En los últimos días, algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) han protagonizado una serie de casos ciertamente cuestionables que por sí mismos, y sin entrar a evaluar otros factores como la corrupción o la falta de recursos, contribuyen al incremento de la desconfianza que tenemos en esa institución que, por cierto, también es una de las instituciones más golpeadas, incluso por los propios ciudadanos, literalmente.

El 16 de abril, un suboficial de tercera de la PNP atropelló en Cajamarca a la señora Juana Beatriz Ponce García y a sus dos menores hijas (de 4 y 9 años), dejándolas gravemente heridas, por lo que el responsable del hecho, actualmente en prisión preventiva, enfrenta una pena que podría ser mayor de cuatro años, además de haberse anunciado ya su separación del servicio. El mismo día, un mayor de la PNP en estado de ebriedad ocasionó un accidente de tránsito en Lima, al chocar contra dos mototaxis, lo que provocó que cuatro personas resultaran afectadas (tres de ellas con lesiones), por lo que la Primera Fiscalía de Puente Piedra ha solicitado una pena de cárcel entre 4 y 6 años.

Dos días antes, el 14 de abril, miembros de la comisaría de Surquillo, en Lima, detuvieron al señor Alberto Vargas Ordóñez, quien laboraba lavando carros y a quien encontraron sin vida por la mañana siguiente, según fuentes oficiales (la médica legista, Sonia Fernández Tabárez, y la necropsia de la morgue de Lima señalan que el detenido no presentó lesiones traumáticas externas; examen médico confirmado por la Defensoría del Pueblo), por causa de un edema pulmonar y cerebral, aunque familiares del señor Vargas Ordóñez, apoyados en testimonios de algunos testigos de la detención, denunciaron que su muerte fue producto de la golpiza propinada por uno de los policías. Este caso nos recuerda, guardando las diferencias, al del fallecimiento del señor Gerson Falla el 23 de abril del 2011, producto de los golpes de miembros de la PNP de la comisaría de San Borja; aquí la Fiscalía encontró suficientes indicios para denunciar a dos de los oficiales involucrados por tortura y lesiones graves, así como por abuso de autoridad.

Por otro lado, hubo casos que podríamos relacionar con la atención que presta el Estado a la institución policial. Por ejemplo, el del cadete César Fernando Alcalde Calderón, quien el jueves 5 de abril fue hallado sin vida en el baño de la Escuela de Oficiales de la PNP. Según lo que indican las investigaciones de la División de Homicidios de la PNP, se sospecha que el joven de 19 años se suicidó, lo que todavía no ha sido oficialmente confirmado. Además, se encontró una carta y apuntes donde el cadete denuncia haber sido víctima de hostigamiento y abusos por parte de alumnos de años superiores, lo que nos hace reflexionar sobre la formación policial y la capacidad de las autoridades de la Escuela de Oficiales para controlar a cadetes (jóvenes) a los que se les entrega un arma a las pocas semanas de su ingreso.

Por último, consideremos también las operaciones desplegadas con miras al rescate de trabajadores secuestrados por subversivos en Echarate. A este respecto, además de su deficiente planificación y ejecución, una pobre implementación logística y una desacertada disposición de los recursos humanos empleados, IDL-Reporteros ha señalado el abandono en el terreno de miembros de la Policía cuyo propósito en la zona era, al menos inicialmente, participar de un curso de capacitación.

De acuerdo con el Latinobarómetro, en el Perú el 23,7% de la población encuestada ha señalado en el 2010 tener mucha o algo de confianza en la PNP, mientras que el 75,6% señaló tener poca o ninguna. En la encuesta publicada por Ciudad Nuestra en el 2011 encontramos que el 28,5% de la población evaluó como muy buena o buena la labor de la Policía, mientras que el 63,4% la reputó como mala o muy mala. Asimismo, a nivel regional la PNP es una de las policías peor evaluadas.(1)

Casos como los señalados antes seguro que reafirmarán nuestra desconfianza respecto de la institución, tanto en relación con el desempeño de las labores propias de los policías en las calles, la formación y el control de quienes serán parte del personal policial (selección y seguimiento psicológico de los cadetes; capacidad de gestión de la Escuela de Oficiales), cuanto en la valoración y el trato del mismo Estado a la institución policial. Todo ello, en conjunto, constituye una significativa debilidad para diseñar e implementar políticas públicas en seguridad ciudadana, ya que, junto con los gobiernos locales y la ciudadanía, la Policía es uno de los actores fundamentales en esta materia.

La situación empeora si consideramos que la desacreditación de nuestras autoridades policiales parece legitimar en ciertos ciudadanos una consecuente falta de respeto por éstas, lo que se manifiesta en diversos casos de agresión contra los miembros de la PNP, sin duda censurable. Solo por mencionar algunos cuantos, podemos hacer referencia al de una cobradora de combi que golpeó a la suboficial Carla Silva para evitar una papeleta; un médico del hospital Almenara que golpeó a la suboficial Miriam Muñoz, quien le había llamado la atención por insultar a una menor de edad; la agresión por parte de una pareja a oficiales de la comisaría de La Pradera de La Molina (dentro de la comisaría); una mujer que disparó al rostro del suboficial Antonio Ravichagua, luego de que éste detuviera el vehículo en el que iban la agresora y su padre, ambos ebrios; y el taxista que pasó su auto por encima del pie de la oficial de la Policía de Tránsito Karina Alcoser Cuadros cuando éste fue intervenido por estar mal estacionado, en el centro de la ciudad de Piura, entre muchos otros casos de agresión física a policías que, según la Defensoría del Policía, sumarían 83 en el primer trimestre de este año.(2)

Si bien el balance en torno a la confianza o desconfianza en nuestra Policía es perjudicial para todos, lo es particularmente para los buenos oficiales que forman parte de la institución, cuya credibilidad es mellada especialmente por los malos elementos que parecieran encontrar protección en un extraño espíritu de cuerpo. En efecto, muchos policías mantienen una vocación de servicio (que incluye su disposición a perder la vida) pese a las bajas remuneraciones y la calidad de atención que reciben por parte del Estado, además de las agresiones físicas y verbales (¿maltrato psicológico?) propinadas por no pocos ciudadanos.

A lo mejor sería saludable para nuestra institucionalidad hacer una evaluación balanceada sobre la PNP, con el objetivo de superar una serie de deficiencias estructurales, de las que en cierta medida, al menos como ciudadanos, somos parte. Por lo pronto, resulta urgente revertir la situación de desconfianza que tenemos en nuestra Policía, lo que pasa por una mejor atención del mismo Estado a la institución, con arreglo a sus objetivos y fines (una considerable mejora salarial, por ejemplo, o dotarla con equipamiento adecuado para sus labores en el marco de un plan integral que considere un refuerzo en la implementación de las comisarías a nivel nacional) y, de manera prioritaria, por una eficiente y rigurosa depuración de los malos elementos que la integran, lo que debemos exigir tanto policías como ciudadanos.

------------------------------------------

(1) Costa, Gino: “La situación de la Seguridad Ciudadana en América Latina”. Documento de trabajo elaborado por encargo de Diálogo Interamericano, febrero del 2012.
(2) Según información proporcionada por la Defensoría del Policía, publicada en El Comercio, p. A8, 17 de abril del 2012.