¿Puede un funcionario o representante público instrumentalizar su condición y su investidura para promover su fe religiosa? Si lo hiciera dejaría de ser neutral frente a todas las confesiones y creencias, favoreciendo a algunas y discriminando a otras. Un funcionario público tiene el deber de promover políticas o normas que sean aplicables a todas y todos sin distinción de credo, razón por la cual no pueden estar basadas únicamente en una religión determinada, por más mayoritaria que ésta sea.

Sin embargo, ocurre con frecuencia lo contrario, principalmente en el terreno de la sexualidad, en el que las instituciones religiosas, bastiones de la censura, el patriarcado y la heteronormatividad, actúan como obstáculo para las definiciones, políticas y normas plurales, realistas y con enfoque de derechos. Y vemos funcionarios que definen normas y políticas públicas en función de sus propias creencias religiosas. Pero están también los que, sin invocar su propia fe, justifican la intromisión de la religión evitando cuestionarla para no tener que asumir el supuesto “costo político” que implicaría enemistarse con las jerarquías eclesiásticas ni con las feligresías (aunque, como veremos más adelante, lo primero no necesariamente implica lo segundo). Y dirán, hipócritamente, que es mejor evitar tal o cual tema por ser “delicado” o “controversial”. Hipócritamente, sí; pero sobre todo irresponsablemente, porque aquello que se elude por “controversial” pone en juego derechos fundamentales: la salud, por ejemplo, y hasta la vida misma.

Fue eso lo que ocurrió cuando se pretendió, en el Congreso de la República y tras un importante despliegue de acciones por parte de grupos religiosos ultraconservadores, a través de modificaciones al Código de Niños, Niñas y Adolescentes, limitar la responsabilidad del Estado en materia de educación sexual integral al prohibir el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes mayores de 14 años de edad si éstos no estuvieran acompañados por sus padres.

Por un lado, esta propuesta ignora la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se reconoce el derecho a la libertad sexual de las y los adolescentes entre los 14 y 18 años, así como tratados internacionales suscritos por el Perú. Pero, sobre todo, con esta propuesta se da la espalda a una realidad dramática en nuestro país: la del embarazo adolescente. Trece de cada cien adolescentes en nuestro país han estado o están embarazadas, con el consiguiente riesgo para su salud y el truncamiento de sus proyectos de vida. Pero esta cifra esconde realidades más graves aún, puesto que en la selva esta tasa alcanza el 30%. Por otro lado, cerca del 10% de muertes maternas corresponden a adolescentes entre 12 y 17 años. ¿Qué ha hecho el Estado frente a este grave problema de salud pública? Prácticamente nada: estas cifras no han variado en los últimos 20 años. Al parecer, poco le ha interesado a este Estado machista y patriarcal un problema que afecta principalmente a mujeres jóvenes e indígenas.

Las organizaciones religiosas ultraconservadoras promueven la falsa idea de que informar y dar servicios a adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva promueve el libertinaje sexual. La evidencia muestra, más bien, que cuando la información y la atención son oportunas, científicas y completas, permiten evitar el embarazo precoz.

Desde el Congreso también se pretende consumar un grave retroceso y contradicción con la legislación nacional vigente y los tratados internacionales sobre derechos humanos, asignándole protección “especial y privilegiada” al concebido y colocándolo por encima de los derechos fundamentales de otros, con lo cual se implementa una nueva traba a la aplicación del aborto terapéutico, que es legal en nuestro país desde 1924 y se debe aplicar, recordémoslo, cuando corre riesgo la vida de la gestante o existe el peligro de un mal grave y permanente. Quienes promueven este retroceso al parecer prefieren ver a una mujer morir antes que plantearse la posibilidad de que ésta pueda decidir sobre su cuerpo y su vida. 

Lo propio podríamos decir de un Poder Ejecutivo que se resiste a aprobar un protocolo para el aborto terapéutico y que ni siquiera considera su efectiva implementación en el Plan Nacional de Derechos humanos al 2017 por tratarse, en palabras de la Ministra de Justicia, de un tema “álgido”. La misma justificación se ha dado para excluir de este Plan los derechos de la población LGTBI, recientemente postergada también por el Congreso al rechazar la inclusión de la orientación sexual e identidad de género como agravante en los crímenes por discriminación. Aunque el colmo de la indolencia se expresó cuando un congresista, que a la sazón es pastor evangélico, hizo notar que, en el 2012, de 20 mil asesinatos, “solo” 7 corresponderían a personas “de alguna orientación sexual”, con lo cual no se justificaría, según su criterio, una norma específica para la población LGTBI. ¿Cuántas personas deben morir entonces para que un Estado se preocupe por garantizar sus derechos a la integridad física y a la vida?

Ése es el Estado peruano. Uno en el que los derechos humanos de los ciudadanos pueden ser postergados por ser considerados temas “álgidos”, es decir, por no chocar con jerarquías eclesiásticas que manejan muy bien sus redes de influencia en el poder político, a veces abiertamente, otras tantas de manera subrepticia y que, sin lugar a dudas, han intensificado su rigidez respecto a la sexualidad para garantizar el control social. Pero habría que preguntarse cuánto representan esas cúpulas eclesiásticas a las feligresías. Un estudio reciente realizado en Ayacucho, Lima y Pucallpa  da indicios de que tenemos una sociedad religiosa que considera a sus ministros de culto como representantes religiosos en materia de doctrina y rito, pero que al mismo tiempo es autónoma de ellos en asuntos sexuales y reproductivos y en temas políticos. Esto cuestiona la “legitimidad inercial” que generalmente nuestra clase política le endosa a la jerarquía eclesiástica mecánicamente y sin matices, y así esto se constituye en un obstáculo para la vigencia de normas legales y políticas públicas laicas en materia de derechos sexuales y reproductivos: la representación religiosa no implica automáticamente una representación pública ni política.

Todo esto nos plantea la necesidad de reafirmar que el nuestro es un Estado laico en el que las políticas públicas y las normas deben basarse en valores democráticos y universales y no en sistemas de creencias particulares. He ahí una de las tantas reformas constitucionales pendientes.