El Gobierno del presidente Humala se inició con muchos bríos en materia ambiental. Nunca antes este asunto estuvo tan presente en un discurso de asunción de mando: el flamante Presidente anunció el pasado 28 de julio aspectos claves de su nueva política ambiental, como por ejemplo la necesidad de ordenar el uso del territorio, precisamente para generar un manejo sostenible de los recursos y, de esa manera, hacer frente a la creciente conflictividad social.

En los días posteriores y luego del nombramiento de Ricardo Giesecke como ministro del Ambiente, la agenda fue más precisa y aún más auspiciosa: se proponía reforzar la institucionalidad ambiental, ganar competencias para el Ministerio del Ambiente (MINAM), por ejemplo en el tema del agua y en la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA). Se trataba de apostar por una gestión ambiental realmente transectorial, conectándose con las regiones y fortaleciendo los mecanismos de consulta. Todo eso fue anunciado por el nuevo Ministro. En suma, la tarea que se asumiría era, precisamente, terminar de crear una verdadera autoridad ambiental en el país.

Sin embargo, con el transcurrir de los meses la agenda y el contexto comenzaron a ser fuertemente influenciados por un conjunto de conflictos que estallaron en varias regiones del país: Tacna, el agua y la ampliación de la mina de Toquepala; Andahuaylas y su oposición a la política de concesiones mineras; varios derrames en la Amazonía como consecuencia de la actividad de hidrocarburos; Madre de Dios y la minería ilegal; Áncash, La Oroya y, por supuesto, Conga, configuraron una agenda cargada que demandaba urgente atención.

A su regreso de la Cumbre de Presidentes de la APEC en Hawái, a inicios del pasado mes de noviembre y en medio de varios conflictos sociales declarados, el presidente Humala anunció un giro importante en materia ambiental: la creación de una Autoridad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que tendría las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, las del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental del sector Energía y Minas.

El anuncio representaba un cambio sustantivo en la política ambiental. Ya no se apuntaba a fortalecer el MINAM, sino, por el contrario, se proponía crear una autoridad paralela que le quitaba competencias. Todo ello creó desconcierto, y las observaciones al anuncio llegaron desde fuera y desde dentro del Ejecutivo.

Y esto en medio de una creciente conflictividad social. El caso Conga había estallado precisamente en el mes de noviembre, y, si bien era un conflicto heredado con un EIA aprobado en octubre del 2010, puso a prueba a un Gobierno que ni siquiera había cumplido cinco meses en el poder. El Ministro del Ambiente viajó acompañado de los ministros de Agricultura y Energía y Minas a visitar las lagunas en la zona de influencia del proyecto y ofreció que el MINAM daría una opinión sobre su EIA.

Como se sabe, Conga abrió una crisis política que acabó con la renuncia del Gabinete Lerner. No es poca cosa: Conga pasará a la historia como el primer caso de un conflicto minero que, en el Perú y en América Latina, se trajo abajo a todo un Gabinete y significó además el giro en la orientación política del Gobierno.

¿Por qué Conga se ha convertido en un caso emblemático? Porque resume precisamente lo que no funciona desde hace un buen tiempo en la relación minería-comunidades-ambiente en el país: estrategias erradas desde las empresas, políticas públicas desactualizadas y una clamorosa ausencia de voluntad política desde el Estado para modificar esa relación. Conga muestra que los instrumentos de certificación ambiental no funcionan: los EIA están desfasados (no se renuevan desde hace 20 años). El informe del MINAM desnudó las debilidades del EIA Conga, y hoy en día ya casi nadie se atreve a defender el proyecto tal y como fue aprobado. Seguramente el famoso peritaje planteará ajustes.

Conga también puso en evidencia que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir siendo juez y parte y que el Ministerio del Ambiente debe convertirse en una verdadera autoridad y dejar de estar pintado en la pared. Pero el caso Conga también ha abierto toda una reflexión sobre cómo se deben manejar los bienes públicos en el país. Bienes públicos de libre acceso, en este caso un sistema de lagunas, ¿pueden ser reemplazados, así de simple, por reservorios que van a ser manejados por una empresa privada? ¿Se puede permitir que humedales desaparezcan y con ellos los servicios ambientales que prestan? ¿Una empresa debe decidir cuál es la zona de influencia de un proyecto? ¿No debería ser ésa tarea del Estado? Todos son temas para la reflexión.

Conga también ha puesto en agenda la necesidad de que el país defina una política hídrica. Las cabeceras de cuenca son reconocidas por la Ley de Recursos Hídricos como zonas ambientalmente vulnerables, que deben ser protegidas, al punto que puede declararse su intangibilidad. ¿Se hace lo que dice la Ley? Los organizadores de la Marcha por el Agua han planteado una propuesta de ley sobre este tema.

Años de conflictos ambientales nos enseñan que no hay remedio milagroso. Todo indica que un conjunto de reformas son necesarias para canalizar los conflictos ambientales por vías institucionales, pacíficas y de participación ciudadana: gestión ambiental transectorial y descentralizada; ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica; consulta e información oportuna para las poblaciones y las autoridades locales; transparencia en la toma de decisiones; protección de fuentes de agua; fortalecimiento de capacidades para la prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio climático; evaluaciones ambientales rigurosas; límites máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores estándares internacionales, entre otras iniciativas. Estas pistas de políticas públicas ya se implementan en países que tienen una actividad extractiva importante.

Precisamente el Banco Mundial había señalado hace casi un año, en el informe “Sostenibilidad ambiental para el crecimiento económico y bienestar social en el Perú”, que “[…] el buen manejo de los recursos naturales y la protección del ambiente son esenciales para el desarrollo del país”. Se afirma en este informe que el Perú tiene una riqueza natural excepcional, y que aproximadamente el 15% del PBI depende precisamente de los recursos naturales. Al mismo tiempo, se constata que el costo económico de la degradación ambiental en nuestro país equivale a la preocupante cifra del 3,9% del producto bruto interno.

Lo cierto es que en los últimos años el acelerado crecimiento económico nos viene pasando factura en materia ambiental y afecta nuestra sostenibilidad. Además, lamentables herencias del pasado no han sido solucionadas, como ocurre, por ejemplo, con los pasivos ambientales mineros: según el último inventario, se registran más de 6.800 pasivos en todo el país.

Si bien el Banco Mundial reconoce avances en materia ambiental, también señala que “[…] el Perú enfrenta serios problemas que, de no tomarse las medidas adecuadas, podrían verse agravados poniendo en riesgo la salud de los peruanos y la sustentabilidad del crecimiento económico”. Los ajustes y recomendaciones de políticas públicas caen por su propio peso: debemos desarrollar y no recortar la política ambiental.

El mismo Banco Mundial hace hincapié en que el crecimiento económico no debe darse a costa de atentar contra zonas de gran riqueza natural. Para el logro de esta meta se debe fortalecer el Sistema Nacional de Impacto Ambiental y el desarrollo de capacidades en distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local).

Las orientaciones están claras, como lo están las tareas pendientes. Se debe insistir en la idea básica de que una política ambiental consistiría en lograr, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, aquella que no cumple con los mejores estándares internacionales, no solo no la necesitamos, sino que afecta las perspectivas de lograr un crecimiento con sostenibilidad ambiental y social.

Para ello requerimos una autoridad ambiental fuerte y con las competencias necesarias, que recupere la confianza de la población y genere esos puntos de equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, tres componentes básicos de cualquier estrategia de desarrollo sostenible. Ésa es la tarea principal de cualquier autoridad que se ponga al frente del MINAM. Si no se producen cambios, la lista de conflictos seguramente seguirá creciendo, y los peruanos habremos perdido el derecho a sorprendernos.