Se han hecho comentarios interesantes sobre por qué, a pesar de la aguda crisis política, en el Perú no se ha desencadenado una ola de protestas o soluciones radicales, como en Chile, Ecuador o Bolivia.[1] Sin embargo, sería importante explorar más sobre las condiciones que hacen que un desenlace radical, pero también antidemocrático y anti-liberal, sea una posibilidad latente. El contexto y resultados de las últimas elecciones congresales es un buen punto de inicio para el análisis.

 Si vemos más allá de los resultados formales, la noticia no debería ser la “fragmentación política”, la “derrota del Fujimorismo” o el regreso del FREPAP a la escena política nacional. El resultado más relevante – y preocupante – es la formación de una ola política de ultra-derecha que amenaza los derechos y libertades más elementales y que asoma en el nuevo Congreso. El fascismo avanza no solo en Europa y Estados Unidos sino también en la región, ya sea a través del voto popular como en Brasil, o por la fuerza como en Bolivia. En el Perú, lamentablemente, tenemos todas las condiciones para una hegemonía política de esta naturaleza.

Primero, crisis de representación y legitimidad. Todos los ex presidentes de los últimos 30 años que alcanzaron el poder por voto popular tienen o condenas penales efectivas o han sufrido prisión preventiva y/o sufren medidas restrictivas de la libertad (salvo uno que se suicidó para evadir la justicia). A ellos debemos sumar exalcaldes, gobernadores regionales, congresistas y otros líderes políticos. No está demás considerar que una crisis como esta, desencadenada por los escándalos de corrupción del caso Lava Jato, fue un factor crucial para el surgimiento de Jair Bolsonaro en Brasil.

 Segundo, los efectos sociales y económicos de la migración venezolana. Esta migración genera competencia por recursos públicos (sobre todo, salud y educación) y privados (empleos precarizados) entre los migrantes y la población peruana más vulnerable. En vez de atender este problema de forma seria, el Ministerio del Interior y políticos oportunistas promueven el populismo punitivo, mientras que otros solo se enfocan en el Derecho Humanitario, resaltando los efectos positivos de la migración en el crecimiento a largo plazo, mientras estigmatizan a los peruanos vulnerables como xenófobos en el corto plazo. No está de más recordar que situaciones de tensiones multiculturales en contexto de parálisis económica son caldo de cultivo para políticas ultra-nacionalistas.

 Tercero, la persistente inequidad, violencia, racismo y clasismo. En el Perú no solo la pobreza está distribuida geográficamente, sino también la violencia y la contaminación ambiental. Los lugares más violentos son también lugares marginales y las áreas rurales con más incidencia de pobreza sufren también de desastres ecológicos. En un estudio que publicamos recientemente en Third World Quarterly, explicamos cómo esta división no es solo geográfica sino sobre todo ideológica, al estar enraizada en el imaginario racista y clasista de cierta tecnocracia y élites gubernamentales.[2]

 Cuarto, indolencia/acomodo de las élites económicas y políticas. Para un sector poderoso de las élites peruanas discutir un nuevo pacto constitucional con la izquierda progresista es más antisistema y riesgoso que dejar que alguien como Antauro Humala o Daniel Urresti llegue al poder con discursos de securitización extrema y populismo nacionalista, siempre y cuando no toquen el “modelo económico”.

 Es en este contexto que debemos leer los resultados electorales con mucha cautela. Algunos han celebrado la derrota del Fujimorismo y el Apra, además de explicar cómo el Congreso estará formado por “pequeños grupos” sin más opción que “alcanzar consensos”. Aquí hay que considerar, en primer lugar, que el rasgo más representativo del Fujimorismo de hoy es la institucionalización de una plataforma política para grupos de interés legales o ilegales. Desde universidades empresas, compañías de agro-exportación y bancos hasta mineros ilegales, gremios de azucareras, etc. Esta forma de hacer política como amalgama de intereses en torno al proceso legislativo no ha decaído. Todo lo contrario. Grupos parlamentarios como Podemos o Unión por el Perú (UPP) ya no se esfuerzan ni siquiera en parecer partidos políticos, son abiertamente emprendimientos electorales con agendas particulares.

El problema es que esta política que se mueve a la sombra de la legalidad y al borde de la democracia tiene todo para aglomerar intereses en torno a una agenda ultraconservadora y ultranacionalista. Urresti no necesita el aparato de Podemos ni Antauro necesita la infraestructura electoral de UPP hasta la próxima elección. Uno ya está dentro del hemiciclo como el congresista más votado, el otro ha puesto un grupo de incondicionales. Desde allí pueden canalizar los miedos y penurias de la gente. Además, hace tiempo que  las bancadas no deberían verse como bloques partidarios. Si tenemos aglomeración de intereses, una bancada de más de 70 congresistas como la Fujimorista pre-disolución es mucho menos sólida de lo que parece. Son los intereses que intersectan distintas bancadas los que van a definir la agenda. Cabe recordar que el fascismo no funciona sobre la base de consensos entre grupos políticos formales. El fascismo funciona sobre la base de sentimientos colectivos que son expresados por el líder de turno. Y aquí no se trata de Antauro o de Urresti sino de sus discursos que son atractivos para un gran sector social que no se ve representado por el establishment político (de allí que varios compiten por posicionarse– explícita o implícitamente – como el “Bolsonaro peruano”).

Progresismo social o barbarie

La amenaza del autoritarismo no es algo inherente a nuestro ADN cultural, como se suele plantear.[3] Debe más bien entenderse en perspectiva global y derivada de la inequidad social.[4]  ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo primero, es que tanto la derecha liberal como la izquierda liberal dejen de hacer lo que han venido haciendo. La primera, demonizando todo lo que no sea status quo económico como “radical”. Deben comprender que la izquierda no son sus líderes sino sus votantes. Son sectores marginales, racializados y hartos de representantes políticos corruptos, que necesitan canalizar su voz. Y allí alguien como Antauro puede subirse a la ola de descontento, aunque termine desarrollando una política de ultraderecha. No debe olvidarse que su base organizativa está conformada por excombatientes del ejército peruano contra Sendero Luminoso, desafectos a discursos de derechos humanos levantados por la izquierda progresista.[5]

 La izquierda debe dejar de disputar la superioridad moral de esa quimera autodenominada centrismo republicano. Debe tener la capacidad de radicalizarse tanto en materia económico-social con propuestas sobre derechos laborales, pensiones, educación ambiente y salud, como en la defensa de los derechos diferenciados: el multiculturalismo, el plurinacionalismo, la agenda de género y la agenda LGTB. No puede hipotecar una a costa de otra.

 El progresismo liberal y el progresismo social deben comprender que la única forma de competir contra propuestas que apelan al hastío generalizado contra la clase política y la inequidad, no es despolitizando sus discursos sino politizándolos aún más. Esto quiere decir que, en lugar de apelar a argumentos técnicos (y que derramaban superioridad moral) como que “la migración genera impacto económico positivo en el largo plazo”, “militarizar las calles contraviene nuestro marco constitucional”, etc., deben plantear, en concreto, políticas que puedan aliviar la pobreza multidimensional de la gente con menos acceso (y de peor calidad) a la salud, la educación y la seguridad. La tarea es diseñar mecanismos que les permitan aliviar su bolsillo y a la vez darles convicción de que podrán ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales.

 En un reciente libro, Samuel Moyn[6] ha explicado cómo en las últimas décadas el aumento de la preocupación global por los derechos liberales ha estado acompañado del debilitamiento de las convicciones éticas para hacer efectivos los derechos que buscan la equidad social. Si como dice Moyn, la agenda global debe volver a soñar con la equidad, esta es la única alternativa viable en América Latina y, en particular, para el Perú, si no queremos caer en la tentación autoritaria. La única forma de proteger la democracia en tiempos de neo-conservadurismo es politizar la inequidad y disputar su narrativa.