Todos nos vemos afectados por el crimen y la delincuencia común, pero no solo nos impactan estos sino también el tipo de respuestas (o la ausencia de ellas) por parte de las fuerzas del orden y el sistema de justicia: los actores de la política criminal. Sin embargo, antes de hablar de la política criminal es necesario preguntarse, ¿cuál es la “cuestión criminal”[1] para el Estado peruano? es decir, qué se concibe como problemas y necesidades (de carácter criminal) dentro de determinado territorio de la nación. Pues, aunque pueda parecer de sentido común, al estar inmersos en noticias de delitos o escándalos de corrupción – y sin cuestionar lo que llaman “problema”-,  esperamos que estos se solucionen rápido sin que necesariamente contemos con que sean soluciones eficientes y sostenibles.

Por lo tanto, como toda política pública, para llevar a cabo la política criminal es importante el diagnóstico para luego determinar respuestas focalizadas al problema. Estas respuestas no son sólo jurídicas, sino acciones cotidianas de las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley. Un modo de analizarlas es conocer qué concibe el Estado como fenómeno criminal según los principales objetivos y acciones que se han dado cuenta y cómo vienen funcionando dichas medidas político-criminales en busca de un cambio real. Por lo pronto, la hipótesis es que pareciera que la política criminal se ve tentada a resultados inmediatos que permitan cierta estabilidad política. De hecho, esto no es malo, pero como intentaré explicar a lo largo de estas líneas, las intervenciones operativas son un medio y no una finalidad. Muchas veces resumimos la lucha contra el crimen en lo que se cumple (o se ha querido cumplir) y no en lo que estamos dejando de monitorear para que sea útil a mediano y largo plazo.

Lo “criminal” en el Perú

Como punto de partida, lo que se ha mencionado como “cuestión criminal”, en tanto objeto de estudio de la criminología, ha pasado de comprender el delito como “ente natural” o al delincuente como “sujeto desviado”, a entender la delincuencia como “comportamiento adquirido” a través del aprendizaje y la experiencia diaria. Es decir, se dio el tránsito de una disciplina particular (sea biológica, sociológica o psicológica) a una combinación de todas ellas. Un cambio de la unidireccionalidad positivista a una multifactorialidad interdisciplinar. No obstante, el objeto de estudio criminal no solo podría ser el delito o el delincuente sino su comportamiento en relación con las estructuras sociales así como con las formas de producción y distribución en la sociedad. En ese sentido, la economía política coge impulso como variable explicativa del delito y brinda una mirada crítica al funcionamiento del sistema penal.

Dicho esto, en la práctica podemos diferenciar dos orientaciones dentro de la política criminal peruana: el control y la prevención del delito. En las últimas administraciones se ha venido incidiendo en controlar los delitos que reproducen inseguridad. Por ejemplo, frente al robo y hurto se adoptaron importantes  medidas como el bloqueo de celulares y las campañas de regularización de permisos para portar y usar armas de fuego. Estas medidas pueden dar cuenta de que, bajo una socialización de valores diferentes a los de la ley, se hace necesario (re) orientar el comportamiento que favorece al delito.

 En el control del crimen organizado y del crimen urbano violento el Estado da cuenta de los operativos policiales para detectar y desarticular las organizaciones involucradas en la comisión de delitos relacionados con actividades extractivas ligadas al mercado de productos ilegales (como el narcotráfico, la trata de personas, la tala y la minería ilegal), delitos violentos en zonas urbanas con crecimiento económico (como homicidio, sicariato, extorsión) y actividades conexas como la corrupción. Por lo que, a partir de ello, se puede concebir la preocupación por la vida, los bienes jurídicos colectivos y patrimoniales. En este sentido, el delito no es visto como “natural” o una “construcción social” sino como objetos definidos por el sistema y en ese marco la sociedad debe ser protegida con (más) policía y una (más) eficaz administración de justicia.

Del mismo modo, respecto a delitos de corrupción, se han tomado acciones concretas para la investigación de coordinaciones, acuerdos y favores particulares que salieron a la luz a través de unos audios que vinculaban a fiscales, jueces, miembros de Consejo Nacional de la Magistratura, abogados, políticos y empresarios por su presunto vínculo con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, se están otorgando esfuerzos para continuar con las investigaciones por lavado de activos en el caso Lava Jato que vincula a ex funcionarios de gobierno y presidentes, entre otros personajes políticos con los actos de corrupción por la empresa Odebretch y la adjudicación de licitaciones de obras.  Ambos tipos de atención a lo criminal denotan una mirada al delito que no es ajeno a las esferas de poder y ese un elemento positivo.

 Por otro lado, en cuanto a la prevención, los programas que privilegian el barrio como núcleo de intervención, han involucrado a los gobiernos regionales y locales con la metodología y herramientas de inversión presupuestal articulados por la Unidad de Cumplimiento de la PCM. Las actividades que se realizan están en el marco de la definición de factores de riesgo que estarían incidiendo en el crimen y la violencia. Este marco daría cuenta de una focalización territorial que el Estado considera como vulnerable.

Entonces, qué influencia la política criminal, qué controla y qué previene el Estado peruano. Cabe precisar que el Estado está compuesto por una organización burocrática con distintos niveles para la toma de decisiones, no podemos encasillar la corriente de pensamiento de las instituciones del sistema criminal de modo determinista pero lo cierto es que: 1) el control de delitos está atendiendo la relación entre el espacio social y económico, así como, los vínculos entre el crimen y funcionarios con poder  y  2) en la prevención del delito parece existir una mirada de correspondencia entre las necesidades estructurales y la búsqueda por satisfacerlas. No obstante, tras los ejemplos mencionados, podríamos quedarnos con un sinsabor y caer en la duda de que, aun cuando se tienen acciones concretas y el Estado se oriente de una u otra forma contra lo criminal, se esté logrando algo de verdad. Quizás lo que se está haciendo no sea suficiente. En implementación y en el funcionamiento de las estrategias se van encontrar algunas luces.

El funcionamiento de las estrategias político-criminales

Como sabemos, la realidad es más compleja de lo que parece y las estrategias contra la criminalidad se ven constantemente desafiadas por circunstancias que podrían y deberían ser constantemente monitoreadas. De hecho, en política criminal se vuelve imprescindible evaluar sobre la marcha las iniciativas porque el fenómeno criminal es dinámico y –finalmente- porque las acciones que se impulsen representan nuestra confianza en que el Estado vela por nuestra seguridad.

Ahora bien, el diseño de una estrategia no es perfecto y en la práctica más patrulleros, su servicio de mantenimiento, más computadoras o más cámaras de vigilancia siempre va a ser noticia, pero en el espacio urbano el control del robo y hurto demanda atención al conocimiento del espacio. Entonces, son las técnicas como la georreferenciación y la división de cuadrantes elementos para operar en el territorio y su empleo es lo que determina que se consiga un objetivo o no. De modo que no solo las adquisiciones son ejemplos de lucha contra la delincuencia, sino la disposición de estas para brindar condiciones que garanticen efectividad.

De igual manera, respecto a los operativos por crimen organizado, ha sido vital contar con recurso humano especializado y con logística que proyecte un plan de operaciones garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas y consiga los objetivos previstos. Además, son favorables las coordinaciones entre policías y fiscales para llevar a cabo la intervención, pero el éxito no se puede reducir al número de detenidos, capturas e incautaciones porque para llegar a ello hay un proceso de obtención, evaluación e interpretación de información llamado inteligencia. La inteligencia no reacciona ante la comisión de un delito sino que opera sobre toda sospecha antes de constituirse una amenaza, actúa en situaciones pre-delictuales (Sansó-Rubert, 2010). En esta línea, los operativos son un medio para desarticular organizaciones pero los resultados se consiguen con prospectiva, solo que ella requiere de continuo procesamiento, sistematización y monitoreo de la información.

En cuanto a las medidas de prevención de la delincuencia urbana, la estrategia multisectorial que se viene impulsando responde a la premisa de que diversas variables inciden en el crimen y la violencia como factores de riesgo. Esta noción es significativa, pero a su vez demanda un constante monitoreo de la evolución de dichos factores y un alto grado de compromiso por parte de las instituciones involucradas en las actividades planificadas. En el trabajo preventivo los objetivos deben cruzar criterios de eficiencia y especialización, además las actividades requieren de una intervención diferenciada según las zonas de ocurrencia del delito (con mayor patrullaje, policía comunitaria, juntas vecinales) o según las zonas que condicionarían el comportamiento delictual (con alternativas educativas y deportivas, opciones de trabajo). En el desarrollo de las actividades se aprende mucho más, de modo que, no solo el cumplimiento de las actividades diseñadas constituye un logro en sí mismo, sino la información sistematizada que estas proporcionan. Así, se obtienen mejores datos y  se perfilarán mejores técnicas para obtener un impacto positivo y sostenerlo en el tiempo.

 Por lo tanto, al hacer política criminal necesitamos (re) formular el alcance concreto de las intervenciones del Estado frente al crimen y la delincuencia. Muchas actividades dentro de la política criminal son tanto atractivas por su publicidad como funcionales porque permiten que se cumplan metas operativas e incluso que se mejore la perspectiva sobre las instituciones policiales y de administración de justicia, pero necesitan esclarecerse como una suma de pasos que se dan, es decir, como medios. Mientras que contar con espacios públicos seguros, con alternativas al delito, con reducción del crimen y la violencia y con justicia responde a un proceso, a un contínuum. De manera que el control y la prevención del fenómeno criminal precisan de un monitoreo que permita ver más allá de los medios y constituya una fuente de información para conseguir un impacto real en la sociedad.

Bibliografía

Sansó- Rubert, D. (2016). Inteligencia Criminal. En A. Díaz Fernández, Conceptos Fundamentales de Inteligencia (págs. 223 - 232). Valencia: Tirant Lo Blanch.

Zaffaroni, E. R. (2012). La Cuestión Criminal (2a ed.). Buenos Aires: Planeta.