El primer compromiso del presidente Pedro Pablo Kuczynski con el Perú es llevar agua potable y saneamiento a todos los peruanos. La meta trazada es ambiciosa pues busca llevar agua potable y saneamiento de calidad, las 24 horas del día, a todos los peruanos para el 2021, aunque ha indicado que realistamente esto será posible en 7 años. El anuncio es relevante pues es la primera vez que es fijado como objetivo de la política –que ha pedido sea de Estado, no de gobierno- el servicio, y no la cobertura. Anteriormente, era la cobertura lo señalado por los presidentes, y en consecuencia la acción del Estado estaba concentrada en la construcción de redes de agua potable y alcantarillado, y no necesariamente en un buen servicio, es decir, que el agua potable entregada sea de calidad –la pueda directamente tomar del caño- y esté disponible las 24 horas. Ahora el objetivo es servicios de calidad para todos los peruanos, en las ciudades y en el campo.

Lo anterior, ha señalado, será posible a través del “Programa Integral Agua Limpia” que implica construcción, generación de empleo e incorporación de tecnología en el tema. Los detalles vendrá en el mensaje del Premier Fernando Zavala el 15 de agosto, sin embargo un alcance está en el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio¹.

La propuesta señala que el sector saneamiento enfrente un insuficiente financiamiento de las inversiones, un modelo de gestión –municipal- colapsado, y demasiadas organizaciones públicas involucradas en el tema (superposición administrativa), y que por ello es necesaria una planificación integrada y la promoción del uso racional y no contaminación del agua por parte de la sociedad. El Programa busca modernizar la gestión, fiscalizar el uso del agua y promover sistemas no tradicionales para la prestación del servicio a nivel urbano y periurbano.

La propuesta de PPK enfrenta desafíos en tres ámbitos: (i) político, pues el control de la prestación del servicio está en manos de los municipios, quienes son los propietarios; (ii) económico-financiero, pues las Empresas Prestadoras (EPS) están en la práctica quebradas por la mala gestión de sus responsables y muchas son inviables porque son empresas muy pequeñas; y (iii) ambiental, pues el servicio agua potable y saneamiento tiene impactos ambientales importantes, en la construcción y en la disposición de las aguas residuales, entre otros.

En lo político, luego de la descentralización del sector a fines de los 80, las EPS pasaron a ser propiedad de los municipios provinciales y distritales. Esta situación no ha cambiado con los años, y aunque se han hecho ajustes en la conformación de los Directorios –hoy hay representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), del Gobierno Regional y de la sociedad civil-, las EPS siguen estando sujetas a las decisiones de las autoridades políticas, que en muchos casos han actuado con criterios político partidarios o agendas personales, por ejemplo, no aplicando incrementos tarifarios necesarios para darle sostenibilidad al servicio. Cualquier acción sobre el sector, para que sea efectiva y permanente en el tiempo, pasa por cambiar las reglas en lo referido al gobierno de las EPS, y eso implica modificar el actual esquema controlado por los Municipios. El quitar a los Municipios el control sobre las EPS es un desafío político mayúsculo, y parece el único camino posible pues desde los 90 a la actualidad todos los esfuerzos por lograr que los Municipios tengan un comportamiento alineado con la buena gestión de las EPS no han tenido el éxito esperado.

En lo económico-financiero, el desafío está en encontrar una nueva forma de organizar la industria del agua, pues en la actualidad es inviable con 50 EPS distribuidas a lo largo del país, en donde en muchas casos los ingresos que reciben no son suficientes para darle sostenibilidad a la empresa, por lo que la integración de las EPS es un paso lógico pero complejo debido a los temas de propiedad –cómo sería repartidas las acciones de los Municipios en la empresa integrada-, y un nuevo modelo de gestión, distinto del modelo municipal actual, y que permita incorporar la iniciativa privada en la prestación del servicio.

La frase del Presidente referida a que “no hay tiempo para discursos ideológicos” puede entenderse como la intención de impulsar la participación privada en la prestación del agua. Más allá de las consideraciones ideológicas –que no es poca cosa- la participación privada en el servicio ya existe en el país y ha sido muy importante para atraer inversión como es el caso de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales de SEDAPAL, para Lima, y el desafío es extender estas iniciativas fuera de Lima –como es el caso de SEDAPAR en Arequipa-, y no solo para la construcción y operación de plantas de tratamiento sino para la prestación del servicio, a través de esquemas como la tercerización del proceso de facturación y atención de desperfectos menores en la red.

Los esquemas de Asociación Público Privada (APP) son viables para la etapa la construcción, operación y mantenimiento, pero el desafío es extenderlos para el propio servicio, es decir, de un modelo de gestión privado del agua o público-privado para la prestación del servicio –una versión mejorada de lo que ocurre en Tumbes. Y también es necesario pensar en un modelo de gestión público –sea municipal, regional o nacional- para la prestación del servicio, pues no todas las EPS son atractivas para la inversión privada.

A partir de una industria más integrada y con modelos de gestión orientados a la sostenibilidad del servicio es posible pensar que la inyección de recursos económicos –por subsidios estatales a la construcción y tarifas- va a permitir mejorar la calidad del servicio de forma sostenible. Pensar que la inyección de recursos económicos –a partir de reducir el ciclo de inversión pública o aprobaciones automáticas-, el reflotamiento de las EPS en su condición actual, el reordenamiento de las responsabilidades públicas o la incorporación de tecnología no tradicional al sector va a mejorar el servicio, en realidad, es más de lo mismo que la evidencia demuestra que no ha funcionado.

En lo ambiental, la construcción de plantas de tratamiento tiene implicancias ambientales negativas, que deben ser mitigadas en el caso de la instalación de las propias plantas, y positivas, en lo relacionado a las plantas de tratamiento de aguas residuales pues reducen la contaminación del agua. La contaminación de los ríos proviene principalmente de los residuos de los centros poblados y ciudades que están en su camino, y por ello la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales –y de residuos sólidos- y el incrementar la conciencia de la sociedad sobre la contaminación y el uso racional del agua son aspectos que deben ser transformados, como se ha afirmado, en prioridades públicas.

Hay que cambiar las “reglas de juego” en el sector para orientarlo -como ha señalado el Presidente- a la prestación de un servicio de calidad las 24 horas, pasando de un política pública promotora de la construcción a una política pública promotora de un servicio de calidad, pues la construcción es el medio, no el fin.

¹Plan de Gobierno 2016-2021. PPK Peruanos por el Kambio. Páginas 51-56