Ni feliz año ni próspero año nuevo

Ni feliz año ni próspero año nuevo

Ernesto de la Jara Abogado. Fundador y exdirector del Instituto de Defensa Legal
Ideele Revista Nº 246

(Foto: Andina)

Estamos casi a fines del gobierno de Humala, si consideramos que en la medida que transcurra el 2015 se intensificará la contienda electoral para las próximas elecciones presidenciales, un período muy distinto y especial, debido a que todos los actores políticos tratarán de jalar agua para su molino a cualquier precio con tal de pasar a la segunda vuelta.

El primer embrollo en el que está el gobierno es el económico. El mismo Presidente ha dicho que se terminó la época de las vacas gordas. Hay más o menos consenso en que la caída del crecimiento económico (de un promedio del 5%, durante el período previo a los problemas económicos se ha pasado a un 2.9%), se debe fundamentalmente a factores externos; concretamente a la caída de los precios de los minerales, los mismos que durante años pasados habían estado realmente por las nubes (tan solo un par de años atrás, en el 2012, el precio del oro estaba en 1669 dólares, mientras que ahora se encuentra en 1222).

Sin embargo, no por esto Humala se salva de recibir ataques de todos lados. Gran parte de los técnicos lo acusan de haber reaccionado tardíamente, debido a que los paquetes de reactivación económica que viene adoptando (encaminados fundamentalmente a incrementar la demanda interna y el consumo), debieron ser impulsados mucho antes. En la misma línea le exigen tomar medidas más radicales.

Desde la otra orilla se acusa al gobierno de solo estar preocupándose por el sector empresarial, cuando ellos han sido los que más se han beneficiado de los largos años de bonanza. Como prueba se suele mencionar la simplificación de todo el procedimiento para la aceptación de los proyectos presentados por las industrias extractivas, la reducción del impuesto a la renta de tercera categoría y la flexibilización laboral.

Sobre lo último, se acaba de promulgar una norma laboral (Ley 3496), que permite la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años, con mucho menos derechos labores que los dispuestos por ley, los que se seguirán aplicando para los otros trabajadores, generándose así una situación de discriminación. La norma ha generado muchas críticas debido a que – efectivamente– existen estudios empíricos que demuestran que disposiciones similares no han conseguido los objetivos deseados, como son la formalización de empresas o una mayor contratación de parte de ellas, significando una mayor precarización del trabajo. Más bien lo que se teme es que los empleadores usen algún mecanismo para reemplazar a los trabajores antiguos por nuevos, contratados bajo esta modalidad, y poder bajar de manera significativa sus costos laborales.

Se trata de una concesión a los empresarios (ya hace tiempo la Asociación de Exportadores, ADEX, pedía medidas en ese sentido) que ya le están pasando la factura al gobierno. No solo ha habido mucha oposición de los supuestamente beneficiados, los jóvenes, sino que todos los futuros candidatos a la presidencia se han plegado a la protesta, incluidos los que dieron normas similares, desde García hasta Keiko, olvidándose ella que el régimen al que perteneció y sigue defendiendo, flexibilizó todos los derechos laborales, muy por debajo de los estándares definidos por la OIT.

En general, casi desde que se inició este gobierno, se ha acusado a Humala de haberse derechizado, al pegarse al sector empresarial más poderoso y conservador, dejando de lado a quienes lo llevaron al poder. Una señal de que efectivamente se produjo este viraje fue que, a los pocos meses de iniciarse el actual régimen, las encuestas mostraron que los sectores A y B pasaron a apoyarlo claramente, muy por encima del promedio, olvidándose que, cuando fue candidato, lo atacaron virulentamente. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, y los empresarios más bien desaprueban al Gobierno. En el último CADE, la encuesta de Ipsos muestra que sólo el 27% aprueba a Humala. ¿Un contrasentido, o será que los empresarios ahora exigen mucho más, o quieren pruebas de incondicionalidad?

También hay una confrontación entre los que acusan a Humala de no haberse puesto fuerte para sacarse adelante los proyectos mineros que han estado paralizados cuando los precios estaban altos, y quienes le achacan lo contrario, es decir, que si estamos en esta situación de peligro económico es porque si se hubiera cumplido con diversificar la economía, para no depender del sector primario, no nos hubiera afectado tanto la caída de los precios de los minerales.

Como era fácil de prever, todos los ex presidentes sacan pecho y le enrostran al Presidente actual no haber tenido la capacidad de mantener el crecimiento como ellos lo hicieron gracias a sus habilidades, aunque todos sepamos que se trata de contextos muy distintos.

También han surgido las voces que acusan a éste y a los anteriores gobiernos de no haber aprovechado los años de bonanza económica para invertir en sectores estratégicos como son la educación y la innovación estratégica, punto difícil de negar.

Sin embargo, me atrevo a decir, en términos de percepción, que en la vida diaria todavía no se sienten significativamente los efectos de la caída económica. Se sigue viendo que hay dinero en Lima y en las otras ciudades del país, y que los sectores que han mejorado todavía no sienten un retroceso. Una de las razones es obviamente que, pese a todo, tan mal no estamos. Ya no tenemos un crecimiento económico tan alto como el de antes, pero en el último año ha sido del 3% y en el 2015 los cálculos más conservadores apuntan a que estaremos entre un 2% y 3%. Tampoco se ha disparado la inflación, ya que no ha pasado del 3%.

De otro lado, si bien las brechas económicas, sociales, políticas y culturales siguen siendo enormes, la reducción de la pobreza durante un período significativo constituyen una especie de escudo hasta frente al enfriamiento de la economía. Si el deterioro se mantiene y continúa, allí sí todos sentiremos la caída, y las reacciones son imprevisibles.

Precariedad Política
En lo político, se ve a un Humala sin iniciativa, sin tener la mínima capacidad de poner algún punto en la agenda pública. Cada vez tiene menos gente en su bancada del Congreso, entre por el mal manejo de las relaciones con sus seguidores, y el oportunismo de estos, que ya hace un buen tiempo están buscando un mejor futuro político que el que le puede dar un alicaído humalismo. Sus aliados de Perú Posible, desprestigiados por la corrupción en torno al caso Ecoteva, se limitan a apretar el botón a favor del gobierno, cada vez que se les pide.

Podríamos agregar que el gobierno, pese al tiempo transcurrido, todavía no ha aprendido a hacer política, si no fuera porque algo ha aprendido, en cuanto a psicosociales o cortinas de humo. Esto se ha visto, por ejemplo, cuando Humala acusó al fujimorismo de provenir de una cloaca, con el fin de distraer la atención sobre el caso de Martín Belaunde. Sin embargo, esto no quita que el gobierno continúe sin tener representantes diestros en la esgrima política, lo que explica que no tenga ninguna capacidad de reacción y cometa errores, uno tras otro.

Al frente existe una oposición que embiste con todo. Las innumerables deficiencias, errores y puntos turbios que envuelven al gobierno, le facilitan las cosas, más si la torpeza en el manejo de las relaciones políticas ha sido una constancia. Siempre ha sido así, pero ahora se ha agudizado ya que como se vienen las elecciones, resulta muy rendidor alejarse y golpear al oficialismo. Esto sin olvidar que el fujimorismo se la tiene jurada a Humala por no haber indultado a su jefe, y el aprismo por el impulso que viene de la comisión presidida por Tejada en relación a los narcoindultos que involucran directamente a García.

Por suerte, estando en vísperas de iniciarse formalmente la contienda electoral, a nadie le conviene un giro inesperado de la situación política, por lo que ya se puede decir que Humala concluirá su período, algo que no siempre fue totalmente seguro. Lo único que podría producir un cambio de escenario es que, a partir del caso de Martín Belaunde L., se descubiera que la pareja presidencial estuvo metido en graves e innegables casos de corrupción.

En lo político, se ve a un Humala sin iniciativa, sin tener la mínima capacidad de poner algún punto en la agenda pública

Humala, Urresti y Martin Belaúnde L.
Humala termina el 2014 asociado a dos nombres muy mentados en la opinión pública aunque por razones muy diferentes: Urresti y Martín Belaunde.

Al primero, se le nombró ministro del Interior pese a estar procesado por el asesinato del periodista Bustío, lo cual confirma que Humala no tiene ningún apego por los derechos humanos. Cabe recordar que si bien lo apoyamos abiertamente durante la campaña, buscando que el fujimorismo no regresara al país (lo peor que le podría haber sucedido al Perú), siempre dijimos que el principal sapo que había que comerse en relación a esta decisión, eran las sólidas acusaciones que había contra el hoy presidente en relación a los desaparecidos de Madre Mía.

Urresti, desde el primer día mostró ser el típico personaje que encarna el famoso populismo punitivo, el que suele enganchar con el miedo que siente la gente con razón por el incremento de la delincuencia, así como con la necesidad de creer que la seguridad mejorará a punta de mano dura. Este enganche, más su permanente exposición en los medios, presentando cifras y operativos de cuya veracidad se duda, ha hecho que estemos ante el ministro que tiene el mayor respaldo de todos los ministros de este régimen, y que se comience a hablar de él como posible candidato a la presidencia. Su presencia ha hecho que el mismo Humala suba en cuanto a popularidad (30%). Pero lo cierto es que, mientras esto sucede, la inseguridad y el crimen organizado crecen por la falta de una verdadera estrategia.

Por otra parte, Martín Belaunde, ha pasado a ser uno de los nombres más mencionados en la actual coyuntura política. Pero lo más grave son las vinculaciones que han ido apareciendo con la pareja presidencial. Ya se sabía que habían sido muy cercanos, porque él había trabajado en ambas campañas como asesor de imagen. Luego quedó claro que a través de él, o de sus familiares, se le había pagado miles de dólares a la actual primera dama, por consultorías realmente inverosímiles. Después se supo que las irregularidades de las que se le acusa a Martín Belaunde, muchas veces las había cometido usando el nombre del Presidente y su esposa, quienes salieron a expresar su malestar en caso de que alguien que fue cercano a ellos hubiera mal utilizado sus nombres, lo cual fue interpretado que de esa manera podrían estar curándose en salud.

También está el hecho que se haya podido capturar a prófugos como Orellana y Benedicto Jiménez, y nada se sepa de M. Belaunde. Viene por último la denuncia de varios de los procuradores anticorrupción, audios de por medio, contra el ministro de Justicia, Daniel Figallo, a quien han acusado públicamente de intentar presionarlos para que faciliten que Belaunde L. adquiera la calidad de colaborador eficaz. Esto último ha generado diversas posiciones, incluso en el IDL (al respecto ver artículo aparte).

En realidad, todas estas señales se inician cuando el Presidente se negó a declarar ante el Congreso sobre sus vínculos con Martín Belaunde, y expresó públicamente su pesar por lo que le estaba sucediendo, algo que no había hecho por nadie.

A estas alturas ya nadie puede negar que durante muchos años haya existido una relación muy cercana entre Ollanta Humala y M. Belaunde, y que la pareja presidencial y todo el oficialismo venga dando señales de una preocupación muy especial por lo que él pudiera declarar. La investigación que se está llevando a cabo en el Congreso y a nivel judicial es averiguar si MB usó esa relación para cometer los graves actos de corrupción de los que está acusado, o si él y el Presidente de la República fueron cómplices en torno a ellos.

Es cierto también que los sectores frontalmente adversos al gobierno, sean actores políticos (Alan García y el fujimorismo) o medios de comunicación (principalmente el Grupo de El Comercio), están aprovechando estos nexos para golpear con todo al gobierno; pero esa utilización política no borra para nada los hechos objetivos que hay en relación al caso.

En cualquier caso, ya sabe Humala por dónde vendrán las principales acusaciones contra él por actos de corrupción cuando deje de ser Presidente. Es por eso que ya debe estar pensando cómo hacer para tener una representación importante en el Congreso, lo que por ahora no es seguro, pese al arrastre que podrían tener –en diferentes puestos– personas como Urresti, Ana Jara o la misma Nadine.

Hay dos preocupaciones que estaban a fines del año pasado, y que ahora se han ido diluyendo de manera positiva, por lo menos por ahora.

Una de ellas es la usurpación de la presidencia por la primera dama, y su posible candidatura el 2016, pese a ser inconstitucional. El primer asunto se había desinflado, lo cual demuestra que si bien Nadine cometió excesos, el problema se agrandaba con fines políticos; aunque justo a fines de año ha salido a defender la ley laboral que quita derechos a los jóvenes, como si fuera ella quien gobierna el país, ya que el Presidente nuevamente anda desaparecido. Lo que sí, ya nadie habla de ella como posible candidata.

Lo otro es el indulto a Fujimori. Hay que reconocer que el Gobierno no ha cedido a las presiones ni a las tentaciones, debido a la reciprocidad que le ofrecía el fujimorismo. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que está claro que Fujimori no ha renunciado a sus pretensiones de salir libre y retomar sus aspiraciones políticas.

Todo hace pensar que, a diferencia de otras ocasiones, la disputa por la Presidencia y por las curules comenzará con bastante anticipación, lo cual permite suponer que el 2015 será un año de mucha confrontación política y polarización.

Y lo peor de todo es que los candidatos que actualmente están encabezando las encuestas son en la mayoría de los casos impresentables, y no lo decimos por razones ideológicas, sino porque no tienen una trayectoria democrática, o están vinculados a graves casos de corrupción y a un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos.

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