El Presidente convocó hace unos días a referéndum para que el pueblo decida si le dará o no su respaldo a las cuatro propuestas que buscan avanzar la reforma política y judicial del país. Estas medidas tienen, sin duda, una fuerte impronta política, y marcarán el derrotero de nuestra democracia en los próximos años en caso de ser aprobadas.

En las líneas que siguen haré algunos comentarios puntuales a dichas propuestas y trataré de explicar por qué la aprobación de las mismas es, apenas, el primer paso de un proceso mucho más largo que compromete no solo a los actores políticos, sino a la ciudadanía en su conjunto.

Bicameralidad ¿para qué?

Una de las iniciativas más significativas del paquete de reformas propuesto por el gobierno es el retorno a la bicameralidad. En nuestro país la bicameralidad ha sido la regla y no la excepción. La hemos tenido en prácticamente todas nuestras constituciones democráticas, con excepción de la Constitución de 1993. Este dato no es baladí, pues da cuenta de la importancia que posee para explicar nuestra dinámica política.

La bicameralidad, sin ser la panacea, ofrece mayores beneficios que la unicameralidad. El Congreso bicameral genera mayores (y mejores) incentivos para la deliberación pública. Obliga a los parlamentarios a discutir más, a reflexionar más, y a escuchar más. No solo entre ellos mismos, sino entre ellos y la opinión pública. Este solo hecho convierte a la bicameralidad en algo más deseable que la unicameralidad que, como hemos visto, en todos estos años en que ha estado vigente, nos expone a una aprobación desaforada de normas, y a excesos que amenazan la estabilidad y gobernabilidad políticas.

Ahora bien, la propuesta de bicameralidad que será sometida a referéndum no está exenta de críticas. La primera, y quizá, la más importante, es que cambia las reglas de la cuestión de confianza, de tal modo que esta figura jurídica ya no podrá ser invocada por el gobierno para el caso de iniciativas legislativas, ni podrá ser planteada por un ministro, sino sólo por el Premier.

Considero que plantear la cuestión de confianza en esos términos es un error. Esta figura jurídica tiene por objeto evitar los embates del Congreso contra el gobierno, sobre todo cuando este último no cuenta con una mayoría que le permita avanzar su agenda política. Está arma defensiva no apunta a someter al Parlamento, como algunos sostienen, sino a generar las condiciones para el diálogo entre ambos poderes cuando poseen posiciones distintas sobre temas relevantes para la gobernabilidad del país. Si el Ejecutivo abusa de la cuestión de confianza, el Parlamento siempre podrá invocar, a su vez, alguna de las armas defensivas con las que cuenta. Además, no debemos perder de vista que si bien presentar la cuestión de confianza es competencia del gobierno, aceptarla (o rechazarla) es potestad del Congreso.

No reelección de congresistas: ¿tiene sentido?

Una de las propuestas más resistidas del paquete presentado por el gobierno ha sido el de la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. Tanto políticos como académicos se han mostrado en contra y han señalado que si acaso se aprobara, contribuiría al desprestigio en el que se halla sumida nuestra clase política.

Discrepo de ese punto de vista. Considero que la crisis de representación que padecemos no es producto de la no reelección -en el entendido que esta medida tenga ese efecto, como muchos sostienen- sino de la debilidad de los partidos políticos. Sin partidos políticos sólidos, articulados, comprometidos con una visión del país moderna y ética, es muy difícil que la democracia rinda sus mejores frutos.

La reelección no garantiza que el Congreso sea de mejor calidad. La no reelección tampoco. Hay congresistas novatos que han tenido gestiones sobresalientes y congresistas experimentados que han tenido desempeños muy pobres. Hay argumentos también que favorecen a ambas posiciones. A favor de la reelección, sin duda, se halla el argumento, según el cual los congresistas con mayor experiencia garantizan un mejor desempeño del Parlamento, y se pone como ejemplo el caso de aquellos parlamentarios que poseen mayor visibilidad política y que brillan por sus dotes oratorias o por su gran capacidad de fiscalización. Se dice también que la tasa de reelección es bajísima, con lo cual, en el fondo, no existiría mucha diferencia entre reelección y no reelección, por lo que prohibirla no solucionaría nada y sí generaría más bien un problema a nivel de la calidad y productividad del nuevo Congreso.

Por el lado de la no reelección también es posible identificar dos argumentos fuertes. El primero, que si bien la tasa de reelección es muy baja (menor al 20% en promedio en los últimos años), la tasa de congresistas que postulan a la reelección es bastante alta (alrededor del 60%), esto es decir, por prestar atención a cuántos congresistas logran reelegirse, olvidamos cuántos congresistas en funciones lo intentan, con todo lo que eso implica en términos de eficiencia y compromiso con su gestión parlamentaria vigente.

Asimismo, el segundo argumento fuerte en contra de la reelección es que permite un mayor y mejor recambio generacional al interior de los partidos. El argumento se construye de la siguiente forma: si no se permite la reelección, entonces, los partidos van a tener que elegir entre sus militantes -sobre todo entre los más jóvenes- a quienes puedan representarlos. Dado que los dirigentes más experimentados ya no podrán competir, se generarán incentivos para que nuevos dirigentes cuenten con una oportunidad real de acceder a un cargo de elección popular y dinamicen el funcionamiento de sus organizaciones políticas.

Como se puede advertir hay buenos argumentos tanto a favor como en contra de la no reelección. No creo por ello que su aprobación sea un desastre, como muchos anuncian, o que su desaprobación signifique traicionar la voluntad del pueblo. Creo más bien que esta reforma debe ir acompañada de otras más urgentes y ambiciosas como la eliminación del voto preferencial o el fortalecimiento de los partidos a través de esquemas, por ejemplo, de financiamiento más transparentes y equitativos.

Reflexión final

Al margen del contexto político que ha motivado la convocatoria a referéndum considero que se debe tomar en cuenta:

a) Que la reforma política y judicial no se agota en la aprobación de los cuatro proyectos de reforma constitucional propuestos por el gobierno. Tras el referéndum deberá empezar la implementación de estas medidas, lo cual implica aprobar nuevas iniciativas, esta vez de rango legal, y concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad de respaldar las mismas, bajo el entendido de que la reforma de nuestras instituciones sí tiene una incidencia real en nuestra calidad de vida y en nuestro desarrollo.

b) Que consultarle al pueblo sobre las decisiones que le afectan no es un síntoma de populismo o demagogia, sino una expresión legítima de nuestra democracia. La participación política implica también generar espacios que promuevan el debate público y la fiscalización al poder.

La pregunta que queda en pie, por tanto, no es ¿qué podemos esperar del referéndum? Sino qué vendrá después. El referéndum es solo el primer paso de un camino largo y extenuante con el que  debemos comprometernos para tener éxito. Que así sea.