El lugar destinado a recordarnos los traumas que dejaron los años de violencia en el país podría quedarse sin presupuesto en noviembre próximo, cuando la muestra principal salga a escena. El Estado, así como los medios de comunicación y la sociedad civil, parecen solo ser capaces de volver a ellos de dos formas: en cacería de brujas hacia cualquier remanente o en absoluta indiferencia y silencio sobre el dolor de las víctimas. A catorce años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ¿qué tanto se ha hecho por apoyar la reflexión sobre esta etapa de nuestra historia?

Al pensar en la guerra interna, la desidia parece habernos llevado a una encrucijada con dos salidas posibles: estar a la caza de cualquier remanente terrorista u olvidar por completo que de 1980 al 2000 miles de peruanos sufrieron en carne propia la forma más dura de violencia. Esa es la carta que han puesto a nuestro alcance los medios de comunicación. Su pauta se limita a descubrir lazos que unen a políticos o dirigentes con Sendero Luminoso o a aplaudir las capturas de la policía en el Vraem, ambos objetivos valiosos pero insuficientes en un país con una deuda histórica aún abierta. Su interés por las miles de personas que murieron entre esos años no está ni siquiera relegado a las secciones de inactuales. Pareciera que aún no son capaces de enfrentarnos a ese pasado. La negación o el ataque histérico son sus opciones. Por supuesto, ninguna de ellas contribuye a fortalecer nuestra memoria colectiva.

En medio de ese consenso casi generalizado por enterrar nuestra historia reciente, no resulta extraño que la iniciativa de crear un lugar que simbolice y permita reflexionar sobre ese pasado viniera del extranjero, del gobierno alemán, la Unión Europa y el gobierno sueco, a través de financiamientos. Un año después, en el 2008, el Estado peruano decidió que la idea valía la pena. Se formó una comisión de alto nivel presidida por el escritor Mario Vargas Llosa y cinco años más tarde el edificio ya comenzaba a erigirse. “Hace dos años vine y la imagen que yo me había llevado era la de unas retroexcavadoras”, dijo en el auditorio del flamante Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) el colombiano Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica y uno de los especialistas más destacados en la materia de ese país.

En la ceremonia, lo acompañaba Diego García Sayán (actual presidente de la comisión de alto nivel), el antropólogo Javier Torres, representantes del PNUD y Ponciano del Pino, uno de los autores del libro “Cada uno, un lugar de Memoria”, en el que el LUM sustenta su política como museo y traza los caminos en los que se va a trabajar para recordar y reflexionar. Desde el comienzo, los encargados tuvieron claro que buscaban rescatar la voz de los ciudadanos más afectados por el terrorismo. “La gente tenía que ser protagonista, ellos debían narrar la historia y participar en el diseño. Consultamos primero con especialistas y trabajamos arduamente en el documento, pero abrimos la discusión a la participación de las personas”, comentó García Sayán.

La escritura del libro, a cargo de Del Pino y José Carlos Agüero, ambos miembros del grupo de Memoria en el Instituto de Estudios del Perú (IEP), generó encuentros: se juntaron en un mismo espacio víctimas y familiares de civiles y de policías y militares desaparecidos o asesinados por el terrorismo. En Junín, Ayacucho y Lima se abrieron convocatorias a artistas, periodistas, comuneros, dirigentes y ciudadanos en general, y en cada una de ellas la participación fue mucho mayor a la esperada. En Ayacucho, llegaban dirigentes de zonas alejadas como Oreja de Perro, uno de los rincones más azotados por la violencia e indiferencia del Estado, buscando un espacio para contar sus historias.

“Probar que lo ocurrido no es una historia abstracta ni que se circunscriba al pasado. Es una historia viviente”, reclamaban los líderes de Huanta. De octubre del 2013 a febrero de 2014, los investigadores del LUM convocaron a 17 reuniones de las que en total llegaron a participar 217 personas de los tres departamentos. Se concretaron también grupos focales con padres de familia, profesores y alumnos de colegios. El objetivo último, anunció Del Pino, “es probar los hechos ante una sociedad incrédula, es una toma de posición frente a la negación y la indiferencia”.

La acogida que tuvo la recopilación de información para el libro, de la que también participaron comunidades campesinas e indígenas, encuentra sustento en una frase de Sánchez: “Se puede afirmar que la memoria aparece como un campo de lucha del reconocimiento de las víctimas. Es su forma de resistencia a la desaparición”. A su juicio, los procesos de construcción de la memoria en Perú y Colombia difieren en el tiempo (la guerra aún no concluye en el país del norte), pero los motivos que persiguen ambas instituciones son similares. Su origen es el de difundir y fortalecer la memoria colectiva de los actores involucrados en el conflicto. Esas acciones en parte están destinadas a restablecer a las víctimas y difundir sus historias. “La memoria es un acto de denuncia en sí mismo. Es un canal de expresión para plantear exigencias simbólicas, económicas y sociales”, dijo el colombiano.

En nuestro país, la discusión por la memoria de la guerra interna había quedado marginada a algunos claustros universitarios o circuitos especializados. Las historias de esos miles de peruanos que perdieron a sus padres, hermanas o hijos, solo vivían en el recuerdo de los especialistas en derechos humanos. La publicación del libro cambia el escenario. “Tiene un gran valor porque permite aterrizar con las voces de diferentes actores este debate que estaba en manos de expertos y muy pocas veces se dio la posibilidad de que las víctimas y otros sectores como artistas, activistas, las fuerzas armadas digan que piensan”, comentó el antropólogo Javier Torres, el día de la presentación.

Voces perdidas
La imagen proviene de una de las audiencias públicas de la CVR. En ella, una mujer vestida con chompa roja y un sombrero de ala ancha, cuenta lo que le ocurrió a su familia, una mañana de 1984, cuando fueron sorprendidos por la irrupción de soldados que golpearon a sus hijos y a su esposo, y luego se llevaron a uno de ellos, el mayor, que era estudiante universitario. A continuación, la mujer, Angélica Laime Córdova, relata cómo buscó a su hijo desaparecido, cómo fue amenazada muchas veces por los militares que la persuadían a olvidar el asunto, como si para una madre olvidar a un hijo fuera una decisión posible.

Su historia forma parte del ingente archivo de testimonios recopilados por la CVR. Forma parte de un compendio de recuerdos que no ha podido insertarse en el imaginario y en la agenda pública. Una especie de imagen viviente de la indiferencia. Hace un par de meses, sin embargo, el LUM la subió a su canal de videos en línea y posiblemente la incorpore a la muestra permanente que se podrá visitar en sus ambientes. Está proyectado que en noviembre culmine todo el trabajo de construcción de la muestra, que básicamente está formado por fotografías, textos, presentaciones, testimonios, documentales y documentos que darán cuenta de estos hechos. La muestra, ya anunciaron, acogerá tres niveles: un primer piso dedicado a los hechos de violencia y sus efectos en los peruanos, principalmente en la década del ochenta. Un segundo nivel con respuestas a la violencia, daños en Lima y los retos de la memoria como eje de la democracia. En la tercera y última planta estarán las ofrendas a las víctimas y un espacio para comentarios de público y talleres educativos.

Como lo relatado por Laime Córdova, en el lugar se expondrán también nuevos documentales y testimonios. Con ellos se busca recuperar la atención sobre la memoria de las víctimas. “El museo adquiriere su sentido cuando cada uno se siente interpelado por él”, dijo del Pino. En una sociedad que busca cuestionar a cualquiera que intente recordar la violencia que subyace al progreso que hoy vivimos, en la que él recuerdo es de por sí un acto sospechoso, el trabajo del museo es un acto de sublevación de gran valor simbólico.

La decisión de que este espacio fuera construido en la Costa Verde generó bastantes conflictos, pero su existencia no se cuestionó. ”Luego de la crítica al hecho de que fuera construido en Lima, en el fondo siempre resaltaban la importancia de tener este lugar de memoria con las expectativas de ser escuchados y reconocidos para probar que esta historia la vivieron miles de peruanos en el país”, contó del Pino sobre los comuneros de Oreja de Perro.

Parte de la muestra ya ha empezado a moverse por nuestro país. Primero en Lima, en Villa El Salvador, en Huaycán, en El Agustino y en la Universidad Nacional de San Marcos, los lugares más golpeados por el terrorismo. También se ha previsto que llegue a las regiones. Por lo pronto, una parte se vio en Junín y se espera que se presente en Ayacucho. La muestra además ha sido avalada por el presidente de Alemania, Joachim Gauck, y el premio nobel Mario Vargas Llosa, quienes a inicios de este año recorrieron todos los ambientes que la constituyen.

El circuito de la memoria lo conforman también los museos de la región Junín, Anfasep en Ayacucho, el Lugar de la Memoria en Huancavelica, y lugares en proyecto como el de La Hoyada en Ayacucho. Los pilares sobre los que se han levantado son la memoria, los derechos humanos, la tolerancia y la inclusión social. La esencia de su discurso no busca, como sí ocurrió en Colombia, ser una directriz única para entender la guerra, centrarse en el discurso oficial, sino que es más arriesgada. “El Estado no va a tener el discurso oficial sino que busca dar el espacio de acogida para que los actores interactúen, es un espacio de facilitación. La pregunta es si este Estado está en esa capacidad. La apuesta es audaz, pero me parece que es un reto enorme y ojala se pueda cumplir” dijo al término de la presentación Torres.

Por lo pronto las señales de indiferencia están servidas. Hasta la fecha, el proyecto no cuenta con los fondos necesarios para su mantenimiento una vez que abra sus puertas al público en noviembre próximo. Todo el trabajo de recopilación de testimonios, reconstrucción de memoria y cooperación con las víctimas, podría quedar como recuerdo de la desidia del Estado. A siete años de que el gobierno alemán colocará un bolsón de 2 millones de euros para su creación, el Estado peruano pone en riesgo su existencia, y junto a ella la posibilidad de que las victimas tengan un lugar que simbolice lo que vivieron. Un puente que nos conecte, al menos en parte, con ese terrible pasado.