Una rápida revisada de los planes de gobierno de quienes aspiran a asumir las alcaldías distritales de Lima muestra que pocos candidatos y candidatas prestan atención a los espacios públicos y a su relación con la seguridad ciudadana. Pero, ¿qué son los espacios públicos y por qué es urgente que los gobiernos municipales los atiendan?

Los espacios públicos son ante todo aquellos lugares sociales-territoriales ubicados al margen de la esfera privada y en donde interactúan las y los ciudadanos, permitiendo la integración de la ciudad y la construcción del tejido social urbano. También es posible restringir la definición de espacios públicos a todos aquellos que no son de dominio privado e incluir además dos criterios: que el espacio no tenga exclusivamente fines de lucro sino (también) de servicio público y que sea -en términos físicos, económicos y sociales- de libre o fácil acceso. Entonces, todos los parques, plazas, lozas deportivas, alamedas, pero también las calles, pasajes y escaleras son espacios públicos.

Desde una perspectiva de desarrollo humano, los espacios públicos son además lugares de socialización donde las personas aprenden y transmiten valores, costumbres, normas y hábitos. Aquellos espacios públicos que están en buen estado, es decir que son atractivos, su uso es horizontal y las normas que lo rigen permiten una interacción harmónica, son escenarios para ensayar una cultura urbana de civismo muy necesaria para una alta calidad de vida en la ciudad.

¿Cómo se relacionan los espacios públicos con la inseguridad?
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD para América Latina reconoce que:

“la forma y la estructura de la ciudad y de sus espacios públicos inciden en la inseguridad: se sabe que la inseguridad urbana se nutre del deterioro y el mal diseño de los espacios públicos, así como de los problemas de localización, de accesibilidad e incluso de la falta de iluminación y de la mala calidad de la infraestructura urbana y de la planeación. Pero en la otra dirección, la inseguridad afecta el espacio público, y así, los espacios públicos vacíos o violentos dificultan su apropiación por parte de la comunidad. El resultado es una afectación negativa en la convivencia social: éste es un efecto común en las ciudades latinoamericanas.”

La relación entre espacios públicos y seguridad ciudadana es entonces doble y se puede dar sobre los mismos espacios, formando un círculo vicioso y acumulativo.

La inseguridad daña los espacios públicos debido a la percepción de inseguridad que sobre ellos recae. La población se siente insegura y hasta amenazada por aquellos espacios públicos en los que, por ejemplo, espera ser asaltada o cuyos usuarios son asociados con pandilleros del barrio. En consecuencia, tienden a restringir el uso de este espacio, sea privatizándolo o simplemente dejando de usarlo.

Cabe destacar que la privatización de espacios públicos, es decir cercar los parques y las calles para restringir el acceso de externos, no es una herramienta útil para combatir la inseguridad puesto que meramente desplaza los factores de riesgo y fomenta la desintegración del tejido social urbano, con ello hasta nutriendo la inseguridad. Por otro lado, dejar de usar un espacio público ante un riesgo percibido conlleva a que la población se repliegue a la esfera privada: Las personas ya no salen a pasear, las y los niños sólo tienen permiso para jugar en la casa, las plazas dejan de ser lugares de encuentro. Los espacios son abandonados por las y los usuarios y por las autoridades responsables. Según el informe del PNUD, el abandono del espacio público ha sido identificado como uno de los principales impactos de la inseguridad urbana.

Cuando se abandonan los espacios públicos, estos ya no son percibidos como útiles o propios y no se invierten recursos en mejorar su estado, con lo que se da curso a su deterioro. Los espacios públicos deteriorados a su vez fomentan la criminalidad y la inseguridad. Esta relación causal ha sido postulada por la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling (1982) según la cual los espacios públicos visiblemente deteriorados por el abandono de la población tarde o temprano tienden a ser apropiados por actores anómicos o hasta criminales, incrementando la inseguridad y el miedo. En la experiencia cotidiana es común escuchar que un pasaje oscuro o un parque sucio han sido ocupados por una pandilla o un grupo de “fumones”.

¿Cómo pueden contribuir los espacios públicos a la seguridad ciudadana?
Justamente por la relación causal entre el estado de los espacios públicos y la inseguridad, estos también tienen el potencial de ser escenarios para medidas de prevención del crimen. Los espacios públicos en uso gozan de un control social natural, que se refiere al control automático generado por la presencia y con ello observación de varias personas en un solo sitio. Cuantas más personas frecuentan un espacio, más confianza sentirán para sancionar conductas indebidas y más inhibidas se sentirán para cometerlas. Entonces, impulsar el control natural en espacios públicos es una herramienta para prevenir delitos y reducir la inseguridad.

Además, los espacios públicos permiten implementar en ellos instrumentos de prevención situacional, dirigida a reducir las oportunidades de acción de los delincuentes en su entorno físico. Estos instrumentos se centran en el estado y uso de espacios públicos por parte de la vecindad, abarcando actividades de desarrollo urbano que van desde operativos de recuperación, pasando por campañas de promoción de uso de determinados espacios hasta alianzas público-privadas para reactivar económicamente y culturalmente determinadas áreas urbanas.

¿Qué tienen que ver los gobiernos municipales con los espacios públicos?
Según la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son los gobiernos municipales a nivel distrital y provincial los responsables de la organización del espacio físico y uso del suelo urbano (art. 79), por lo que la gestión de los espacios públicos urbanos es su competencia. Además, las municipalidades tienen competencias específicas y compartidas ligadas a la seguridad ciudadana y al desarrollo social de su circunscripción (art. 73). Consiguientemente, le corresponde a las municipalidades liderar el mantenimiento de los espacios públicos e incentivar su uso y cuidado. Es por eso que las tareas de las municipalidades respecto a la seguridad ciudadana empiezan con incluir una gestión integral de los espacios públicos como elemento de su estrategia de seguridad ciudadana y, por ejemplo, aplicar instrumentos de prevención situacional e insertarlos en sus planes anuales de seguridad ciudadana.

También son las municipalidades quienes deben diseñar y ejecutar los procesos de recuperación de aquellos espacios públicos que ya están abandonados y que representan un riesgo para la seguridad de la vecindad. Para ello, la municipalidad debe generar las alianzas correspondientes con la policía y la población, designando los fondos necesarios en el presupuesto municipal.

¿Cómo deben recuperar los municipios los espacios públicos inseguros?
El objetivo de cualquier proceso de recuperación debe ser no sólo que el espacio deje de ser (sentido) inseguro sino que sea utilizado por la ciudadanía, que sea accesible, sociable, agradable, saludable y además útil. La recuperación debe ser entendida como proceso mediante el cual el espacio público vuelve a ser apropiado por la ciudadanía, en el cuál ella no sólo le pierda el miedo sino que lo sienta como un espacio propio de la comunidad y de cuyo uso pueda disfrutar.

Al momento de escoger los espacios públicos a ser recuperados, los gobiernos municipales deben considerar diferentes criterios, no sólo la visibilidad de la obra, sino también evaluar el nivel de riesgo que cada espacio público abandonado genera y las necesidades de los diferentes barrios respecto al acceso a espacios públicos. Pero en la práctica, no todas las municipalidades abordan la recuperación de los espacios públicos desde esta perspectiva. Muchas se limitan a operativos puntuales y efectivistas o a acciones estéticas de embellecimiento y restauración de fachadas. Otras se dedican a establecer nuevo espacios públicos en vez de recuperar los existentes, generando así gastos innecesarios para el presupuesto municipal y arriesgando que los nuevos espacios corran la misma suerte que los antiguos.

Un proceso de recuperación no es sostenible si no es planificado y ejecutado con participación de las y los usuarios y si no sensibiliza a la población sobre el uso correcto del espacio. Además, el proceso de recuperación de un espacio público estigmatizado como peligroso también debe estar dirigido a reconciliar a la vecindad con este espacio mediante actividades que busquen disuadir el miedo y los prejuicios que lo nutren. Realizar operativos policiales para retirar a quienes realizan actividades indeseadas no basta y es en este momento que cobran importancia las actividades cívicas o culturales organizadas por las autoridades municipales y realizadas sobre el espacio en recuperación. Campeonatos deportivos, festivales de música o teatro al aire libre incentivan a la población vecina a reapropiarse de ese espacio.

En conclusión, los espacios públicos constituyen a la vez riesgo y oportunidad para la seguridad ciudadana y su mantenimiento, recuperación y promoción es responsabilidad de los gobiernos municipales. Pero nos corresponde a nosotros como ciudadanas y ciudadanos de a pie cuidar nuestros espacios públicos y supervisar que los gobiernos municipales que elijamos implementen una gestión integral de espacios públicos como parte de la gestión de seguridad ciudadana.