Giannina Avendaño: “La reinserción no es más que la última fase para una verdadera justicia”

Giannina Avendaño: “La reinserción no es más que la última fase para una verdadera justicia”

María Sosa Mendoza Periodista
Ideele Revista Nº 289

Giannina Avendaño habla de resocialización penitenciaria en un momento en el que la sociedad pide mano dura y castigos ejemplares para todo quien haya delinquido. Entre tantas estrategias políticas, ella ha apostado por ser completamente transparente: Hoy levanta la voz por un grupo humano al que cada vez se le restringe más derechos y pocas personas quieren mirar. "La exclusión es violencia y acentúa la desigualdad", señala.

 Avendaño Vilca es una mujer de izquierda que cree en segundas oportunidades. Se desempeña en la administración pública desde hace 15 años y milita desde los 23. Es abogada con maestría en Ciencias Políticas y Sociales. Postula al Congreso con el número 30 por Juntos por el Perú.

 

En una entrevista al Diario UNO te manifiestas en contra de la ley de muerte civil y otras que restringen la participación política y el desempeño de labores de las personas que han purgado condenas por delitos como terrorismo, violación sexual, tráfico de drogas y corrupción. Sostienes que se están violando los derechos humanos. Sin embargo, cuando el diario La República hizo de conocimiento público que en la lista de Juntos por el Perú el frente electoral por el que postulas19 candidatos han cumplido sentencias por diferentes delitos, el presidente de la agrupación Roberto Sánchez aseguró textualmente que a pesar de que la ley no impide que estos candidatos postulen en los próximos comicios, la agrupación sí evaluaría su participación, ya que en el aspecto ético “afectan la propuesta natural” que ofrecen. ¿Permitir el desarrollo político de una persona que cumplió una condena es avalar el delito por el que fue a prisión?

 

En principio, si una persona cometió algún delito, afrontó un debido proceso, fue condenado y purgó prisión, saliendo y cumpliendo con ella tiene todos sus derechos habilitados nuevamente, como cualquier otra persona. Eso significa que, como cualquier otra persona, tiene derecho al trabajo, a armar un proyecto de vida, a la participación política y a expresarse libremente. Si personas que ya cumplieron con una sentencia deciden desarrollar una vida política y, en el desempeño de esta, optan por participar en elecciones, están completamente aptas para hacerlo. No obstante, siempre hay la posibilidad de que en un diálogo interno, dentro de las organizaciones políticas, se trate este tipo de casos con los propios candidatos. Se trata de cuánto las acciones que ellos cometieron en un pasado podrían ir en contra o no de lo que propone el partido político, y si este podría verse afectado de alguna manera. Por otro lado, sí hay leyes que deberíamos cuestionar que impiden que cierto grupo humano participe en política, pero esto se debería realizar en otro plano. Siguiendo en el plano electoral inmediato, creo que las personas tienen derecho a participar en política, sí puede haber una revisión a su candidatura, pero esta debe ser dialogada. El partido Juntos por el Perú no ha tomado hasta ahora una decisión total de retirar a esos candidatos porque aún se está en ese proceso de diálogo. Creo que el partido no podría atentar con el derecho de la participación política de esas personas.

 

 ¿Qué significa concretamente “hacer una revisión” de las candidaturas? Se sabe que estas postulaciones pasaron por un proceso de elecciones internas y que, además, fueron evaluadas y aprobadas por el Jurado Especial sin algún inconveniente. ¿Existe desconfianza sobre el hecho de que los candidatos señalados realmente se hayan rehabilitado?, ¿el partido cree que aún son cercanos al delito por el que cumplieron sentencia?

 Más que eso se trata de la confianza que luego tendrá el candidato en sí mismo. Hay que decir que el señalamiento público y mediático también afecta a la persona. Ellos no son devoradores de candidaturas y puestos públicos. Las personas que han cometido en el pasado algún delito pueden tener la necesidad de aportar a su país de una u otra manera y realizar actividades en ese espacio político, pero cuando sienten que se le estigmatiza por algo que sí cometieron en algún momento y por lo cual ya pagaron ante la sociedad, también se afectan y, muchas veces, no pueden desarrollar una campaña política abierta y en confianza porque vienen los ataques públicos.

 

Atendiendo a lo que comentas, ¿no tendría mayor sentido que la agrupación sea un respaldo para estos candidatos en vez de que anuncien a los medios, desde el primer cuestionamiento, que sus postulaciones serán revisadas? Con su respuesta, el presidente de Juntos por el Perú parece más bien aceptar que los candidatos señalados no merecen desempeñar tales cargos de representación.

El respaldo está desde un inicio, porque de lo contrario estas personas no habrían podido ser parte de la lista congresal. Efectivamente, se está haciendo una revisión, pero siempre en conversación con ellos. No partimos del hecho de que porque la prensa lo señala inmediatamente tienen que salir de contienda, ese no es el criterio que está tomando Juntos por el Perú. El principio de respeto a los derechos es lo que prima.

 

¿Existe en la izquierda una mirada integral sobre los principios la resocialización, reeducación y rehabilitación?


Lo que yo veo es que hay un gran temor y un estar siempre pendiente de lo que dicen los grandes medios, que además en su mayoría están alineados con los grandes grupos de poder. Estos señalan quienes van a ser los apestados de la sociedad. Es más, en ocasiones han planteado la idea de que se debe buscar la manera de regresar a prisión a los que ya cumplieron con su sentencia. Ese creo que es el gran problema; no estamos llegando a un debate integral y conjunto, que analice si realmente las restricciones existentes para la participación política tienen una lógica básica y tampoco hay un análisis de impacto regulatorio sobre las normas. Mantenernos lejanos nos ha ahorrado el ejercicio de empatía. Nadie se ha preocupado en preguntar qué ha pasado con las vidas de estas personas que, por la ley dictada el 2017, se las sacó de sus labores. No sabemos lo que ha ocurrido, y bien lo podríamos saber, estamos ya ha dos años de la promulgación de estas leyes. ¿Qué pasó después de que perdieron sus puestos de trabajo?, ¿en qué se desempeñan ahora?, ¿sus familias cómo quedaron? No hemos caído en cuenta de esto, no queremos mirar, es por eso que no se ha asumido una postura clara en defensa de estos principios.

 

Con respecto al papel de los medios de comunicación, el cuestionamiento que plantean al normal desempeño de las personas sentenciadas en cargos de servicio público, en la docencia y en la política se sustenta en la falta de credibilidad que le dan al sistema penitenciario vigente y a su incapacidad de rehabilitar a quienes pasan por la prisión. En ese sentido, ¿cuánto se puede confiar en la capacidad de reintegración que ofrecen actualmente las cárceles peruanas?

 

¿Cuál es la prueba que pueden tener los medios de la rehabilitación o no de una persona? No hay ninguna. El razonamiento que siguen es tan endeble como que si una persona fue condenada por terrorismo ya es peligrosa por nacimiento y lo seguirá siendo hasta que muera. No hay ninguna evidencia práctica que diga que estas personas incurren en acciones que atentan contra la vida de otros seres humanos, por la que merezcan ser limitadas en sus derechos fundamentales, porque solo con un motivo tan grande como ese se podría considerar una medida de este tipo.

 

No hay pruebas, lo que hay es una idea general de la situación precaria que ofrece la prisión para los convictos. De vez en cuando, algún reportaje refuerza la idea de que las cárceles son realmente escuelas del delito. Mientras, por otro lado, el Estado se ha ocupado en trabajar en el sentido contrario. En los últimos tiempos se han dado a conocer los proyectos y programas que se trabajan desde el INPE, como el área Medio Legal,  que se centra en la reeducación de la población penal para un mejor desempeño en sus competencias sociales, o la idea de las cárceles productivas. Teniendo en cuenta ambas realidades vuelvo a consultar: ¿Confías en que las condiciones que ofrece el sistema penitenciario permitan rehabilitar y reincorporar a la sociedad a una persona que cometió graves delitos?



Yo creo que hay que diferenciar, tanto a los distintos delitos que se cometen como a cada persona. Es por eso que una ley general de inhabilitación para sentenciados, que añade a cada vez más delitos, es gravísima. Me explico: las personas que cometen delitos comunes —como robo y asesinato— suelen venir de una situación económica complicada, cuentan con un expediente familiar y social de riesgo, han estado muchas veces en desamparo y es bastante común que no tengan educación. Cuando esas personas salen de prisión muchas veces no saben qué hacer o, mejor dicho, no saben qué más hacer. Si en la prisión, o estando fuera, no tuvieron oportunidades para tener o proyectarse otra forma de vida, en realidad es posible que estas personas vuelvan a incurrir en el delito. Es más, en las cárceles se encuentran en un ambiente donde hay tanta corrupción dentro, donde se permite ese diálogo entre los que están afuera y los que están adentro y otras series de hechos que suceden allí… Ciertamente existe el riesgo de reincidir. Decir otra cosa sería ser negacionista. Por otro lado, sobre las personas que cometieron delitos de terrorismo se apunta que van a salir y van a volver a realizar los actos que cometieron en el pasado. Si a esa persona se la metió presa por pertenecer a Sendero Luminoso y repartir volantes, ¿cuáles son los delitos que estas personas podrían cumplir ahora estando fuera? Es verdad que no todas solo repartieron volantes, pero basta que un grupo haya sido apresada por ese motivo para cuestionar la ley.

 

¿Estás diciendo que la rehabilitación sí puede presumirse en algunos de los delitos que considera las leyes de inhabilitación pero que en otros no?

 

Lo que digo es que no podemos considerar a la inhabilitación como una solución. Si partimos de aquello sencillamente olvidamos el problema de fondo y la que debería ser, constitucionalmente, la solución: la reeducación del penado. Si no tenemos certezas de que el sistema penitenciario rehabilita, pues los cambios radicales deberían hacerse allí. No podemos condenar al aislamiento a seres humanos porque no hacemos bien nuestro trabajo.

 

Los defensores de estas leyes señalan el interés superior del niño como una de las principales razones para limitar los derechos de este grupo humano. Por ejemplo, se menciona la idea de que, como docentes, estas personas podrían aprovechar la cercanía a los niños para, en el caso de haber cumplido una condena por violación, violarlos o en el caso de haber cometido delitos relacionados al terrorismo, dogmatizarlos recordando que Sendero Luminoso comenzó a reclutar a sus militantes en las aulas. ¿Es legítima esta preocupación para un padre de familia?, ¿cuál sería la solución para atender una inquietud de este calibre?

 Es completamente legítima la preocupación de los padres. Yo sí creo que existen delitos distintos y que ser conscientes de ellos debería desembocar no en atropellar derechos, sino en una mirada distinta del objetivo de la condena, que apueste por la reeducación. La violación sexual y la pederastia, por ejemplo, tienen de fondo un problema mental que no se soluciona con un paso por la prisión, eso nos debería llevar a repensar las cárceles. Finalmente, ese es un escollo que debemos salvar como sociedad: en las cárceles no hay suficiente personal capacitado para ofrecer atención de salud mental. Si estaríamos comprometidos con la reinserción de estas personas, tendría que atenderse su salud mental y mantenerse en seguimiento constante.

 En octubre del 2016 el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski promulgó mediante decreto legislativo la “ley de muerte civil” que imposibilitó a los sentenciados por delitos contra la administración pública desempeñar cargos en el Estado después de cumplir con su condena. Dos años más tarde, con la Ley  30717, se prohibió a los condenados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación de la libertad sexual ejercer cargos de representación, aún cuando hayan sido rehabilitados. Poco tiempo después, con la Ley 29988, se les impidió ejercer la docencia. A inicios de diciembre esta prohibición se extendió para 13 delitos más.

No se establece ningún tipo de parámetro para ejercer una revisión y no se visualiza ningún tipo de interés en conocer en cómo se está impactando en la vida de cada afectado.

Además de ser un principio constitucional, ¿en qué otro principio se sustenta la idea de la resocialización y rehabilitación del penado?


Bueno, hay un derecho al desarrollo, aprobado por Naciones Unidas que implica todo, no solamente que la persona pueda acceder a medios físicos para cubrir condiciones básicas —como son salud, educación y alimentación—, sino que toma en cuenta también al libre desarrollo de la personalidad, es decir, que la persona tenga la libertad de decidir cómo se conduce en sociedad, lógicamente respetando las normas establecidas en ella, pero sin ningún tipo de parámetro impuesto por arbitrariedad. El principio de resocialización de las personas va de la mano con este derecho, el derecho al desarrollo es también el derecho a la personalidad.

 

Y alejándonos de lo constitucional y normativo, y refiriéndonos a un lado más humanístico...


La Constitución Política del Perú, más allá de ser la norma general que rige a una nación, es un pacto, y en un pacto social en el que todos participamos no hay verdades absolutas, no existe ni lo verdaderamente correcto ni lo verdaderamente incorrecto, sino que nos empezamos a mirar como personas diferentes para establecer pautas que van a establecer nuestra vida conjunta. En ese sentido, el tema de la resocialización es mencionado en la Constitución porque objetivamente no se puede desconocer lo fundamental que es para el desarrollo armónico de la sociedad. Es clave para que una persona que obró mal acepte su castigo, entienda su error y produzca cambios reales en su conducta y en su vida. Sin embargo, es un tema que aún tiene mucho por abordar porque como está no tiene la profundidad, el desarrollo ni la prevalencia que debería tener en un país que ha sufrido tanto de conflictos internos y, actualmente, de violencia por una serie de problemas estructurales que tenemos que atender. En ese sentido, la resocialización debe tocarse por un sentido humanístico, por el simple hecho de que las personas tenemos que vivir en colectividad. No podemos seguir viviendo en desconfianza o mirándonos mal entre todos, porque eso no ayuda a la constitución de una sociedad, ni a la construcción de oportunidades ni a la existencia de una justicia social. El hecho de que un conjunto de normas, de un momento a otro, cambie los parámetros para la reinserción de las personas que ya han pagado condena, sin un sentido de fondo más que el puro revanchismo, ahonda a la desigualdad social, y ese asunto debe tocarse frontalmente.

 

La ley de muerte civil, que impide a los sentenciados por delitos contra la administración pública acceder o reincorporarse al servicio público, se diferencia de las otras leyes de inhabilitación en un asunto fundamental: plantean la figura de la revisión de la pena después de 20 años. En las otras normas no existe tal figura. ¿Qué tanta diferencia marca la existencia de este punto?


Mucha, salimos del punto de no retorno. Sin embargo, creo que añadir 20 años a una condena cumplida es igual injusto y el tiempo es excesivo. Las personas que salen de prisión por los delitos que mencionamos tienen 40 o 50 años, y por estas leyes tendrían que alargar un castigo —sin que sea esta formalmente una sentencia— por 20 años más para recién tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y tener recién un proyecto de vida... me parece demasiado. Incluso los lineamientos que existen sobre análisis de impacto regulatorio establecen menos tiempo para la revisión de las normas y políticas públicas. Esta debería ser parte de una política pública, pero así como ha sido planteada no lo es. La ley, como se ha diseñado, básicamente tiene la finalidad de estigmatizar a las personas. No se establece ningún tipo de parámetro para ejercer una revisión y no se visualiza ningún tipo de interés en conocer en cómo se está impactando en la vida de cada afectado.

 

 Es la mano dura contra la corrupción e impunidad el argumento que hace que socialmente estas leyes sean celebradas. La ley de muerte civil que promulgó el gobierno de PPK en el 2016 promocionó la medida como “inhabilitación para los corruptos”, nos encontrábamos a puertas de la trama de Odebrecht. Hoy, que la lucha contra la corrupción se encuentra en todo su esplendor y es el principal movilizador social, ¿cómo plantear una postura en contra de esta ley y las que le siguieron?

 



Primero, como sociedad, deberíamos evitar que las personas cometan delitos. Está demostrado que por más que uno sea más drástico con las penas no significa que las personas vayan a dejar de delinquir, muchas veces hay incentivos por detrás para continuar en ello. En el caso de la corrupción, esta se sustenta en un sistema normativo flexible que lo permite. Y es que no hay candados específicos sobre la suscripción de declaraciones juradas y sobre el seguimiento de posibles testaferros en la entrega de contratos, que es mucho de lo que ocurre en la administración pública. La ley de contrataciones del Estado tiene muchos forados que permiten que ocurra eso, y tal cosa es lo que no se revisa aún con el detenimiento que merece. Es real que la gente está harta de la corrupción y que se ha dado cuenta que es esta la que nos quita esos recursos que permitirían desarrollarnos. Lo que hay que mirar es cómo está todo el sistema que permite que grupos organizados lucren con el Estado y qué es lo que está pasando para que se pueda ver al Estado como un negocio. Hay que mirar lo anterior, señalarlo. Ya después revisemos lo posterior de cuánto conviene negarle a una persona la posibilidad de reinsertarse en la administración pública, en este caso.

 

 ¿Cómo crees que se sostiene el vínculo que hacen los defensores de esta norma entre lucha contra la corrupción e inhabilitaciones perpetuas generales para ciertos delitos?

 

El gobierno ha creado esa conexión y todavía nadie la ha cuestionado públicamente. A mí me parece todo lo contrario, la reinserción no es más que la última fase para una verdadera justicia. No veo donde podría encontrarse la impunidad.

 

¿Cómo fue que te interesaste en el tema de la reinserción del penado en la sociedad?

Creo que, de alguna manera, siempre nosotros conocemos a personas que han purgado prisión por diversos delitos. Yo he conocido la necesidad extrema, y ahí he visto a personas que sufriendo viven el día a día obrando según la ley, pero también casos como el de personas que han terminado alquilandose como burriers y en el primer intento han caído y terminado presos. He visto como, en la desesperación total —sin trabajo y con hijos que mantener—, han tomado decisiones desesperadas. Casos así, tan reales y crudos que llaman a la reflexión, que nos alejan de esquemas maniqueos. Si ya pagaron por la opción que tomaron, creo que por humanidad merecen una segunda oportunidad, una verdadera oportunidad para hacer las cosas bien y que su familia salga adelante con ellos. Creo que nosotros deberíamos poder reflexionar en cuánto realmente nos debemos involucrar como sociedad. ¿Deberíamos ser completamente individualistas  y solo fijarnos en lo que nos toca directamente?

 

Sabes que el enfoque que tienes, alejado al de la mano dura, no es popular, ¿verdad?

Sí, por supuesto. No es popular, y de eso son responsables quienes tienen la bocina grande en los medios, que terminan sembrando odios y miedos en la población. Pero si uno habla con las personas de a pie, en la calle; ellos, o tienen a alguien que tomó una decisión equivocada, o son capaces de sentir esa empatía por el otro. Ellos dicen que sí, que sí se debería dar siempre una segunda oportunidad. Es sorprendente, pero a veces son las víctimas las que tienen mayor facilidad para reconocerlo. Hablar de segundas oportunidades, de empatía por el ser humano que pudo haber fallado, no es popular porque nadie lo quiere señalar y nadie quiere ser señalado tampoco. Nadie quiere ser terruqueado o llamado defensor de delincuentes.

 

Pero sí necesitan a un defensor...


Sí, por eso creo que señalando la reinserción enfrentamos también las causas del delito. Tenemos que enfrentar las causas para evitar que más personas entren a prisión, los castigos eternos no cambiarán las cosas. ¿Qué hacemos creando más tipología penal si no estamos solucionando los problemas de la sociedad y los problemas que hacen que algunas personas incurran en estos delitos?

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