Río de discordia

Río de discordia

Ideele Revista Nº 205

Lo dijo (y seguro lo seguirá repitiendo) el abogado y antropólogo Armando Guevara Gil: la crisis de la gestión del agua en el Perú es tan aguda como invisible. Aguda, porque nuestro país tiene la mayor brecha en el acceso al agua potable en América Latina; e invisible, porque solo se le presta una (efímera) atención cuando estalla la violencia de los conflictos que desata.

En Espinar, la protesta y la ira, que han dejado un muerto y varios heridos, radican en el temor inminente a que la ejecución del proyecto Majes-Siguas II dejaría sin agua a la provincia cusqueña.

¿Habrá suficiente agua para Espinar, que ya vive escasez de este recurso vital, si Majes-Siguas II se ejecuta?

La ausencia de un estudio de impacto ambiental y de un balance hídrico integral de la cuenca del río Apurímac no permite responder con certeza a esta espinosa pregunta. ProInversión y las voces arequipeñas aseguran que sí (¡o sí!) existen suficientes recursos hídricos que pueden ser almacenados y repartidos. Desde Cusco, sin embargo, se advierte que se producirá un desbalance hídrico y se rechaza la falta de coordinación interregional para la implementación de una obra de tal magnitud.

Una sentencia emitida el 10 de enero de este año ordenó la paralización de la megaobra hasta que se realicen los estudios señalados. “Pensar es prever”, decía José Martí. Pero lejos de serenar las voces y abrir un espacio de discusión que considere la dimensión social, la ambiental y las posibles consecuencias de tal proyecto a largo plazo, pareciera que dicha sentencia solo ha echado leña al caldo de cultivo de conflicto que es el proyecto Majes-Siguas II.

 

Majes-¿qué?

El proyecto Majes-Siguas II constituye uno de los más extensos proyectos agroindustriales de la zona sur del Perú. Comprende construir una represa —la más grande del país— para captar las aguas del río Apurímac y trasladarlas hacia Arequipa para la irrigación de más de 38 mil hectáreas de tierras eriazas en las pampas de Siguas y Majes, ubicadas al extremo norte del desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del planeta.

La construcción de la represa de Angostura permitirá, además, la generación de aproximadamente 500 megavatios (Mw) de energía eléctrica mediante la construcción de dos centrales hidroeléctricas.

 

Hecha escasez

Mientras que las autoridades arequipeñas insisten en que el proyecto debe seguir adelante, persuadidos del impulso económico que dará a su región, sus homólogos cusqueños sostienen que el represamiento de las aguas del río Apurímac, naciente a los pies del nevado Mismi en el valle del Colca, pondría en riesgo decenas de proyectos de riego que podrían beneficiar a miles de espinarenses, así como las posibilidades turísticas de la zona.

“Es necesario puntualizar que con las aguas del río Apurímac y sus tributarios se podrían irrigar más de 60 mil hectáreas en la cuenca alta del río Apurímac, en Espinar, y beneficiar a más 70 mil habitantes, sin necesidad de endeudar al país y haciendo que las praderas de Espinar sean las más productivas del Perú,” refiere Eduardo Gil Mora, consultor en temas de gestión ambiental.

La megaobra, según los espinarenses, también pondría en riesgo el suministro de agua potable. De hecho, este río, cuyo caudal se disputan los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco, es el único que abastece de agua la provincia de Espinar, debido a que otros ríos, como el Ccañipía y el Salado, están contaminados por la actividad minera.

En las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruromás, señala Gil Mora, el 65% de la población carece de agua potable y más de 80% no cuenta con servicios de saneamiento.

“Con suerte, y eso sin que todavía se haya ejecutado el proyecto Majes-Siguas II, tenemos agua durante máximo dos horas al día. Y ni siquiera es agua potable sino agua entubada. Difícilmente nos permite satisfacer los servicios básicos de la población. En realidad, lo único que tenemos como reserva de agua en la provincia de Espinar es el río Apurímac. Lo peor de todo es que nadie, nunca, nos ha pedido nuestra opinión”, señala Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar.

 

Consulta bamba

Pese a la envergadura del proyecto (¡el fracaso de la primera fase de él!), y no obstante la obligación del Estado peruano de respetar el derecho a la consulta, las comunidades campesinas y quechuahablantes de Espinar fueron apartadas del proceso.

“El proceso de consulta ha sido nulo. Nosotros desconocemos de cualquier tipo de audiencia pública que haya sido realizada en la provincia de Espinar. Lo único que ha habido son decisiones forzadas y unilaterales. El proyecto Majes-Siguas II no se está ejecutando bajo el consentimiento de la provincia de Espinar”, señala Huamán.

“ProInversión y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sí realizaron algunos talleres informativos en algunas comunidades campesinas, pero nada más”, precisa Ruth Luque, representante de la Vicaría de Sicuani.

Según Juan Carlos Ruiz, abogado del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), la multiplicación de los llamados “talleres informativos” está contribuyendo al vaciamiento del contenido del derecho a la consulta previa.

“Los talleres informativos no tienen nada que ver con la consulta. No se trata de un proceso con etapas, sino que todo se reduce a un solo momento, y se materializa en un taller donde llega el Gobierno, se les informa sobre el proyecto en forma rápida, sin darles información sobre los impactos sociales y ambientales, se les cuenta de qué se trata la medida, se les pide su opinión en el mejor de los casos, y luego se van. Es una consulta bamba”, señala Ruiz.

 

Protestas que se caen de maduras

En el 2009 se declaró fundada una acción de amparo interpuesta por el Gobierno Regional de Cusco para dejar sin efecto la viabilidad del proyecto Majes-Siguas II hasta que no se cumpliera con realizar un estudio de impacto ambiental y un balance hídrico exhaustivo de la cuenca del río Apurímac.

Pese a ello, ProInversión puso en marcha su proceso de licitación.

Mesas —y más mesas— de diálogo se sucedieron sin dar resultado alguno, y, como era predecible, el vaso terminó desbordándose. Con el inicio de un paro indefinido y la (¿maquinal?) puesta en marcha de una operación de despeje de la carretera Arequipa-Juliaca, la sangre llegó al río Apurímac. Solo entonces el Gobierno comunicó, de forma escrita, la reprogramación de la licitación del proyecto Majes-Siguas II.

Casi un año después, el 2 de septiembre del 2010, el procurador del Gobierno Regional de Cusco, Luis Gallegos Inquiltupa, interpuso una demanda de amparo y un pedido de medida cautelar contra ProInversión, advirtiendo la amenaza de violación de los derechos de los espinarenses, como a la vida y la salud, y la falta de agua, según estudios técnicos realizados en la zona.

Esta vez ProInversión no solo hizo la vista gorda ignorando deliberadamente dicha resolución, sino que adelantó del 15 al 13 de septiembre del 2010 —sin aviso alguno— la subasta, buscando, al parecer, esquivar el paro anunciado (desde hacía varias semanas) contra la licitación del proyecto. Por si fuera poco, una resolución suprema (395-2010-DE), publicada el día anterior al otorgamiento de la buena pro, declaró la provincia de Espinar en estado de emergencia y dispuso que las Fuerzas Armadas se desplacen hacia esa provincia en apoyo a la Policía Nacional.

“De manera ilegal, prepotente y pisoteando los derechos regionales, adelantaron el proceso”, señaló el entonces presidente Regional de Cusco, Hugo Gonzales.

La irregularidad y arbitrariedad del proceso fue la chispa que encendió la pradera. Hubo batalla a punta de huaraca y piedras, bloqueo de carreteras, toma de rehenes, así como intentos de toma de empresas mineras y de bombas de agua. En Yauri, la capital de Espinar, un enfrentamiento entre miles de espinarenses reunidos por un mitin en la Plaza de Armas y un contingente de aproximadamente 600 policías dejó el saldo de una muerte y varios heridos de gravedad, incluyendo el dirigente del Frente de Defensa de la Provincia de Espinar Silvestre Carlos García, quien fue impactado en el rostro por una bomba lacrimógena, y cinco menores de edad.

Según la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Elisabeth Ortiz, se determinó que Leoncio Fernández Pacheco, quien trabajaba como guardián de las instalaciones de la Universidad San Antonio Abad, murió por heridas múltiples penetrantes y hemorragia interna a causa del impacto que causaron los perdigones.

 

Show me the money

En diciembre del 2010, el presidente Alan García Pérez, quien reiteradamente minimizó las protestas —atribuyéndolas a apetitos electorales— garantizó, mediante un decreto supremo (248-2010-EF), la “seguridad y garantías financieras” al proyecto Majes-Siguas II, así como la continuación inmediata de su ejecución.

“El propio Presidente de la República expidió este decreto supremo para reimpulsar la obra. Lo cuestionable es que interfería objetivamente e inconstitucionalmente en un proceso judicial y establecía una presión inaceptable sobre los operadores del sistema de justicia”, señala el abogado Juan Carlos Ruiz.

Dicha norma, a pesar de interferir con el ejercicio jurisdiccional del Poder Judicial al garantizar el desarrollo del proyecto Majes-Siguas II cuando éste aún es materia de litigio, permitió que el Consorcio Angostura-Siguas, conformado por las empresas Cobra Instalaciones y Servicios de España y COSAPI del Perú, suscriban el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de infraestructura.

Majes-Siguas II tiene un presupuesto de inversión superior a los 400 millones de dólares, de los cuales el Estado aportará 207,7 millones y el concesionario 197 millones.

 

Según ProInversión, el proyecto crearía 120 mil nuevos puestos de trabajo directos y 300 mil indirectos.

Pero este mismo clima de confianza y de optimismo económico no rige en Espinar.

“En Arequipa se está haciendo marketing informativo. Sí, es cierto, el proyecto creará empleo. Pero será momentáneo. Serán jornaleros, no más. Hay mucha desinformación, porque en realidad los terrenos no se venderán en pequeñas partes sino por lotes o módulos de más de 200 hectáreas. El objetivo es crear una zona de agroexportación, y eso beneficiará a las transnacionales, a los inversionistas de gran capital. Sin embargo, todos los peruanos tendremos que pagar, ya que el Gobierno aportará más de 200 millones de dólares, y eso a cambio de nada, de sequedad”, refiere Herbert Huamán.

 

Punto de colisión

El pasado 10 de enero el entonces juez Prudencio Aymituma Quispe, titular del Juzgado Mixto de la Provincia de Espinar (Cusco), dispuso (la historia se repite) la paralización del proyecto Majes-Siguas II, así como la suspensión de los efectos de resoluciones administrativas que intentaron convalidar el proceso, y ordenó la elaboración de los estudios de impacto ambiental y de balance hídrico por instancias internacionales acreditadas.

Peso a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribió, el 8 de febrero del 2011, un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) hasta por un total de 150 millones de dólares, destinado a cofinanciar la megaobra.

Por un lado, las autoridades arequipeñas, quienes ya han aseverado que no acatarán el fallo que ordena frenar la obra de irrigación, contrataron a un grupo de abogados, liderados por el ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma, para defender sus intereses y el proyecto agroenergético.

“El proceso de licitación ya terminó y estamos a la espera del inicio de las obras civiles”, declaró Ronald Arenas Córdova, gerente del proyecto, quien sostiene que el juez Aymituma fue presionado por los espinarenses y que simplemente no hay nada que se pueda paralizar.

Por otro lado, en Cusco, epicentro del turismo sureño, una asamblea en defensa de los recursos hídricos que se desarrolló el 31 de enero pasado concluyó con la posibilidad de acatar un paro regional de 72 horas. Sin embargo, no se logró fijar una fecha debido a la disconformidad de los representantes de Espinar, quienes exigieron una huelga indefinida.

“Si es necesario, iniciaremos una huelga indefinida. Todo depende de las decisiones que tomarán Arequipa y el Gobierno Central, si es que pretenden, o no, seguir adelante con la ejecución de Majes-Siguas II a pesar de los asuntos técnicos y jurídicos pendientes. Dado el primer escenario, tenemos prevista una medida de lucha para el 28 de febrero”, señala el alcalde provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca.

“Según Arequipa, no hay vuelta que dar. No hay razón alguna para paralizar las obras. La realidad es que hemos llegado a un punto muy crítico que no permite ya arribar a un entendimiento. La única solución implica paralizar todo, llegar a un punto cero y de ahí emprender nuevas conversaciones. Pero Arequipa y el Gobierno Central están unidos en una sola propuesta, en un solo objetivo: la ejecución de Majes-Siguas II. El propio Alan García dijo que se ejecutará sí o sí. Entonces a nosotros nos queda luchar por las futuras generaciones. Defender el agua es una lucha por la vida”, añade Mollohuanca.

Una lucha a la que se ha sumado el presidente regional de Apurímac, Elías Segovia Ruiz.

 

Agua para todos

De acuerdo con la legislación peruana, tanto Cusco como Arequipa tienen derecho al agua del río Apurímac. Sin embargo, por más millonaria que sea la inversión del Estado, éste se encuentra en la obligación de garantizar tres componentes esenciales: el acceso, la calidad y la suficiencia. Tampoco puede dejar lugar para espacios exentos de fuerza normativa.

El origen de este conflicto, que pareciera estar llegando a un peligroso punto de colisión, se encuentra justamente en la arbitrariedad, la ilegalidad y la irresponsabilidad con la que se procedió a la licitación y a la concesión del megaproyecto. No solo se ignoraron (y se siguen ignorando) resoluciones judiciales, sino que de ninguna manera se respetó el derecho al diálogo y a la participación de las poblaciones potencialmente afectadas.

En suma, una receta perfecta para generar un diálogo de sordos y provocar el estallido de un conflicto social.

Recuadro:

Mil millones al agua

Majes-Siguas fue concebido como un proyecto de desarrollo regional basado en la derivación de recursos hídricos de los ríos Colca y Apurímac, para su utilización en la irrigación de 65 mil hectáreas en las pampas de Majes y Siguas, la generación de energía eléctrica y otros usos urbanos, industriales y agroindustriales.

 

Por cuestiones de financiamiento económico, la megaobra se planeó en dos etapas. La primera, en ese entonces considerada como el “proyecto de irrigación más caro del mundo”, se inició el año 1971, durante el Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado.

En 1980, cuando aún no culminaban las obras, el Andean Report advirtió que las tierras del proyecto Majes I eran muy inferiores a las del vecino proyecto de irrigación La Joya, y que su rendimiento difícilmente podría competir con el de otras tierras de la costa. Precisó que fue “por ese motivo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se habían negado a participar en [su] financiación”.

De la primera etapa, por la cual se invirtió más de mil millones de dólares, solo se logró habilitar cerca de 70% de las proyectadas 23 mil hectáreas, las cuales fueron divididas entre 2 mil 693 agricultores. Según la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos, “el Estado no recuperó su inversión, ni las tierras fueron altamente productivas”.

Majes I es, posiblemente, el paradigma del dispendio y la focalización equivocada de los recursos públicos en mega proyectos de irrigación”, señala el Instituto Peruano de Economía (IPE).

 

Riego en riesgo

A fines de enero del 2011, el Consejo Regional de Arequipa declaró en emergencia, por 90 días, varias zonas del distrito de Majes, debido a deslizamientos que se registran desde hace ya varios años. Según Miguel Alayza Angles, responsable de la oficina regional de Defensa Civil, “los derrumbes son productos de las filtraciones de agua provenientes de la irrigación Majes primera etapa, situación que hace varios años se presenta sin lograr que las autoridades atiendan oportunamente esta situación que pone en riesgo la vida humana y cultivos agrarios”.

Alayza Angles precisó que los constantes derrumbes, así como el agrietamiento de los suelos, ponen en riesgo a aproximadamente 600 parcelas de cultivo.

 

Agregar comentario

Entrevista