Dos fiscales se encuentran entre los diez personajes más influyentes en el Perú, de acuerdo con la Encuesta del Poder de IPSOS de este año. El primero es Rafael Vela, fiscal coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato, quien se ubica en el quinto lugar, solo por debajo del presidente, del primer ministro, de Keiko Fujimori y del presidente del Congreso.

En cambio, está por encima de los tres empresarios que aparecen también en los primeros diez lugares: Roque Benavides, Rodríguez Pastor y Dionisio Romero. El primero no solo representa a uno de los grupos mineros más importantes del país, sino que hasta hace poco se venía desempeñando como locuaz presidente de la Confiep. También supera al ministro de Economía y hasta a Mario Vargas Llosa.

Un segundo fiscal (también del equipo especial Lava Jato), ocupa el octavo lugar, ubicándose igualmente antes de los dos de los empresarios mencionados.

Se trata de los dos fiscales que se han ido haciendo conocidos por estar relacionados –junto con el juez Richard Concepción Carhuancho– con las investigaciones del caso Lava Jato (Odebrecht, OAS, etc.). Se les ha visto pedir prisiones preventivas o medidas restrictivas de derechos (allanamientos e incautaciones), frente a personas con mucho poder político (expresidentes, candidatos, alcaldes, gobernadores y empresarios).

También han sido los rostros que más se han jugado a favor del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht (blanco de ataques de grueso calibre por parte de congresistas y algunos analistas), a la vez que han expresado fuertes críticas contra el fiscal supremo Pedro Chávarry.

Muchas de estas estas medidas han sido a contracorriente de lo que de la opinión de las autoridades. Así, por ejemplo, varias de las prisiones preventivas requeridas por dichos fiscales han sido criticadas, en su momento, por  el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, pero también por congresistas fujiapristas, y hasta por el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el presidente del Poder Judicial.  

Ahora, la popularidad de estos fiscales ya se venía expresando en diversas encuestas de opinión pública, como cuando los encuestados se manifestaron abrumadoramente a favor de medidas adoptadas por ellos.

Sin duda, se trata de un cambio, más si tomamos en cuenta que la mayoría del país no sabe ni siquiera quiénes son las más altas autoridades del sistema de justicia. Un indicador de esto último es cuando semestre a semestre, en mi calidad de profesor universitario, pongo la foto de varios personajes para que sean reconocidos, y casi ningún alumno de los 60 que suelen asistir (de Estudios Generales Letras, pero que van a estudiar Derecho) identifican al Presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, presidente del Tribunal Constitucional, defensor del Pueblo, etc. En cambio, casi todos reconocen a Vela, Pérez y Concepción.

Sin negar los riesgos y peligros, que hay que tratar de neutralizar con determinadas medidas, estoy entre los que cree que se trata de un fenómeno positivo.

El hecho que comiencen a aparecer  fiscales y jueces con nombre y rostro identificables, favorece a que la gente se interese por estar más al tanto de lo que sucede, por lo menos, con algunos ámbitos de la justicia. Esto puede llevar a que disminuya la total ignorancia y desinformación que se suele tener respecto a este tipo de temas, lo cual es una de las causas de que el sistema de justicia continúe siendo un submundo clandestino, en el que operadores jurídicos y abogados suelen hacer lo que quieren, por más arbitrario que sea, confiando en que el nivel de fiscalización será muy reducido.

El reconocimiento público pasa a ser también un medio de protección de jueces y fiscales contra ataques externos e internos injustificados. Vela y Pérez no habrían sido reincorporados al equipo especial Lava Jato, luego de ser expulsados por Pedro Chávarry sin justificación alguna, el pasado 31 de diciembre, si durante esa misma noche no se hubieran producido movilizaciones por todo el país, en respaldo a su  actuación.

El tener un prestigio que preservar los obliga a explicar sus acciones, sobre todo cuando son criticadas, como, por ejemplo, la firma del acuerdo de colaboración eficaz o la solicitud de prisión preventiva en el caso de PPK.

Ahora, hay una última consecuencia de este reconocimiento excepcional de algunos jueces y fiscales, que tal vez pueda ser la más importante: la justicia comienza a dejar de verse como abusiva frente al débil, y sumisa frente al poderoso, tal como, en términos generales, ha sido históricamente en nuestro país.

Esto es positivo en relación a la  percepción pública (todos somos iguales ante la ley ), así como a los propios implicados en la comisión de delitos, ya que estos comienzan a temerle a la justicia y a sus representantes,  al no sentirse inmunes por cuestiones extralegales. Este temor los lleva, a su vez, a guardar un mayor respeto y a tomar con mayor cuidado en el cumplimiento de normas y procedimientos.

Por otro lado, no se puede negar que este tipo de aspectos positivos van acompañados de problemas y riesgos. Si la fama y la sobreexposición puede generar efectos negativos en cualquier tipo de personas (políticos, artistas, deportistas, etc.), ¿por qué los jueces y fiscales van ser inmunes a ellos?

La popularidad puede hacer que se sientan omnipotentes y, por tanto, creer que pueden adoptar cualquier medida, al margen de amparo legal, incurriendo así en excesos y abusos.

Más si el respaldo generalizado puede derivar en una idealización de ellos, que, a su vez, conduzca a una incondicionalidad exenta del espíritu critico y actitud fiscalizadora que es esencial  mantener frente a todos los que ejercen poder, como es la función de administrar justicia.

La fama, el aplauso, la intensa presencia en medios (incluidas las redes sociales), muchas veces genera una adicción que lleva a asumir actitudes motivadas solo para mantener o, incluso, incrementar, esa situación, lo cual también suele ser fuente de excesos.

Esa popularidad puede llevar, igualmente, a que la persona comience a pensar en usarla para obtener otros objetivos, como, por ejemplo, postular a cargos de carácter político, y ya con ese objetivo en la mira, decida adoptar decisiones no provocadas por la búsqueda de justicia sino por los efectos que a favor o en contra generará para su conveniencia personal.

Todos estos problemas y riesgos se pueden resumir en un solo nombre: el de exjuez Sergio Moro, por las razones que conocemos. Y de hecho sería bueno tomar medidas (asesorías especializadas, por ejemplo)

Sin embargo, el hecho de que la fama de jueces y fiscales pueda generar efectos negativos, no significa que estos sean inexorables o deban darse por hecho.

Una acusación de este tipo requiere que se haga caso en base a pruebas muy concretas e irrefutables, lo cual está muy lejos de ocurrir frente a los jueces y fiscales que hoy gozan de gran popularidad por su compromiso con la lucha anticorrupción.