Falta tan sólo un quinquenio para cumplir 200 años como república democrática e independiente (¿democrática e independiente?). El (la) Presidente(a) que resulte elegido el 2016 será el del bicentenario y, por ello, hace poco el partido aprista –sacando pecho- presentó en sociedad su “Plan Bicentenario”, el cual, pocos días después se descubrió que era un plagio parcial de otros documentos. Por supuesto, con la lealtad que lo caracteriza, Alan García lo negó tres veces.

Por su parte, la candidata que hasta ahora lidera las encuestas –Keiko Fujimori- si bien es cierto que ha intentado distanciarse del régimen de su padre, no acepta que éste perpetró los delitos de corrupción y las violaciones de derechos humanos por los que fue condenado por el Poder Judicial. “Hubo corrupción pero mi papi no fue”. Además, la acompañan personajes muy cuestionables del pasado y del presente.

El otro candidato en ascenso, César Acuña, es una suerte de nuevo Fujimori. Se ha rodeado de personajes muy cuestionados como Vladimir Paz de Barra (ex consejero del CNM que tuvo que renunciar para que no lo investigaran) o el general (r) Edwin Donayre (procesado judicialmente por corrupción). Ha puesto sus universidades al servicio de su campaña y no tiene reparo en ofrecer a sus seguidores “plata como cancha” si resulta elegido.

A su vez, Pedro Pablo Kuczinsky se ha unido a estos tres candidatos para criticar la Ley Universitaria, recientemente ratificada en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional pues pretende poner orden y calidad en la educación universitaria, convertida en un burdel por funcionarios, rectores y empresarios corruptos. Es lamentable que una de las escasas reformas institucionales corra el inminente peligro de ser desmantelada por alguno de estos candidatos que resulte elegido.

Por su parte, en el ámbito parlamentario, es cada vez más evidente la influencia del narcotráfico, la minería ilegal y, en general, de actividades ilícitas en las campañas electorales, reflejada en la resistencia de aprobar las reformas legales que a gritos y ruegos pedían los órganos electorales e instituciones de sociedad civil, como las sanciones efectivas a quienes no señalen el origen de sus fondos de campaña o la eliminación del voto preferencial.

Si en plano político estamos así, en el ámbito judicial las cosas están igual o peor: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha terminado de ser secuestrado por mafias de abogados y profesionales dispuestos a hacer negocios de la peor estofa y a atornillarse en el cargo, pese al clamor ciudadano que renuncien luego del escándalo del ex consejero Quispe Pariona. De no ser destituidos pronto (está claro a esta altura que no van a renunciar), corremos el riesgo inminente de que dejen a su paso una costra de jueces y fiscales corruptos y sin escrúpulos que luego será difícil extirpar.

Somos una sociedad enferma
Existen bolsones de reserva moral en la sociedad y el Estado, que sólo para nombrar ejemplos recientes lograron destituir al ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia o tomaron las calles para impedir “la repartija” del Tribunal Constitucional. Ambos esfuerzos culminaron, respectivamente, con un honesto nuevo Fiscal de la Nación y con un nuevo TC, sin duda, mucho más decente que el anterior, a pesar que se pueda discrepar de algunas de sus decisiones.

Sin embargo, son sólo bolsones de reserva moral en un estanque pestilente de corrupción, frente a la cual la mayor parte de las autoridades y ciudadanos, o nos hemos acostumbrado/resignado a ella o disfrutan revolverse en su lodazal (como diría en un artículo reciente Rocío Silva Santistevan, se ha perdido el “asco” a la corrupción). Difícil determinar con certeza quiénes son mayoría: si los honestos resignados o los cínicos con concha y cancha, aunque nos inclinamos por los primeros por una sencilla razón: la corrupción es una pésima redistribuidora de la riqueza.

Lo que sí es claro es que los honestos no resignados son una auténtica minoría que aún creen en la legalidad y que por ello son percibidos como aves raras por una mayoría que se pregunta: “¿A estos qué les pasa? ¿Qué acaso no saben que las cosas no funcionan así?” Hay una terrible expresión en México que condensa esta cultura de la corrupción que cada vez se practica y predica con menos rubor: “El que no transa, no avanza”. Así, si luchas, si resistes, te jodes, no progresas, te quedas de pobre.

Es la patología de la corrupción que padecemos como sociedad –no sólo en el Perú sino en la mayor parte de América Latina- y que históricamente nos ha impedido dar el salto hacia el auténtico progreso y bienestar, desaprovechando momentos de bonanza económica como los del guano, el caucho o los minerales. Todo esto ya lo documentó con creces el historiador Alfonzo Quiroz.

Una de las expresiones de estas sociedades enfermas de corrupción es precisamente la parálisis, la derrota anímica, el convencimiento que nada va a cambiar, la pérdida de fe en la legalidad y en las instituciones (la policía y el poder judicial, por ejemplo) y el temor que si se intenta nadar contra la corriente, las consecuencias pueden ser muy graves; en otras palabras, mucho que perder, muy poco por ganar. Es lo que se conoce como el “síndrome de la impotencia adquirida”.

¿Qué hacer? Un nuevo pacto republicano
Hace algunos años un reconocido defensor de derechos humanos solía decir que la lucha por miles de inocentes en prisión injustamente acusados o condenados por terrorismo durante el fujimorato, era como pretender empujar una montaña… y bueno, como todos sabemos, las montañas no se mueven… pero igual –proseguía- hay que seguir intentando pues no nos queda otra.

El mismo escepticismo es comprensible que acompañe ahora la lucha contra la corrupción. Pero no nos queda otra ¿O acaso vamos a aceptar que la democracia que tanto costó recuperarla termine otra vez secuestrada por unos facinerosos? Somos de los convencidos que hay que dar batalla, aunque no haya certidumbre sobre la victoria; al menos, nos quedará la satisfacción de habernos llevado por delante a varios corruptos.

¿Por dónde comenzar? A problemas gigantes, soluciones radicales. Sin ser una lista cerrada, creemos que un buen comienzo en el 2016 podrían ser las siguientes medidas:

• Luego de una década de gobiernos de izquierda acusados de graves actos de corrupción, está claro que esta enfermedad social no sabe de ideologías. Así que los y las candidatas que pretendan enarbolar la bandera de la lucha anticorrupción, deberían condenar sin ambages la corrupción latinoamericana, venga de donde venga.
• “Que se vayan todos” bien podría ser la expresión que condense el sentir ciudadano que en estas elecciones del 2016, parte de los ciudadanos no nos sentimos representados por ninguno(a) de los candidatos(as). Con el perdón de personas bien intencionadas y honestas como Verónika Mendoza u otros, en lo personal nuestro voto –al menos por ahora- será en blanco. Consideramos que un amplio porcentaje de votos en blanco en las próximas elecciones podría ser el revulsivo democrático que el Perú necesita.
• Nada más alejado de aventuras autoritarias o intentonas golpistas, el voto en blanco es el reducto que la democracia representativa nos permite a los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que no nos convencen ninguno(a) de los candidatos(as) a la Presidencia de la República y estamos ya cansados de votar “por el mal menor”. En estas elecciones algunos de nosotros atrevámonos a un elogio a la lucidez invocando nuestro derecho ciudadano a vivir libres de corrupción.
• Precisamente un nuevo “derecho fundamental a vivir libres de corrupción”, debería comenzar a debatirse política y socialmente. A nivel internacional, algunas reflexiones ya se han avanzado y en el ámbito nacional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce que la prevención y combate de la corrupción es un deber constitucional del Estado. ¿Entonces por qué no comenzar a exigir nuestro legítimo derecho ciudadano a vivir libres de corrupción?
• No es una mera exquisitez jurídica sino que podría allanar el camino para importantes consecuencias prácticas, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción perpetrados por altas autoridades, la “muerte civil” o inhabilitación de por vida de los funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción, sanciones severas a las graves violaciones a la independencia judicial, incremento de las sanciones económicas por delitos de corrupción (para que deje de ser un “buen negocio”) y que las mismas no terminen en las arcas de Estado sino que beneficien a los sectores sociales que fueron afectados directamente por el colegio, hospital o carretera mal construidos, entre otros. Así, los graves delitos de corrupción bien podrían ser comenzar a ser considerados como “delitos de lesa democracia”.
• Finalmente, llegó la hora de un nuevo momento constituyente. Somos conscientes que la expresión “reforma constitucional” no gusta al mercado ni a determinados sectores políticos, movidos –aunque no todos- por la buena intención de cautelar el crecimiento y estabilidad económica que hemos alcanzado en los últimos 15 años.

El problema es que la institucionalidad democrática no da más, ha sido capturada por un Estado paralelo corrupto y delictivo, y de seguir así, terminará afectando al mercado y el crecimiento económico, como ya lo venimos percibiendo con la inseguridad ciudadana no atajada por policías, fiscales o jueces corruptos. Por ejemplo, ¿cómo entender que no se combata algo tan obvio como la minería ilegal que literalmente está destrozando la amazonia de Madre de Dios, sino fuera por la actuación de autoridades corruptas?

Esta reforma constitucional debería plasmar un nuevo pacto social y político, luego de casi doscientos años de vida republicana: reformas estructurales del sistema electoral, de la elección del Consejo de la Magistratura y otras altas autoridades del sistema de justicia y de lucha contra la corrupción, entre otras, que potencien los bolsones de reserva moral que aún tenemos y que atajen el acceso al poder político o judicial, de mafiosos y corruptos. Sin duda, una refundación de la República en la que el respeto a la legalidad, el “rule of law” (Estado de Derecho) desplace -por fin- al “rule of crime” que ha prevalecido en nuestros primeros doscientos años.