El 29 de noviembre del año pasado entró en vigencia el Decreto Legislativo 1194, en el marco de las normas que promulgó el Ejecutivo, a partir de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado.

La norma modificó el proceso inmediato, que ya existía en el Código Procesal Penal, para que fuera mucho más rápido, obligatorio y aplicable a más delitos. Además, adelantó su vigencia a todo el país, incluyendo a Lima y Callao, donde todavía rige el Código de Procedimientos Penales de 1940¹.

En un primer rubro, el proceso inmediato se aplica a todos los delitos que se considera que han sido descubiertos en flagrancia. En el segundo, se comprende la omisión a la asistencia familiar. Y en tercer lugar, se abarca a los delitos de peligro común, señalándose concretamente la conducción en estado de ebriedad o drogadicción.

Nos parece jurídicamente correcto y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, muy adecuado que se apliquen procesos rápidos para delitos frente a los que ya existen medios probatorios contundentes. El ejemplo por excelencia es la aplicación del proceso inmediato a los delitos en flagrancia, tal como lo establece el Decreto Legislativo 1194.

Todo delito debe ser sancionado, tanto porque así lo dispone la ley, como porque la impunidad es luz verde para todo tipo de delincuencia. Dicha sanción debe de establecerse luego de un proceso en el que se respeten las garantías del debido proceso, y debe de ser proporcional a la gravedad del delito.

Los resultados de la aplicación del 1194 vienen permitiendo asimismo que haya una reivindicación del Sistema de Justicia (jueces, fiscales y policías) con la ciudadanía, que ve ahora una justicia rápida y eficaz. Este aspecto es sumamente positivo, pues permite ir revirtiendo la gran desconfianza que la población tiene frente a la justicia y su funcionamiento.

Y no solo la ciudadanía tiene la oportunidad de apreciar un buen funcionamiento de la justicia, sino también la víctima ve cómo sus derechos son protegidos.

Son importantes también los resultados cuantitativos, en cuanto al número de casos procesados y resueltos, y las cifras sobre el ahorro de recursos que vienen siendo informadas por las autoridades.

Ahora, además de ese marco de aspectos positivos, nos parece que si no se quiere incurrir en excesos, abusos e injusticias, se debe contemplar y tomar en cuenta los problemas que implica la aplicación de dicha norma, así como introducir los cambios o garantías del caso.

La indebida aplicación de las normas referidas tiene que evitarse no solo para no vulnerar derechos fundamentales de las personas afectadas, sino porque posteriormente podrán ser objeto de acciones legales ante la justica constitucional de nuestro país y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La flagrancia
Si bien el concepto de flagrancia prexiste a la promulgación del Decreto Legislativo 1194, no se puede desconocer que en el caso peruano la flagrancia abarca las siguientes 24 horas de ocurrido el hecho; es decir, no solo si el delito es descubierto mientras se comete o apenas se ha fugado la persona, o cuando aparece el imputado en un medio visual, sino cuando la policía interpreta que alguna circunstancia descubierta en la persona, hasta 24 horas después, lo vincula intrínsecamente al delito cometido.

La norma que regula la flagrancia ha sido cambiada en varias oportunidades, pero finalmente se volvió a incorporar al Código Procesal Penal la flagrancia de 24 horas (artículo 259). Esto, a pesar de que ya nuestro Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución este concepto de flagrancia (fundamento 5.1 de la sentencia 00012-2008-PI).

Por esta razón, hay que tener un cuidado muy especial a la hora de aplicar un proceso sumamente rápido en casos en los que se alega flagrancia. Si bien la versión de la policía debe ser importante, es indispensable que haya un verdadero control del Ministerio Público y del Poder Judicial, bajo responsabilidad.

De hecho, considerando las varias audiencias que hemos podido observar relacionadas con la aplicación del proceso inmediato, nos parece que la flagrancia en la mayoría de los casos se da por hecho.

Es por eso que creemos que sería importante que haya una modificación en la norma de proceso inmediato para establecer expresamente que cuando se alegue flagrancia, ésta deberá ser fundamentada tanto a nivel policial, como del Ministerio Público y del Poder Judicial. Dicho ello, necesariamente se tendría que dejar constancia de cuál de los supuestos contemplados en la norma se ha dado para considerar que ha habido flagrancia, y cuáles son los medios de prueba que existen para acreditarla.

Lo que corresponde en realidad es adecuar los términos de la flagrancia a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, la posibilidad anterior, puede ayudar a que haya una mejor actuación y respeto al debido proceso.

El incumplimiento de obligaciones alimentarias
Nos inclinamos a pensar que no debería aplicarse el proceso inmediato para el delito de omisión de prestación de alimentos, que la ley sanciona con una pena de hasta 3 años de cárcel.

Si bien el cumplimiento de dichas obligaciones nos parece importantísimo, creemos que correr el riesgo de que las personas terminen en la cárcel, puede ser un remedio peor que la enfermedad. De ahí que también nos preocupe que cerca del 50% de todos los casos que hasta ahora han pasado por la justicia a partir de la aplicación del Decreto Legislativo 1194, se relacionen precisamente, con este delito.

Es mejor, entonces, dejar que el fiscal, en su capacidad discrecional, pueda usar una serie de soluciones alternativas que contiene el Código Procesal Penal.

La obligatoriedad
Antes de las medicaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1194, pedir el proceso inmediato era facultativo para el fiscal, lo que era acorde a la autonomía que corresponde a su función. Pero ahora la norma obliga al fiscal, señalando que debe pedir el proceso inmediato “bajo responsabilidad”. En esto la norma es absolutamente clara.

Por esa razón consideramos que este aspecto debe modificarse, para que no se presione indebidamente el trabajo de los fiscales ni se afecte su capacidad discrecional.

La sobrepenalización
Así como no puede desconocerse el concepto de flagrancia que rige en el país, tampoco puede negarse la realidad de que tenemos penas altísimas, para muchos delitos, que no guardan proporcionalidad con la gravedad del delito. Se ha hablado de los casos de agresión contra la policía (pena mínima de 8 años de prisión), en los cuales no se está distinguiendo los grados de violencia, pero los ejemplos son varios, desde la resistencia a realizarse el dosaje etílico (pena máxima de 4 años prisión) hasta el robo de un celular (de 12 a 20 años de cárcel).

Y la desproporcionalidad es más clara si tenemos en cuenta que existen otros casos, que protegen bienes jurídicos de mayor importancia, con penas menos severas; por ejemplo, el homicidio (pena mínima de 6 años) o abandonar y exponer a peligro a un niño (de 1 a 4 años de cárcel).

Sin duda, lo que corresponde es una revisión integral de las normas penales, pero mientras eso no ocurra, es importante que al menos sean modificados los casos con las penas más abusivas, o más absurdas.

Además, creemos que tampoco puede dejarse de considerar que para muchos casos será más eficiente aplicar penas alternativas a la cárcel.

La terminación anticipada
Muchos de los casos de proceso inmediato no están yendo a juicio, sino que concluyen a través de una terminación anticipada, donde fiscal y abogado se ponen de acuerdo sobre la condena que deberá cumplir el procesado (quien acepta su responsabilidad en los hechos), es decir, la pena y la reparación civil.

Al igual que el proceso inmediato, estamos frente a un mecanismo de simplificación procesal que en principio es positivo. Pero hay que tener muy en cuenta que se trata de una condena que también puede implicar una pena de prisión efectiva severa, acompañada de una reparación excesiva. Esto es así porque, como ya hemos señalado, las penas en el país son muy altas, y la disminución de la pena cuando se llega a un acuerdo es bastante reducida. Además, por tratarse de un acuerdo, ya no admite apelación.

Por eso es importante que el procesado esté informado sobre las consecuencias de aceptar una terminación anticipada, y que haya una verdadera negociación entre las partes. Hemos visto casos en los cuales fiscal, abogado y juez, todos se unen en un mismo rol para que el procesado acepte la terminación anticipada. Esa confusión de roles no debe generarse.

La defensa
Si bien hemos visto un gran esfuerzo de la Defensa Pública para capacitarse y estar presente en todas las diligencias que sean necesarias, consideramos que el derecho de defensa sí se ve afectado. Aquí el factor tiempo es especialmente importante, pues en muchos casos los defensores públicos no tienen un plazo mínimamente razonable para preparar una defensa adecuada. 

Creemos que sería bueno establecer un plazo mínimo para que la defensa –pública o privada– tome contacto con el caso, por lo menos 24 horas antes de la audiencia, más aún en un proceso en el cual, por su propia rapidez, pueden cometerse errores o irregularidades.

Es importante también asegurar que haya suficientes defensores públicos, que puedan acompañar al procesado desde el primer momento.

La rapidez
En realidad, los plazos son tan cortos, que no solo es la defensa la que tiene problemas. De hecho, a todos los operadores de justicia se les está exigiendo actuar con gran velocidad y, al mismo tiempo, con las mayores garantías. Por eso pensamos que habría que revaluarse si acaso los plazos del proceso inmediato no requieren de algún ajuste.

Veamos cuáles son estos plazos máximos que antes no existían. Cuando una persona es detenida en flagrancia, el fiscal tiene 24 horas (salvo casos muy excepcionales) para solicitar el inicio del proceso inmediato. Una vez que el juez recibe la solicitud, tiene 48 horas para realizar la audiencia en la que se determine si procede o no el proceso inmediato.

Si el juez aprueba el inicio del proceso inmediato (y no se aplicó una salida alternativa o terminación anticipada), el fiscal tiene 24 horas para acusar. Cuando el juez recibe la acusación, ese mismo día la remite a un segundo juez (esta vez, un juzgado unipersonal o colegiado, dependiendo del caso) que tendrá un máximo de 72 horas para realizar la audiencia de juicio.

Como dijimos, debe haber un proceso rápido para los casos evidentes, que ya tienen todos los medios de prueba, pero el proceso inmediato actual más que rápido es rapidísimo. Se ha calculado que en los casos de proceso inmediato se está obteniendo una sentencia a los 10 días, pero son muchos los que terminan en menos días o en cuestión de horas, por ejemplo, si se llega a una terminación anticipada.

En Costa Rica, que tiene un proceso similar desde el 2008 y no tiene el problema de dos códigos de proceso penal coexistentes como ocurre en Lima y Callao, el proceso expedito de flagrancia dura 15 días.

La carga
Se estableció un proceso obligatorio y rapidísimo, lo que supone un aumento considerable en la carga de trabajo que deben asumir los operadores responsables de aplicar la norma. El problema es que a la reforma normativa, no se acompañaron los recursos humanos, administrativos y logísticos que eran imprescindibles para hacerla viable.

Por eso urge que se provea el presupuesto necesario y la organización adecuada, para que la carga sea razonable.

La publicidad
Por ley, tanto las audiencias de incoación de proceso inmediato como las audiencias de juicio inmediato son públicas. Hemos visto que lamentablemente todavía hay juzgados que no siempre cumplen con respetar el carácter público de las audiencias, impidiendo que las personas puedan ingresar, inclusive, las personas más interesadas en conocer el resultado del proceso, como los familiares del detenido.

Es necesario que se tomen las medidas necesarias para que esta situación se revierta, y que desde la atención en la mesa de partes del juzgado, se brinde información clara y completa de las audiencias por realizarse. Así, el rol de audiencias programadas para cada día debe ser publicado y accesible para todos.

La transparencia en estos casos es fundamental. Por ese motivo, también debe asegurarse que cada audiencia realizada sea grabada en su integridad, en audio y video.

La evaluación
Si bien se ha venido difundiendo algunas estadísticas vinculadas a la aplicación del Decreto Legislativo 1194, es importante que en esa evaluación cuantitativa se consideren más aspectos, para determinar, entre otras cosas, no solo el total de procesos inmediatos resueltos y de qué delitos, sino las penas que se han aplicado a cada caso, tanto respecto a los que llegaron a juicio como los que terminaron mediante una salida alternativa o terminación anticipada.

Y también, que se realice una evaluación cualitativa de una muestra de casos, en los cuales se observe el rol que están cumpliendo los distintos actores y pueda determinarse finalmente cuál es la calidad de procesos que se están llevando a cabo bajo esta modalidad.

Comunicación, capacitación y previsión
Como comentario final, consideramos importante que haya un verdadero intercambio de ideas y experiencias entre las instituciones de justicia, para que se apliquen bien las normas, con los criterios que correspondan a cada una de las partes involucradas de acuerdo a su función. Asimismo, una comunicación para que cambie lo que debe mejorar, no solo en el aspecto normativo, sino también en el administrativo.

Vimos (y muchos nos dijeron) que la falta de capacitación en cuanto a la aplicación del Decreto Legislativo 1194 ha sido un aspecto dramático. Esto hay que remediarlo y aprender de la experiencia, para que frente a los próximos cambios legislativos (un ejemplo: este año se implementarán los grilletes electrónicos para procesados y condenados), estemos preparados. No basta la buena intención.

Anexo

¹Lea el anexo al final de este artículo.