chantajes) como parte del Programa. Se estima que 18 de ellas fallecieron como resultado de estas prácticas.

En Huancabamba, Piura, región del país donde la campaña fujimorista de esterilizaciones se implementó con una notable agresividad, aproximadamente 3.000 mujeres —y, de ellas, Clotilde— fueron esterilizadas a la fuerza.

Según documentos fehacientes, hechos públicos por El Comercio y el documental Nada Personal, el gobierno imponía cuotas obligatorias de esterilizaciones en esa localidad. Por ejemplo, un memorándum del 12 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba, y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza con despedir al personal que no logre las cuotas impuestas.

En el documento se lee: “Se les comunica que deben captar dos pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con el carácter de obligatoriedad. En caso contrario se hará el informe correspondiente para rescindir su contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo personal”.

Una vez puesto en marcha el proyecto gracias al financiamiento de USAID, el gobierno exigía cuotas en todo el país, no solo en Huancabamba. En el documental Forced Sterilisations, entrevistas realizadas a un sacerdote en Huancavelica y a proveedores públicos de salud tanto en Cusco como en Huancavelica dan cuenta de su existencia y de la política estatal vigente entre los años 1996 y 2000.

Otro hallazgo, esta vez de La República, es la carta SA-DM-N 0818/97 que el ministro de Salud de turno, Marino Costa Bauer, envió al entonces presidente Alberto Fujimori, en la cual le informa del mencionado plan nacional. Sostiene en la carta: “Para los primeros siete meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64.831 AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), lo cual nos estima en 43% de la meta fijada en 150.000 para el 2007. Sólo julio asciende a 12.635, ligeramente inferior a la de junio, que fue de 13.485, disminución que se explica por las semanas de Fiestas Patrias en las que no se hicieron campañas” (destacados en el original).

Sin duda, el testimonio de Clotilde se hace eco en la carta de Bauer a Fujimori y en ese conciso y categórico memorándum.

Pese a todas las denuncias y pruebas contundentes que dan cuenta de una clara política pública en torno a la promoción de las esterilizaciones, el Estado peruano niega la existencia de tales cuotas.

Se debe recordar que, en 2003, de acuerdo con una solución amistosa entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado peruano, este último se comprometió a investigar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de María Mamérita Mestanza, hoy víctima emblemática de la esterilización forzada en Cajamarca.

Según el acuerdo, el Estado peruano se comprometió no solo a investigar a los autores directos, sino también a los cómplices, a los autores mediatos involucrados en el caso. Asimismo, se comprometió a investigar otros casos de esterilizaciones forzadas en el país.

A partir de esa solución amistosa se inicia la primera investigación fiscal, que fue archivada en 2009, durante el gobierno de Alan García.

En noviembre de 2012 se reabre la investigación fiscal. Involucra a más de 2.000 casos de mujeres denunciantes a nivel nacional. Alberto Fujimori no figuraba en la investigación.

Apenas el 23 de noviembre del 2013 el fiscal provincial titular Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, lo incluye en la investigación. “Él mismo dijo que hay indicios que vinculan al expresidente”, explica Sigfredo Florián, abogado del IDL, quien, mano a mano con Demus, patrocina los casos.

El abogado agrega que, curiosamente, el 22 de enero del 2014, apenas mes y medio más tarde, el mismo fiscal emite una resolución que pone fin a las investigaciones. En la resolución, Guzmán Baca indica que no hubo una política de esterilizaciones forzadas por parte del Estado peruano durante el gobierno de Alberto Fujimori.

¿Qué otras investigaciones hizo Guzmán Baca, además de apenas tomarle una declaración a Fujimori, para decidir que no hubo una política de esterilizaciones forzadas del Estado peruano durante el gobierno de Fujimori y proceder a archivar el caso que comprometía al expresidente, a los exministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, a sus asesores y al directorio involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar?

“El Estado peruano sencillamente no ha cumplido con el acuerdo de solución amistosa”, señala Florián.

Los nombres de las víctimas de la campaña de esterilizaciones llenan 19 de las 131 páginas de la resolución de Guzmán Baca. En ella, él solo hace referencia a casos de Piura, Cajamarca y Cusco. No menciona otras zonas del país como Ayacucho, Huánuco y Huancavelica, que también forman parte de la investigación. Sin embargo, archiva el caso. ¿Qué pasó con la investigación en las otras zonas?

En la página 131 de esta sorprendente resolución se lee: “Con la presente Resolución Fiscal se da por cumplida la misión encomendada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1676-2013-MP-FN de fecha 14 de junio del año 2013”. Florián se pregunta: “¿Cuál fue realmente la misión que se le encomendó al fiscal? Ésa es una gran pregunta para una gran respuesta, ¿no?”.

Al igual que Florián, Rossy Salazar, representante legal de Demus, cuestiona enfáticamente la decisión del Ministerio Público: “Existen indicios suficientes para que el fiscal haya podido denunciar los hechos que le sucedieron a las mujeres como lesiones graves en el marco de un crimen de lesa humanidad. Nuestras patrocinadas y sus familiares rechazan esta decisión con indignación, porque hasta la fecha nadie les permite acceder a justicia y reparación” 

Una de las primeras en denunciar estos casos en Anta, Cusco, fue la parlamentaria Hilaria Supa. Lo que ocurrió allí le queda muy claro, ya que a ella trataron de esterilizarla. Hoy, ella se pregunta: “¿Ese programa de planificación familiar no fue más bien un plan que tenía como objetivo exterminar a la población indígena y campesina?”.

Sobre la resolución del fiscal Guzmán Baca, Supa habla de manera clara y precisa: “Repudio este hecho y lo seguiré repudiando porque esta resolución no tiene ningún sustento. Analizando bien esta decisión, yo creo que ésta es una muestra más de discriminación, de odio y menosprecio hacia la población indígena”.

Mientras el Estado peruano responde con indiferencia e impunidad, las víctimas persisten incansablemente en buscar la verdad, justicia y reparación.

*Clotilde es un nombre ficticio.