Se han dicho muchas cosas de la CVR. En estas líneas daré mi opinión “de parte” sobre ella, a partir de mi experiencia de trabajo como coordinador de investigación en la Oficina Regional Sur Andina. Estuve desde el inicio de su creación en noviembre del año 2001, y renuncié a ella en marzo del año 2003, cuatro meses antes de que cierre (julio del mismo año). Lo hice luego de entregar todos los testimonios debidamente recogidos y procesados en nuestra zona de intervención.

He leído muchos artículos escritos desde la academia sobre la CVR, que tienen una mirada más teórica y conceptual. Creo que es necesario también hacer una entrada desde otro ángulo. En este caso, quiero decir algunas cosas a partir del trabajo diario de tomar testimonios y viajar hasta los pueblitos más escondidos del sur andino. Debo añadir que tenía una ventaja: venía de trabajar 3 años en la Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani (en otras palabras, el Obispado de Sicuani), 150 km al sur de la ciudad del Cusco. Trabajé con curas y sobre todo laicos, agentes pastorales comprometidos con los pobres, de ésos que pueblan las pesadillas de Cipriani. Trabajando ahí tuve la oportunidad de viajar por las provincias altas de Cusco, donde no llega el turismo y toda la parafernalia que esto supone.

Nuestra zona de trabajo fueron los departamentos del Cusco, Puno y Apurímac, para lo cual abrimos una oficina central en Sicuani y dos oficinas descentralizadas, una en Ayaviri, Puno, y otra en Abancay, capital de Apurímac. Como ustedes imaginarán, no se trataba de esperar a las víctimas: hubo que ir a buscarlas en los pueblitos más alejados.

Ciertamente, no nos encontramos entre los que no creen y nunca creyeron en la CVR, y que quieren por todos los medios desacreditar su trabajo. Todos sabemos que estos sectores no ven nada positivo en ella, y que se sentirían, por obvias razones, muy cómodos con el borrón y cuenta nueva. Estamos en aquel grupo que, concordando con el planteamiento y valorando el esfuerzo y el trabajo que realizó la CVR, tiene varios cuestionamientos a su trabajo. La mía es una crítica, entonces, pero desde dentro. En realidad, más que una crítica a la CVR, lo que acá escribo tiene también mucho de autocritica, pues mucho de ello tiene que ver con cosas que dejamos de hacer o con otras que hicimos insuficientemente.

Luego de recoger en la Oficina Regional Sur Andina y de leer personalmente cada uno de los cerca de 2.000 testimonios de víctimas de crímenes de agentes de seguridad del Estado y grupos terroristas, no me queda duda acerca de la necesidad histórica de su realización. No se puede construir país, ni futuro, ni democracia, sobre la base de la impunidad de graves crímenes contra los derechos humanos; no se puede construir nada sólido sobre la base de la injusticia más abyecta y el desprecio a la dignidad humana.

No era fácil. La oficina de Sicuani, y luego la de Abancay, eran un loquerío. Teníamos que armar una institución en el camino; no había a dónde mirar; todo era para ayer, los plazos se nos vencían y había que entregar productos a Lima, pues el cronograma que le dieron a la CVR acababa. Y, claro, la administración de Lima de la Comisión no se caracterizaba precisamente por conocer la realidad de provincias, y a menudo reproducían las deficiencias de la gente de la capital, que cree que Lima es el Perú. Aún recuerdo que no pocas veces tuvimos que poner de nuestros bolsillos para cubrir los desplazamientos de los equipos, pues el dinero de Lima no llegaba. Recuerdo que siempre bromeaba con la administradora de nuestra oficina en el sentido de que debía exigir que pusieran mi nombre en la lista de donantes de la CVR, pues no fueron pocas las veces que lo hicimos. No comentaré lo bien equipadas que estaban las oficina de Lima, sobre todo esos aires acondicionados de última generación que tanto se nos antojaban en épocas de helada en Espinar, Cusco.

Mi primera crítica a la CVR es al tipo. Se nos dijo —si no me equivoco— que la finalidad de la CVR era construir un “relato moral”, un “relato ético” en relación con la violencia política, y que para ello había que documentar estos hechos. Todo esto me pareció extraordinario, y creo que ése era el mandato esencial. Mi objeción es el lugar que en esa perspectiva ocupaban las víctimas. Una vez que se les tomaba el testimonio, nunca más se las volvía a ver.

Me explico: Cuando relataban sus testimonios, estas personas abrían una “Caja de Pandora” personal: recordaban hechos trágicos y dolorosos, hacían aflorar los recuerdos de la mano con un sufrimiento hondo. ¿Qué hacía la CVR frente a este proceso inconcluso y angustioso? La respuesta es casi nada. Se les dejaba literalmente solas, a pesar de que estas personas necesitaban acompañamiento psicológico y personal, pues por lo general no habían procesado la tragedia sufrida, no habían elaborado el duelo. Solo una psicóloga se nos asignó en la Oficina Regional Sur Andina de la CVR para las tres regiones o departamentos que cubríamos.

La psicóloga de la oficina era una para cerca de 2.000 víctimas en Cusco, Puno y Apurímac a quienes se les tomó testimonio. Esto resultaba absolutamente insuficiente. Ante esta situación, en la Oficina Regional Sur Andina optamos por pedir apoyo a la Iglesia católica de la región, es decir, a la red de sacerdotes, religiosas y agentes pastorales, y fueron ellos los que trataron de estar cerca de las víctimas.

Dos eran los momentos intensos y de acercamiento a ellas: cuando se les tomaba el testimonio y las audiencias públicas. El primero no duraba más de 2 horas. Sin embargo, si comparamos los 2.000 testimonios que se recogieron en la Oficina Regional Sur Andina con el número de “testimoniantes” en las audiencias públicas, que no pasan de una docena (solo hubo dos audiencias en nuestra sede), concluiremos rápidamente que nunca más volvimos a ver a la inmensa mayoría de víctimas después de que dieron su declaración. Era —y es— duro, pero hay que reconocer que las abandonamos a su suerte, a pesar de que para ellos el proceso apenas comenzaba. Capaz no había otra manera: las víctimas no vivían por lo general en las capitales de provincia, sino en los rincones a los que se tiene poco acceso, y resultaba difícil llegar a ellas. Imposible no sentir impotencia.

Creo que detrás de esta realidad existía una limitada comprensión del mundo de las víctimas. Cuando presentábamos a la CVR en las provincias altas, aún recuerdo la cara de las personas del campo. Comentaban que desde que habían venido al mundo la violencia era el aire que respiraban, el pan de cada día, y que no entendían por qué solo nos interesaba la violencia de 1980 hasta el 2000, y solo la practicada por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los grupos alzados en armas. La violencia no vino de afuera: está instalada en la vida cotidiana de la gente. Para nosotros la violencia es una afrenta a la dignidad, un escándalo, una violación de los derechos fundamentales; para ellos, la violencia está “normalizada”, la sienten cada vez que respiran.

Creo que parte de la explicación tiene que ver con la forma cómo se creó la CVR. Ella no obedeció ni respondió a un proceso y a un reclamo ciudadano y masivo de las víctimas, sino a un reclamo del movimiento de derechos humanos y a la voluntad decidida de Susana Villarán y la apertura y visión del presidente Valentín Paniagua.

De igual manera, en un mundo andino impregnado de una lógica de reciprocidad, cosas como verdad, perdón y reconciliación no solo no tenían traducción exacta, sino que resultaban muy sofisticadas, casi surrealistas. Los contenidos del discurso verdad, justicia, perdón y reconciliación resultaban muy abstractos e ininteligibles para la gente del campo. En el mundo de la academia suenan y son interesantes, pero a más de 3.600 msnm le decían poco a la gente. Tengo esa impresión, pues su vida discurría por otro lado. Por momentos creo que los temas que la CVR planteó o intentó plantear quedaron en discurso, que no lograron sintonizar con el sentido común de las personas, con el lenguaje cotidiano. Por eso en muchos casos no la sintieron suya. No se reconocían en ella. Y de ahí que, cuando la atacan, no son ellos los primeros en defenderla. Ésta es una mirada muy desde el sur andino; es otra la realidad en otras zonas, supongo. Suena duro, pero es así como yo lo percibo.

Al mismo tiempo, creo que “fallamos” en el esfuerzo de comunicación. La CVR trató de enviar un mensaje a las víctimas, pero nos faltó, a los que trabajamos ahí, más capacidad para hacer que la CVR escuche a las víctimas. No escuchamos a la gente suficientemente. No digo que no las hayamos escuchado; los escuchamos en tanto víctimas, pero no como actores del proceso de verdad y justicia, en tanto protagonistas.

La otra gran debilidad fue el tema cultural. Aún recuerdo la cara del responsable de preparar las audiencias públicas con las víctimas y de coordinar con las oficinas descentralizadas: cuando le contamos que la audiencia del Cusco la queríamos hacer en el Teatro Municipal, con el sol cusqueño resplandeciente, y que queríamos celebrar al inicio de la audiencia una ceremonia de pago a la tierra, tan normal en el Cusco, nos dijeron que ése no era el formato, y que si la queríamos la denomináramos “Asamblea Pública”. Guardo aún el recuerdo de los gestos de algunos comisionados cuando presenciaban el pago a la tierra. No entendían mucho. Y es que la CVR del Perú, a diferencia de la de Guatemala, no puso mucho acento en el tema cultural al momento de analizar la violencia. No solo se afectaron derechos ciudadanos, sino también derechos de pueblos indígenas. En realidad, esto viene de más atrás: somos hijos de un pensamiento crítico que en todos lados veía clases sociales y nunca pueblos indígenas con derechos diferenciados.

La variable cultural no estaba, por ejemplo, en la “caja de herramientas” de las psicólogas, quienes tenían una perspectiva que no tomaba en cuenta lo cultural. No se trata de “exotizar” el mundo andino, como decía Carlos Iván Degregori. No quiero fungir de antropólogo, pero creo que la gente no terminó de entender el discurso de la CVR, o no fuimos lo suficientemente claros. La velocidad con que hicimos las cosas, los apuros, no dejaron espacio para escuchar, solo para tomar datos de los crímenes.

Por otra parte, se pudieron hacer más cosas en materia de judicialización. Recuerdo todavía cuando, en una reunión, luego de abogar en la CVR de Lima por cautelar el material probatorio, se me dijo que ésta no tenía por función la judicialización, sino, otra vez, construir un “relato moral”. Leo con tristeza, en los diarios, cómo muchos procesos penales contra graves violaciones de derechos humanos se están archivando. Creo que si se hubiese adoptado alguna medida para cautelar el material probatorio en relación con algunos casos emblemáticos en cada zona, no con todos, quizá otra sería la realidad.

No es broma: de los casi 2.000 testimonios que recogimos, aproximadamente en menos de 100 se contaba con información para identificar a los victimarios, y, de ésos, en no más de 10 a 15 se disponía de información suficiente para quebrar la presunción de inocencia y abrir un proceso penal. La información que recibíamos era insuficiente. Por lo general, en los testimonios nos decían que eran cuatro encapuchados los que irrumpieron en sus domicilios, que tenían porte militar y que hablaban un quechua de Ayacucho o un castellano de la costa. No era mucho lo que se podía hacer con esa escasa información.

Insisto: quizá muchas de estas críticas dicen más de las cosas que dejamos de hacer que de las que los “otros” no hicieron. Tal vez pudimos hacer más cosas, pero la vorágine del trabajo nos desbordó y nos inundó. Quién sabe peleamos contra molinos de viento. La CVR fue un momento, un brazo de Lima, un puente entre esos dos mundos, y no pudo con las limitaciones estructurales, el tiempo, las diferencias culturales, la falta de experiencia, etcétera.

Para terminar: ¿Cumplimos con las víctimas? Cada vez que me encontraba con algunas que habían dado su testimonio, me preguntaban cómo iba su proceso. Les explicábamos que no había ningún proceso abierto, que la información que ella había brindado no permitía individualizar a los victimarios, pero no entendían; y por el rostro que ponían, sentían que les habíamos fallado. Y es que las víctimas juzgan y evalúan el éxito de la CVR a partir de la capacidad de ésta de impartir justicia y sanción a los culpables y reparación a las víctimas. En lo primero, los casos emblemáticos están en proceso, pero los demás no. En lo segundo, luego de mucho esfuerzo y con limitaciones, advierto que se está comenzando a reparar a las víctimas, y eso me alegra.

Creo que la CVR cumplió con su finalidad principal (que, como decía el argentino Juan Méndez, era establecer una “base fáctica de hechos”, de la cual ya no se puede dudar). Hechos como La Cantuta o Barrios Altos, o como la matanza de Lucmahuayco, Cashaui, han sido acreditados. Ya nadie puede dudar de ellos. Corresponde a cada sector del Estado y de la sociedad confrontarse con ellos para, luego, asumir su responsabilidad y sacar las lecciones.

El proceso de verdad y justicia iba más allá de la CVR. Tocaba a ésta poner la primera piedra. La finalidad de la Comisión no era impartir justicia penal (eso correspondía al Poder Judicial); tampoco reparar a la víctimas, realizar e impulsar las reformas institucionales que garanticen la no repetición (tareas del Estado), perdonar a los agresores (tarea de las víctimas), y, menos, entregar un país reconciliado (tarea de todos). Eso le correspondía a otros entes y actores de la sociedad y del Estado, y en distintos plazos, como algunos no entienden.

La CVR nos cogió de sorpresa. Cuando se planteaba la existencia de una CVR en la agenda que la CNDDHH alcanzó a los candidatos, creo que nadie creía que ella se crearía. Era un sueño inalcanzable. Una vez creada, hubo que hacer mil cosas al mismo tiempo. A pesar de los esfuerzos en Lima y en las sedes, muchas cosas se dejaron —“dejamos”— de hacer (como en toda empresa humana: no somos ángeles); pero creo que se hicieron muchas cosas positivas también, y que ese esfuerzo fue trascendente y, lo que es más importante, cambio el rumbo de la historia grande del país, las historias locales, pero también la historia personal de muchas personas, sobre todo de las víctimas. Definitivamente, este país no es el mismo luego de la CVR.